Iniciativa ExtramurosAnálisis · Propuestas · Conversación pública
Análisis con datos oficiales: relación de puestos de trabajo (RPT), Boletín Oficial del Estado (BOE), Presupuestos Generales del Estado (PGE), Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Plataforma de Contratación y sedes electrónicas

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: base cero

Presidencia y Justicia en una ficha

Qué verás aquí. Qué hace este ministerio, cuánto personal y dinero tiene y qué parte exige la ley, con el método base cero (se parte de cero y cada puesto o gasto se queda solo si una norma lo exige).

Por qué importa. Muestra qué se podría quitar por decreto, qué necesita cambiar una ley y qué no se puede tocar, con la norma de cada cosa.

Lo que exige la ley hoy, por real decreto, cambiando leyes y mínimo legal · Propuesta Extramuros decisiones de Extramuros sobre ese mínimo

HoyMínimo legalPropuesta Extramuros
Plazas4.8694.4143.829
Gasto ordinario2.703 M€2.601 M€2.601 M€

Plazas de la propuesta: el mínimo legal con equipos del tamaño de unidades parecidas (prudente). Gasto ordinario: estructura, programas y transferencias, gasto real de 2025; en la propuesta, con las decisiones de Extramuros sobre el mínimo legal (sin el ahorro de juntar ministerios, que se cuenta en la reagrupación). Además, 175 M€ de derechos de los ciudadanos (pensiones, desempleo…), que no se tocan.

Tres hallazgos principales

  1. El Ministerio no tiene funciones de más, pero sí demasiados jefes.
  2. Lo que sobra es estructura de mando: dos secretarías de Estado, una dirección general sin mandato y dos organismos.
  3. Casi todo lo que hace el Ministerio son competencias exclusivas del Estado, y no sobran.
¿Tiene retorno? Sus programas, con semáforo

8 programas y subvenciones de gasto ordinario: 8 suprimir. La pregunta es si el dinero tiene un retorno demostrado (efecto neto, peso muerto, retorno fiscal, coste por resultado). Cómo se pone el color.

  • Becas de oposiciones del CEJLa quita en la propuesta5 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Juzgados de Paz y fondos de activos decomisadosLa quita en la propuesta2 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Fundaciones y consorcios del Secretariado del GobiernoLa quita en la propuesta2 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Gobierno y Cortes: compensaciones legalesLa quita en la propuesta1 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Patrimonio Nacional: transferencias e inversión del Plan de RecuperaciónLa quita en la propuesta1 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Becas y premios del CIS y el CEPCLa quita en la propuesta0 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Presidencia del Gobierno y autoridades independientes (fuera del análisis)La quita en la propuesta0 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Cooperación jurídica internacionalLa quita en la propuesta0 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

Contratos: señales de alerta A vigilar

1.925 contratos por 509 M€ adjudicados en doce meses. 1 indicadores en rojo y 3 en ámbar.

  • Una sola oferta: 40,7 % de las licitaciones Alerta
  • Sin publicidad: 9,7 % del importe A vigilar
  • Contratos menores: 2,6 % del importe Bien
  • Posible fraccionamiento: 10,0 % del importe de los menores A vigilar
  • Cinco mayores proveedores: 35,9 % del importe Bien
  • Encargos a medios propios: 11,8 % de contratos más encargos A vigilar

Una señal no prueba una irregularidad: indica dónde mirar. Umbrales y comparación con los demás ministerios.

Contratos, subvenciones y convenios

  • Contratos: 1.746 por 508,9 M€ (octubre de 2025 a septiembre de 2026). Para qué, los tres mayores: obras de construcción (148,1 M€); reparación y mantenimiento (86,7 M€); servicios informáticos (84,7 M€). Plataforma de Contratación del Sector Público: licitaciones y contratos menores adjudicados.
  • Subvenciones: 1.359 concesiones por 17,1 M€ (2025 (fecha de concesión)). Las tres convocatorias mayores: Res 3/6/2025 de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos por la que se convocan en el 2025 ayudas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, Cuerpos de Letrados de la Admón Justicia y Abogados del Estado (15,5 M€); Real Decreto 560/2025, de 1 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación con el Estado (1,2 M€); Subvenciones destinadas a la realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio, 2024 (0,2 M€). BDNS: subvenciones concedidas (importe concedido).
  • Convenios: 152, con 0,5 M€ de aportación del ministerio cuando consta (07-10-2025 a 14-09-2026). BOE: convenios publicados (aportación económica del ministerio cuando el texto la da).

Importes adjudicados (contratos), concedidos (subvenciones) o comprometidos (convenios), a menudo para varios años: no son el gasto de un año del presupuesto y no se suman a sus totales. Sin nombres de personas físicas. Ver en la red: el detalle por órgano y organismo.

Descargar tarjeta: ficha del ministerio

El análisis completo sigue abajo, por apartados: ábrelos para ver el detalle.

Este informe aplica al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el método común de Extramuros: se parte de cero y cada plaza o gasto se queda solo si una norma lo exige.

Fuentes:

Las plazas son los puestos de la RPT. Las personas son las plazas ocupadas. Las cifras por función son estimaciones. Solo se analizan la RPT y la estructura directiva: los jueces, los fiscales y el personal de la Administración de Justicia que no está en la RPT son contexto.

Tesis y respuesta

  • El Ministerio no tiene funciones de más, pero sí demasiados jefes. Tiene 4.869 plazas asignadas a funciones (145,8 M€). El mínimo legal conserva 4.414; sin Patrimonio Nacional, 4.005. Se eliminan 118 (el 2,4 %; 4,4 M€) y se traspasan 337, que siguen costando 8,3 M€. Por real decreto, sin tocar leyes, se eliminan 37 y se traspasan 6.
  • Lo que sobra es estructura de mando: dos secretarías de Estado, una dirección general sin mandato y dos organismos. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes repite funciones de su dirección general. La de Justicia repite la coordinación que ya hace la Secretaría General para la Innovación. Sobran también la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, creada en 2020 y sin mandato; el CEPC, creado por real decreto, cuyo director nombra una ley orgánica como consejero nato de Estado; y la capa de dirección del CIS, que se integra en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tres direcciones generales creadas entre 2022 y 2024 vuelven a ser subdirecciones: Libertad Religiosa, lo Consultivo y lo Contencioso. Los órganos superiores y directivos con funciones pasan de 16 a 11 por real decreto y a 10 con cambios de ley. Los altos cargos, de 17 a 12 y a 11.
  • Casi todo lo que hace el Ministerio son competencias exclusivas del Estado, y no sobran. Son la Administración de Justicia, la legislación procesal, penal y civil, la nacionalidad, los registros y el Gobierno. El mínimo las conserva; por eso el escenario de leyes y el mínimo coinciden. No sobran la Abogacía del Estado (939 puestos), el Secretariado del Gobierno, el BOE, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, los sistemas y registros de la Justicia ni la gestión de los medios de la Justicia donde no hay traspaso.
  • La Secretaría de Estado de Justicia y la Fundación Pluralismo y Convivencia salen por real decreto, porque las leyes de presupuestos solo las mencionan, como decidió Extramuros. También sale por real decreto la Oficina de abusos en la Iglesia, por decisión de Extramuros. El CEPC va al escenario de leyes porque una ley orgánica nombra a su director (Ley Orgánica 3/1980), según la revisión independiente.
  • El 56 % de las plazas hace funciones que impone una ley, la Unión Europea (UE), la Constitución o un reglamento. El 37 % son servicios internos; su paso al centro común de la AGE se calcula aparte. Solo el 6,9 % es discrecional.
  • Los servicios comunes tienen varios responsables: dos subdirecciones de personal con las mismas funciones, cuatro unidades económicas y de contratación, dos de informática del Ministerio, la Cuenta de Depósitos en tres órganos, y edificios y coordinación editorial en dos. Se nombra un responsable único para cada uno, sin contar ahorro.
  • Cinco comunidades siguen sin el traspaso de los medios de la Administración de Justicia, aunque sus Estatutos les dan título: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears y Región de Murcia. Basta un real decreto de traspaso: unas 199 plazas de las Gerencias (estimación máxima).
  • El 22,9 % de las plazas analizadas está vacante (1.115). De las 118 eliminadas, 29 están vacantes: la propuesta afecta a unas 89 personas.
  • La responsabilidad difusa afecta hoy a 98 de las 302 funciones. Tras la propuesta quedan 2: el mutualismo judicial, que comparte modelo con las mutualidades de los funcionarios civiles (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS), y que solo una ley puede unificar.

Estructura actual

El Ministerio junta Justicia, las relaciones con las Cortes, el apoyo al Gobierno y la Abogacía del Estado, con siete organismos y una fundación.

Órganos (Real Decreto 204/2024):

  • La Secretaría de Estado de Justicia. De ella dependen la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, con las direcciones generales para la Eficiencia, de Transformación Digital y de Seguridad Jurídica y Fe Pública; y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Tiene adscritos el CEJ y la MUGEJU.
  • La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, con las direcciones generales de Relaciones con las Cortes y de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica.
  • La Subsecretaría, con la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, la Dirección General de Servicios y la Dirección General de Libertad Religiosa. Tiene adscritas la AEBOE y la Fundación Pluralismo y Convivencia.
  • La Abogacía General del Estado, con rango de subsecretaría y las direcciones generales de lo Consultivo y de lo Contencioso.
  • Están adscritos el CEPC y el CIS. Patrimonio Nacional depende de la Presidencia del Gobierno a través del Ministerio.

Personal:

  • Las 302 funciones reparten 4.869 plazas de la RPT. Cuestan 145,8 M€, como suelo, sin trienios ni cotizaciones.
  • Incluyen Patrimonio Nacional, con 409 plazas. Sin él son 4.460. Extramuros decidió que se quede en los totales y que se dé siempre también la cifra sin él.
  • Quedan fuera: el Gabinete y la Secretaría del Ministro (56 puestos sin funciones); la Presidencia del Gobierno, la Casa del Rey, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que están en la sección 13 pero no son funciones de este Ministerio; y el personal de la Administración de Justicia que no está en la RPT (jueces, fiscales, letrados, forenses y cuerpos generales): 9.225 personas solo en el territorio sin traspaso.

Clasificación legal (302 funciones)

La mitad de las plazas hace funciones que impone una ley; más de un tercio son servicios internos.

ClaseFuncionesPlazasCoste
Obligatoria por la UE6682,6 M€
Obligatoria por ley1102.46180,1 M€
Obligatoria por reglamento301996,6 M€
Apoyo interno821.80747,0 M€
Discrecional743359,5 M€

Comprobación de la clasificación. La hizo un solo agente, sin lotes separados. Se revisaron 26 funciones contra el BOE guardado: las 6 de confianza baja y 20 más. Se corrigieron dos errores y la revisión independiente corrigió un tercero.

  • El seguimiento del programa legislativo en las Cámaras pasa de obligatorio por ley a discrecional. La cita del art. 111 de la Constitución trata de interpelaciones y preguntas, no de ese seguimiento, y ninguna ley lo atribuye a un órgano. La confianza sube de baja a media. Se mantiene igual: es el núcleo de la Dirección General de Relaciones con las Cortes y es anterior a 2020.
  • Notificar a la Comisión Europea las transferencias internacionales de datos pasa de obligatorio por la UE a discrecional. Era una obligación de la Directiva 95/46/Constitución Española (CE) (art. 26.3), que derogó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, art. 94). Hoy la AEPD actúa por el mecanismo de coherencia del Comité Europeo de Protección de Datos. Se suprime, sin ahorro. La confianza sube de baja a media.
  • Las becas, ayudas y premios del CIS pasan a discrecionales. Los añade su Estatuto (Real Decreto 1214/1997), no la Ley 39/1995. Lo corrigió la revisión independiente.
  • Se confirmaron, entre otras: las autorizaciones de uso de la bandera, el registro de órdenes y la Cancillería de la Orden de San Raimundo de Peñafort, cuyo precepto no se localizó (confianza baja, sin cambiar la decisión); la función residual de la Abogacía (Real Decreto 1057/2024); y la formación del CEJ, que nombra la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, art. 434.2).
  • Clases tras la revisión: obligatorias por ley, de 112 a 111; obligatorias por la UE, de 7 a 6; discrecionales, de 71 a 73. Con la corrección de la revisión independiente: obligatorias por ley, de 111 a 110; discrecionales, de 73 a 74.

Escenarios

Por real decreto salen una dirección general, la Secretaría de Estado de Justicia y una oficina; con cambios de ley salen la otra secretaría de Estado y el CEPC, y el CIS pasa al INE.

ActualReglamentosLeyesMínimoAntes de 2020 (aparte)
Órganos superiores y directivos con funciones1611101012
Altos cargos (con el Ministro)1712111113
Unidades de rango de subdirección4341393941
Plazas que siguen4.8694.8264.4144.4144.859
Plazas que siguen sin Patrimonio Nacional4.4604.4174.0054.0054.450
Coste que sigue145,8 M€143,9 M€133,1 M€133,1 M€145,4 M€
Plazas eliminadas0371181187
Plazas traspasadas (siguen costando)063373373
Funciones: mantener / fusionar / traspasar / eliminar302 / 0 / 0 / 0235 / 27 / 2 / 38215 / 32 / 9 / 46215 / 32 / 9 / 46284 / 3 / 1 / 14
Responsabilidad difusa (funciones)98172255

Reglamentos. Todo esto lo puede hacer el Gobierno por real decreto o por acuerdo del Consejo de Ministros.

  • Se suprime la Dirección General de Asuntos Constitucionales, creada en 2020: 6 plazas, todas sus funciones discrecionales.
  • Se suprime la Secretaría de Estado de Justicia: solo la mencionan leyes de presupuestos. Son 27 plazas de gabinete y secretaría.
  • Se suprime la Oficina de abusos en la Iglesia, como decidió Extramuros: 4 plazas.
  • Se extingue la Fundación Pluralismo y Convivencia: solo la menciona el anexo X de la ley de presupuestos. Está fuera de la RPT.
  • La Dirección General de Libertad Religiosa y las de lo Consultivo y de lo Contencioso vuelven a ser subdirecciones.
  • Hay un responsable único de personal, gestión económica y contratación, informática del Ministerio, edificios, Cuenta de Depósitos y convenios.
  • La inspección de servicios y el canal interno pasan a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública, como decidió Extramuros: 6 plazas.
  • Se eliminan 37 plazas, todas de unidades que desaparecen enteras o del gabinete de un órgano que se suprime.
  • El CEPC pasa al escenario de leyes, según la revisión independiente: una ley orgánica nombra a su director (Ley Orgánica 3/1980).

Leyes. Además, se cambian normas con rango de ley.

  • Se suprime la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, con su gabinete (17 plazas). La nombra la Ley 19/2013.
  • Se disuelve el CEPC: 45 plazas menos y 20 que pasan, con la biblioteca, a la Biblioteca Nacional. Una ley orgánica nombra a su director consejero nato de Estado (Ley Orgánica 3/1980).
  • El CIS se integra en el INE, como decidió Extramuros: 112 plazas traspasadas. Su Presidencia, con el Gabinete y la Secretaría (19 plazas), desaparece (Ley 39/1995).
  • Se homogeneizan los medios de la Administración de Justicia: las cinco comunidades sin traspaso los reciben por real decreto de traspaso, porque ya tienen título en su Estatuto. Son unas 199 plazas de las Gerencias Territoriales (estimación máxima).
  • En total se eliminan 118 plazas y se traspasan 337.

Mínimo. Es igual que el escenario de leyes: ninguna función crítica cambia de sitio.

  • Las funciones que impone una ley española y se conservan son competencias exclusivas del Estado: Administración de Justicia; legislación procesal, penal y civil; nacionalidad; registros; Gobierno y relaciones con las Cortes; y asistencia jurídica al Estado.

