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Análisis con datos oficiales: relación de puestos de trabajo (RPT), Boletín Oficial del Estado (BOE), Presupuestos Generales del Estado (PGE), Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Plataforma de Contratación y sedes electrónicas

Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: base cero

Política Territorial en una ficha

Qué verás aquí. Qué hace este ministerio, cuánto personal y dinero tiene y qué parte exige la ley, con el método base cero (se parte de cero y cada puesto o gasto se queda solo si una norma lo exige).

Por qué importa. Muestra qué se podría quitar por decreto, qué necesita cambiar una ley y qué no se puede tocar, con la norma de cada cosa.

Lo que exige la ley hoy, por real decreto, cambiando leyes y mínimo legal · Propuesta Extramuros decisiones de Extramuros sobre ese mínimo

HoyMínimo legalPropuesta Extramuros
Plazas10.1095.5315.390
Gasto ordinario474 M€367 M€375 M€

Plazas de la propuesta: el mínimo legal con equipos del tamaño de unidades parecidas (prudente). Gasto ordinario: estructura, programas y transferencias, gasto real de 2025; en la propuesta, con las decisiones de Extramuros sobre el mínimo legal (sin el ahorro de juntar ministerios, que se cuenta en la reagrupación). Además, 0 M€ de derechos de los ciudadanos (pensiones, desempleo…), que no se tocan.

Tres hallazgos principales

  1. El Ministerio no tiene funciones de más, pero sí demasiados jefes y mucho trabajo que hace para otros ministerios.
  2. Casi la mitad de las plazas trabaja para otros ministerios y tiene dos jefes.
  3. Lo que sobra es la estructura de mando.
¿Tiene retorno? Sus programas, con semáforo

5 programas y subvenciones de gasto ordinario: 5 suprimir. La pregunta es si el dinero tiene un retorno demostrado (efecto neto, peso muerto, retorno fiscal, coste por resultado). Cómo se pone el color.

  • Fondo de Inversiones de TeruelLa quita en la propuesta49 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Planes de desarrollo de Ceuta y MelillaLa quita en la propuesta34 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Memoria democrática: exhumacionesLa mantiene en la propuesta7 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Memoria democrática: subvenciones y lugaresLa quita en la propuesta6 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

  • Cooperación local y entidades municipalistasLa quita en la propuesta5 M€Suprimir

    Sin evaluación publicada de su retorno.

Contratos: señales de alerta Alerta

1.405 contratos por 35 M€ adjudicados en doce meses. 4 indicadores en rojo y 1 en ámbar.

  • Una sola oferta: 29,9 % de las licitaciones Alerta
  • Sin publicidad: 17,2 % del importe Alerta
  • Contratos menores: 20,7 % del importe Alerta
  • Posible fraccionamiento: 9,7 % del importe de los menores A vigilar
  • Cinco mayores proveedores: 31,9 % del importe Bien
  • Encargos a medios propios: 36,2 % de contratos más encargos Alerta

Una señal no prueba una irregularidad: indica dónde mirar. Umbrales y comparación con los demás ministerios.

Contratos, subvenciones y convenios

  • Contratos: 1.382 por 35,4 M€ (octubre de 2025 a septiembre de 2026). Para qué, los tres mayores: servicios a empresas: consultoría, legal, publicidad (7,9 M€); residuos, limpieza y medio ambiente (6,4 M€); obras de construcción (4,9 M€). Plataforma de Contratación del Sector Público: licitaciones y contratos menores adjudicados.
  • Subvenciones: 2.038 concesiones por 2.022,9 M€ (2025 (fecha de concesión)). Las tres convocatorias mayores: Concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y diputaciones provinciales por los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, al amparo del artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2024 (1.745,3 M€); Ttes. 2024 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. (68,5 M€); Extracto Resolución 21/02/2025 Secretaría Estado de Política Territorial convocatoria subvenciones para recuperación daños infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular previstas ACM de 5/11/2024 declara ZAGEPC territorio afectado DANA (60,5 M€). BDNS: subvenciones concedidas (importe concedido).
  • Convenios: 55, con 21,5 M€ de aportación del ministerio cuando consta (06-10-2025 a 11-09-2026). BOE: convenios publicados (aportación económica del ministerio cuando el texto la da).

