El 30 de julio, entre cincuenta mil y sesenta y nueve mil personas cruzaron la frontera de Ceuta en menos de cuarenta y ocho horas, después de que la guardia marroquí retirara durante algunas horas el mismo control fronterizo que presta a España desde los años noventa. Por más que el gobierno pretenda despacharlo como crisis migratoria, desde E|M defendemos, en la breve nota de coyuntura que hoy compartimos en nuestras redes sociales, que ese marco no es un error de apreciación, sino una elección política que exime de señalar responsables y de extraer consecuencias.
Lo de Ceuta no nace el 30 de julio. Nace en 1975, cuando Hassan II organizó la Marcha Verde no como migración, sino como fundación de una narrativa nacional que Mohamed VI continúa hoy en día. Desde entonces, cada paso ha sido pequeño y en apariencia reversible, pero siempre en la misma dirección: la extensión unilateral de la ZEE marroquí en 2020 sobre el yacimiento de Monte Tropic frente a Canarias; los Acuerdos de Abraham, que dieron a Marruecos cooperación militar de primer nivel; la carta de Sánchez de 2022, que cambió sin debate parlamentario una posición española de cuarenta y seis años sobre el Sáhara; y ahora, un informe de la Cámara de Representantes de EEUU que ya habla de Ceuta y Melilla como “territorio marroquí”.
La causa inmediata, sin embargo, remite a Argelia. El acercamiento español a Argel de las últimas semanas, motivado por la necesidad de gas barato, ha roto el monopolio que Marruecos disfrutaba desde 2022 como socio privilegiado de España en el Magreb. Ceuta es su respuesta.
El documento explica por qué esto encaja en la definición exacta de amenaza híbrida —acción coercitiva por debajo del umbral militar, con negación plausible, para extraer una concesión política— y por qué España, pese a tener una economía muy superior y un ejército integrado en la OTAN, actúa como si no tuviera palanca alguna. La limitación no es tanto de medios, cuanto de voluntad.
También proponemos qué hacer: desde exigir la calificación formal de amenaza híbrida en el Consejo Europeo hasta activar el Instrumento Europeo Anti-Coerción, aprobado en 2023 y todavía sin usar, pasando por condicionar la renovación de los acuerdos comercial y pesquero UE-Marruecos a las sentencias del TJUE de 2016, 2021 y 2024, que los declaran nulos por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
Justo es reconocer que las seis medidas propuestas por el PP suponen un buen comienzo en la senda adecuada. Con todo, atienden sólo al síntoma. Lo que está en juego es si España va a conservar una política exterior propia o si sigue confundiendo la mera gestión del presente con una estrategia de largo plazo.
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Publicado originalmente en La España Postergada.
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