Antes de 2020. Este escenario va aparte: solo deshace lo creado desde 2020 sin obligación nueva ni servicio directo.

  • Se deshacen: las funciones de la Dirección General de Asuntos Constitucionales; la promoción de la Constitución y de los derechos humanos; el seguimiento de la Ley Orgánica 1/2025; los datos de la Dirección General de Transformación Digital; las becas del CEJ; la edición para la Presidencia en la AEBOE; el canal interno; y la Oficina de abusos en la Iglesia.
  • El cálculo automático marcó 80 funciones como nuevas. 60 tienen precedente anterior a 2020 con otra redacción: los Reales Decretos 997/2003 y 1044/2018, para la Abogacía; el Real Decreto 1206/2006, para la MUGEJU; los Reales Decretos 1044/2018 y 816/2018 y la Ley 50/1997, para los servicios comunes y la Secretaría General Técnica; y el Real Decreto 1495/2007 y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para la AEBOE.
  • En el repaso del 27-10-2026, el cálculo corregido marcó 17 funciones más como nuevas. 13 tienen precedente literal en el Real Decreto 1044/2018; 4 son núcleo del Ministerio o críticas.
  • Se eliminan 7 plazas: la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y la Oficina de abusos en la Iglesia, que desaparecen. La Subdirección General de Régimen Constitucional pasa a las funciones con precedente. Antes, el reparto a partes iguales daba 4 plazas, según la revisión independiente.

De dónde salen las plazas eliminadas: solo de unidades que desaparecen enteras y de gabinetes de órganos que se suprimen.

UnidadEscenarioPlazasCoste
Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica (entera)reglamentos60,3 M€
CEPC (dirección, estudios y gerencia; la biblioteca se traspasa)leyes451,1 M€
Gabinete y secretaría de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortesleyes170,7 M€
Gabinete y secretaría de la Secretaría de Estado de Justicia (solo la mencionan leyes de presupuestos)reglamentos271,3 M€
Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica (entera)reglamentos40,2 M€
Gabinete y secretaría de la Presidencia del CIS (el organismo se integra en el INE)leyes190,9 M€

Traspasos, que siguen costando:

  • la inspección de servicios y el canal interno, a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública: 6 plazas, en reglamentos;
  • la biblioteca del CEPC, a la Biblioteca Nacional: 20, en leyes;
  • el CIS, al INE: 112, en leyes;
  • las Gerencias Territoriales de cinco comunidades, a esas comunidades: 199, en leyes.

En la Dirección General de Asuntos Constitucionales y en las dos secretarías de Estado, el coste eliminado incluye el del alto cargo que desaparece.

Capas de ahorro: del mínimo legal al mínimo bien dimensionado y con automatización

La base cero dice qué funciones sobran. Esta segunda capa mira cuánta gente necesita lo que se queda: compara el tamaño de cada equipo con el de unidades del mismo tipo de trabajo en los 22 ministerios, con un indicador de carga. No cambia el mínimo legal: se presenta aparte, con dos objetivos (prudente, la mediana de los comparables; ambicioso, el cuartil más eficiente) y un suelo (ninguna unidad baja de jefe y dos personas ni de la mitad de su tamaño).

  1. Hoy4.869punto de partida145,8 M€ al año de coste de personal
  2. Mínimo legal4.414−455 plazas (−9,3 %) sobre hoyahorro 4,4 M€ al año; 8,3 M€ traspasados, que no son ahorro
  3. Mínimo legal bien dimensionado3.829prudente3.616ambicioso−585 / −798 plazas (−13,3 % / −18,1 %) sobre el paso anteriorahorro adicional 16,7 M€ / 22,0 M€ al año
  4. Con automatización3.556prudente + baja2.947ambicioso + alta−272 / −669 plazas (−7,1 % / −18,5 %) sobre el paso anteriorEscenario aparte: tramitación reglada automatizable, en rango. Combinaciones cruzadas: prudente + alta, 3.076; ambicioso + baja, 3.350

Aparte, el gabinete del ministro (fuera del mínimo, porque cuelga del titular): 14 plazas de exceso con el objetivo prudente y 27 con el ambicioso, sobre la RPT de hoy. No se restan arriba.

Grupos comparables e indicadores

Cada equipo se compara solo con equipos del mismo tipo de trabajo, nunca con el ministerio entero. Los ministerios que ejecutan (5.000 plazas o más en el mínimo) se comparan aparte en las líneas del centro común.

Grupo e indicador de cargaPlazasEste ministerioObjetivo prudente / ambiciosoCompa­rablesAhorro prudente / ambicioso
Centro común: Dirección de los servicios comunes y organización (resto)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)825186,8647,22 / 12,1310412 / 412
Centro común: Oficialía mayor, inmuebles, mantenimiento, seguridad y registro (resto)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)29466,6352,71 / 33,781161 / 145
Normativa y Secretaría General Técnicaplazas por cada 100 textos al año (sección I del BOE sin disposiciones mecánicas + 1 × convenios)235129,74125,67 / 76,12217 / 97
Oficina directiva de dirección generalplazas por oficina directiva10912,1 por unidad (9 unidades)8,08 / 5,0014034 / 49
Otros gabinetes (técnico de la Subsecretaría, de secretarías generales…)plazas por gabinete8416,8 por unidad (5 unidades)6,61 / 3,708337 / 38
Gabinete del ministro (fuera del mínimo)plazas por gabinete5656,0 por unidad (1 unidad)41,50 / 29,252214 / 27
Centro común: Publicaciones, documentación, biblioteca y archivo (resto)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)4710,587,61 / 3,791213 / 23
Centro común: Información administrativa y atención (resto)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)276,132,55 / 1,79714 / 14
Centro común: Protección de datos y transparencia (resto)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)184,114,11 / 2,40110 / 8
Centro común: Personal, RRHH y nómina (resto)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)9020,4234,19 / 19,55120 / 4
Oficina directiva de organismoplazas por oficina directiva72,3 por unidad (3 unidades)5,00 / 2,05370 / 1
Centro común: Gestión económica, presupuestaria y contratación interna (resto)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)7817,5537,77 / 24,49120 / 0
Centro común: Tecnologías de la información (resto)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)306,8128,68 / 21,2990 / 0
Oficina directiva de órgano superior (Secretaría de Estado, Subsecretaría, Secretaría General)plazas por oficina directiva32,6 por unidad (1 unidad)4,00 / 1,38100 / 0

Sin objetivo, por falta de un indicador de carga comparable: gestión de expedientes sin volumen medido (30 unidades); inspección y control (2 unidades); estrategia y análisis (4 unidades); relaciones (1 unidad); dirección (funciones de dirección en unidades ordinarias) (1 unidad); obras y trabajo técnico (4 unidades); apoyo interno fuera de las líneas del centro (3 unidades). Que no tengan objetivo no quiere decir que estén bien dimensionadas: falta el dato de volumen.

Con automatización (escenario aparte)

Tercer paso, sobre el mínimo bien dimensionado: la parte automatizable de cada flujo de trabajo, en rango. En Presidencia y Justicia, prudente + automatización baja deja 3.556 plazas (−272) y ambicioso + automatización alta, 2.947 (−669). Las combinaciones cruzadas van aparte: prudente + alta, 3.076; ambicioso + baja, 3.350.

Clase de flujo de trabajoParte automatizable (baja / alta)Fuente
Tramitación reglada de alto volumenprestaciones con reglas fijas, afiliación y altas, matriculaciones, permisos y renovaciones, pagos, registro, grabación y cotejo de documentos24 % / 53 %OIT (2023) · Alan Turing Institute (2024) · Ingreso mínimo vital de oficio (2020) · Austria, prestación por hijo sin solicitud (2015)
Apoyo interno transaccionalnómina y gestión de personal, contabilidad, gestión económica y contratación administrativa24 % / 53 %OIT (2023)
Trabajo mixtoinformación y atención, ayudas y subvenciones, documentación y archivo, oficialía y servicios generales, tramitación de expedientes de volumen medio o bajo2,2 % / 27,9 %Deloitte (2017)
Trabajo de juicio o presencialinspección y control, normativa, estrategia, relaciones, dirección, gabinetes, obras y trabajo técnico, informática, personal operativo de seguridad, custodia en prisiones, museos y centros de atención1 % / 4 %OIT (2023)

Con automatización es un escenario aparte, no una previsión: la parte de cada flujo de trabajo que se puede automatizar, en rango (baja sobre el bien dimensionado prudente; alta sobre el ambicioso). Inversión en sistemas (orden de magnitud con fuentes): automatización baja, 1,03 mil M€ a 2,06 mil M€ de inversión única y 103,1 M€ a 412,4 M€ al año de coste recurrente; alta, 2,15 mil M€ a 4,30 mil M€ y 214,8 M€ a 859,2 M€ al año. Con el suelo de coste de la RPT se recupera hacia el año 9 (baja) y hacia el año 9 (alta) en el caso optimista, y no en 20 años en el pesimista. Anclas: proporción inversión / ahorro medida por la NAO británica en servicios compartidos (HC 16, 2016; el doble en el caso pesimista, supuesto) y el Plan de Digitalización de las AAPP 2021-2025 (3.165 M€, sin efecto medido en plantillas); coste recurrente del 10 % al 20 % de la inversión (supuesto). Plazo: el ahorro llega en años, con vacantes y jubilaciones, no con despidos; las cifras son un techo a 10 años, no un ahorro del primer ejercicio. Límites legales: la actuación automatizada solo sirve para actos reglados, con un órgano responsable y auditoría del sistema (Ley 40/2015, art. 41); una decisión solo automatizada con efectos sobre personas necesita una base legal con garantías (RGPD, art. 22); y la IA que evalúa el derecho a prestaciones es de alto riesgo, con supervisión humana obligatoria (Reglamento europeo de IA, 2024/1689).

Fuentes de los rangos: OIT (2023) · Deloitte (2017) · Alan Turing Institute (2024) · Ingreso mínimo vital de oficio (2020) · Austria, prestación por hijo sin solicitud (2015).

Ritmo: vacantes y jubilaciones

El ajuste se hace sin despidos: primero se amortizan vacantes de la RPT de cada unidad y el resto se deja de reponer al jubilarse. Prudente: 296 plazas con vacantes que ya existen y 289 con jubilaciones (unos 1,9 años). Ambicioso: 428 con vacantes y 369 con jubilaciones (unos 2,4 años).

Edad: no hay datos por ministerio; se usa la pirámide de toda la AGE (Registro Central de Personal, enero de 2025: el 22,75 % tiene 60 años o más). Algunas vacantes pueden estar cubiertas de forma provisional.

Proporción de mando

Plazas de gabinetes, oficinas directivas y funciones de dirección, estrategia y relaciones por cada plaza que ejecuta o atiende. Es un indicador, sin objetivo propio: señala dónde pesa la capa de «mandar» sin castigar a quien ejecuta.

  • 453plazas de mando
  • 2.067plazas de ejecución
  • 0,22de mando por cada plaza de ejecución (percentil 75 de los 22: 0,76)
  • Nopor encima del percentil 75

Organismos del ministerio por encima del percentil 75 de los organismos (0,07): Centro de Estudios Jurídicos, O.A. (CEJ) (0,14).

Unidades con más exceso

UnidadÓrganoPlazas en el mínimoAhorro prudente / ambicioso
GERENCIAConsejo de Administración del Patrimonio Nacional355178 / 178
OFICIALIA MAYORDirección General de Servicios29461 / 145
S.G. DE NACIONALIDAD Y ESTADO CIVILDirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública833 / 35
SECRETARIA GENERALCentro de Estudios Jurídicos, O.A. (CEJ)4623 / 23
GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN VALLADOLIDGerencias Territoriales del Ministerio (Justicia)4321 / 21
S.G. DE PUBLICACIONES DOCUMENTACION Y ARCHIVOSecretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno4212 / 21

Límites

Es una comparación interna: una unidad mayor que otras del mismo tipo no prueba que le sobre personal. Puede tener más carga de la que miden los indicadores, más complejidad o competencias que las otras no tienen.

Todos los límites (14)
  • Datos bloqueados (decisión de Extramuros, 28-10-2026: se quedan como limitación): internos por centro penitenciario (Interior), autorizaciones de extranjería por provincia (Inclusión y Delegaciones del Gobierno), memoria de volúmenes de la Agencia Tributaria (AEAT), y datos de gestión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Sus webs no responden a la descarga automática, así que esos organismos no tienen objetivo por volumen: prisiones solo con indicador nacional (SPACE I), extranjería y AEAT fuera del mínimo de esta capa, e IMSERSO y FEGA sin indicador de carga. Su exceso, si lo hay, no se mide.
  • Solo hay objetivo donde hay indicador de carga comparable y al menos 5 comparables: gabinetes, capa directiva, líneas del centro común, normativa, gestión de ayudas y las redes periféricas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico (DGT), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Inspección de Trabajo (volumen público por provincia o comunidad). Prisiones, MUFACE, Catastro y los tribunales económico-administrativos solo tienen un indicador nacional; la AEAT y las oficinas de extranjería están fuera del mínimo de esta capa; el resto de la gestión, la inspección y el trabajo de pensar no tienen objetivo.
  • Organismos de ejecución: el volumen es un indicador único por organismo (pensiones en vigor, afiliados, beneficiarios, trámites, órdenes de servicio) y no recoge toda la carga (incapacidad temporal (IT), ingreso mínimo vital (IMV), recaudación ejecutiva, sanciones…). Las provincias se comparan en bandas de tamaño; aun así, una provincia con más dispersión o más casos complejos puede necesitar más plantilla. El volumen es de 2024-2026 y los puestos son los de la RPT vigente (incluidas vacantes).
  • El reparto de plazas por función es el de Criterio de Extramuros (a partes iguales entre funciones); el de las unidades sin funciones se reparte entre todas las funciones del órgano. El tipo de una unidad es el de sus funciones dominantes.
  • Las funciones que la base cero fusiona sin duplicado siguen en su unidad de origen; las traspasadas (a otro ministerio, a las comunidades autónomas (CCAA) o al centro) no están en el mínimo de su ministerio y aquí no se dimensionan.
  • La RPT fuera del modelo de funciones (organismos sin funciones en la base cero, como las confederaciones del MITECO, o la periferia de Defensa e Interior que no reparte) no se dimensiona: se muestra aparte.
  • Normativa: las disposiciones mecánicas (precios del tabaco, de los gases licuados y de las monedas; correcciones de errores) no cuentan y un convenio pesa 0,5 (supuesto del proyecto); aun así, un real decreto y una orden menor cuentan igual; las disposiciones conjuntas cuentan en el departamento que las publica; no hay datos públicos de informes por ministerio.
  • Automatización: es un escenario, no una previsión. Los rangos son de exposición de tareas (OIT) o de horas liberables (Deloitte) y la mitad de la exposición media es un supuesto del proyecto. Exige inversión no estimada, rediseño de los procedimientos y, en parte, cambios de ley; el efecto llega en años y con jubilaciones. Amortizar una vacante ahorra crédito presupuestado, no nómina pagada.
  • Gestión de ayudas: concesiones al año de la BDNS (media de los años con concesiones); una concesión de una convocatoria masiva cuesta menos que una nominativa. La carga externalizada usa un coste supuesto de 50.000 € por ETC.
  • Red periférica: sus unidades (también las que tienen funciones) se tratan con el tipo de ejecución de su órgano y no entran en las líneas del centro, porque su reparto entre las funciones es mecánico. Ejemplo: en la función Dirección General de Presupuestos de Interior («distribuir los medios personales y materiales») lleva 2.712 plazas de la periferia de la Policía a la línea de personal; aquí no cuentan como servicio interno.
  • Unidades especializadas del centro (sistemas tributarios, de la Seguridad Social, presupuestarios, estadística departamental…): no hay comparables homogéneos; llevan la palanca fija del 5 %.
  • Coste: suelo (sueldo, complemento de destino y específico de la RPT, sin cotizaciones ni trienios); el personal laboral no se valora.
  • Ritmo: no hay edad por ministerio ni por unidad; se usa la pirámide de toda la AGE (RCP, enero de 2025). Las vacantes son las de la RPT de hoy en cada unidad (algunas pueden estar cubiertas de forma provisional).

