El Senado, como cámara alta de las Cortes Generales, tiene atribuidas funciones de revisión, enmienda y veto de la labor legislativa del Congreso de los Diputados, con especial atención a los Presupuestos Generales del Estado, además de funciones de control e impulso político, como hemos visto en esta legislatura a través de sus comisiones de investigación. Le corresponde, además, designar por mayoría de tres quintos a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, agresivamente escorado durante los últimos años. Es, por tanto, presupuesto fundamental para ejecutar las reformas de calado que demanda el país, con una urgencia excepcional en nuestra historia reciente.
Una réplica a la altura del desafío planteado
PSOE y la aglomeración izquierdista Frente Amplio concurrirán en listas conjuntas para el Senado. Conminamos a los partidos de la derecha, PP y VOX, a llegar a un acuerdo en la presentación de listas provinciales a la mayor brevedad posible. La futura composición del Senado será determinante para la viabilidad y el progreso de la nación; su abandono o relegación supondría un error que en las circunstancias actuales no podemos permitirnos. Caso contrario, hemos de contemplar incluso la posibilidad de convocar elecciones únicamente al Senado. El artículo 115 de la Constitución permite disolver el Senado por separado, siempre que haya transcurrido un año desde la última disolución de las Cortes. Es una herramienta legítima del ordenamiento.
El Tribunal Constitucional y la ventana de 2030
Las reformas por las que abogamos desde E|M requieren, en última instancia, del Tribunal Constitucional: imagínese lo que supondría acometerlas con el actual, presidido por Conde-Pumpido. Si no se alcanza el acuerdo para las listas al Senado, no se abrirá otra ventana de cambio en estos puestos hasta 2030, y hemos de decirlo con claridad: no llegar a un acuerdo significa que no existe voluntad real de cambiar el país, porque para ello se necesita el Tribunal Constitucional. Y todo ello sin perjuicio de que Extramuros apueste a futuro por un replanteamiento en la naturaleza y alcance de este mismo tribunal. Un acuerdo truncado entre las principales fuerzas de derecha no sólo supondría una dejadez inadmisible en la situación crítica en que nos encontramos, sino que nos hace saber que no hay entre los responsables últimos verdadera voluntad de acometer, con la energía que nuestra nación les requiere, las reformas que hagan posible aquella España que pudo ser.
Publicado originalmente en La España Postergada.
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