Iniciativa ExtramurosAnálisis · Propuestas · Conversación pública

Nota explicativa · Nota de coyuntura E|M

Vitruvio: arquitectura administrativa

Esbozar una arquitectura mínima para el funcionamiento virtuoso del Estado.

Clasificación
Pública
Ámbito
Divulgativo
Versión
1.0
Emisión
2026
Autoría
Equipo de análisis de Extramuros
1

La auditoría y la oposición

Una de las palabras más repetidas en la derecha española durante este período preelectoral está siendo «auditoría». Alberto Núñez Feijóo ya había deslizado esta palabra ―esta acción― en los meses pasados como una de sus obsesiones para los primeros cien días de su gobierno, y ha seguido apuntalando esta idea-fuerza1. Esta semana, Santiago Abascal, en su entrevista en Onda Cero, ha defendido una auditoría de la inversión ferroviaria y del estado de las vías y los sistemas de seguridad2. De acuerdo con la RAE, auditar es «examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley o costumbre». Si bien nadie va a poner en tela de juicio la necesidad de realizar un examen de las cuentas públicas, del estado de nuestras infraestructuras, de la gestión sanitaria o de las nacionalidades concedidas, desde Extramuros se nos plantea una duda más profunda que la semántica: ¿qué ha hecho la oposición durante los últimos ocho años?

Fiscalizar al Estado no exige gobernarlo. La Ley de Transparencia permite a cualquier ciudadano pedir contratos, subvenciones, cuentas o informes, sin explicar para qué3. Y ni siquiera hay que pedirlo: la Plataforma de Contratación publica licitaciones y adjudicaciones, el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones dice quién recibe cuánto, y el BOE recoge convocatorias y resoluciones4. Quien además cuenta con diputados puede plantear preguntas, solicitudes de documentación y comparecencias. No es comparable al poder de un órgano de control, pero tampoco equivale a unas manos vacías. Ocho años dan para mucho. Por eso la pregunta se reduce a: qué pidió la oposición, qué recibió, qué le negaron, qué recurrió y qué conclusiones publicó. Hay límites, sí: la Administración puede poner trabas y una comisión de investigación necesita mayoría. Pero nada de eso convierte la llegada al Gobierno en el primer día de la fiscalización. Quien promete auditar el Estado debería empezar por enseñar lo que ya ha hecho para controlarlo y, si no lo ha hecho, explicar por qué necesita ganar unas elecciones para empezar.

2

Un plan para el día uno

A título individual, antes y después de la formación de esta iniciativa, los miembros de Extramuros, como muchos otros españoles, nos hemos preguntado si existía dentro de la derecha algún plan para el día uno después de Sánchez. La oposición al sanchismo, llamado así por la derecha sin llegar jamás a definirlo, se ha centrado en la única parte que son capaces de dominar los partidos (y en muchos casos sin acierto), que es la comunicativa: la declaración constante de un estado de ánimo enrabietado, de un estado de emergencia nacional. Pero, en todo este tiempo, han sido incapaces de definir qué es lo que habría que cambiar para que esta situación mejore una vez caído el sanchismo. Salvo que las personas que forman los equipos de los partidos de la derecha, borrachas de narrativas, crean que la caída de quien da nombre a un régimen significa que todo cae con él, la caída necesita de acciones.

Estos tres elementos (el uso constante de la auditoría como una herramienta mágica, la existencia de recursos documentales y, no olvidemos, humanos a su disposición durante los últimos ocho años, más el foco en la narrativa) no hacen más que generar desconfianza por parte de los que, en teoría, tendrían que ser sus votantes convencidos. El uso del plural para hablar de la derecha viene dado porque, desde Extramuros, consideramos que ambos partidos de la derecha deberían ser capaces, si el estado de emergencia nacional es el que enuncian, de articular un gobierno en común antes incluso de llegar a conformarlo. Los pactos en el Senado y la dificultad para llegar a ellos nos producen desazón y una relativa desesperanza. A esto hay que sumarle, insistimos, el uso de la auditoría como chivo expiatorio, por lo que volvemos a preguntarnos qué han hecho estos ocho años.