Importes adjudicados (contratos), concedidos (subvenciones) o comprometidos (convenios), a menudo para varios años: no son el gasto de un año del presupuesto y no se suman a sus totales. Sin nombres de personas físicas. Ver en la red: el detalle por órgano y organismo.

Descargar tarjeta: ficha del ministerio

El análisis completo sigue abajo, por apartados: ábrelos para ver el detalle.

Este informe aplica al Ministerio de Política Territorial el método común de Extramuros: se parte de cero y cada plaza o gasto se queda solo si una norma lo exige.

Fuentes:

Tesis y respuesta

  • El Ministerio no tiene funciones de más, pero sí demasiados jefes y mucho trabajo que hace para otros ministerios. Tiene 10.109 plazas asignadas a funciones (273,0 M€). El mínimo legal conserva 5.531. Se eliminan 90 (el 0,9 %; 4,1 M€). Se traspasan 4.488 a otros ministerios, donde siguen costando 134,4 M€. Aparte quedan 27 puestos de «relación especial» (26 vacantes), que no son ahorro.
  • Casi la mitad de las plazas trabaja para otros ministerios y tiene dos jefes. Son 4.488 plazas, el 44 %. Este Ministerio gestiona a las personas y otro ministerio dirige su trabajo. Pasan a quien dirige el trabajo; no es ahorro. Son las oficinas de extranjería (2.658 plazas, para Inclusión e Interior) y las áreas de Agricultura y Pesca (917), Sanidad (580), Fomento (138), Industria y Energía (92) y Alta Inspección de Educación (78).
  • Lo que sobra es la estructura de mando. Por real decreto sobran la Secretaría General de Coordinación Territorial, que es una capa entre la Secretaría de Estado y tres direcciones generales con las mismas tareas, y los tres comisionados (La Palma, DANA y 50 años), temporales y sin mandato legal. También sobran la División del Plan de Recuperación, la Subdirección General de Relaciones Institucionales de la AGE en el Territorio (todas sus funciones son discrecionales) y la segunda dirección general de Memoria Democrática, separada en 2024. Con cambios de ley sobran además las dos secretarías de Estado.
  • Por real decreto, sin tocar leyes, se eliminan 51 plazas (2,4 M€). Con cambios de ley, 90. De las 90, 29 están vacantes: la propuesta afecta a unas 61 personas. Los órganos directivos centrales pasan de 13 a 8 por real decreto y a 6 con cambios de ley. Todos los traspasos (4.488 plazas) se hacen ya por real decreto. También los de las áreas de Agricultura y Sanidad, que hacen funciones críticas: así lo decidió Extramuros.
  • No sobran las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Son 19 Delegaciones y 44 Subdelegaciones, con 4.919 plazas sin contar las áreas ni la extranjería. Las exige la Ley 40/2015. Ejercen la seguridad ciudadana, la protección civil y la potestad de sancionar. Tampoco sobran la cooperación con las comunidades autónomas, los traspasos, el control de competencias y el régimen local: son competencias exclusivas del Estado. La memoria democrática la impone la Ley 20/2022, con órganos, registros y plazos.
  • La responsabilidad difusa baja de 99 funciones a 7. Hoy, 99 de las 168 funciones se ejercen en más de un sitio. Hay tres capas en la coordinación territorial y tres en el informe sobre competencias. Hay dos capas en convenios, lenguas, Conferencia de Presidentes, servicios comunes e inspección. Las áreas tienen dos jefes y las oficinas de extranjería, tres ministerios. Quedan 7. Cinco son cadenas de la memoria democrática con otros ministerios o con las comunidades autónomas, que una base cero no puede suprimir. Dos están en las oficinas de extranjería: las sanciones las impone el subdelegado del Gobierno por ley orgánica, y el asilo lo instruye Interior.

