Francia se halla ante la encrucijada que antes o después enfrentará Europa entera. Resultará decisivo el modo en que allí se decante el nuevo dilema existencial que, como es costumbre, suele plantearse a la nación gala antes que a sus vecinos: o las naciones europeas recuperan el control sobre quién las compone y qué las sostiene, o asistiremos a su disolución en aglomeraciones humanas sin lealtad ni destino comunes. El proyecto de integración, alentado desde ciertas posiciones políticas por intereses electorales, ha alimentado un monstruo; ahora, quienes lo alentaron no saben qué hacer con él. En enero, Mélenchon pidió que las listas de LFI encarnaran «la nueva Francia, la del gran reemplazo». Tras los saqueos del 17 de octubre, pidió que los suyos no participaran, pero no retiró su acusación: culpó al mando policial y a Lecornu, que «ha jugado con fuego». Más bien parece que sea el propio Mélenchon quien lo enciende, luego busca a quién echarle la culpa.
De los suburbios a la revuelta nacional
Recapitulemos los hechos. Lo que hace un mes comenzó como bloqueo de institutos en los suburbios de París se ha convertido en una revuelta nacional: más de quinientas acciones convocadas en todo el país, centenares de miles de personas en la calle, ayuntamientos asaltados e incendiados —Limoges, Marsella—, una comisaría vandalizada, la residencia de un delegado del Gobierno saqueada en Burdeos, comercios arrasados en la capital y más de cuatrocientos detenidos en una sola jornada. El detonante oficial —el coste de la vida, el deterioro de la escuela pública, una previsión de 54.000 millones en recortes— no explica la forma colérica que ha adoptado el descontento: la violencia campa porque el Estado hace tiempo que renunció a ser autoridad. Que el movimiento naciera en las banlieues no es una anécdota geográfica, antes un síntoma. A todo ello cabría sumar liderazgos políticos irresponsables, que se han dedicado a excitar los bajos instintos de las masas desarraigadas como atajo hacia el Elíseo. En marzo, Bally Bagayoko (LFI), maliense y musulmán, ganó en primera vuelta la alcaldía de Saint-Denis con el 50,77 % de los votos. El alcalde declaró que «la violencia puede ser legítima» y se ha reafirmado, hasta el punto de que el prefecto de policía de París lo denunció por incitación a cometer delito; él lo niega. El 17 de octubre animó a los lycéens a salir porque su combate «es justo y legítimo».
Repartir nacionalidad no fabrica nacionales
Para Extramuros, quien declara que «la violencia puede ser legítima» mientras la calle arde, y hace de ello un papel teatral para mantener su popularidad, es un ejemplo de quien debe ser considerado traidor a la nación, y lo mismo vale para los partidos que alienten esto. Francia fue el laboratorio del universalismo abstracto: la nacionalidad entendida como trámite, la prohibición de mirar el origen, la escuela pública como único crisol admitido. El resultado está a la vista: territorios perdidos para la República, una juventud de segunda y tercera generación que no se reconoce en el país que le expidió el pasaporte y un Estado que sólo recupera la calle a cañonazos. Repartir nacionalidad no fabrica nacionales, la pertenencia a una nación no se decreta en un registro: se hereda y se merece, se responde por ella. Cuando la ciudadanía se concede sin arraigo, sin lealtad ni mérito, deja de significar algo tanto para quien la recibe como para quien ya la poseía.
Lo que ha fracasado no es solo la política de integración, sino también una política de camuflaje de la realidad por parte de medios y partidos, y el trato que reciben las asociaciones que viven de esa realidad adulterada. Extramuros no da Occidente por perdido, aunque deba desprenderse de las correas que lo atan. Entre ellas, el falso ideario de solidaridad que no es más que explotación de una bondad o caridad mal entendidas. Ninguno de esos jóvenes que queman y destruyen patrimonio cultural tiene interés alguno en tener nada que ver con Francia, y no pierden ocasión de demostrarlo. El cambio demográfico en Francia sugiere que el conflicto étnico se suma a los desafíos del país. La izquierda lo explota con el manido concepto de proletario o trabajador, y con el de «vulnerable», obviando que aquí el vulnerable es el francés, y el europeo en general. Frente a mayo del 68 y a la ideología de los derechos humanos posterior a 1945, reivindicamos el retorno de los dioses fuertes. En la derecha se adivina cobardía para actuar e incapacidad de aceptar que lo moral y ético es aquí oponerse a las protestas, obedeciendo a lo que ven sus ojos. Quien alienta esto no puede declararse a la vez poseedor del bien supremo: ¿qué hay de bueno en poner por delante a quien no valora lo que se le ha dado, cuando Francia ha hecho por la inmigración esfuerzos que han resultado en vano, frente a quien es legatario genuino de la historia de la nación y, a la postre, un hermano? El Estado debe recuperar el territorio e imponer medidas de excepción, para que reinen la seguridad y el orden y, sobre todo, para restablecer la nación: una comunidad histórica, política y moral.
España no será ajena
Hay que juzgar a quienes delinquen y expulsar a quienes son parte de la nación sobre el papel pero en la realidad son alimañas, que se alimentan de un sistema al que van carcomiendo ante la mirada atónita de unos y el silencio cómplice de otros. Quien quema y destruye debe ser tratado con toda la dureza del Estado. Sería una insensatez creer que España está a salvo. Los datos de nuestro Informe Diagnóstico son de una claridad brutal: la población nacida en el extranjero ha pasado en una década del 12,1 % al 20,1 % del total —de 7,2 a 10,4 millones de personas—; en las franjas de 25 a 39 años de Madrid, los nacidos fuera de España ya representan el 48,3 %; y, a este ritmo, el país habrá otorgado más de dos millones de nuevas nacionalidades en diez años, siendo ya para 2024 el segundo país europeo en naturalizaciones, sólo tras Alemania. La cohesión social se resiente a la par: los detenidos de nacionalidad extranjera por delitos contra la libertad sexual suponen el 39,2 % del total, más del doble de su peso demográfico, y en el País Vasco el 64,2 % de los detenidos entre enero y septiembre de 2025 eran de procedencia extranjera. Cada ingrediente del incendio francés tiene su equivalente en ciernes aquí.
El cortafuegos legislativo
Desde E|M venimos proponiendo un cortafuegos legislativo ejecutable desde los primeros días de gobierno: el «ius sanguinis» como única vía general de acceso a la nacionalidad, con la carta de naturaleza limitada a cuatro concesiones anuales; y la pérdida de la nacionalidad para quienes la hayan adquirido y sean condenados por cualquier delito, con expulsión automática del territorio. España tiene que tomar nota de cuanto sucede más allá de sus fronteras, sobre todo para actuar sobre la nacionalidad y cómo se concede, y para que el Estado intervenga sin miramientos en defensa del orden y la seguridad de la comunidad, incluso si ello obliga a abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como decimos arriba, los partidos que alienten esto deben ser considerados traidores a la nación. El problema de fondo exige asumir que el contrato social se ha roto. Aunque abundan extranjeros en las protestas, éstas se sostienen sobre un sistema que ha fracasado en dar un futuro a los franceses, como ya ocurre en España y en todo Occidente. La solución pasa por acabar a la vez con la gerontocracia y con el problema migratorio, porque son dos caras de la misma moneda.
Publicado originalmente en La España Postergada.
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