Cómo se ha hecho
Método
Los mismos criterios se aplican a todos los ministerios. Si un caso no encaja, se documenta como excepción con su motivo, sin cambiar el criterio.
Glosario: qué significa cada término
- Base cero
- Se parte de cero: cada plaza o gasto se queda solo si una norma lo exige.
- Lo que exige la ley
- El análisis legal: hoy, lo que el Gobierno puede quitar por real decreto, lo que necesita cambiar leyes y el mínimo legal.
- Mínimo legal
- El Estado más pequeño que permiten la Constitución, la Unión Europea y los tratados, con los 22 ministerios de hoy.
- Propuesta Extramuros
- Las decisiones de Extramuros sobre ese mínimo: 11 ministerios, equipos del tamaño de unidades parecidas y cambios en algunos derechos.
- Derechos de los ciudadanos
- Prestaciones que la ley reconoce a cada persona: pensiones, desempleo, dependencia, ingreso mínimo vital… No son subvenciones.
- Gasto ordinario
- Estructura (personal y funcionamiento), programas, subvenciones y transferencias. Es lo único que recorta la base cero.
- Líneas fijas
- Intereses de la deuda, financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos y aportación a la Unión Europea (UE): no las gestionan los ministerios y no cambian.
- Lo presupuestado
- El crédito del presupuesto. Desde 2024 es el de 2023 prorrogado (en los datos, «2025-P»).
- Lo gastado de verdad (gasto real)
- Lo que se ha pagado de verdad: las obligaciones reconocidas que publica la Intervención General (IGAE) en el año.
- Plazas
- Puestos de la relación de puestos de trabajo (RPT), ocupados o vacantes. Se muestran siempre en números enteros.
- Función
- Cada tarea que el real decreto de estructura atribuye a un órgano (por ejemplo, el párrafo e de una dirección general).
- Responsabilidad difusa
- Funciones en las que no está claro qué órgano responde, porque la misma tarea está en varios sitios.
- Estructura sin mandato
- Órganos o funciones que ninguna norma exige.
- Retorno
- Lo que un programa devuelve frente a lo que cuesta: el efecto que no se habría producido sin él, las cotizaciones o impuestos que genera o las prestaciones que ahorra, y lo que cuesta cada resultado.
- Peso muerto
- La parte de un programa que paga algo que habría pasado igual sin la ayuda.
- Semáforo de los programas
- Mantener (retorno demostrado), reformar (retorno débil o parcial), suprimir (sin retorno o sin forma de medirlo) y evaluar antes de decidir (más de 100 M€ sin evaluación).
- Señal de alerta en los contratos
- Un indicador de riesgo (una sola oferta, sin publicidad, contratos troceados, pocos proveedores): indica dónde mirar, no prueba una irregularidad.
La pregunta
El punto de partida es una hipótesis: la Administración General del Estado está sobredimensionada. El análisis sirve para comprobarla o refutarla, ministerio a ministerio, con datos oficiales. Por eso tiene que poder salir que algo no sobra, y cada página dice dónde sobra estructura y dónde no.
Cada cifra lleva su fuente. Las que son estimaciones se presentan como estimaciones.
La unidad: la función
Se analiza cada función de función que el real decreto de estructura atribuye a un órgano: por ejemplo, el párrafo e) de las funciones de una dirección general. Las subdirecciones heredan las funciones que el decreto les asigna.
El personal de cada subdirección se reparte a partes iguales entre sus funciones. Es una aproximación: suprimir una función no libera exactamente esas plazas.
Qué norma exige cada función
De cada función se pregunta si alguna norma obliga a que la ejerza el Estado, y se cita el artículo, verificado contra el texto del Boletín Oficial del Estado (BOE).
- Obligatoria por ley
- Una ley atribuye la función a la Administración del Estado, o desarrolla una competencia exclusiva del Estado (art. 149.1 de la Constitución). Incluye los tratados internacionales ratificados.
- Obligatoria por la UE
- El derecho europeo obliga al Estado: autoridad competente, punto de contacto, planes o informes a la Comisión.