Fuente: datos del proyecto (ver Método). Coste: suelo de la RPT, sin trienios, productividad ni cotizaciones.

Presupuesto: gasto ordinario y piezas

La regla base cero («el mínimo que exige la norma») se aplica solo al gasto ordinario: estructura, programas, subvenciones y transferencias. Aquí pasa de 2.703,2 M€ hoy a 2.652,7 M€ con lo que el Gobierno puede hacer por real decreto y a 2.600,8 M€ en el mínimo legal (−102,4 M€). Los derechos de los ciudadanos, los contratos vigentes, los fondos europeos temporales (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)), los traslados de coste y las operaciones financieras van en líneas aparte: se mantienen y no son ahorro.

LíneaHoyPor real decretoCambiando leyes · mínimo legal
Lo que decide el Gobierno (gasto ordinario)2.703,2 M€2.652,7 M€2.600,8 M€
Estructura (personal y funcionamiento)2.681,6 M€2.649,6 M€2.600,8 M€
Programas, subvenciones y transferencias21,6 M€3,1 M€0,0 M€
Derechos de los ciudadanos Iguales en todos los escenarios: no se recortan.174,9 M€174,9 M€174,9 M€
Mutualidades de funcionarios: asistencia sanitaria y prestaciones (MUFACE, ISFAS, MUGEJU)68,9 %120,5 M€120,5 M€120,5 M€
Asistencia jurídica gratuita30,5 %CE art. 119 · Ley 1/1996 art. 153,3 M€53,3 M€53,3 M€
Otros derechos pagados por el Estado0,6 %1,1 M€1,1 M€1,1 M€
Comprometido o temporalSe mantiene en todos los escenarios.7,1 M€7,1 M€7,1 M€
Contratos vigentes0,5 M€0,5 M€0,5 M€
Fondos europeos de recuperación (MRR)6,6 M€6,6 M€6,6 M€
Gasto total2.885,1 M€2.834,7 M€2.782,7 M€
Ahorro frente a hoy—−50,4 M€2 % del gasto total−102,4 M€4 % del gasto total
en gasto ordinario—−50,4 M€2 % del gasto ordinario−102,4 M€4 % del gasto ordinario

Bloqueados: se mantienen en todos los escenarios. Cambiarlos es política de protección social, fuera de este trabajo. El porcentaje es sobre la línea de derechos. «Cuantía de referencia»: la que fija la norma, no la media pagada. Importes: gasto real anual actual donde hay fuente oficial (pensiones, incapacidad temporal, nacimiento, familia, IMV, pensiones no contributivas, dependencia y Clases Pasivas; desempleo contributivo, estimado con la estadística del SEPE); el resto, crédito de los PGE 2025-P, que es el de 2023 prorrogado. No se cuentan las cotizaciones que el SEPE y el IMSERSO pagan a la Seguridad Social por los parados y los cuidadores: es dinero que pasa de un organismo público a otro y la Seguridad Social ya cuenta las pensiones que paga con él; nadie cobra menos. Fuentes de beneficiarios e importes: INSS, nómina de pensiones (septiembre de 2026), ejecución de la Seguridad Social (septiembre de 2026), ejecución del Estado, IGAE (agosto de 2026), SEPE (media de 2025), Informe de Rentas Mínimas 2025, Ministerio de Educación, Datos y cifras (curso 2024-25), Memoria de MUFACE 2024.

Piezas de gasto ordinario (9)

Cada pieza agrupa partidas de una misma política. «Quién lo exige»: qué exige la parte que queda en el mínimo (Constitución o UE, una ley, un reglamento o ninguna norma). «Para quitarla»: qué haría falta. «Renovación anual»: medida que se prorroga cada año por real decreto-ley; es la más fácil de quitar, basta no renovarla.

PiezaHoyMínimo legalQuién lo exigePara quitarlaMarcas
Estructura del ministerio (personal y funcionamiento)Personal, funcionamiento e inversión de Justicia en el territorio, servicios centrales, Abogacía del Estado, CEJ, CIS, BOE, Patrimonio Nacional y Secretariado del Gobierno. · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes2.681,6 M€2.600,8 M€Estructurasigue a la estructura
Becas de oposiciones del CEJBecas para preparar oposiciones a carreras judicial y fiscal, letrados y abogados del Estado. · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes14,8 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decreto
Juzgados de Paz y fondos de activos decomisadosSubvención a ayuntamientos por los Juzgados de Paz y reparto de lo recaudado por la ORGA. · Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76), disposición transitoria decimotercera (antes, Ley 38/1988, art. 52) · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes2,3 M€0,0 M€Lo exige una leyley
Fundaciones y consorcios del Secretariado del GobiernoFundación Pluralismo y Convivencia, Fundación Princesa de Asturias, Bicentenario de 1812 y premio Clara Campoamor. · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes1,9 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decreto
Patrimonio Nacional: transferencias e inversión del Plan de RecuperaciónDeudas y pensiones ya contraídas, Reales Patronatos, cuotas y la inversión del MRR. · Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (CELEX 32021R0241), y Decisión de Ejecución del Consejo que aprueba el plan de España, considerandos (y art. 24) · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes1,0 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decreto
Gobierno y Cortes: compensaciones legalesIniciativas legislativas populares, compensación tras el cese y suplemento catalán del BOE. · Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE (BOE-A-2015-3444), artículo 6.1 · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes0,8 M€0,0 M€Lo exige una leyley
Becas y premios del CIS y el CEPCBecas de posgrado, premios y aportaciones a asociaciones académicas. · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes0,4 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decreto
Presidencia del Gobierno y autoridades independientes (fuera del análisis)Funcionamiento de la Moncloa, ex Presidentes, AEPD y Autoridad del Informante. · Real Decreto 405/1992, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno (BOE-A-1992-9509), artículo 3 · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes0,3 M€0,0 M€Lo exige un reglamentoreal decreto
Cooperación jurídica internacionalCuotas a GRECO, COMJIB y otros foros de justicia. · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes0,2 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decreto
Piezas fuera de la regla (5: 181,9 M€ de gasto, más operaciones financieras)

Derechos, contratos vigentes (hasta su vencimiento), MRR, traslados de coste y operaciones financieras: iguales en todos los escenarios; no se cuentan como ahorro.

PiezaHoyMínimo legalQuién lo exigePara quitarlaMarcas
Patrimonio Nacional: transferencias e inversión del Plan de Recuperación (contratos vigentes)Deudas y pensiones ya contraídas, Reales Patronatos, cuotas y la inversión del MRR. · Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (CELEX 32021R0241), y Decisión de Ejecución del Consejo que aprueba el plan de España, considerandos (y art. 24) · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes0,5 M€0,5 M€contrato vigentecontrato vigente
MUGEJU: prestaciones y asistencia sanitariaPrestaciones del mutualismo judicial (sanidad concertada, farmacia, subsidios, familia). · Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1 · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social120,5 M€120,5 M€derecho (fuera de alcance)derecho (fuera de alcance)
Asistencia jurídica gratuita y apoyo a víctimasTurno de oficio de abogados y procuradores y asistencia psicológica a víctimas en el territorio sin traspaso. · Constitución Española (BOE-A-1978-31229), artículo 119 (Ley 1/1996, art. 37) · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes54,3 M€54,3 M€derecho (fuera de alcance)derecho (fuera de alcance)
Patrimonio Nacional: transferencias e inversión del Plan de Recuperación (derechos)Deudas y pensiones ya contraídas, Reales Patronatos, cuotas y la inversión del MRR. · Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (CELEX 32021R0241), y Decisión de Ejecución del Consejo que aprueba el plan de España, considerandos (y art. 24) · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes0,1 M€0,1 M€derecho (fuera de alcance)derecho (fuera de alcance)
Patrimonio Nacional: transferencias e inversión del Plan de Recuperación (MRR)Deudas y pensiones ya contraídas, Reales Patronatos, cuotas y la inversión del MRR. · Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (CELEX 32021R0241), y Decisión de Ejecución del Consejo que aprueba el plan de España, considerandos (y art. 24) · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes6,6 M€6,6 M€MRR temporalMRR temporalvence 2026-2027

Fuente: : partidas del PGE 2025-P (prórroga PGE 2023 adaptada; vigente 2026) con su gasto real de 2025 (Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)). Juega con estas piezas en Construye tu Estado.

Presupuesto base cero: lo que impone la norma y lo que no

Con el mínimo que exige la norma, el gasto ordinario de Presidencia bajaría de 2.536,5 M€ a 2.446,8 M€: casi todo es personal y funcionamiento.

  • Es el mismo criterio que para la estructura, aplicado al gasto ordinario: estructura, programas, subvenciones y transferencias que no son obligatorias.
  • Fuente: el tomo de la sección en los PGE 2025-P (la prórroga de los PGE de 2023, adaptada; vigente en 2026). Se ha leído partida a partida: programa, concepto y subconcepto.
  • Total: 2.733,9 M€. De ellos, 2.623,2 M€ son estructura (personal, funcionamiento e inversión) y 110,6 M€ pasan a terceros (capítulos 4, 7 y 8).
  • Cada partida se ha contrastado con la norma que la impone. El detalle está en el anexo.
  • Los derechos de los ciudadanos, los contratos vigentes, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y los traslados de coste no cambian en ningún escenario y se muestran aparte.
  • Las operaciones financieras (capítulo 8) no son gasto y quedan fuera del total, por decisión de Extramuros.
EscenarioGasto ordinarioAhorro (solo ordinario)Derechos (fuera de alcance)Contratos vigentesMRR temporalTraslados de costeOperaciones financierasGasto total (sin op. financieras)
hoy2.536,5 M€—174,9 M€0,5 M€22,1 M€0,0 M€0,0 M€2.733,9 M€
reglamentos2.495,9 M€−40,6 M€174,9 M€0,5 M€22,1 M€0,0 M€0,0 M€2.693,3 M€
leyes2.446,8 M€−89,7 M€174,9 M€0,5 M€22,1 M€0,0 M€0,0 M€2.644,2 M€
mínimo2.446,8 M€−89,7 M€174,9 M€0,5 M€22,1 M€0,0 M€0,0 M€2.644,2 M€

Operaciones financieras (capítulo 8), fuera del gasto: 0,0 M€.

  • Reglamentos: sale el gasto ordinario que ninguna norma obliga a hacer: acuerdos políticos, programas, campañas y subvenciones discrecionales. Sale también el que solo impone un reglamento. El que impone una ley sin fijar importe baja al mínimo que cumple la obligación.
  • Leyes: sale además el gasto ordinario que solo impone una ley española. Se quita cambiando esa ley.
  • Mínimo: queda solo el gasto ordinario que imponen la Constitución, el derecho de la UE o un tratado. Se suman las transferencias a entidades que la base cero mantiene y la conservación de la red estatal.
  • La estructura sigue al coste de personal de cada escenario. Lo traspasado se sigue pagando en otro sitio.
  • Derechos (fuera de alcance): 174,9 M€ en 13 partidas. Son protección social y se mantienen en todos los escenarios. Las mayores son: gastos corrientes en bienes y servicios de Mutualidad general judicial, 78,4 M€; Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de asistencia jurídica gratuita, 46,4 M€; farmacia, 19,4 M€; y Subsidios e Indemnizaciones, 11,7 M€.
  • Contratos vigentes: 0,5 M€ en 1 partida. Es un contrato o compromiso en vigor: no se toca hasta que vence: A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela, S.A.". Deudas de ejercicios anteriores, 0,5 M€.
  • MRR temporal: 22,1 M€ en 1 partida. Es una capa temporal que se acaba en 2026-2027: Inversiones reales de Consejo de administración del patrimonio naci, 22,1 M€.

Del gasto ordinario juzgado (13,7 M€), esto es lo que obliga a cada parte:

  • la UE o un tratado: 0,0 M€;
  • solo una ley española: 3,1 M€;
  • solo un reglamento: 0,3 M€;
  • ninguna norma (gasto sin obligación legal): 10,2 M€.

Medición del gasto ordinario:

  • 13,7 M€ no tienen objetivo medible ni evaluación publicada.
  • 2,7 M€ financian la estructura y el funcionamiento de entidades.
  • 0,0 M€ tienen una meta de resultado; 0,0 M€ solo tienen metas de actividad o cobertura; y 13,7 M€ no tienen ninguna meta medible.
  • El anexo lo describe partida a partida.

Estructura mínima

El mínimo legal del Ministerio son la Abogacía del Estado, el Secretariado del Gobierno, los órganos de Justicia, los servicios comunes y cuatro organismos, sin secretarías de Estado.

UnidadRangoDepende deLíneaPlazasCosteNota
Dirección General de Relaciones con las Cortesdirección generalMinistro1742,8 M€Depende del Ministro al suprimirse la Secretaría de Estado (leyes). Responde a las Cámaras (arts. 109-111 de la Constitución).
SubsecretaríasubsecretaríaMinistroapoyo582,0 M€Núcleo que exige la ley (Ley 40/2015, art. 63), con el Gabinete Técnico y la División de Derechos de Gracia y otros Derechos. Hace de cliente interno de los servicios comunes.
Subdirección General de Libertad Religiosasubdirección generalSubsecretaría1220,7 M€Antigua Dirección General de Libertad Religiosa (2024). Registro de Entidades Religiosas y acuerdos con las confesiones. La Oficina de abusos en la Iglesia (4 puestos) se suprime, como decidió Extramuros.
Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobiernodirección generalSubsecretaríaapoyo1946,9 M€Secretariado del Gobierno, crítico: Consejo de Ministros, sanción, promulgación y publicación. Es también la Secretaría General Técnica del Ministerio, con la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
Dirección General de Serviciosdirección generalSubsecretaríaapoyo70815,8 M€Único responsable de los servicios comunes del Ministerio: una sola Subdirección General de Recursos Humanos, la gestión económica y la contratación, la informática del Ministerio (con la antigua División de Servicios Digitales Departamentales) y los edificios de los servicios centrales. Su paso al centro común de la AGE se calcula aparte.
Abogacía General del EstadosubsecretaríaMinistro11856,7 M€Proveedor común de asistencia jurídica de toda la AGE (Ley 52/1997).
Subdirección General de los Servicios Consultivossubdirección generalAbogacía General del Estado11316,3 M€Antigua Dirección General de lo Consultivo (2022), con las Abogacías del Estado en los ministerios (114 puestos).
Subdirección General de los Servicios Contenciosossubdirección generalAbogacía General del Estado121910,2 M€Antigua Dirección General de lo Contencioso (2022), con las Abogacías ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas y los departamentos por materias.
Abogacías del Estado en las comunidades autónomas y provinciassubdirección generalAbogacía General del Estado140415,3 M€Red territorial de la Abogacía.
Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de JusticiasubsecretaríaMinistro2401,6 M€Órgano de sede central de la Administración de Justicia; la LOPJ la nombra como Secretaría General de la Administración de Justicia. Dirige a los Letrados de la Administración de Justicia, diseña la oficina judicial y fiscal y centraliza la estadística. Al suprimirse la Secretaría de Estado (reglamentos), depende del Ministro.
Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justiciadirección generalSecretaría General para la Innovación12558,3 M€Medios personales, materiales y económicos de la Administración de Justicia donde no hay traspaso; carrera fiscal; justicia gratuita; institutos de medicina legal y oficinas de víctimas; edificios judiciales; y Cuenta de Depósitos, de la que es único responsable. Coordina a las comunidades autónomas con traspaso (Subdirección General de Cooperación y Coordinación Territorial).
Gerencias Territorialessubdirección generalDirección General para la Eficiencia138510,0 M€Tras la homogeneización solo quedan las de Ceuta, Melilla y los órganos centrales, más la gestión estatal que queda en todo el territorio (indemnizaciones de jueces y fiscales).
Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justiciadirección generalSecretaría General para la Innovación150014,5 M€Sistemas, infraestructura y seguridad de la Justicia (servicio de informática especializado) y registros administrativos de apoyo, críticos. La informática del Ministerio pasa a la Dirección General de Servicios.
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Públicadirección generalSecretaría General para la Innovación12347,3 M€Nacionalidad, estado civil y Registro Civil; notariado y registros; registros jurídicos del Estado; y Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacionaldirección generalSecretaría General para la Innovación1642,4 M€Autoridad central de cooperación jurídica internacional y participación en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.
Centro de Estudios Jurídicosorganismo autónomoSecretaría General para la Innovación1792,5 M€Formación inicial y continua de fiscales y del personal de Justicia (LOPJ, art. 434.2), sin becas ni formación discrecional.
Mutualidad General Judicialorganismo autónomoSecretaría General para la Innovación1421,5 M€Se mantiene hasta que una ley unifique las tres mutualidades. Es un hallazgo entre ministerios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estadoagencia estatalSubsecretaría14115,2 M€Diario oficial, crítico; Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME); anuncios; Portal de Subastas; y bases de legislación. Es el proveedor común de publicaciones de la AGE.
Patrimonio Nacionalorganismo público (Ley 23/1982)Ministro140913,1 M€Bienes del Estado afectados al uso de la Corona. Depende de la Presidencia del Gobierno a través del Ministerio.
  • Total: 4.414 plazas; 4.005 sin Patrimonio Nacional. El Gabinete del Ministro queda fuera del reparto.
  • Columna «Línea»: 1, gestión y ejecución; 2, control sobre otros; apoyo, servicios internos.