Estructura actual

El Ministerio tiene dos secretarías de Estado, tres comisionados y una gran red territorial que hace también trabajo de otros cinco ministerios.

Órganos (Real Decreto 273/2024):

La Secretaría de Estado de Política Territorial. De ella depende la Secretaría General de Coordinación Territorial, con tres direcciones generales:

  • la de Cooperación Autonómica y Local;
  • la de Régimen Jurídico Autonómico y Local;
  • y la de la Administración General del Estado en el Territorio.
  • La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con dos direcciones generales separadas por el Real Decreto 1186/2024: la de Atención a las Víctimas y la de Promoción de la Memoria Democrática.
  • Tres comisionados con rango de subsecretaría: 50 años de España en Libertad, Reconstrucción de La Palma y DANA (depresión aislada en niveles altos).
  • La Subsecretaría y la Secretaría General Técnica.
  • La red territorial: 19 Delegaciones del Gobierno, 44 Subdelegaciones, 7 Direcciones Insulares y la Oficina del Campo de Gibraltar. Están adscritas al Ministerio (Ley 40/2015, art. 69.3). Integran las áreas de otros cinco ministerios y las oficinas de extranjería.

Personal:

  • Las 168 funciones reparten 10.109 plazas de la RPT. Cuestan 273,0 M€ (funcionarios, sin trienios ni cotizaciones).
  • 2.063 están vacantes (20,4 %).
  • Aparte quedan 27 puestos de «relación especial» (26 vacantes). Son una bolsa de vacantes sin unidad de trabajo (el «bolsín de vacantes») y no se cuentan en las funciones.

El 92 % está en la red territorial:

  • Delegaciones: 2.227;
  • Subdelegaciones: 2.692;
  • oficinas de extranjería y áreas de trabajo: 2.658;
  • áreas integradas: 1.805.
  • Los servicios centrales suman unas 750.
  • Quedan fuera el Gabinete y la Secretaría del Ministro: 27 puestos sin funciones asignadas (26 de funcionario y 1 laboral).
  • El Ministerio no tiene organismos públicos.

Clasificación legal (168 funciones)

Casi nueve de cada diez plazas hacen funciones que impone una ley.

ClaseFuncionesPlazasCoste
Obligatoria por la Unión Europea (UE)580427,1 M€
Obligatoria por ley928.641224,8 M€
Obligatoria por reglamento5722,7 M€
Apoyo interno2739612,0 M€
Discrecional391966,4 M€

Las plazas se redondean a enteros, así que las filas pueden no sumar exactamente el total.

Comprobación de la clasificación. Antes de la base cero se revisaron 25 funciones. Dos estaban mal clasificadas y se corrigieron; otras dos se reclasificaron en la revisión independiente.

Se revisaron, entre otras:

  • las dos de confianza baja: la Oficina para las Lenguas Oficiales y el reconocimiento de firmas locales para la legalización;
  • la Conferencia de Presidentes, la coordinación territorial y el informe sobre competencias;
  • varias de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local y de la de Régimen Jurídico;
  • las Delegaciones, cuatro áreas integradas y la recepción de solicitudes de asilo en las oficinas de extranjería;
  • y funciones de Memoria Democrática y de la Subsecretaría.

El informe de convenios con comunidades autónomas y con entidades locales pasa de discrecional a obligatorio por ley. Son dos funciones: una en la Dirección General de Cooperación y otra en la de Régimen Jurídico. La clasificación decía que la ley solo pide la autorización de Hacienda.