- Obligatoria por reglamento
- Solo la impone un reglamento distinto del propio decreto de estructura.
- Apoyo interno
- Gestión de personal, presupuesto, contratación, informática. Se valora si podría ser un servicio común de toda la Administración.
- Discrecional
- Solo la atribuye el decreto de estructura o un plan. Es candidata a suprimir, fusionar o externalizar.
Quién podría quitarla
- AUE, tratados o Constitución
- Nadie desde España. Se puede reubicar, pero no eliminar.
- BLey española
- Las Cortes Generales.
- CReglamento
- El Gobierno, por real decreto.
- DSolo el decreto de estructura
- El Gobierno, de inmediato.
Hay tres límites que no se cruzan: una función crítica (presas, seguridad nuclear, suministro energético, dominio público, emergencias, obligaciones con la UE sancionables) nunca se elimina; lo de nivel A tampoco; y el núcleo organizativo que la ley exige a todo ministerio (Subsecretaría, Secretaría General Técnica, Unidad de Igualdad, personal y presupuesto) se mantiene en todos los escenarios.
Tres escenarios acumulativos
- HoyLa estructura del real decreto vigente, con sus plazas y su coste estimados.
- ReglamentosTodo lo que el Gobierno puede hacer por real decreto.
- LeyesAdemás, lo que requiere cambiar una ley en funciones no críticas.
- MínimoAdemás, los cambios en funciones críticas, siempre reubicándolas, nunca suprimiéndolas.
En cada paso las plazas no pueden crecer. De cada cambio se dice qué precepto habría que modificar. Si una ley nombra a un órgano (por ejemplo, a una secretaría de Estado), su supresión se sitúa en el escenario de leyes aunque jurídicamente bastara un real decreto: es la vía prudente y hace comparables a todos los ministerios.
Traspasar no es ahorrar. Si una función pasa a otra administración o a un organismo, su coste se cuenta aparte y no como ahorro.
Lo creado desde 2020
Se presume que una función, unidad u órgano creados a partir de 2020 aumentan estructura sin mejorar el servicio al ciudadano. La carga de la prueba está en mantenerlos. Para fecharlos, el texto de cada función se compara con los decretos de estructura vigentes antes de 2020, incluidos los de los ministerios de los que procede el actual.
La presunción solo se rompe por una obligación legal o europea posterior a 2019, citando la norma, o por un servicio directo al ciudadano. Hay además un escenario aparte que revierte solo lo creado desde 2020 sin esas razones.
Duplicidad, cadena y delegación
El problema central no es el tamaño en abstracto, sino los equipos dedicados a lo mismo y la responsabilidad difusa: cuando todos son responsables, nadie lo es. Cada función acaba con un único responsable con nombre.
- Tarea duplicada
- Dos equipos hacen la misma tarea: misma materia, mismo eslabón y, leídos los textos y la norma, el mismo trabajo. Al unificar sobran las plazas de todos menos el mayor.
- Cadena
- Dos órganos tocan la misma materia en eslabones distintos (normar, planificar, financiar, autorizar, ejecutar, supervisar…). No es duplicidad; se comprueba que no haya huecos ni dos responsables del mismo eslabón.
- Delegación
- El decreto dice expresamente que una unidad ejerce funciones de su superior. La tarea es una sola y no se cuenta como duplicada; se valora aparte si la capa superior aporta algo.
Un parecido de texto no basta: cada coincidencia entre ministerios se verifica caso a caso antes de llamarla duplicada.
Las tres líneas
Como en la banca, cada materia se lee en tres líneas, cada una en unidades distintas cuando corresponde:
Las líneas sirven para leer quién hace qué, no para añadir estructura: nunca se crea una unidad para «tener» una segunda o tercera línea. Donde una competencia está transferida, el Estado actúa como la sede central de una empresa con filiales: normas básicas, datos comunes y supervisión. Si el Estado ejecuta lo mismo que ya ejecuta una comunidad autónoma, la función se traspasa o se suprime.