Estructura sin mandato, candidata a eliminar

Cinco órganos se suprimen y otros cinco, que la red marca como sin mandato, se mantienen con una excepción documentada.

  • Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica: se suprime por real decreto. Se creó en 2020. Sus 10 funciones son discrecionales y tiene 6 puestos. Repite a la Abogacía (su Subdirección General de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos defiende al Estado ante el Tribunal Constitucional y hace el informe de constitucionalidad), a la Secretaría General Técnica (ejecución de los acuerdos sobre conflictos) y a su propia Secretaría de Estado. Ninguna ley la nombra.
  • Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: se disuelve con cambio de ley. Sus 5 funciones son discrecionales y tiene 65 puestos. Es un organismo autónomo creado por real decreto (Real Decreto 2761/1977, art. 2.Tres; hoy Real Decreto 1269/1997). Pero una ley orgánica hace a su director consejero nato de Estado (Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, art. 8.2.h). Por prudencia, su disolución va al escenario de leyes; jurídicamente la acuerda el Consejo de Ministros (Ley 40/2015, art. 96.1.b y f). La biblioteca pasa a la Biblioteca Nacional.
  • Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales: se suprime con cambio de ley. 9 de sus 10 funciones son discrecionales; la otra es la remisión de escritos, que es del Gobierno. Cuatro repiten funciones de su dirección general. La nombra la Ley 19/2013.
  • Secretaría de Estado de Justicia: se suprime por real decreto. Tiene una sola función, discrecional, que describe la coordinación que ya hace la Secretaría General para la Innovación. Solo la mencionan las leyes de presupuestos, como decidió Extramuros.
  • Fundación Pluralismo y Convivencia: se extingue por real decreto. Está fuera de la RPT y promueve, sin obligación, la libertad religiosa. Se extingue por acuerdo del Consejo de Ministros. La Ley 31/2022, de presupuestos prorrogada, solo la menciona en su anexo X.

La red marca además como estructura sin mandato, porque al menos la mitad de sus funciones son discrecionales, unidades que se mantienen. Estas son las excepciones:

  • Dirección General de Relaciones con las Cortes y sus subdirecciones generales de Coordinación Legislativa, Iniciativas Parlamentarias y Documentación Parlamentaria: se mantienen. El 70 % de sus funciones es discrecional: 7 de 10 tras corregir la del programa legislativo. Pero todas sirven a obligaciones del Gobierno ante las Cámaras que impone la Constitución: preguntas, informes, comparecencias e iniciativas (arts. 109-111). La obligación es del Gobierno y no nombra un órgano, pero alguien tiene que cumplirla. Queda como responsable único y absorbe las funciones de la Secretaría de Estado. Sus subdirecciones preparan la posición del Gobierno ante proposiciones de ley, proposiciones no de ley y mociones.
  • Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional: se mantiene, sin sus funciones discrecionales. El 56 % es discrecional. Se suprimen la notificación de transferencias de datos, que está obsoleta, y la cooperación al desarrollo. La organización de la participación en foros y la asistencia a Exteriores se unen a la participación en la UE. Lo que queda lo impone la UE o un tratado (autoridad central), más una función ligada a ella.
  • Subdirección General de Cooperación y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia: se mantiene. El 56 % es discrecional. Es la sede central frente a las doce comunidades con traspaso y la que gestiona la homogeneización. Lleva también la planta y los institutos de medicina legal. Se suprime el seguimiento de la Ley Orgánica 1/2025, y las cargas de trabajo se unen a la demarcación y planta.
  • Dirección General de Libertad Religiosa y su subdirección: baja a subdirección y pierde sus funciones discrecionales. El 75 % es discrecional. Se suprimen la promoción, el estudio y las relaciones internacionales. Queda lo que impone la Ley Orgánica 7/1980 (registro y acuerdos) y la tramitación de las solicitudes de las víctimas.
  • Secretaría de Estado de Justicia: se suprime por real decreto. El 100 % es discrecional. La red le atribuye las 1.907 plazas que cuelgan de ella, pero su única función propia es discrecional. Se suprime la capa (27 plazas de gabinete). Las unidades que dependen de ella siguen.

Tareas duplicadas y responsabilidad difusa

Muchas tareas tienen dos o más dueños; la propuesta da a cada una un solo responsable, casi siempre sin ahorro.

TareaHoyResponsable únicoDecisiónPlazas de las funciones que se integran o salen
Libertad religiosa repetida en la Subsecretaría. Ocho funciones de la Subsecretaría repiten, con el mismo texto, las de la Dirección General de Libertad Religiosa, que depende de ellaSubsecretaría y Dirección General de Libertad ReligiosaSubdirección General de Libertad Religiosa (Subsecretaría)Unir como duplicado entre niveles y devolver la dirección general a subdirección (reglamentos)0
Relaciones con las Cortes repetidas. La Secretaría de Estado tiene las mismas tareas que su Dirección General de Relaciones con las Cortes: Junta de Portavoces, programa legislativo y coordinación administrativa con las CámarasSecretaría de Estado y Dirección General de Relaciones con las CortesDirección General de Relaciones con las CortesSuprimir la capa (leyes: la nombra la Ley 19/2013)17
Asuntos constitucionales. Cuatro sitios estudian lo mismo: la Secretaría de Estado (dos funciones), la Dirección General de Asuntos Constitucionales (10), el CEPC (asesoramiento a la Presidencia) y la Abogacía (Subdirección General de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, informe de constitucionalidad), además de la Secretaría General TécnicaSecretaría de Estado, Dirección General de Asuntos Constitucionales, CEPC, Abogacía y Secretaría General TécnicaAbogacía General del Estado (informe y defensa) y Secretaría General Técnica (ejecución de acuerdos)Suprimir la dirección general (reglamentos), el CEPC (leyes: la Ley Orgánica 3/1980 nombra a su director) y las funciones de la Secretaría de Estado (leyes)16
Personal. Dos subdirecciones (Planificación y Coordinación, 38 puestos; Recursos Humanos, 52) tienen las mismas cuatro funciones, repartidas por ministerio de procedenciaDirección General de ServiciosDirección General de Servicios (una Subdirección General de Recursos Humanos)Unir en una subdirección (reglamentos). Sin ahorro: es una fusión dentro de una dirección general que sigue92
Gestión económica y contratación. Cuatro unidades: la Dirección General de Servicios (tres funciones), la Secretaría General de Justicia (tres), la Dirección General de Transformación Digital (una) y la Abogacía (Dirección Adjunta de Medios, 87 puestos)Dirección General de Servicios, Dirección General para la Eficiencia, Dirección General de Transformación Digital y AbogacíaDirección General de ServiciosResponsable único (reglamentos). Sin ahorro: las unidades siguen con otras funciones0
Informática del Ministerio. Dos unidades la hacen: la Subdirección General de Tecnologías de la Dirección General de Servicios (90 puestos) y la División de Servicios Digitales Departamentales de la Dirección General de Transformación Digital (82). Esta tiene además 500 puestos de informática judicial especializada (582 en total)Dirección General de Servicios y Dirección General de Transformación DigitalDirección General de Servicios (informática del Ministerio); Dirección General de Transformación Digital (informática judicial)Integrar la División en la Dirección General de Servicios (reglamentos). Sin ahorro82
Cuenta de Depósitos y Consignaciones. Tres órganos tocan la misma cuenta: la Secretaría General (ordenación), la Dirección General para la Eficiencia (control económico) y la Dirección General de Seguridad Jurídica (cuenta de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)Secretaría General, Dirección General para la Eficiencia y Dirección General de Seguridad JurídicaDirección General para la Eficiencia (Subdirección General de Programación y Gestión Económica)Responsable único (reglamentos)0
Coordinación editorial. La Subsecretaría y la Secretaría General Técnica tienen la misma función de coordinación editorial de la AGESubsecretaría y Secretaría General TécnicaSecretaría General Técnica (Subdirección General de Publicaciones); la AEBOE editaUnir (reglamentos)0
Edificios de los servicios centrales. La Subsecretaría y la Dirección General de Servicios tienen las mismas tres funciones de inmuebles, obras y seguridadSubsecretaría y Dirección General de ServiciosDirección General de Servicios (Oficialía Mayor)Unir (reglamentos). Los edificios judiciales siguen en la Dirección General para la Eficiencia0
Convenios y encargos. La Secretaría General Técnica, la Dirección General de Servicios y la Secretaría General de Justicia tramitan convenios y encargosSecretaría General Técnica, Dirección General de Servicios y Dirección General para la EficienciaSecretaría General Técnica (convenios) y Dirección General de Servicios (encargos)Responsables únicos (reglamentos)0
Inspección de servicios. La Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios repite la inspección común de la AGE (Real Decreto 799/2005)Dirección General de ServiciosInspección General de Servicios de la AGE (Función Pública)Traspasar los 6 inspectores (reglamentos)6

Plazas redondeadas a la unidad: la suma de las filas puede diferir del total en unas unidades (diferencias por redondeo).

Ninguna de estas uniones cuenta ahorro: con la regla estricta, una fusión dentro de órganos que siguen no libera plazas. Sí reduce la responsabilidad difusa y deja un dueño por servicio antes de pasar al centro común de la AGE.

Materias repartidas

Dos materias quedan en más de una unidad, separadas pero coordinadas; no hace falta crear nada.

MateriaUnidadesEslabonesPlazasFormaResponsableJustificación
Carrera fiscal y personal de la Administración de JusticiaSecretaría General para la Innovación, Dirección General para la Eficiencia y Gerencias Territorialessupervisar, ejecutar, apoyo228separados y coordinadosSecretaría General para la Innovación (coordina); Dirección General para la Eficiencia (gestiona)La LOPJ da la dirección de los Letrados de la Administración de Justicia a la Secretaría General de la Administración de Justicia, hoy Secretaría General para la Innovación: un órgano que la ley nombra. La gestión del resto del personal y de la carrera fiscal la hace la Dirección General para la Eficiencia con su red territorial. Son eslabones distintos dentro de la misma cadena de mando.
Secretariado del GobiernoSubsecretaría y Secretaría General Técnicaplanificar, apoyo, ejecutar34separados y coordinadosSubsecretaría (dirige); Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno (ejecuta)La Ley 50/1997 separa los dos papeles. El subsecretario hace de secretario de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (art. 8.3). El Secretariado del Gobierno prepara el Consejo de Ministros, la sanción y la publicación (art. 9). La Subsecretaría solo conserva la dirección; la ejecución está en un único sitio.

La materia «medios de la Administración de Justicia» (554 plazas) queda en la Dirección General para la Eficiencia y sus Gerencias: es un reparto interno de una misma dirección general.

Modelo sede central – comunidades autónomas

En Justicia, el Estado diseña y controla y doce comunidades ejecutan los medios; en lo demás, el Estado ejecuta solo.

MateriaControl (sede central)Ejecución estatalTerritorioPlazas de control
Medios de la Administración de JusticiaSecretaría General para la Innovación (diseño de la oficina judicial, Letrados y estadística) y Subdirección General de Cooperación y Coordinación Territorial de la Dirección General para la EficienciaDirección General para la Eficiencia y Gerencias Territoriales (Ceuta, Melilla, órganos centrales y, hasta los traspasos, cinco comunidades)Doce comunidades con traspaso; cinco por traspasar (escenario de leyes); Ceuta y Melilla siguen en el Estado51
Transformación digital de la JusticiaDirección General de Transformación Digital (planificación e interoperabilidad; Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica)Dirección General de Transformación Digital (Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales, Ciberseguridad y Operación)Las comunidades con traspaso tienen sistemas propios154
Registro Civil y nacionalidadDirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil)La misma subdirección, para los expedientes de nacionalidad; las oficinas del Registro Civil (letrados y personal de Justicia, fuera de la RPT)Las comunidades con traspaso aportan medios a las oficinas17
Fe pública notarial y registralDirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (Subdirección General del Notariado y de los Registros): segunda línea sobre notarios y registradoresNinguna: ejecutan profesionales que son funcionarios públicos pagados por arancelAlgunos Estatutos dan a las comunidades el nombramiento de notarios y registradores32
Representación y defensa en juicio del EstadoAbogacía General del Estado (unidad de doctrina e inspección)Subdirección General de los Servicios Contenciosos, Abogacías del Estado territoriales y en los ministeriosNo se aplica: las comunidades tienen sus propios servicios jurídicos25
Libertad religiosaSubdirección General de Libertad ReligiosaLa misma (Registro de Entidades Religiosas)No se aplica0

Comunidades autónomas: homogeneización

Cinco comunidades con título en su Estatuto deben recibir los medios de la Justicia, como las otras doce; Ceuta y Melilla siguen en el Estado.

Medios personales y materiales de la Administración de Justicia (cinco comunidades sin traspaso)

  • Decisión: homogeneizar. Se traspasan a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears y Región de Murcia los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, como ya tienen las otras doce comunidades. Va al escenario de leyes, como todas las homogeneizaciones de funciones no críticas (igual que los centros de atención a personas con discapacidad física de Derechos Sociales; Interior dejó la ejecución penitenciaria en el mínimo por ser crítica). No es crítica: cambia quién pone los medios, no el funcionamiento de los tribunales.