  • La Ley 40/2015 exige el informe del Ministerio de Política Territorial en dos casos: los convenios de cesión o adquisición de infraestructuras y los que crean consorcios. Para los demás convenios lo da por supuesto («también lo estará del informe del Ministerio de Política Territorial»). Confianza media, según la revisión independiente (Ley 40/2015, art. 50.2.c, redacción del Real Decreto-ley 36/2020 y de la Ley 22/2021).
  • El texto de la ley: «No obstante, en todo caso, será preceptivo el informe del Ministerio de Política Territorial, respecto de los convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y sus organismos públicos…» «… en los casos siguientes: 1. Convenios cuyo objeto sea la cesión o adquisición de la titularidad de infraestructuras… 2. Convenios que tengan por objeto la creación de consorcios».
  • La Dirección General de Cooperación queda como único responsable del informe de convenios territoriales. La función de la Dirección General de Régimen Jurídico se une a ella, sin ahorro.
  • La revisión independiente pasó dos funciones más a obligatorias por ley. Son la Plataforma Digital de las Conferencias Sectoriales (Ley 40/2015, disposición adicional 30.ª) y los deberes de la AGE con las entidades locales (Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 55).
  • La Oficina para las Lenguas Oficiales sigue como discrecional por su tarea principal (Real Decreto 905/2007). Los informes de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias son una obligación del tratado y se mantienen. La confianza sube de baja a media.
  • El reconocimiento de firmas de documentos locales para su legalización sigue como discrecional. No se ha encontrado la norma que lo atribuya, tras una segunda búsqueda en la revisión independiente. Sin mandato legal no puede quedar en el mínimo: pasa a Exteriores, que hace la legalización diplomática, sin plazas. La confianza sigue baja.
  • La División del Plan de Recuperación sigue como obligatoria por la UE. El Reglamento (UE) 2021/241 obliga al Estado a ejecutar el Plan, pero no exige una división propia.
  • En la Conferencia de Presidentes de la Secretaría de Estado se añade una nota. Las demás funciones revisadas estaban bien.

Fechas. El cálculo automático marcó 62 de las 168 funciones como posteriores a 2019. 29 de ellas tienen un precedente anterior a 2020 con otra redacción, comprobado contra el texto del BOE vigente entonces:

  • la Ley 40/2015, art. 73.1.b, para una función de las Delegaciones (la comparación automática no la casó porque el texto se reparte en ordinales);
  • los Reales Decretos 393/2011 y 863/2018, para la Conferencia de Presidentes, la estadística local, los indicadores locales y los servicios comunes;
  • el Real Decreto 1330/1997, para la coordinación con los ministerios de cada área;
  • el Real Decreto 1044/2018 (Dirección General para la Memoria Histórica, en Justicia) y la Ley 52/2007, para la memoria democrática.

Las funciones nuevas que se mantienen lo hacen por una obligación legal posterior a 2019 (Ley 20/2022) o porque son el núcleo que la ley exige a todo ministerio.

Escenarios

Por real decreto salen casi todas las capas de mando y todo el trabajo hecho para otros ministerios; con cambios de ley salen además las dos secretarías de Estado.

  • Los órganos directivos son los centrales con alto cargo. No cuentan los 19 delegados del Gobierno, que la Ley 40/2015 mantiene en todos los escenarios.
  • Traspasar no es ahorrar: las plazas traspasadas siguen costando en el ministerio de destino. Solo las eliminadas son ahorro.
EscenarioÓrganos directivosSubdireccionesPlazasCosteEliminadasTraspasadasFunciones (mantener/fusionar/traspasar/eliminar)
Actual131810.109273,0 M€00168/0/0/0
Reglamentos8155.570136,2 M€514.48894/21/27/26
Leyes6155.531134,5 M€904.48885/29/27/27
Mínimo6155.531134,5 M€904.48885/29/27/27
Antes de 2020 (aparte)101810.078271,5 M€310148/3/0/17

Bolsín de vacantes: 27 plazas de «relación especial» (26 vacantes). Es una línea aparte, igual en todos los escenarios, y no es ahorro.