3

De BECERRO a Vitruvio

Durante las últimas semanas Extramuros ha presentado lo que hemos denominado P100, que incluye una batería de medidas en respuesta a la urgencia del momento que vive el país. Además, hemos presentado BECERRO (Base Española de Contratos, Encargos, Recursos, Relaciones y Oficios), que incluye un repositorio de todas las subvenciones de 2024 y 2025, así como de los contratos firmados en estos años, además de otros tres elementos que entroncan con lo mencionado anteriormente de que el sanchismo no acaba con la caída del ególatra: un mapa del relevo, donde se analizan las posiciones de poder del Estado y quién las nombró; el mapa de la selección, quién forma a nuestros funcionarios y quién los nombró; y por último, el mapa de los consejos, donde se incluyen los consejos de administración de empresas públicas, participadas y del IBEX, con su influencia política apuntada. A continuación presentamos Vitruvio, que permite cuestionar uno de los grandes mantras de esta derecha: que simplemente recortando subvenciones será posible solucionar los problemas que sufre la nación. Los contratos se incluyen porque España es una partitocracia, que ha parasitado todos y cada uno de los sectores económicos, pues la posibilidad de hacer negocio depende de la asignación de dinero público mediante el BOE; BECERRO ya permitía ver quién se ha llevado cada contrato y por cuánto. Además, permitía detectar datos sobre cómo algunas empresas se formalizaron, casualmente, meses antes de recibir un contrato público.

Al incluir ahora con Vitruvio un esquema del Estado y de la formación de los funcionarios, no se persigue otra finalidad que persuadir al usuario y a los partidos ―pues esto es una herramienta pública― de que, para emprender cualquier reforma, tendrán que acometer una de las más rápidas y mayores reestructuraciones del funcionariado español jamás vistas. En BECERRO, sin entrar en detalle, hay dos elementos que nos gusta destacar porque ilustran fantásticamente cómo una norma como la Ley de Nietos ha generado semejante desafío existencial, más allá de la magnitud del problema que tenemos en España con el gasto público. El primer caso es que, mirando al Mapa del Relevo, podemos ver que España tiene 129 embajadores, de los cuales 31 han estado de manera ininterrumpida desde Zapatero, en el mismo puesto o rotando destino. Todavía hoy, podemos ver que embajadas como la de Argentina, Cuba, Perú o Venezuela están ocupadas por zapateristas. Si bajamos al puesto de cónsul, los datos muestran que el mapa recoge 87 consulados, 84 con titular publicado; 25 de esos titulares fueron altos cargos con Zapatero y, como en el caso de los embajadores, esto incluye ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Córdoba, Guadalajara, La Habana, Montevideo y Quito. Las políticas necesitan personas que las ejecuten y, por ello, el cambio de caras que se ha de llevar a cabo es integral: he ahí la relevancia de herramientas tales como las que estamos proponiendo.

4

Subvenciones y contratos

En cuanto a subvenciones y contratos, nos gustaría mencionar las grandes cifras5, porque serán útiles en un futuro próximo. En 2024, los tres niveles del Estado (ayuntamientos, CCAAs y Estado central) otorgaron 42.000 millones y en 2025 se otorgaron 46.260 millones, haciendo un total de 88.260 millones, de los cuales un 59 % se otorgaron sin un concurso. Es decir, de manera nominativa o directa, lo cual es considerado por la propia normativa española como una anomalía. Si miramos los contratos, juntando 2024 y 2025, se otorgaron contratos por un valor de 200.040 millones de euros (119.700 millones en 2025 y 80.340 millones en 2024), de los cuales 93.430 millones se dieron en concursos donde sólo existió una oferta, lo que nos habla de la «competitividad» para obtenerlos. Estas cifras mareantes son, como mencionamos anteriormente, las que se usan desde la derecha para decir que hay un gasto político desorbitado y a recortar. Además, según la derecha existe otra derivada, que es la propia estructura del Estado. En consecuencia, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cuál es el mínimo que necesita el Estado para funcionar? Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en Vitruvio.