Hoy. Tienen traspaso Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana. Las cinco restantes tienen título en su Estatuto:

  • Castilla-La Mancha: «Ejercer en su territorio todas las facultades que las leyes reguladoras del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno de la Nación» (Ley Orgánica 9/1982, art. 27.a).
  • Castilla y León: «Proveer de medios personales, materiales y económicos a la Administración de Justicia dentro del marco de sus competencias» (Ley Orgánica 14/2007, art. 38.4).
  • Extremadura: el mismo texto (Ley Orgánica 1/2011, art. 49.1.e).
  • Illes Balears: «Proveer de medios personales, materiales y económicos la Administración de Justicia» (Ley Orgánica 1/2007, art. 98.3).
  • Región de Murcia: «Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado» (Ley Orgánica 4/1982, art. 39.Uno).
  • Queda al Estado. La legislación y el diseño de la oficina judicial (Secretaría General); la estadística común; los sistemas comunes y la interoperabilidad (Dirección General de Transformación Digital); la carrera fiscal; los Letrados de la Administración de Justicia; las retribuciones e indemnizaciones de jueces y fiscales; los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional); y Ceuta y Melilla.
  • Plazas. 199 que se pueden traspasar (estimación máxima). Otras 277 de las Gerencias de las comunidades con traspaso quedan por revisar. Con el traspaso pasarían también 9.225 personas de la Administración de Justicia que no están en la RPT del territorio sin traspaso: funcionarios de los cuerpos generales y especiales, letrados y forenses. Son contexto, no plazas de la base cero.
  • Método. Las Gerencias Territoriales de las cinco comunidades suman 267 puestos en la RPT: Castilla-La Mancha 45, Castilla y León 102, Extremadura 35, Illes Balears 44 y Región de Murcia 41. Se descuenta lo que seguiría gestionando el Estado: 68 puestos, 5 × 14. La cifra de 13,5 es la mediana de las Gerencias de las comunidades de una sola provincia con traspaso: Asturias 13, Cantabria 17, La Rioja 9 y Navarra 14. Quedan 199, como estimación máxima. Las Gerencias de las doce comunidades con traspaso suman 277 puestos, que se marcan para revisar: gestionan jueces y fiscales y bienes del Estado. La de los órganos centrales (40) es del Estado.
  • Norma. Reales decretos de traspaso de funciones y servicios, con la Comisión Mixta de cada comunidad. No hace falta una ley orgánica del art. 150.2 de la Constitución.

Ceuta y Melilla

  • Decisión: no se homogeneiza. Las ciudades no tienen título en Administración de Justicia en sus Estatutos (Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995). El Estado sigue gestionando sus medios, como decidió Extramuros para los servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Ceuta y Melilla, en Derechos Sociales.
  • Hoy. Las gestiona el Estado a través de las Gerencias de Andalucía.
  • Queda al Estado. Todo.
  • Método. Se comprobaron los Estatutos de Ceuta y Melilla en el BOE: no tienen artículo sobre Administración de Justicia.
  • Norma. Ninguna. Para traspasar haría falta una ley orgánica del art. 150.2 de la Constitución o reformar los Estatutos.

Organismos

Se disuelve el CEPC, el CIS pasa al INE y se extingue la Fundación Pluralismo y Convivencia; el resto se mantiene.

OrganismoDecisiónEscenarioJustificación
CEPCsuprimirleyesEs un organismo autónomo creado por real decreto. El Real Decreto 2761/1977 convirtió el Instituto de Estudios Administrativos en el Centro de Estudios Constitucionales «con el carácter de Organismo autónomo», con el personal y el patrimonio del Instituto de Estudios Políticos (art. 2.Tres); hoy lo regula el Real Decreto 1269/1997. Sus cinco funciones son discrecionales. Su asesoramiento a la Presidencia lo repiten la Abogacía y la Secretaría General Técnica, y el estudio de asuntos constitucionales, la Dirección General de Asuntos Constitucionales, que también se suprime. Una ley orgánica hace a su director consejero nato de Estado (Ley Orgánica 3/1980, art. 8.2.h): por prudencia, su disolución va al escenario de leyes, con la reforma de ese precepto. Jurídicamente la acuerda el Consejo de Ministros (Ley 40/2015, art. 96.1.b y f). La biblioteca pasa a la Biblioteca Nacional (20 plazas traspasadas, estimación máxima); se eliminan 45.
CISunir con el Instituto Nacional de EstadísticaleyesLo creó la Ley 39/1995. Ninguna norma superior le impone sus encuestas. Los organismos de análisis se tratan como servicio común, así que se integra en el INE, que hace las encuestas oficiales. Va al escenario de leyes por prudencia. Jurídicamente bastaría un real decreto de fusión de dos organismos autónomos (Ley 40/2015, art. 94.2), con un plan que demuestre el ahorro (art. 94.3). Como en las integraciones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Interior), el Instituto Social de la Marina (Inclusión) o el Museo de Arquitectura (Vivienda), desaparece la capa de dirección: el Gabinete de la Presidencia (15 puestos) y la Secretaría (4). Son 19 plazas eliminadas, que antes no se contaban (revisión independiente). Las 112 restantes, con la Secretaría General que gestiona su personal y presupuesto, pasan al INE.
CEJmantener—La LOPJ lo nombra y le da la formación de fiscales y del personal de Justicia (art. 434.2). Pierde las becas, que da desde 2021, y la formación discrecional: internacional, policial y estudios.
MUGEJUmantener—La crea y regula una norma con rango de ley (Real Decreto Legislativo 3/2000). Es la tercera mutualidad, junto a MUFACE (Función Pública) e ISFAS (Defensa). Unificarlas exige una ley; se trata como hallazgo entre ministerios y no se modela aquí.
AEBOEmantener—Es el diario oficial del Estado, crítico. Se suprimen las publicaciones por iniciativa propia, la venta de obras y la edición para la Presidencia, sin ahorro porque es una sola unidad. Es el proveedor común de publicaciones de la AGE.
Patrimonio Nacionalmantener—Lo creó la Ley 23/1982. Administra bienes de dominio público del Estado afectados a la Corona. Depende de la Presidencia del Gobierno. Su relación con los museos estatales de Cultura queda para la reagrupación.
Fundación Pluralismo y ConvivenciasuprimirreglamentosFundación del sector público, fuera de la RPT, que promueve la libertad religiosa: es una actividad discrecional. Se constituyó por acuerdo del Consejo de Ministros, y sus estatutos los aprueba un real decreto (Real Decreto 45/2021). La Ley 31/2022, de presupuestos prorrogada, solo la nombra en su anexo X: «Se aprueban los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal… que se relacionan en el anexo X» (art. 2.Tres). Es una mención, no una creación, como decidió Extramuros, así que su extinción va al escenario de reglamentos, por acuerdo del Consejo de Ministros (Ley 40/2015, arts. 136 y 96). No cambia las plazas. Su financiación se revisa en el presupuesto base cero.
AEPDmantener—Autoridad independiente (RGPD, art. 51; Ley Orgánica 3/2018). Solo se relaciona con el Ministerio y queda fuera del análisis.
Autoridad Independiente de Protección del Informantemantener—Autoridad independiente (Ley 2/2023; Directiva (UE) 2019/1937). Queda fuera del análisis.

Cambios normativos

Casi todo se hace por real decreto; las leyes solo hacen falta para la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, el CEPC, el CIS y los traspasos de Justicia.

Escenario de reglamentos

  • Real Decreto 204/2024, de estructura, y Real Decreto 1009/2023, de estructura básica. Se suprime la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, con sus 10 funciones (arts. 11 y 15; Real Decreto 1009/2023, art. 2). La Dirección General de Libertad Religiosa vuelve a ser la Subdirección General de Libertad Religiosa de la Subsecretaría. Se suprime la Secretaría de Estado de Justicia, porque las leyes de presupuestos solo la mencionan en sus cuadros de créditos (art. 2; Real Decreto 1009/2023, art. 2). La Secretaría General para la Innovación depende del Ministro y dirige la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, el CEJ y la MUGEJU. Una sola Subdirección General de Recursos Humanos en la Dirección General de Servicios; hoy hay dos con las mismas cuatro funciones (art. 14.2, redacción del Real Decreto 412/2025). La División de Servicios Digitales Departamentales (82 puestos) pasa de la Dirección General de Transformación Digital a la Subdirección General de Tecnologías de la Dirección General de Servicios (art. 6 y disposición adicional 7.ª). Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes: se suprimen la promoción de la Constitución y la de los derechos humanos (art. 9.1.i y j). Subsecretaría (art. 12.1): sus ocho funciones de libertad religiosa se unen, como duplicadas, a las de la Subdirección General de Libertad Religiosa, o se suprimen las que no tienen mandato. Las normas se unen a las de la Secretaría General Técnica; la coordinación editorial, también; las relaciones institucionales, a la representación del Ministerio; el registro de órdenes, a la Cancillería; y sus tres funciones de inmuebles, a las de la Dirección General de Servicios. Se suprime la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica (4 plazas), como decidió Extramuros: se deroga el Real Decreto 319/2026 y se ajustan los arts. 12.1.ee y 15.1.h. Secretaría General Técnica: se suprime la Red de Cooperación Legislativa (art. 13.1.j). La inspección de servicios y el canal interno pasan a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública, Dirección General de Gobernanza Pública, como decidió Extramuros (art. 14.1.q y t; Real Decreto 799/2005, arts. 2 y 7.2; Ley 40/2015, art. 59). Dirección General de Libertad Religiosa: se suprimen la promoción, el estudio y las relaciones internacionales (art. 15.1.b, f y g). Secretaría General para la Innovación: la ordenación de la Cuenta de Depósitos pasa a la Dirección General para la Eficiencia (art. 3.1.b; Real Decreto 467/2006), y se suprimen los programas de calidad de las oficinas (art. 3.1.f). Dirección General para la Eficiencia (art. 4.1): la autoprotección y la seguridad de los edificios judiciales se unen, como duplicadas, a su conservación. La gestión económica, la contratación y los encargos pasan a la Dirección General de Servicios; los convenios, a la Secretaría General Técnica. Las cargas de trabajo se unen a la demarcación y planta. Se suprime el seguimiento de la Ley Orgánica 1/2025 (función añadida por el Real Decreto 945/2025). Gerencias Territoriales: se suprime la función residual (art. 5.6.f). Dirección General de Transformación Digital (art. 6.1): el presupuesto informático pasa a la Dirección General de Servicios, igual que los proyectos y aplicaciones del Ministerio (art. 6.1.l y m y disposición adicional 7.ª). Se suprime la colaboración en iniciativas de la Secretaría de Estado (art. 6.1.f). Dirección General de Seguridad Jurídica: la Cuenta de Depósitos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pasa a la Dirección General para la Eficiencia (Real Decreto 948/2015; Real Decreto 467/2006). Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional (art. 8.1): se suprimen la notificación de transferencias de datos y la cooperación al desarrollo; dos funciones se unen a la participación en la UE.
  • Real Decreto 1057/2024, Reglamento de la Abogacía General del Estado, y Real Decreto 204/2024, art. 16.2. Las direcciones generales de lo Consultivo y de lo Contencioso vuelven a ser subdirecciones generales, como en el Real Decreto 997/2003 (art. 3.1). Los criterios de actuación se unen, como duplicados, a la unidad de doctrina (art. 2.ñ). Se suprime la promoción de la investigación (art. 2.o). La gestión económica de la Abogacía pasa a la Dirección General de Servicios (art. 2.p; Real Decreto 204/2024, disposición adicional 9.ª).
  • Estatuto del CEJ (Real Decreto 312/2019, art. 3). Se suprimen la formación a otros colectivos, la de policía judicial, los estudios e investigaciones, los estudios por encargo y las becas, añadidas en 2021.
  • Estatuto de la AEBOE (Real Decreto 1027/2025). Se suprimen las publicaciones de estudios, la venta de obras propias, el apoyo a la Presidencia y la función residual.
  • Fundación Pluralismo y Convivencia. Se extingue por acuerdo del Consejo de Ministros (Ley 40/2015, arts. 136 y 96; Real Decreto 45/2021). La Ley 31/2022 de presupuestos prorrogada solo la nombra en su anexo X: es una mención, como decidió Extramuros, así que va en este escenario. Está fuera de la RPT. Su crédito se revisa en el presupuesto base cero.

Escenario de leyes (además)

  • Se suprime la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales (Ley 19/2013, disposición adicional 2.ª; Real Decreto 1009/2023, art. 2; Real Decreto 204/2024, art. 9). La Dirección General de Relaciones con las Cortes depende del Ministro y asume sus funciones: la asistencia al Ministro, la remisión de escritos, el programa legislativo, la coordinación con las Cámaras y las propuestas sobre iniciativas. Se suprimen sus asuntos constitucionales, sus estudios de reforma y su función residual. La atribución de la Ley 19/2013 (Plan de Calidad y Simplificación Normativa y revisión de normas, disposición adicional 2.ª.2) pasa a la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, en la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
  • El CIS se integra en el INE (Ley 39/1995, que se deroga o reforma, o real decreto de fusión, Ley 40/2015, art. 94; Real Decreto 1214/1997). Desaparecen su Presidencia, con rango de subsecretaría, su Gabinete (15 puestos) y su Secretaría (4): 19 plazas eliminadas. Sus seis funciones de estudios, bases de datos, difusión y colaboración pasan al INE, en Economía, con 112 plazas. Se suprimen las becas y premios.
  • Se disuelve el CEPC (Ley Orgánica 3/1980, art. 8.2.h; acuerdo del Consejo de Ministros, Ley 40/2015, arts. 96.1.b y f y 97; Real Decreto 1269/1997). Desaparece su director como consejero nato de Estado. Se suprimen el estudio, la investigación, las publicaciones, la enseñanza y el asesoramiento a la Presidencia. El fondo documental pasa a la Biblioteca Nacional de España, en Cultura.
  • Traspaso de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia a cinco comunidades, por reales decretos de traspaso, en virtud de sus Estatutos (Castilla-La Mancha, art. 27.a; Castilla y León, art. 38.4; Extremadura, art. 49.1.e; Illes Balears, art. 98.3; Región de Murcia, art. 39.Uno). Ocho funciones de las Gerencias Territoriales se traspasan en parte: unas 25 plazas cada una, 199 en total.

Mínimo

Ningún cambio más: ninguna función crítica cambia de sitio.

Solapes con otros ministerios

Los solapes más claros son los servicios jurídicos, las mutualidades y el CIS; en la violencia contra las mujeres hay una cadena, no una duplicidad.

  • Asistencia jurídica del Estado. Tarea duplicada por verificar; forma: unificar. Participan Presidencia (Abogacía General del Estado), Inclusión y Seguridad Social (Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social), Hacienda (Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT) y Defensa (Asesoría Jurídica General y Cuerpo Jurídico Militar). La Abogacía es el proveedor común de asistencia jurídica de la AGE (Ley 52/1997, art. 1). Pero esa misma ley y otras mantienen servicios jurídicos separados para la Seguridad Social, la AEAT y Defensa. El de la AEAT actúa «bajo la superior coordinación» de la Abogacía (Real Decreto 204/2024, art. 16.5). Unificarlos en la Abogacía exige una ley (Ley 52/1997, art. 1.2 y disposiciones adicionales; Ley General de la Seguridad Social; Ley 39/2007, para el Cuerpo Jurídico Militar). Escenario de leyes, en la reagrupación.
  • Mutualismo administrativo. Tarea duplicada por verificar; forma: unificar. Tres mutualidades gestionan el mismo modelo de régimen especial para colectivos distintos: asistencia sanitaria concertada, farmacia y prestaciones. Son la MUGEJU (Presidencia), MUFACE (Transformación Digital y Función Pública) e ISFAS (Defensa). Unificarlas exige una ley (Reales Decretos Legislativos 1/2000, 3/2000 y 4/2000). La MUGEJU tiene 42 puestos en la RPT.
  • Investigación sociológica y de opinión. Se solapa; forma: unificar. El CIS hace encuestas por muestreo con trabajo de campo propio, como el INE en sus encuestas sociales. Se integra en el INE, en el escenario de leyes: 112 plazas traspasadas y 19 eliminadas, las de su Gabinete y la Secretaría de la Presidencia.
  • Violencia contra las mujeres. Es una cadena; forma: separados y coordinados. Participan Presidencia (Oficinas de Asistencia a las Víctimas, institutos de medicina legal, unidades de valoración forense y registro central de víctimas), Igualdad (Dirección General de Violencia de Género, que la reagrupación trae a este bloque) y Hacienda (ayudas de la Ley 35/1995, por verificar). No es duplicidad. Justicia actúa dentro del proceso judicial y en el territorio sin traspaso: asistencia a la víctima, valoración forense y registro de órdenes de protección (LOPJ, arts. 479-480; Ley 4/2015; Ley Orgánica 1/2004, disposición adicional 2.ª). Igualdad coordina, recoge datos y sensibiliza (Ley Orgánica 1/2004). Son eslabones distintos. Riesgo de hueco: las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de las doce comunidades con traspaso son autonómicas, y nadie del Estado las supervisa con indicadores comunes.
  • Formación policial. Se solapa; forma: unificar. El CEJ da formación complementaria de policía judicial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que ya tienen sus centros en Interior. Se suprime en el CEJ, en el escenario de reglamentos.
  • Cooperación al desarrollo. Se solapa; forma: unificar. Los proyectos de cooperación al desarrollo en el sector de la justicia se suprimen aquí; los gestiona la Cooperación Española, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en Exteriores.
  • Inspección de servicios. Tarea duplicada; forma: unificar. Regla común: la inspección de servicios y el canal interno pasan a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública (6 plazas).
  • Patrimonio Nacional (bienes de la Corona). Por verificar; forma: separados y coordinados. Patrimonio Nacional gestiona museos y colecciones, como la Galería de las Colecciones Reales, además de los palacios en uso de la Corona. Falta comprobar en la reagrupación si la parte de museos repite la gestión de los museos estatales de Cultura.
  • Publicaciones. Servicio común; forma: unificar. La AEBOE es el proveedor común de publicaciones e imprenta. La Secretaría General Técnica coordina la actividad editorial de la AGE (Real Decreto 118/2001).