Plazas, personas y dinero
- Plaza es un puesto de la relación de puestos de trabajo; persona, una plaza ocupada. Se dan las dos cifras.
- Coste por plaza: sueldo, pagas extraordinarias, complemento de destino y complemento específico de la RPT. Es un suelo: no incluye trienios, productividad ni cotizaciones. El personal laboral se cuenta, pero no se valora.
- Dinero alrededor de una duplicidad (subvenciones, contratos, convenios): no es ahorro, es dinero que hoy tiene más de un responsable.
- Contratado fuera: contratos de obras y servicios y encargos a medios propios adjudicados en doce meses, frente al coste anual de la plantilla. Es un orden de magnitud.
De los ministerios a la reagrupación
La reagrupación no suma los ministerios actuales. Parte de las funciones que sobreviven al escenario mínimo, las agrupa por materia y aplica una regla: una materia, un ministerio, salvo que una norma exija separar sus eslabones. Las materias se acercan por destinatarios comunes, cadenas verificadas, la clasificación funcional del gasto (COFOG) y la historia de las reestructuraciones. Los organismos independientes se adscriben, pero no se fusionan. El número de ministerios es una decisión política, así que se dan alternativas con lo que gana y lo que pierde cada una.
Presupuesto base cero y «Construye tu Estado»
La regla base cero también se aplica al presupuesto, partida a partida: qué norma exige cada gasto. Pero solo al gasto ordinario (estructura, programas, subvenciones y transferencias discrecionales). El resto se separa y nunca cuenta como ahorro:
- Derechos
- Pensiones, desempleo, dependencia, becas, ingreso mínimo vital: se mantienen en todos los escenarios. Cambiarlos es política de protección social, fuera de este trabajo.
- Contratos vigentes
- Se respetan hasta que vencen; se dice cuándo, si se sabe.
- Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) temporal
- Fondos europeos del Plan de Recuperación, que caducan en 2026-2027. Capa aparte.
- Traslados de coste
- Gasto que, si se quita, paga otro (por ejemplo, los consumidores de electricidad): no es ahorro.
- Operaciones financieras
- Préstamos y aportaciones de capital: no son gasto.
Gasto real, no crédito prorrogado. El presupuesto vigente es el de 2023, prorrogado en 2024, 2025 y 2026, y sus créditos no reflejan lo que se gasta. La columna «hoy» y todos los escenarios usan el gasto real: los derechos, con su gasto real anual (nómina de pensiones, ejecución de la Seguridad Social, estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)); el resto, con las obligaciones reconocidas de 2025 de la Intervención General (IGAE) por sección, servicio, programa y capítulo; el personal, con su gasto de 2025 y la subida de 2026; el Mecanismo de Recuperación, con lo ejecutado en 2025. Los organismos autónomos, que la IGAE no publica cada mes, mantienen su crédito salvo el personal (estimado). Los importes mínimos que fija el juicio de cada partida se escalan en la misma proporción. El crédito queda a la vista como referencia. Gasto real y prórroga.
Perímetro. El gasto total incluye los ministerios, sus organismos y la Seguridad Social, y además, como líneas fijas que la base cero no recorta, los intereses de la deuda, la financiación de comunidades autónomas y entidades locales y la aportación a la UE. La amortización de la deuda no es gasto: se paga sobre todo con deuda nueva y se muestra aparte. En «Construye tu Estado» se puede probar el escenario de una España contribuyente neta con la UE, con sus supuestos a la vista.
Las transferencias a entidades que la base cero mantiene se mantienen con ellas; la conservación de carreteras y ferrocarril se mantiene siempre. Las medidas que se renuevan cada año por real decreto-ley cuentan como norma vigente, pero se marcan como las más fáciles de quitar: basta no renovarlas.
Rigor de la ley de presupuestos. Que la ley de presupuestos solo mencione un gasto no lo hace obligatorio; lo que esa ley crea con vigencia indefinida sí. Es un ajuste: estricta (nada de la ley de presupuestos cuenta como ley), intermedia (por defecto) o amplia (todo cuenta).
