El Congreso ha aprobado esta semana, con la abstención del PP, la concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes. El texto pasa ahora al Senado, en plena tensión con Marruecos por la crisis de Ceuta y apenas unos días después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente el derecho al voto de parte de los nacionalizados por la llamada «Ley de Nietos».
Desde E|M llevamos tiempo insistiendo en que la nacionalidad no es un trámite administrativo, sino la decisión más importante que puede tomar sobre sí misma una comunidad política: quién la compone. Lo que pasará a discutirse ahora en el Senado no es un detalle técnico del Código Civil, sino si ese principio sigue significando algo.
Se trata de una ocasión tan grave como propicia para reflexionar sobre el precio que deseamos ponerle a la condición de español: una condición que se regala indiscriminadamente, necesariamente se deprecia. Ya publicamos en su día nuestra propuesta de reforma migratoria, que abogaba por un «Ius sanguinis» duro, pensado para preservar la condición de «español de origen» y dificultar los acuerdos de doble nacionalidad con países no europeos. Ese «derecho de sangre» halla su fundamento en la continuidad étnica e histórica del pueblo español, precisamente puesta en riesgo por el escenario de minorización demográfica actual, que aconseja prescindir o reducir al mínimo indispensable mecanismos como las nacionalizaciones por carta de naturaleza o residencia. La actual concesión a los saharauis es, en este sentido, un caso de libro: no tanto por infracción técnica, cuanto por una decisión eminentemente política, que el Gobierno pretende presentar como simple trámite administrativo.
Particularmente chocante resulta que la principal formación del centro derecha, llamada a liderar una próxima alternativa de gobierno y que tan meticulosamente parece haber entendido los efectos adulterantes sobre el demos de la «Ley de Nietos», se preste, apenas 72 horas después de celebrar un varapalo judicial a la misma, a ponerse de perfil ante la concesión de nacionalidad a un pueblo que, tampoco debemos olvidarlo, expulsó a los españoles de su territorio mediante tácticas de hostigamiento y de insurgencia terrorista de baja intensidad incluso. Se trata, en el fondo, de una decisión que corresponde a la política y no al derecho: el gobierno recurre a un mecanismo de gracia —la carta de naturaleza— concebido para casos singulares y verdaderamente excepcionales, y lo emplea aquí para dar entrada, de una sola vez y por vía legislativa, a un colectivo entero, sin exigir arraigo, vinculación cultural ni contacto efectivo alguno con la sociedad española a sus beneficiarios.
Es una medida controvertida que plantea, cuanto menos, dudas razonables sobre su encaje en la naturaleza y finalidad del procedimiento de otorgamiento por carta de naturaleza, dado su carácter colectivo y la insegura concurrencia de las «circunstancias excepcionales» que la norma exige. Pero más allá de ese matiz técnico, lo relevante es que ningún Parlamento debería poder resolver por la vía rápida, y sin verdadero debate sobre sus consecuencias demográficas, quién forma parte del pueblo español y quién no. Por todo ello, hacemos un llamamiento específico al Partido Popular para que trate de frenar esta irresponsabilidad política en el Senado, devolviendo el trámite al Congreso.
En toda Europa vemos sometidas a examen las nociones blandas de nación y de patria que han imperado en las últimas décadas; también la derecha española se verá obligada a definirse al respecto en los años por venir: delimitar qué es un español y mostrarse dispuesta a proteger el patrimonio que supone la nacionalidad española de todos aquellos que trafican con ella por fines espurios. El abaratamiento de la nacionalidad es contrario en sus fines al interés de la nación.
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Publicado originalmente en La España Postergada.
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