Reglamentos. Todo esto lo puede hacer el Gobierno por real decreto.

  • Se suprime la Secretaría General de Coordinación Territorial, la capa sobre las tres direcciones generales.
  • Se suprimen los tres comisionados, temporales y sin mandato. La ayuda por la DANA ya la gestiona la Dirección General de Cooperación.
  • Se suprime la División del Plan de Recuperación.
  • Las dos direcciones generales de Memoria Democrática se unen en una.
  • Desaparece la Subdirección General de Relaciones Institucionales de la AGE en el Territorio, que no tiene mandato.
  • Cada servicio común tiene un solo responsable: la Subsecretaría.
  • Cada tarea repetida tiene un solo responsable: el informe sobre competencias, el informe de convenios, las lenguas y la cooperación.
  • La inspección de servicios pasa a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública.
  • Las oficinas de extranjería pasan a la Secretaría de Estado de Migraciones, en Inclusión.
  • Todas las áreas integradas pasan a sus ministerios: Fomento, Industria y Energía, y Alta Inspección de Educación. También las de Agricultura y Sanidad, que hacen funciones críticas: es un traspaso dentro de la AGE por real decreto, decidido por Extramuros.
  • Se eliminan 51 plazas y se traspasan 4.488.

Leyes. Además, se cambian normas con rango de ley.

  • Se suprimen las dos secretarías de Estado. Las nombran la Ley 20/2013, el Real Decreto-ley 5/2026, la Ley 20/2022 y la Ley 31/2022; por prudencia, como una ley las nombra, su supresión va a este escenario.
  • Sus atribuciones pasan al titular del Ministerio o a la dirección general competente.
  • En total se eliminan 90 plazas.
  • Se cambia la Ley Orgánica 4/2000 para que la Secretaría de Estado de Migraciones firme las sanciones de extranjería, como decidió Extramuros (art. 55.2). No cambia las plazas.
  • Se cambia la Ley 3/2001 para las sanciones leves de pesca (art. 112.a). No cambia las plazas.

Mínimo. Es igual que el escenario de leyes: no hace falta ningún cambio más.

  • Las áreas críticas de Sanidad y Agricultura ya salen en el escenario de reglamentos, como traspaso dentro de la AGE por real decreto.
  • Quedan 5.531 plazas: la red de Delegaciones y Subdelegaciones que exige la Ley 40/2015, la cooperación territorial, el control de competencias y la memoria democrática que impone la Ley 20/2022.

Antes de 2020. Este escenario va aparte: solo deshace lo creado desde 2020 sin obligación legal nueva ni servicio directo.

Se deshacen:

  • los tres comisionados;
  • la División del Plan de Recuperación;
  • la dirección por objetivos de la red territorial;
  • las sedes físicas;
  • y las subvenciones y funciones sin mandato de Memoria Democrática.
  • Se mantiene lo que impone la Ley 20/2022, también las sanciones muy graves (art. 65.a).
  • Las funciones posteriores a 2019 de unidades que siguen no ahorran. La Subdirección General de Relaciones Institucionales ya existía antes de 2020.
  • Se eliminan 31 plazas.

Dónde salen las 90 plazas eliminadas en el mínimo:

Por real decreto:

  • la Secretaría General de Coordinación Territorial: 10, su Gabinete Técnico y su Secretaría;
  • la Subdirección General de Relaciones Institucionales de la AGE en el Territorio: 10. Su secretaría de la comisión interministerial de la Administración periférica pasa, sin plazas, a la Subdirección General de Coordinación;
  • los comisionados: 20;
  • la División del Plan de Recuperación: 7;
  • la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Promoción de la Memoria: 4.
  • Con cambios de ley: los gabinetes y secretarías de las dos secretarías de Estado, 23 y 16.
  • Las demás supresiones y fusiones están en unidades que siguen y no ahorran plazas.

