Los accidentes ferroviarios de 2026 son lo bastante graves como para que la mala gestión pública no se resuelva sólo con ceses o reproches políticos. En Extramuros exigimos que se investiguen y depuren también las responsabilidades penales que correspondan, especialmente las de quienes gobiernan. Nuestra nueva nota de coyuntura examina lo ocurrido en Urda y las decisiones y omisiones que deben esclarecerse.
Qué ocurrió en Urda
El 28 de octubre, un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un Iryo detenido a la entrada de Urda, en la línea Madrid-Sevilla. El balance oficial, todavía provisional, es de 69 fallecidos.
El sistema de seguridad LZB había caído en un tramo de 63 kilómetros y seis trenes estaban detenidos. A las 8:36, el centro de control de Atocha ordenó al AVE reanudar la marcha al amparo del BSL con «marcha normal» y confirmó la instrucción cuando el maquinista la cuestionó. Según las grabaciones publicadas, el reglamento exigía reanudar la circulación a la vista. A las 8:41 y a las 8:48, la maquinista del Iryo comunicó que seguía detenida. El choque se produjo a las 8:53.
Un riesgo que debió anticiparse
Las caídas del LZB eran frecuentes. El propio ministro Puente cifró en 170 las registradas este año en la línea y atribuyó el 75 % a causas ajenas a Adif. La investigación técnica y la policía judicial analizan la orden de circulación y los antecedentes de este tipo de incidencias.
Esa frecuencia obliga a examinar cómo se evaluaba el riesgo, qué medidas se adoptaban y quién debía garantizar que la circulación pudiera mantenerse en condiciones de seguridad. La prevención, el mantenimiento y la supervisión forman parte de las obligaciones de quienes gestionan el sistema.
Más allá del último eslabón
Las primeras versiones oficiales atribuyeron el accidente al error de un operario. La investigación debe reconstruir toda la cadena de decisiones. Un sistema en el que una orden verbal puede desembocar en una catástrofe exige examinar también su organización, sus procedimientos y sus mecanismos de control.
Para ello, hay que revisar los registros de circulación, los telefonemas, las evaluaciones de riesgo y los expedientes de mantenimiento. Debe esclarecerse qué advertencias existían, quién las recibió, qué decisiones tomó y qué actuaciones dejó de realizar. Ese examen tiene que alcanzar el nivel ministerial.
Responsabilidades políticas y penales
Si se intenta achacar la tragedia a la privatización, no hay red que nacionalizar: Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad son públicas, Ouigo pertenece al grupo público francés SNCF e Iryo tiene capital mixto, con participación de la pública italiana Trenitalia. Nada de ello exonera a la gestión pública, aunque el mantenimiento se ejecute mediante contratas. La persecución penal tampoco depende de la iniciativa del Gobierno: la Fiscalía puede actuar de oficio, cualquier ciudadano puede denunciar, las víctimas pueden querellarse y la acusación popular permite ejercer la acción penal con los requisitos legales.
La gestión del ministerio en financiación, prevención y mantenimiento exige responsabilidades políticas. Pedimos, además, que se investigue la posible responsabilidad penal de Óscar Puente por sus decisiones u omisiones en materia de seguridad, mantenimiento y organización, y que se depure si corresponde.
Atribuir una responsabilidad penal exige probar la conducta personal, el deber infringido y su relación con el resultado. La absolución en apelación del exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif en el caso Angrois muestra la importancia de acreditar esos elementos. Precisamente por eso es necesaria una investigación rigurosa, que determine las obligaciones de cada responsable y su cumplimiento.
En definitiva, la gravedad de lo ocurrido exige que esa investigación llegue hasta el más alto nivel. La responsabilidad de dirigir un servicio público incluye responder por las decisiones que se toman y por las obligaciones que se desatienden. Las víctimas y los ciudadanos merecen que se esclarezcan los hechos y que las responsabilidades acreditadas tengan consecuencias.
Nota completa, como de costumbre, en nuestro LinkedIn.
Publicado originalmente en La España Postergada.
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