Servicios comunes

Cada servicio común tiene un responsable único dentro del Ministerio antes de pasar al centro común de la AGE, que se calcula aparte.

ServicioHoyResponsable únicoCentro común (se calcula aparte)
PersonalSubdirección General de Planificación y Coordinación (38) y Subdirección General de Recursos Humanos (52) en la Dirección General de Servicios; Dirección General para la Eficiencia, para el personal de Justicia; Dirección Adjunta de Medios de la Abogacía (87); secretarías generales de los organismosDirección General de Servicios, con una sola subdirección. El personal de Justicia y el Cuerpo de Abogados del Estado son gestión especializadaNómina y gestión de personal genérica al centro común
Gestión económica y contrataciónDirección General de Servicios (Oficina Presupuestaria y Subdirección General de Gestión Económica), Subdirección General de Programación y Gestión Económica de la Dirección General para la Eficiencia, Dirección General de Transformación Digital y AbogacíaDirección General de Servicios. La Dirección General para la Eficiencia conserva el programa presupuestario de los tribunales y la Cuenta de DepósitosPagos y compras comunes al centro (las compras, a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación)
InformáticaSubdirección General de Tecnologías de la Dirección General de Servicios (90) y Dirección General de Transformación Digital (582: 500 de informática judicial y 82 del Ministerio)Dirección General de Servicios, para la del Ministerio; Dirección General de Transformación Digital, para la judicial (centro especializado)Puesto de trabajo, redes y centro de proceso de datos genéricos a la Agencia Estatal de Administración Digital; los sistemas judiciales, como unidad especializada
EdificiosSubsecretaría (tres funciones) y Oficialía Mayor de la Dirección General de Servicios, para los servicios centrales; Subdirección General de Obras y Patrimonio de la Dirección General para la Eficiencia y Gerencias, para los edificios judicialesDirección General de Servicios (servicios centrales) y Dirección General para la Eficiencia (sedes judiciales)Patrimonio del Estado, para los edificios administrativos
PublicacionesSubsecretaría, Secretaría General Técnica (Subdirección General de Publicaciones, 43) y AEBOELa Secretaría General Técnica coordina; la AEBOE edita e imprimeLa AEBOE, como proveedor común
Inspección de servicios y canal internoSubdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios (6 inspectores)Inspección General de Servicios de la AGE (Función Pública)Proveedor que ya existe

Qué NO se puede tocar

Lo que no se toca es el Secretariado del Gobierno, el BOE, la defensa del Estado en juicio, los registros y sistemas de la Justicia y las competencias exclusivas del Estado.

  • Funciones críticas: 22, con 836 plazas. El Secretariado del Gobierno (Consejo de Ministros, sanción y promulgación, orden de publicación); la edición del BOE; la representación y defensa del Estado ante los tribunales españoles, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y los órganos internacionales; los registros administrativos de apoyo a la Justicia; y los sistemas de la Justicia del territorio sin traspaso.
  • Funciones que imponen la Constitución, la UE o un tratado: 15, con 226 plazas. Preguntas e información a las Cámaras; sanción y promulgación; representación ante el TJUE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); autoridad central de cooperación jurídica; legalización y apostilla; y BOE.
  • Competencias exclusivas del Estado que impone una ley. Administración de Justicia (art. 149.1.5.ª de la Constitución); legislación mercantil, penal, procesal y civil y ordenación de los registros (6.ª y 8.ª); nacionalidad (2.ª); y asistencia jurídica del Estado (Ley 52/1997). Se pueden cambiar de sitio, no suprimir.
  • Núcleo del Ministerio. Subsecretaría, Secretaría General Técnica, Unidad de Igualdad, transparencia, personal, presupuesto, contratación e informática.

Otros hallazgos

El Ministerio no tiene funciones de más; le sobran capas de mando y le faltan dueños claros en los servicios comunes.

  • El Ministerio no tiene funciones de más, pero sí demasiados jefes. De 4.869 plazas, el 56 % hace funciones que impone una ley, la UE, la Constitución o un reglamento: Abogacía del Estado, Secretariado del Gobierno, Registro Civil y nacionalidad, medios de la Justicia y BOE. El 37 % son servicios internos, cuyo recorte se calcula aparte en el centro común. Solo el 6,9 % es discrecional. Por real decreto se eliminan 37 plazas (0,8 %) y se traspasan 6; con leyes, se eliminan 118 (2,4 %) y se traspasan 337.
  • Sobran capas de mando. Los órganos superiores y directivos con funciones pasan de 16 a 11 por real decreto y a 10 con leyes; los altos cargos, de 17 a 12 y 11. Sobran dos secretarías de Estado que repiten lo que hacen su dirección general (Relaciones con las Cortes) o la Secretaría General que ya coordina la Justicia. Sobran también una dirección general sin mandato creada en 2020 (Asuntos Constitucionales) y el rango de tres direcciones generales que antes de 2022-2024 eran subdirecciones (Libertad Religiosa, lo Consultivo y lo Contencioso).
  • Dos estructuras no tienen mandato. La Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica (10 funciones discrecionales, 6 puestos) y el CEPC (5 funciones discrecionales, 65 puestos). El CEPC lo creó un real decreto, pero una ley orgánica nombra a su director consejero nato de Estado, así que su disolución va al escenario de leyes. Sus tareas ya las cubren la Abogacía (Subdirección General de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, 11 puestos) y la Secretaría General Técnica.
  • Hay duplicidades entre niveles de mando. La Subsecretaría tiene, con el mismo texto, las ocho funciones de la Dirección General de Libertad Religiosa (art. 12.1, funciones q a w y ee). La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes repite cuatro de las de su dirección general. Se unen, pero no ahorran plazas: la Subsecretaría sigue y la Secretaría de Estado solo tiene gabinete.
  • Los servicios comunes están repartidos. Dos subdirecciones de personal (38 y 52 puestos) con las mismas funciones; cuatro unidades económicas y de contratación (Dirección General de Servicios, Secretaría General de Justicia, Dirección General de Transformación Digital y Abogacía, esta con 87 puestos de medios propios); dos unidades de informática del Ministerio (90 y 82); la Cuenta de Depósitos en tres órganos; y la coordinación editorial y los edificios en dos. Se nombra un responsable único para cada uno. No se cuenta ahorro, porque las unidades siguen; el paso al centro común de la AGE se calcula aparte.
  • Cinco comunidades no tienen el traspaso de los medios de la Justicia. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears y Región de Murcia no lo tienen, aunque sus Estatutos les dan título y las otras doce sí lo tienen. Basta un real decreto de traspaso por comunidad. Afecta a unas 199 plazas de las Gerencias Territoriales (estimación máxima) y, como contexto, a 9.225 personas de Justicia que no están en la RPT. Ceuta y Melilla no tienen título y siguen en el Estado.
  • No sobra lo esencial. La Abogacía del Estado (939 puestos; representación y defensa del Estado, crítica); el Secretariado del Gobierno (Consejo de Ministros, sanción, promulgación y orden de publicación, crítico); el BOE (sin publicación no hay norma en vigor); los registros administrativos de apoyo a la Justicia (órdenes de protección y penados); los sistemas de la Justicia del territorio sin traspaso; y la Dirección General de Seguridad Jurídica (nacionalidad, Registro Civil, notarios y registradores). Todo se conserva en el mínimo.
  • Las becas del CEJ y la Fundación Pluralismo y Convivencia salen por real decreto. Las becas para preparar oposiciones existen desde 2021, cuestan unos 15,5 M€ al año y no tienen obligación legal. La Fundación se extingue por acuerdo del Consejo de Ministros, porque la ley de presupuestos prorrogada solo la menciona en su anexo X. Su crédito se revisa en el presupuesto base cero del Ministerio.
  • Hay cuatro hallazgos entre ministerios. La Abogacía es el proveedor común de asistencia jurídica, pero conviven los servicios jurídicos de la Seguridad Social, la AEAT y Defensa; unificarlos exige una ley. La MUGEJU, MUFACE e ISFAS gestionan el mismo modelo de mutualismo; unificarlas exige una ley. El CIS se solapa con el INE: se integra en él y desaparece su capa de dirección (19 plazas). En la violencia contra las mujeres, Justicia (oficinas de víctimas, forenses y registro) e Igualdad (coordinación y datos) forman una cadena, no una duplicidad.

Decisiones de Extramuros aplicadas (repaso final, 27-10-2026)

El escenario mínimo es el mínimo legal estricto; el repaso final aplicó las decisiones de Extramuros del 25 y el 27-10-2026.

  • Ley de presupuestos. Se aplica la regla intermedia, la que se usa por defecto. La Secretaría de Estado de Justicia y la Fundación Pluralismo y Convivencia solo aparecen en leyes de presupuestos, que las mencionan sin crearlas ni regularlas. Su supresión pasa del escenario de leyes al de reglamentos. La Secretaría de Estado ahorra allí sus 27 plazas de gabinete y secretaría; la Fundación, fuera de la RPT, no cambia las plazas.
  • Una sola inspección de servicios. La inspección de servicios y el canal interno (6 plazas) pasan a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública, Dirección General de Gobernanza Pública (Real Decreto 799/2005), y no a la Inspección General de Hacienda. Es un traspaso dentro de la AGE, en el escenario de reglamentos.
  • Mutualidades. La MUGEJU se unifica con MUFACE e ISFAS por ley. Se trata en la reagrupación; aquí no cambia nada.
  • Regla estricta de reparto: comprobada. Todas las plazas eliminadas salen de unidades que desaparecen enteras (Dirección General de Asuntos Constitucionales, CEPC y Oficina de abusos) o de gabinetes de órganos que se suprimen (las dos secretarías de Estado y la Presidencia del CIS, que se integra en el INE). La RPT del Ministerio no tiene «bolsín de vacantes» (puestos vacantes sin unidad de trabajo).
  • CIS. Se integra en el INE, en el escenario de leyes: 112 plazas traspasadas y 19 eliminadas de su capa de dirección.
  • Oficina de abusos en la Iglesia. Se suprime, en el escenario de reglamentos: 4 plazas. Antes se mantenía como servicio directo.
  • Patrimonio Nacional. Se queda dentro de los totales y se da siempre también la cifra sin él: 409 plazas, todas mantenidas.
  • Antigüedad. El cálculo corregido marca 17 funciones como nuevas desde 2020. 13 tienen precedente literal en el Real Decreto 1044/2018, de Justicia. Las otras 4 quedan como nuevas sin precedente y se mantienen sin excepción porque son núcleo del Ministerio (dos de la Subsecretaría) o críticas (dos de la Dirección General de Transformación Digital). Ninguna cambia de decisión.

Método

Cada función se clasifica por la norma que la exige, y los escenarios se suman: lo que se hace por real decreto, luego con leyes y luego el mínimo.