Propuesta Extramuros: sin Memoria Democrática

La Propuesta Extramuros suprime la Memoria Democrática, salvo una pequeña unidad de fosas: son 46 plazas y 1,62 M€ al año menos que el mínimo legal.

  • Extramuros lo decidió el 28-10-2026: «deshacernos de memoria democrática como algo que queramos tener».
  • Se suprimen la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Dirección General de Memoria Democrática, con todas sus funciones: 30 funciones de la Secretaría de Estado y de las dos direcciones generales actuales.
  • Se presenta aparte y no cambia las cifras del mínimo legal. El mínimo legal mantiene la Memoria Democrática, porque la impone una ley española, la Ley 20/2022.

Exige cambiar la ley. No basta un real decreto: es el escenario de leyes.

  • Hay que derogar o reformar la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Sus arts. 10 a 65 dan estas tareas a la AGE, a la «Dirección General competente» y a la Secretaría de Estado.
  • Hay que cambiar la Ley 31/2022, por el Centro de la Memoria (disposición adicional 121.ª).
  • Después, el Real Decreto 273/2024 (arts. 7 a 9).
CapaÓrganos directivosAltos cargosPlazas (est.)Coste personal (est.)Diferencia
Mínimo legal675.531134,5 M€—
Propuesta Extramuros = mínimo sin Memoria Democrática565.486132,9 M€−46 plazas y −1,62 M€ al año

Salen 52 plazas:

  • la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas: 18;
  • la División de Exhumaciones: 8;
  • la Subdirección General de Divulgación de la Memoria: 17;
  • la División de Coordinación: 9.
  • Se conservan unas 6 plazas (6 estimadas) en la unidad de fosas, como decidió Extramuros el 29-10-2026. Es una unidad pequeña, sin rango de dirección general, en Presidencia y Justicia. Hace los planes de búsqueda, gestiona las exhumaciones, lleva el mapa de personas desaparecidas y coordina con el Banco Estatal de ADN.
  • La Secretaría de Estado ya se suprime en el mínimo legal, en el escenario de leyes. Su gabinete y su secretaría (16 plazas) ya son ahorro allí.
  • En la propuesta sale además la Dirección General de Memoria Democrática: un órgano directivo y un alto cargo menos.
  • Las subvenciones de memoria (de atención a las víctimas y de divulgación) ya estaban fuera del mínimo. Su importe se juzga en el presupuesto base cero.

Fuera de este Ministerio quedan piezas de la misma ley que la propuesta no cuantifica:

  • el Banco Estatal de ADN y el Registro Civil, en Justicia;
  • la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática;
  • el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Cultura;
  • y el recinto de Cuelgamuros, en Patrimonio Nacional.

Doce comunidades autónomas tienen ley de memoria propia y seguirían aplicándola.

Riesgo por valorar: la búsqueda de personas desaparecidas puede apoyarse también en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (BOE de 18-2-2011). La base cero la clasificó como obligación de una ley española (Ley 20/2022), no de un tratado.

En la reagrupación de ministerios, Memoria Democrática se queda en Presidencia y Justicia con el mínimo legal. En la Propuesta Extramuros no tiene ministerio de destino, salvo la unidad de fosas.

Capas de ahorro: del mínimo legal al mínimo bien dimensionado y con automatización

La base cero dice qué funciones sobran. Esta segunda capa mira cuánta gente necesita lo que se queda: compara el tamaño de cada equipo con el de unidades del mismo tipo de trabajo en los 22 ministerios, con un indicador de carga. No cambia el mínimo legal: se presenta aparte, con dos objetivos (prudente, la mediana de los comparables; ambicioso, el cuartil más eficiente) y un suelo (ninguna unidad baja de jefe y dos personas ni de la mitad de su tamaño).