Construye tu Estado
El presupuesto se agrupa en 296 piezas (funciones y partidas de una misma política), con su ministerio de hoy, su ministerio en la reagrupación, su nivel legal y lo que haría falta para quitarlas. El visitante elige un punto de partida, enciende y apaga piezas, las mueve entre ministerios y ve el resultado.
Coste fijo de cada ministerio (núcleo). Cada ministerio tiene titular, Subsecretaría, Secretaría General Técnica (Ley 40/2015, art. 58.2) y gabinete. No hay una cifra hecha, así que se calcula: plazas y coste de personal de la Subsecretaría y la Secretaría General Técnica (SGT) como órganos (sin las subdirecciones que dependen de ellas) en la estructura mínima de las bases cero, más un gabinete del ministro de 42 plazas (mediana de los 22 gabinetes) a 33.238 € por plaza, más las retribuciones de los tres altos cargos (233.539 €). Con los 18 ministerios que asignan plazas a esas dos unidades, la mediana es 2,98 M€ y 77 plazas al año (cuartiles: 2,19 M€ a 9,67 M€; 55 a 283 plazas). Las piezas ya llevan dentro el núcleo de los 22 ministerios de hoy: «Construye tu Estado» resta ese coste por cada ministerio de menos (en proporción a las estructuras de hoy que se conservan) y lo suma por cada uno de más. Es un suelo: la reagrupación cuenta además el «cliente interno» que queda en cada ministerio (mediana de 259 plazas en la propuesta), que crece con su tamaño y no es fijo.
Tamaño de los equipos. El regulador aplica la capa de dimensionamiento a la estructura de cada ministerio de origen cuando no está «como hoy»: prudente, la mediana de unidades comparables; ambicioso, el cuartil más eficiente; con automatización baja o alta como escenario aparte. Se ajusta con vacantes y jubilaciones, no con despidos.
Altos cargos. Tres por ministerio (titular, subsecretario y secretario general técnico), más los órganos directivos de la estructura mínima de cada ministerio de origen cuya estructura se conserva (se cuentan en el ministerio que reúne su materia), más los que la estructura de hoy tiene de más cuando se deja «como hoy» o «lo que exige una ley». Con la propuesta salen los 142 de la reagrupación; con el Estado de hoy, los 279 actuales.
Defensa. Opción aparte para subir el gasto hasta los compromisos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (2 % del producto interior bruto (PIB); 3,5 % o 5 % de La Haya, 2025), con su coste sobre el gasto de hoy y lo que la base cero recorte en Defensa. No forma parte del mínimo legal.
Revisión humana por muestreo
22 decisiones del análisis, revisadas una a una por el equipo de Extramuros: todas conformes.
- Cada decisión se leyó con la función que afecta, lo que decide el análisis (mantener, unir, traspasar o eliminar), la norma en la que se apoya y las plazas que mueve.
- Quince se eligieron entre las de más plazas y al azar; siete, entre las de más riesgo de error: traspasos a las comunidades autónomas, funciones críticas o que exige la Unión Europea, grandes organismos y tareas duplicadas.
- Con 22 de 22 conformes, la proporción de decisiones erróneas es, con un 95 % de confianza, inferior a una de cada siete. Es una cota prudente: con más revisiones bajaría.
Fuentes
Todas son públicas:
- Relaciones de puestos de trabajo de funcionarios y laborales (Portal de la Transparencia).
- Reales decretos de estructura y leyes citadas, en el Boletín Oficial del Estado, a través de su API de datos abiertos.
- Presupuestos Generales del Estado (prorrogados de 2023) y tablas retributivas.
- Subvenciones concedidas: Base de Datos Nacional de Subvenciones.
- Contratos y encargos a medios propios: Plataforma de Contratación del Sector Público (datos abiertos).
- Convenios: sumarios diarios del BOE, sección III.
- Trámites: catálogo de procedimientos del Punto de Acceso General.