  • Niveles. Nivel A: lo imponen la Constitución, la UE o un tratado (art. 96 de la Constitución), y nadie lo puede quitar desde España. Nivel B: una ley española. Nivel C: un reglamento o la gestión interna que se deriva de normas generales. Nivel D: solo el Real Decreto 204/2024, un estatuto o una decisión política.
  • Escenarios. Se suman unos a otros. Reglamentos: lo que el Gobierno puede hacer por real decreto o acuerdo del Consejo de Ministros (Reales Decretos 204/2024, 1009/2023 y 1057/2024 y estatutos). Incluye suprimir la Secretaría de Estado de Justicia y extinguir la Fundación Pluralismo y Convivencia, que solo mencionan leyes de presupuestos. Leyes: además, cambios con rango de ley en funciones no críticas. Se suprime la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que nombra la Ley 19/2013. Se disuelve el CEPC, cuyo director nombra la Ley Orgánica 3/1980. El CIS se integra en el INE (Ley 39/1995). Se homogeneizan los medios de la Administración de Justicia en cinco comunidades; va a este escenario como todas las homogeneizaciones no críticas. Mínimo: además, cambios de ley en funciones críticas. No hay ninguno. Antes de 2020: escenario aparte.
  • Decisión. Es la del escenario mínimo. Una función que se une a otra como duplicada es la misma tarea, y solo ahorra si su unidad de la RPT desaparece. Aquí no desaparece ninguna: todas las fusiones son dentro de órganos que siguen o hacia el destino. Si se une sin ser duplicada, el trabajo sigue en el destino. Traspasar no es ahorrar: la inspección pasa a Función Pública; la biblioteca del CEPC, a Cultura; el CIS, al INE, salvo su capa de dirección, que desaparece; y las Gerencias de cinco comunidades, a esas comunidades.
  • Núcleo del Ministerio. Subsecretaría y Secretaría General Técnica (Ley 40/2015, arts. 58.2, 63 y 65), Unidad de Igualdad, transparencia, protección de datos, personal, presupuesto, contratación, informática, recursos y elaboración de normas. Se mantiene en todos los escenarios. Su paso al centro común de la AGE se calcula aparte.
  • Plazas. Son la suma de las plazas estimadas de las 302 funciones del Real Decreto 204/2024 (con sus cambios), del Real Decreto 1057/2024 (Abogacía) y de los estatutos del CEPC, el CIS, el CEJ, la MUGEJU, la AEBOE y Patrimonio Nacional. Total: 4.869 plazas de la RPT y 145,8 M€ de coste (funcionarios, sin trienios ni cotizaciones; los laborales se cuentan sin valorar). Incluyen Patrimonio Nacional (409 plazas), que la fase de datos ya sumaba al Ministerio porque está adscrito a él (Real Decreto 204/2024, art. 1.5). Sin él son 4.460. Quedan fuera la Presidencia del Gobierno, la Casa del Rey, la AEPD y la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que están en la sección 13 pero no son funciones de este Ministerio; el Gabinete y la Secretaría del Ministro (56 puestos sin funciones); y el personal de la Administración de Justicia que no está en la RPT (jueces, fiscales, letrados y cuerpos de Justicia). El total exacto de la RPT (4.869) difiere en 2 plazas del de los datos enriquecidos por el redondeo a 0 por función.
  • Reparto de las plazas. Se reparten por unidad de la RPT y se conserva el total de cada unidad. Extramuros decidió que no haya ahorro por plazas repartidas a partes iguales. Cada subdirección o unidad se asigna a sus funciones que siguen. El personal propio y las unidades sin función se reparten entre las funciones que se mantienen. Una unidad solo se ahorra si desaparece entera, y los gabinetes solo cuando desaparece su órgano. Asignaciones por unidad: la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado (22), a la carrera fiscal; los 6 inspectores, a la inspección y al canal interno; la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa (12), a su función en la Secretaría General Técnica; en la Abogacía, la Dirección Adjunta de Medios (87) a su gestión de medios, las subdirecciones de Asuntos Constitucionales (11) y de la UE (15) y el Departamento de Arbitrajes (14) a sus funciones de representación, la Subdirección General de Auditoría (20) a la unidad de doctrina y a la auditoría, las Abogacías en los ministerios (114) a lo consultivo y las Abogacías ante los tribunales y los departamentos contenciosos a lo contencioso; la biblioteca del CEPC (20) a su fondo documental y su Subdirección General de Estudios (7) a sus estudios; en el CIS, la Unidad de Apoyo (41) a sus estudios, los Departamentos de Tecnologías y Banco de Datos (24) a las bases de datos, el de Publicaciones (17) a la difusión, la Secretaría General (30) a las funciones que pasan al INE y el Gabinete y la Secretaría de la Presidencia (19) a las becas y premios; en la Dirección General de Asuntos Constitucionales, la subdirección (3) a dos funciones de estudio y la Unidad de Apoyo (3) a las funciones posteriores a 2019; y el gabinete de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes (17) a la asistencia al Ministro. El reparto a partes iguales original se guarda en los datos del análisis.
  • Fechas. El cálculo automático marcó 80 de las 302 funciones como posteriores a 2019. 60 tienen precedente anterior a 2020 con otra redacción, comprobado contra el texto del BOE vigente entonces: el Real Decreto 997/2003 (Reglamento del Servicio Jurídico del Estado) y el Real Decreto 1044/2018, para la Abogacía y sus direcciones generales, que eran subdirecciones; el Real Decreto 1206/2006, para la Secretaría General de la MUGEJU; los Reales Decretos 1044/2018 y 816/2018, para los servicios comunes y la Secretaría General Técnica; la Ley 50/1997 (arts. 9 y 25); y el Real Decreto 1495/2007 y la LEC (art. 644), para la AEBOE. Las nuevas que se mantienen lo hacen por ser críticas, núcleo del Ministerio o por una excepción, como las del Real Decreto-ley 6/2023 en la Dirección General de Transformación Digital. La Oficina de abusos en la Iglesia, que se mantenía como servicio directo, se suprime por decisión de Extramuros. En el repaso del 27-10-2026, con las fechas corregidas, el cálculo marca 97 funciones. De las 17 nuevas, 13 tienen precedente literal en el Real Decreto 1044/2018 y 4 son núcleo del Ministerio o críticas, que no necesitan excepción.
  • Revisión de la clasificación. Antes de la base cero se revisaron 26 funciones: las 6 de confianza baja y 20 más. Se corrigieron dos errores claros y se guardó la clasificación original: el seguimiento del programa legislativo (de obligatorio por ley a discrecional) y la notificación de transferencias de datos (de obligatoria por la UE a discrecional).
  • Órganos que nombra una ley. Por prudencia, si una ley nombra un órgano, su supresión va al escenario de leyes. Se buscaron todos los órganos en las normas con rango de ley guardadas, incluidas las leyes de presupuestos de 2017 a 2023, y, en la revisión independiente, también con el buscador de la legislación consolidada del BOE. Nombran órganos: la Ley 19/2013 (Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, disposición adicional 2.ª); las leyes de presupuestos (Secretaría de Estado de Justicia, en los cuadros de créditos de la Ley 6/2018 y de la Ley 31/2022 prorrogada; Fundación Pluralismo y Convivencia, en el anexo X de las leyes de 2017 a 2023); la Ley Orgánica 3/1980 (director del CEPC, consejero nato, art. 8.2.h); la LOPJ (Secretaría General de la Administración de Justicia, Gerencias Territoriales, Dirección General de los Registros y del Notariado, CEJ e Instituto Nacional de Toxicología); la Ley 50/1997 (Secretariado del Gobierno); la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos); la Ley 39/1995 (CIS); el Real Decreto Legislativo 3/2000 (MUGEJU); y la Ley 23/1982 (Patrimonio Nacional). La Ley Orgánica 7/1980 sitúa el Registro de Entidades Religiosas y la Comisión Asesora de Libertad Religiosa «en el Ministerio de Justicia», sin nombrar una dirección general. La Ley 52/1997 (disposición adicional 2.ª) nombra la antigua «Dirección General de lo Contencioso», anterior a 1997, solo para trasladar sus referencias a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado; no es la creada en 2022. Ninguna ley nombra a la Dirección General de Asuntos Constitucionales, la de Libertad Religiosa, la de Relaciones con las Cortes ni las de lo Consultivo y lo Contencioso, que regula el Real Decreto 1057/2024: sus cambios van en el escenario de reglamentos.
  • Alcance del mínimo. Se conservan las competencias exclusivas del Estado que impone una ley: Administración de Justicia (art. 149.1.5.ª de la Constitución), legislación mercantil, penal, procesal y civil y registros (6.ª y 8.ª), nacionalidad (2.ª), la asistencia jurídica del Estado y el funcionamiento del Gobierno. Por eso el escenario de leyes y el mínimo coinciden.
  • Regla estricta: sin ahorro por plazas repartidas a partes iguales. Una función discrecional en una unidad que sigue no ahorra nada aunque se suprima. Una fusión dentro de una unidad que sigue, tampoco. Los gabinetes se ahorran solo cuando desaparece su órgano. Las plazas eliminadas salen de la Dirección General de Asuntos Constitucionales (6, reglamentos), de la Oficina de abusos en la Iglesia (4, reglamentos), del gabinete y la secretaría de la Secretaría de Estado de Justicia (27, reglamentos), de los de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes (17, leyes), del CEPC (45, leyes) y del Gabinete y la Secretaría de la Presidencia del CIS (19, leyes), que desaparecen al integrarse el organismo en el INE.
  • Centro común de servicios. Las funciones internas se mantienen y su paso se calcula aparte. Antes, cada servicio tiene un responsable único dentro del Ministerio, la Dirección General de Servicios. La inspección de servicios y el canal interno pasan a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública; las publicaciones, a la AEBOE como proveedor común.
  • Homogeneización. Las cinco comunidades sin traspaso de los medios de la Administración de Justicia tienen título en su Estatuto; basta un real decreto de traspaso. Va al escenario de leyes, porque no es crítica, igual que los centros de Derechos Sociales; la ejecución penitenciaria de Interior fue al mínimo por ser crítica. Ceuta y Melilla no tienen título y siguen en el Estado, como en Derechos Sociales.
  • Personal de Justicia fuera de la RPT. Jueces, fiscales, letrados y cuerpos de la Administración de Justicia son contexto, no plazas. Solo se analizan la RPT y la estructura directiva.
  • Sección 13. Patrimonio Nacional, la Presidencia del Gobierno y la Casa del Rey están en la sección 13. La Presidencia y la Casa del Rey quedan fuera, como en la fase de datos. Patrimonio Nacional está en la clasificación (14 funciones de la Ley 23/1982, art. 8: 10 que impone esa ley y 4 de apoyo) y en el total (409 plazas, que cuadran con sus 409 puestos de la RPT). Tiene servicio presupuestario propio en la sección (13.105), con 86,1 M€ del Ministerio. El Real Decreto 204/2024 lo hace depender de la Presidencia del Gobierno «a través del» Ministerio (art. 1.5). Se analiza y se da también el total sin él. La RPT solo recoge sus funcionarios: su personal laboral (vigilantes, guías, jardineros y restauradores) no está en las cifras.

Limitaciones

Las plazas por función son estimaciones, y varias piezas dependen de los reales decretos de traspaso o de otros ministerios.

  • Las plazas por función son una aproximación. Se reparten por unidad de la RPT y, dentro de una unidad con varias funciones que siguen, a partes iguales.
  • Algunas uniones no cuentan ahorro. No se cuenta el de unir las dos subdirecciones de personal o las unidades económicas, ni el de la Secretaría General del CIS al integrarse en el INE (30 puestos, que siguen gestionando el personal traspasado): con la regla estricta, una fusión dentro de órganos que siguen no ahorra. Sí se cuenta la capa de dirección del CIS (Gabinete y Secretaría de la Presidencia, 19 plazas), como en otras integraciones de Interior e Inclusión. 9 de los 15 puestos del Gabinete son técnicos: 6 investigadores y 3 consejeros técnicos.
  • Las 199 plazas de las Gerencias son una estimación máxima. Salen de restar lo que seguiría haciendo el Estado (68, estimado). El reparto real lo fijaría cada real decreto de traspaso. Las Gerencias de las comunidades con traspaso (277 puestos) se marcan para revisar, sin cambio.
  • No se analiza el personal de la Administración de Justicia fuera de la RPT. Jueces, fiscales, letrados, forenses y cuerpos generales son contexto. Su coste está en la sección 13: unos 742 M€ entre el territorio sin traspaso y los órganos centrales.
  • Patrimonio Nacional depende de la Presidencia del Gobierno, pero se incluye en los totales. Así lo decidió Extramuros. Se da siempre también la cifra sin él.
  • La búsqueda de órganos que nombra una ley tiene límites. Se hizo sobre las leyes guardadas y, en la revisión independiente, con el buscador de la legislación consolidada del BOE, que encontró la Ley Orgánica 3/1980 para el CEPC. Ese buscador también señala las leyes de presupuestos de 2010 a 2023 para el CEPC y el CIS, probablemente por los estados de gastos de sus presupuestos, que no están en el texto consolidado. No se han buscado órdenes ministeriales que nombren órganos que se suprimen o rebajan (comisiones y juntas); habría que adaptarlas en el mismo real decreto.
  • Dos preceptos no se localizaron. No se encontró el que da al Ministerio las autorizaciones de uso de la bandera ni el del registro de órdenes (confianza baja). No cambia la decisión.
  • Queda por verificar la cadena de víctimas. No se ha comprobado el hueco en la supervisión de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de las comunidades con traspaso, ni la parte de Hacienda (ayudas de la Ley 35/1995).
  • El peso real de Patrimonio Nacional es mayor. La RPT solo recoge sus 409 puestos de funcionario. Su personal laboral, con convenio propio, no está en las cifras: su capítulo 1 es de 60,9 M€.

Preguntas a Extramuros

  • Direcciones generales de lo Consultivo y de lo Contencioso de la Abogacía. ¿Confirmamos que vuelvan a ser subdirecciones? Serían dos altos cargos menos, sin cambio de plazas.

Anexo: duplicidades, estructura sin mandato, proporción y quién hace el trabajo

Cifras calculadas por a partir de la RPT, la clasificación legal, la base cero, la Plataforma de Contratación y los encargos a medios propios. Se pueden explorar en la red interactiva (pestañas Duplicidades, Sin mandato y Proporción).

Tareas duplicadas

  • 22 tareas las hacen dos o más equipos. Personas implicadas (no es ahorro): 496 (de 753 plazas), con un coste de personal de 17,8 M€ al año.
  • En 15 la base cero confirma un duplicado y suprime sus plazas: unas 17 plazas (~32 personas, 0,7 M€ al año), lo mismo que las «eliminadas por fusión de duplicados» del escenario mínimo.
  • Las otras 7 se concentran en un equipo sin duplicado: tarea única, sin ahorro. Dentro de cada tarea, las funciones unidas solo por un texto parecido figuran «por verificar» y no ahorran nada.
  • Por eje: 6 entre equipos paralelos, 11 entre un superior y su dependiente (una capa que hace lo mismo), 2 mixtas y 3 dentro de un mismo órgano.
  • La delegación expresa del RD («ejerce las funciones de los párrafos… del artículo…») no cuenta como duplicidad: la tarea es una sola.
  • Otras 8 se parecen en el texto pero no está confirmado que sean la misma tarea (puede ser una cadena: uno coordina, otro hace); no se cuentan.

Estructura sin mandato

13 unidades u órganos tienen al menos la mitad de sus funciones sin mandato legal (solo las impone el RD de estructura):

Unidad% discrecionalPersonas / plazasCoste personal
Secretaría de Estado de Justicia100 %1.474 / 190744,9 M€
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales90 %86 / 973,3 M€
Dirección General de Relaciones con las Cortes70 %68 / 742,6 M€
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional56 %43 / 641,7 M€
S.G. de Cooperacion y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia56 %22 / 310,7 M€
Dirección General de Libertad Religiosa75 %16 / 260,5 M€
S.G. de Coordinación y Promocion de la Libertad Religiosa67 %13 / 220,4 M€
S.G. de Documentacion Parlamentaria67 %12 / 140,4 M€
S.G. de Coordinación Legislativa100 %11 / 130,4 M€
S.G. de Iniciativas Parlamentarias100 %11 / 120,5 M€
S.G. para los Asuntos de Justicia en la Unión Europea y Organismos Internacionales67 %4 / 100,2 M€
Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica100 %4 / 60,2 M€
S.G. de Regimen Constitucional100 %2 / 30,1 M€

Proporción: ¿diseñada para lo que hace?

  • Las unidades cuyas funciones son sobre todo de pensar tienen un 15 % de puestos de nivel 28-30; las que ejecutan, un 8 %; las de apoyo interno, un 9 %.
  • Señales: S.G. de Coordinación y Promocion de la Libertad Religiosa (piensa sin mandato, piensa con base amplia); S.G. de Colaboracion Institucional para el Servicio Publico de Justicia (ejecuta con pirámide alta); S.G. de Cooperacion y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia (piensa sin mandato, piensa con base amplia); S.G. para los Asuntos de Justicia en la Unión Europea y Organismos Internacionales (piensa sin mandato); S.G. de Control Escrito (ejecuta con pirámide alta); S.G. de Coordinación Legislativa (piensa sin mandato); S.G. de Iniciativas Parlamentarias (piensa sin mandato).

Lo que hace, lo que cuesta y lo que manda fuera

En conjunto, por cada euro de plantilla se adjudicaron 0,5 € fuera (315,4 M€ en contratos de obras y servicios y encargos a medios propios, frente a 595,9 M€ de plantilla). Contratos y encargos de un año (pueden cubrir varios); plantilla anual, la mayor entre RPT y capítulo 1 del PGE. Es un orden de magnitud.

ÓrganoPlantillaContratos (obras y servicios)Encargos€ fuera por € propio
Dirección General de Servicios10,3 M€136,3 M€2,7 M€13,5
Secretaría de Estado de Justicia (con sus dirección general (DG))40,9 M€210,9 M€58,1 M€6,6
Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia13,4 M€0,6 M€57,7 M€4,4
Centro de Investigaciones Sociológicas, O.A. (CIS)4,8 M€1,3 M€6,0 M€1,5
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional60,9 M€45,9 M€1,2 M€0,8
Subsecretaría de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes86,3 M€45,6 M€0,0 M€0,5
Centro de Estudios Jurídicos, O.A. (CEJ)9,2 M€2,7 M€0,0 M€0,3
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE)20,7 M€5,9 M€0,0 M€0,3
  • 3 órganos mandan fuera más del triple de lo que cuesta su plantilla: dirigen y otro hace el trabajo; su plantilla debería ser de dirección y supervisión.
  • 3 tienen funciones de ejecutar y plantilla de base, pero pagan fuera la ejecución: posible doble pago, a revisar puesto a puesto.

Presupuesto: lo que impone la norma y lo que no

Partidas del tomo del PGE 2025-P (prórroga PGE 2023 adaptada; vigente 2026) contrastadas con la norma. Importe actual y en cada escenario; la cita es literal y está comprobada contra el texto guardado. «Tipo» separa el gasto ordinario (donde se aplica la regla) de los derechos, contratos vigentes, MRR, traslados de coste y operaciones financieras, que se mantienen y se informan aparte.