  1. Hoy10.109punto de partida273,0 M€ al año de coste de personal
  2. Mínimo legal5.531−4.578 plazas (−45,3 %) sobre hoyahorro 4,1 M€ al año; 134,4 M€ traspasados, que no son ahorro
  3. Mínimo legal bien dimensionado5.390prudente5.342ambicioso−141 / −189 plazas (−2,6 % / −3,4 %) sobre el paso anteriorahorro adicional 4,1 M€ / 5,7 M€ al año
  4. Con automatización4.695prudente + baja3.888ambicioso + alta−695 / −1.454 plazas (−12,9 % / −27,2 %) sobre el paso anteriorEscenario aparte: tramitación reglada automatizable, en rango. Combinaciones cruzadas: prudente + alta, 3.901; ambicioso + baja, 4.671

Grupos comparables e indicadores

Cada equipo se compara solo con equipos del mismo tipo de trabajo, nunca con el ministerio entero. Los ministerios que ejecutan (5.000 plazas o más en el mínimo) se comparan aparte en las líneas del centro común.

Grupo e indicador de cargaPlazasEste ministerioObjetivo prudente / ambiciosoCompa­rablesAhorro prudente / ambicioso
Centro común: Personal, RRHH y nómina (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)8715,789,89 / 4,75833 / 43
Centro común: Oficialía mayor, inmuebles, mantenimiento, seguridad y registro (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)7212,967,36 / 2,87831 / 36
Centro común: Gestión económica, presupuestaria y contratación interna (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)5910,738,76 / 4,75811 / 29
Centro común: Tecnologías de la información (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)458,084,04 / 1,45722 / 22
Centro común: Información administrativa y atención (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)427,651,65 / 1,01621 / 21
Oficina directiva de dirección generalplazas por oficina directiva416,8 por unidad (6 unidades)8,08 / 5,001405 / 16
Otros gabinetes (técnico de la Subsecretaría, de secretarías generales…)plazas por gabinete327,9 por unidad (4 unidades)6,61 / 3,708311 / 14
Centro común: Protección de datos y transparencia (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)101,740,57 / 0,4175 / 5
Centro común: Publicaciones, documentación, biblioteca y archivo (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio)30,511,22 / 0,8380 / 0
Gabinete del ministro (fuera del mínimo)plazas por gabinete2727,0 por unidad (1 unidad)41,50 / 29,25220 / 0
Normativa y Secretaría General Técnicaplazas por cada 100 textos al año (sección I del BOE sin disposiciones mecánicas + 1 × convenios)1846,32125,67 / 76,12210 / 0

Sin objetivo, por falta de un indicador de carga comparable: gestión de expedientes sin volumen medido (10 unidades); estrategia y análisis (3 unidades); relaciones (3 unidades); dirección (funciones de dirección en unidades ordinarias) (4 unidades). Que no tengan objetivo no quiere decir que estén bien dimensionadas: falta el dato de volumen.

Con automatización (escenario aparte)

Tercer paso, sobre el mínimo bien dimensionado: la parte automatizable de cada flujo de trabajo, en rango. En Política Territorial, prudente + automatización baja deja 4.695 plazas (−695) y ambicioso + automatización alta, 3.888 (−1.454). Las combinaciones cruzadas van aparte: prudente + alta, 3.901; ambicioso + baja, 4.671.

Clase de flujo de trabajoParte automatizable (baja / alta)Fuente
Tramitación reglada de alto volumenprestaciones con reglas fijas, afiliación y altas, matriculaciones, permisos y renovaciones, pagos, registro, grabación y cotejo de documentos24 % / 53 %OIT (2023) · Alan Turing Institute (2024) · Ingreso mínimo vital de oficio (2020) · Austria, prestación por hijo sin solicitud (2015)
Apoyo interno transaccionalnómina y gestión de personal, contabilidad, gestión económica y contratación administrativa24 % / 53 %OIT (2023)
Trabajo mixtoinformación y atención, ayudas y subvenciones, documentación y archivo, oficialía y servicios generales, tramitación de expedientes de volumen medio o bajo2,2 % / 27,9 %Deloitte (2017)
Trabajo de juicio o presencialinspección y control, normativa, estrategia, relaciones, dirección, gabinetes, obras y trabajo técnico, informática, personal operativo de seguridad, custodia en prisiones, museos y centros de atención1 % / 4 %OIT (2023)