5

El mínimo del Estado

Con Vitruvio hemos llevado a cabo un ejercicio diferente al que realizan los liberales que quieren implantar un DOGE a la española, que tan a menudo tienen sueños eróticos con la motosierra de Javier Milei. Con esas dos experiencias como contraste, nuestro proceso fue, primero, entender cómo se estructura cada ministerio y, sobre todo, qué funciones tiene que desarrollar en base a nuestra Constitución y Reglamentos de la UE. Para ello se ha analizado todo nuestro entramado legislativo nacional y europeo, para llegar hasta el tuétano de cada uno de los ministerios y saber qué funciones tienen que desempeñar, sin llevar a cabo cambios legislativos más allá de los reales decretos. La conclusión es que hoy los 22 ministerios6 suman 190.254 plazas. El mínimo que exige la ley se queda en 172.153: un 9,5 % menos. Si además cada equipo se dimensiona como las unidades comparables de la propia Administración (factor corrector creado por Extramuros), puede bajar a 163.857 plazas, unas 26.400 menos que hoy.

Todo ello con vacantes y jubilaciones, sin despedir a nadie. Si entramos a los órganos superiores y directivos, pasan de 255 a 148. Lo llamativo es que recortar plazas apenas ahorra dinero: entre 350 y 480 millones de euros al año, sobre unos 5.350 millones de euros de coste de personal. El ahorro de verdad está en lo que ninguna norma obliga a gastar, como por ejemplo 4.750 millones de euros al año en programas que ninguna norma exige sufragar: casi 1.500 millones de euros que se envían a comunidades y ayuntamientos para competencias que ya son suyas, más de 1.500 millones de euros en ayudas a sectores y empresas, cerca de 570 millones de euros en subvenciones a fundaciones, federaciones, sindicatos y patronal, y casi 150 millones de euros en «agendas» como la 2030 o el reto demográfico. A lo cual cabe sumar 18.101 plazas y 107 órganos directivos, a lo que de nuevo ninguna norma obliga. Con un real decreto se pueden quitar 5.988 millones de los 30.698 que los ministerios reparten cada año en programas, subvenciones y transferencias, 19.594 si además cambiamos leyes; sin modificar el problema de fondo del Estado.

6

Dónde está el gasto

Vitruvio permite ver dónde se compromete realmente el gasto del Estado: desde los 487.741 millones de euros al año, la partida de gasto social suma 289.424 millones, seis de cada diez euros, entre pensiones, desempleo, dependencia e IMV. Lo más relevante: el 70 % del gasto social son pensiones contributivas, es decir, en torno al 42 % del gasto total del Estado. Otros 107.527 millones de euros no dependen de los ministerios: intereses de la deuda, financiación de comunidades y ayuntamientos y aportación a la UE. Y 17.668 millones de euros ya están comprometidos, por contratos en vigor y fondos europeos. Queda el gasto ordinario, el que de verdad decide el Gobierno: 73.122 millones de euros. Es el coste de la propia maquinaria (personal, edificios, funcionamiento) y de los programas, subvenciones y transferencias que cada ministerio reparte. A ese gasto le hemos aplicado la misma pregunta, partida a partida: ¿qué norma obliga a sufragarlo?

El resultado arroja dos escenarios: con reales decretos, sin tocar ninguna ley, se pueden quitar 8.421 millones de euros al año, el 11,5 % del gasto ordinario. Son unos 420 € por hogar. Por ejemplo, las compensaciones energéticas a la industria (619 millones de euros) o el Plan Concertado de servicios sociales (393 millones de euros). Cambiando leyes el gasto puede bajar hasta lo que exigen la Constitución, la UE y los tratados, 49.317 millones de euros. Un 32,6 % menos que hoy, unos 1.200 € por hogar. Se trata de programas a los cuales hoy obliga una ley, como las bonificaciones de cuotas por contratación (2.669 millones de euros), las políticas activas de empleo de las comunidades (1.717 millones de euros) o la formación para el empleo (más de 1.800 millones de euros entre dos ministerios).