EscenarioGasto ordinarioAhorro (solo ordinario)Derechos (fuera de alcance)Contratos vigentesMRR temporalTraslados de costeOperaciones financierasGasto total (sin op. financieras)
hoy2.536,5 M€—174,9 M€0,5 M€22,1 M€0,0 M€0,0 M€2.733,9 M€
reglamentos2.495,9 M€−40,6 M€174,9 M€0,5 M€22,1 M€0,0 M€0,0 M€2.693,3 M€
leyes2.446,8 M€−89,7 M€174,9 M€0,5 M€22,1 M€0,0 M€0,0 M€2.644,2 M€
mínimo2.446,8 M€−89,7 M€174,9 M€0,5 M€22,1 M€0,0 M€0,0 M€2.644,2 M€
PartidaTipoHoyReglamentosLeyesMínimoObligaciónNorma y citaObjetivo · evaluación · destino
13.102.312E.cap2 Gastos corrientes en bienes y serviciosderechos78,4 M€78,4 M€78,4 M€78,4 M€obligatoria ley (B)Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1: «Las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial serán las siguientes: a) Asistencia sanitaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.02.112A.483 Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de asistencia jurídica gratuitaderechos46,4 M€46,4 M€46,4 M€46,4 M€obligatoria ley (A)Constitución Española (BOE-A-1978-31229), artículo 119 (Ley 1/1996, art. 37): «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar»meta de actividad o cobertura · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.105.42KD.cap6 Inversiones realesMRR (vence 2026-2027)22,1 M€22,1 M€22,1 M€22,1 M€obligatoria ue (A)Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (CELEX 32021R0241), y Decisión de Ejecución del Consejo que aprueba el plan de España, considerandos (y art. 24): «la liberación de los fondos en el marco del Mecanismo depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia»meta de actividad o cobertura · sin evaluación publicada · funcionamiento propio del ministerio
13.102.312E.484 Farmaciaderechos19,4 M€19,4 M€19,4 M€19,4 M€obligatoria ley (B)Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1: «Las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial serán las siguientes: a) Asistencia sanitaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.102.222M.480 Subsidios e Indemnizacionesderechos11,7 M€11,7 M€11,7 M€11,7 M€obligatoria ley (B)Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1: «Las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial serán las siguientes: a) Asistencia sanitaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.02.112A.484 Al Consejo General de los Procuradores de España como aportación del Estado para indemnizar a los procuradores en los asuntos de asistencia jurídica gratuitaderechos5,0 M€5,0 M€5,0 M€5,0 M€obligatoria ley (A)Constitución Española (BOE-A-1978-31229), artículo 119 (Ley 1/1996, art. 37): «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar»meta de actividad o cobertura · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.101.111R.481 Becas para la preparación de oposiciones de las carreras judicial y fiscalgasto ordinario4,3 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación
13.102.312E.485 Prótesis y otras prestacionesderechos3,6 M€3,6 M€3,6 M€3,6 M€obligatoria ley (B)Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1: «Las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial serán las siguientes: a) Asistencia sanitaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.102.222M.482 Servicios Socialesderechos2,7 M€2,7 M€2,7 M€2,7 M€obligatoria ley (B)Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1: «Las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial serán las siguientes: a) Asistencia sanitaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.102.222M.481 Protección a la familiaderechos2,3 M€2,3 M€2,3 M€2,3 M€obligatoria ley (B)Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1: «Las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial serán las siguientes: a) Asistencia sanitaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.102.222M.486 Prestaciones económicas Mutualidades Integradasderechos2,1 M€2,1 M€2,1 M€2,1 M€obligatoria ley (B)Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1: «Las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial serán las siguientes: a) Asistencia sanitaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.02.112A.462 Subvención por gastos Juzgados de Paz (art. 52 Ley de Demarcación y de Planta Judicial)gasto ordinario2,0 M€2,0 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE-A-2025-76), disposición transitoria decimotercera (antes, Ley 38/1988, art. 52): «la subvención se aplicará a cada ayuntamiento para contribuir a los gastos generados por el sostenimiento de los medios materiales e instrumentales del respectivo Juzgado de Paz»sin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
13.08.912O.441 A la Fundación Pluralismo y Convivenciagasto ordinario2,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación
13.02.112A.485 Al Consejo General de la Abogacía para financiar conforme a baremo los impagos del turno de oficio y las liquidaciones pendientes desde el último trimestre de 2019derechos1,8 M€1,8 M€1,8 M€1,8 M€obligatoria ley (A)Constitución Española (BOE-A-1978-31229), artículo 119 (Ley 1/1996, art. 37): «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar»meta de actividad o cobertura · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.02.112A.488 Compensación por la prestación de la asistencia psicológica a las víctimas y pericias psicológicas en los procesos judiciales, mediante convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogosderechos1,1 M€1,1 M€1,1 M€1,1 M€obligatoria ue (A)Directiva 2012/29/UE, sobre los derechos de las víctimas (CELEX 32012L0029); Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima, artículo 8.1: «Los Estados miembros garantizarán que las víctimas, de acuerdo con sus necesidades, tengan acceso gratuito y confidencial a servicios de apoyo a las víctimas»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.08.912O.482 Indemnizacionesgasto ordinario1,0 M€1,0 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE (BOE-A-2015-3444), artículo 6.1: «Quienes, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación, tengan reconocido tal derecho, percibirán una compensación económica mensual, durante un período máximo de dos años»sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337D.485 Ayudas a las comunidades de los Reales Patronatosgasto ordinario0,8 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.101.111Q.483 Becas para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justiciagasto ordinario0,8 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.741 A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela, S.A.". Deudas de ejercicios anteriorescontratos vigentes0,5 M€0,5 M€0,5 M€0,5 M€obligatoria ley (B)Ley 47/2003, General Presupuestaria (BOE-A-2003-21614), art. 20: «Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen»sin meta medible · sin evaluación publicada · otros
13.08.912O.447 Al Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812gasto ordinario0,5 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación
13.08.912O.484 A la Fundación Príncesa de Asturiasgasto ordinario0,3 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación
13.07.912M.480 Dotación ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92)gasto ordinario0,3 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria reglamento (C)Real Decreto 405/1992, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno (BOE-A-1992-9509), artículo 3: «Los Ex Presidentes del Gobierno podrán disponer de los medios y prerrogativas que a continuación se expresa»sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.102.222M.483 Asistencia Socialderechos0,3 M€0,3 M€0,3 M€0,3 M€obligatoria ley (B)Real Decreto Legislativo 3/2000, texto refundido del régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE-A-2000-12139), artículo 12.1: «Las prestaciones que cubrirá la Mutualidad General Judicial serán las siguientes: a) Asistencia sanitaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas
13.303.921R.45 Artículo 45 sin detalle por concepto en el tomo de la sección (resumen orgánico económico)gasto ordinario0,3 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
13.104.462M.481 Becas a postgraduadosgasto ordinario0,3 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
13.08.912O.485 Compensación estatal de gastos por Iniciativa Legislativa Populargasto ordinario0,2 M€0,2 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular (BOE-A-1984-7249), artículo decimoquinto: «El Estado resarcirá a la Comisión Promotora de los gastos realizados en la difusión de la proposición y la recogida de firmas cuando alcance su tramitación parlamentaria»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación
13.101.111Q.485 Becas para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estadogasto ordinario0,2 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337D.486 Subvención a Entidades o programas de apoyo a enfermos y familiares afectados por patologías degenerativas cerebralesgasto ordinario0,1 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.103.462M.481 A familias e Instituciones sin fines de lucrogasto ordinario0,1 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
13.303.921R.48 Artículo 48 sin detalle por concepto en el tomo de la sección (resumen orgánico económico)gasto ordinario0,1 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.01.111N.493 GRECO - Grupo de Estados contra la Corrupcióngasto ordinario90 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.482 Becasgasto ordinario90 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.01.111N.491 Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanosgasto ordinario90 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.483 Convenio Monasterio de Yustegasto ordinario70 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.484 Pensiones a personal laboralderechos50 mil €50 mil €50 mil €50 mil €obligatoria ley (B)Ley 47/2003, General Presupuestaria (BOE-A-2003-21614), art. 20: «Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen»sin meta medible · sin evaluación publicada · otros
13.01.111N.495 Programa Iberoamericano de acceso a la Justiciagasto ordinario40 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.103.462M.482 Premios concedidos por el CEPCgasto ordinario23 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
13.01.111N.492 Cuota al Instituto de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuentegasto ordinario22 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.301.135M.48 Artículo 48 sin detalle por concepto en el tomo de la sección (resumen orgánico económico)gasto ordinario22 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.101.111R.491 Cuotas y aportaciones Organismos Internacionalesgasto ordinario15 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.101.111Q.493 Otras aportaciones a proyectos europeosgasto ordinario10 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.101.111R.493 Otras aportaciones a proyectos europeosgasto ordinario10 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.490 Cuota a la Asociación de Residencias Reales Europeas (ARRE)gasto ordinario9 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.103.462M.483 A entidades culturalesgasto ordinario5 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.492 Cuota a la Asociación para la Defensa de los Monumentos y de los Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS)gasto ordinario3 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.08.912O.486 Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor"gasto ordinario3 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
13.02.112A.454 A Comunidades Autónomas. Para la satisfacción de los fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminalgasto ordinario1 mil €1 mil €0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036), disposición adicional sexta: «La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es el órgano administrativo al que corresponden las funciones de localización, recuperación, conservación, administración y realización de efectos procedentes de actividades delictivas»sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.02.112A.463 A Entidades Locales. Para la satisfacción de los fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminalgasto ordinario1 mil €1 mil €0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036), disposición adicional sexta: «La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es el órgano administrativo al que corresponden las funciones de localización, recuperación, conservación, administración y realización de efectos procedentes de actividades delictivas»sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.02.112A.480 A ONGs y entidades privadas sin ánimo de lucro. Para la satisfacción de los fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminalgasto ordinario1 mil €1 mil €0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036), disposición adicional sexta: «La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es el órgano administrativo al que corresponden las funciones de localización, recuperación, conservación, administración y realización de efectos procedentes de actividades delictivas»sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.02.112A.495 A organismos internacionales. Para la satisfacción de los fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminalgasto ordinario1 mil €1 mil €0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036), disposición adicional sexta: «La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es el órgano administrativo al que corresponden las funciones de localización, recuperación, conservación, administración y realización de efectos procedentes de actividades delictivas»sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.493 Cuota al Consejo Internacional de Restauradores de arte holandés y flamenco (CODART)gasto ordinario1 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.491 Cuota al Consejo Internacional de Museos (ICOM)gasto ordinario1 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
13.105.337A.494 Cuota al Centro Internacional de Estudios de Telas Antiguas (CIETA)gasto ordinario0 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación

Funcionamiento que sigue a la estructura (escenarios de la base cero): 13.01.111N.cap2 14,6 M€; 13.01.111N.cap6 12,7 M€; 13.02.112A.cap2 122,9 M€; 13.02.112A.cap6 154,7 M€; 13.03.113M.cap2 2,3 M€; 13.03.113M.cap6 16,8 M€; 13.04.921S.cap2 3,9 M€; 13.04.921S.cap6 2,1 M€; 13.05.112A.cap6 3,8 M€; 13.07.912M.cap2 14,1 M€; 13.07.912M.cap6 3,7 M€; 13.07.921Q.cap2 59,8 M€; 13.07.921Q.cap6 1,7 M€; 13.08.467G.cap6 1,6 M€; 13.08.912O.cap2 7,9 M€; 13.08.912O.cap6 4,2 M€; 13.101.111Q.cap2 3,0 M€; 13.101.111R.cap2 1,9 M€; 13.103.462M.cap2 1,4 M€; 13.104.462M.cap2 6,6 M€; 13.104.462M.cap6 1,0 M€; 13.105.337A.cap2 42,1 M€; 13.105.337A.cap6 17,9 M€; 13.105.337D.cap2 2,3 M€; 13.105.337D.cap6 1,2 M€; 13.301.135M.cap2 5,5 M€; 13.302.111S.cap6 1,2 M€; 13.303.921R.cap2 9,1 M€; 13.303.921R.cap6 1,8 M€.

  • 10,2 M€ de gasto ordinario sin obligación legal (0 % del consolidado): sale en el escenario de reglamentos (salvo las transferencias a entidades que se mantienen y la conservación de carreteras y ferrocarril).
  • 13,7 M€ sin objetivo medible ni evaluación publicada; 2,7 M€ financian estructura y funcionamiento de entidades; 0,0 M€ tienen alguna evaluación o seguimiento publicado. Sin objetivo medible ni evaluación: 13.101.111R.481 4,3 M€; 13.02.112A.462 2,0 M€; 13.08.912O.441 2,0 M€; 13.08.912O.482 1,0 M€; 13.105.337D.485 0,8 M€; 13.101.111Q.483 0,8 M€; 13.08.912O.447 0,5 M€; 13.08.912O.484 0,3 M€; 13.07.912M.480 0,3 M€; 13.303.921R.45 0,3 M€; 13.104.462M.481 0,3 M€; 13.08.912O.485 0,2 M€; 13.101.111Q.485 0,2 M€; 13.105.337D.486 0,1 M€; 13.103.462M.481 0,1 M€; 13.303.921R.48 0,1 M€; 13.01.111N.493 90 mil €; 13.105.337A.482 90 mil €; 13.01.111N.491 90 mil €; 13.105.337A.483 70 mil €; 13.01.111N.495 40 mil €; 13.103.462M.482 23 mil €; 13.01.111N.492 22 mil €; 13.301.135M.48 22 mil €; 13.101.111R.491 15 mil €; 13.101.111Q.493 10 mil €; 13.101.111R.493 10 mil €; 13.105.337A.490 9 mil €; 13.103.462M.483 5 mil €; 13.105.337A.492 3 mil €; 13.08.912O.486 3 mil €; 13.02.112A.454 1 mil €; 13.02.112A.463 1 mil €; 13.02.112A.480 1 mil €; 13.02.112A.495 1 mil €; 13.105.337A.493 1 mil €; 13.105.337A.491 1 mil €; 13.105.337A.494 0 mil €.
  • Metas: 0,0 M€ con meta de resultado, 0,0 M€ con metas de actividad o cobertura y 13,7 M€ sin meta medible.
  • «Objetivo medible» distingue metas de resultado (efecto sobre las personas) de metas de actividad o cobertura (proyectos, solicitudes, usuarias). «Evaluación» incluye el seguimiento propio del plan estratégico de subvenciones (Ley 38/2003, art. 8.1) y las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas.
  • Limitación: La Presidencia del Gobierno, la Casa del Rey (sección 1, fuera del tomo), la AEPD y la Autoridad Independiente de Protección del Informante quedan fuera del análisis, como en la base cero: su funcionamiento se marca «sigue a la estructura» y solo se juzgan sus transferencias (dotación de los ex Presidentes, Real Decreto 405/1992; premios de la AEPD).
  • Limitación: Patrimonio Nacional está dentro de los totales (decisión E16): su funcionamiento sigue a la estructura, que la base cero mantiene (Ley 23/1982, bienes afectados a la Corona). Cifra sin Patrimonio Nacional: restar las piezas patrimonio nacional y su parte de la estructura (cifras sin patrimonio nacional).
  • Limitación: MUGEJU: las prestaciones son derechos de una ley (nivel B) y salen en el escenario de leyes; el gasto no desaparece, pasa al sistema que asuma la protección (SNS o mutualidad única, decisión de Extramuros).
  • Limitación: Partida 13.08.912O.482 («Indemnizaciones», 0,95 M€): el tomo no da detalle; se interpreta como compensación tras el cese (confianza baja).