7

Un Estado asistencial

Vitruvio confirma cuanto ya dijimos en nuestro documento de Reforma Productiva: España es un Estado asistencial, que gasta en el presente y abandona cualquier gasto que mire al futuro. Las pensiones contributivas y las de los funcionarios suman 226.080 millones al año, 46 de cada 100 euros que gasta el Estado. Cualquier Gobierno que salga de las elecciones del 29N, y los que vengan después, enfrentará ese límite. Y mientras sea intocable, el país no tendrá futuro. Por eso, en el P100 propusimos dos cambios. Primero, un tope personal a la pensión de dos veces el salario mínimo, que cuente las demás rentas y el patrimonio de cada pensionista; lo que lo supere, se congela. No es justo ni moral que una pensión supere el salario de los jóvenes que la pagan. Segundo, pagar las pensiones en doce mensualidades desde 2028, sin pagas extra y con un suelo: nadie por debajo de la pensión mínima que le corresponda. Juntas liberan unos 28.000 millones al año. Es sólo el primer paso hacia otro sistema de pensiones.

8

Auditoría frente a voluntad

Comenzamos hablando de las auditorías del Estado y lo que hacen tanto BECERRO como Vitruvio es comenzar esa auditoría, sin necesidad de estar dentro del Gobierno: únicamente con una suscripción a Claude y voluntad. Si a los políticos de la derecha les gusta la palabra auditoría, a nosotros nos gusta la voluntad: la diferencia entre una y otra es que una es excusa y la otra es acción. Y a quien aspira al poder no se le pueden consentir lamentos sobre su capacidad de actuar, sino un deseo irrefrenable de ejercerlo. Llegado el momento, si el cambio de gobierno no se traduce en un cambio real en la gestión del país, desde Extramuros continuaremos con la misma labor que hasta ahora: fiscalizaremos a quien esté en el poder, pues nuestro único compromiso es el de lograr una España grande, próspera y eterna.

Referencias

Notas

  1. Libreros, Iván. 2026. Alberto Núñez Feijóo: «Lo primero será una auditoría en 100 días para saber la deuda y el déficit real tras cuatro años sin Presupuestos». 26 de octubre. Vozpópuli. Cervilla, Paloma. 2026. Feijóo auditará en sus primeros cien días todas las subvenciones, ayudas y contratos públicos. 5 de noviembre. The Objective. ↩
  2. Cristóbal, Natalia. 2026. Abascal aboga por una auditoría de la inversión ferroviaria y el estado de las vías y cambiar a políticos por técnicos. 4 de noviembre. El Debate. ↩
  3. España. 2013. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, art. 17.3. ↩
  4. España. 2017. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, arts. 63 y 347. España. 2003. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, art. 20.8. ↩
  5. Conviene no confundir unas cifras con otras. Los 88.260 millones que recoge BECERRO son todo lo que conceden en subvenciones el Estado, las comunidades y los ayuntamientos en dos años. En esa cuenta se incluyen fondos agrarios de la PAC y fondos europeos de recuperación, sujetos a sus propias reglas y condiciones, además de ayudas previstas por ley. No todo ese importe es de libre disposición. Unión Europea. 2021. Reglamento (UE) 2021/2115, de 2 de diciembre, arts. 21 y 118. Unión Europea. 2021. Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, art. 24. Que una subvención se conceda sin concurso tampoco significa que sobre: una subvención nominativa es la que aprueban las Cortes, con nombre y apellidos, en los Presupuestos. España. 2003. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, art. 22.2.a. Lo que BECERRO saca a la luz es un problema de transparencia y de competencia: quién recibe el dinero, cuánto y cómo. Cuánto se puede recortar es otra pregunta, y para contestarla hay que ir partida a partida y preguntar qué norma obliga a gastarla. Para eso creamos Vitruvio. ↩
  6. España. 2023. Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, art. 1. Texto consolidado vigente. ↩