Con automatización es un escenario aparte, no una previsión: la parte de cada flujo de trabajo que se puede automatizar, en rango (baja sobre el bien dimensionado prudente; alta sobre el ambicioso). Inversión en sistemas (orden de magnitud con fuentes): automatización baja, 1,03 mil M€ a 2,06 mil M€ de inversión única y 103,1 M€ a 412,4 M€ al año de coste recurrente; alta, 2,15 mil M€ a 4,30 mil M€ y 214,8 M€ a 859,2 M€ al año. Con el suelo de coste de la RPT se recupera hacia el año 9 (baja) y hacia el año 9 (alta) en el caso optimista, y no en 20 años en el pesimista. Anclas: proporción inversión / ahorro medida por la NAO británica en servicios compartidos (HC 16, 2016; el doble en el caso pesimista, supuesto) y el Plan de Digitalización de las AAPP 2021-2025 (3.165 M€, sin efecto medido en plantillas); coste recurrente del 10 % al 20 % de la inversión (supuesto). Plazo: el ahorro llega en años, con vacantes y jubilaciones, no con despidos; las cifras son un techo a 10 años, no un ahorro del primer ejercicio. Límites legales: la actuación automatizada solo sirve para actos reglados, con un órgano responsable y auditoría del sistema (Ley 40/2015, art. 41); una decisión solo automatizada con efectos sobre personas necesita una base legal con garantías (RGPD, art. 22); y la IA que evalúa el derecho a prestaciones es de alto riesgo, con supervisión humana obligatoria (Reglamento europeo de IA, 2024/1689).

Fuentes de los rangos: OIT (2023) · Deloitte (2017) · Alan Turing Institute (2024) · Ingreso mínimo vital de oficio (2020) · Austria, prestación por hijo sin solicitud (2015).

Ritmo: vacantes y jubilaciones

El ajuste se hace sin despidos: primero se amortizan vacantes de la RPT de cada unidad y el resto se deja de reponer al jubilarse. Prudente: 73 plazas con vacantes que ya existen y 68 con jubilaciones (unos 0,3 años). Ambicioso: 75 con vacantes y 114 con jubilaciones (unos 0,6 años).

Edad: no hay datos por ministerio; se usa la pirámide de toda la AGE (Registro Central de Personal, enero de 2025: el 22,75 % tiene 60 años o más). Algunas vacantes pueden estar cubiertas de forma provisional.

Proporción de mando

Plazas de gabinetes, oficinas directivas y funciones de dirección, estrategia y relaciones por cada plaza que ejecuta o atiende. Es un indicador, sin objetivo propio: señala dónde pesa la capa de «mandar» sin castigar a quien ejecuta.

  • 2.396plazas de mando
  • 2.753plazas de ejecución
  • 0,87de mando por cada plaza de ejecución (percentil 75 de los 22: 0,76)
  • Sípor encima del percentil 75

Unidades con más exceso

UnidadÓrganoPlazas en el mínimoAhorro prudente / ambicioso
S.G. DE OFICIALIA MAYORSubsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática8540 / 42
S.G. DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIODirección General de la Administración General del Estado en el Territorio6625 / 33
S.G. DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PATRIMONIO DE LA ADMIN. GENERAL DEL ESTADO EN EL TERRITORIODirección General de la Administración General del Estado en el Territorio5918 / 29
DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSubsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática4522 / 22
S.G. DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA Y GESTION ECONOMICASubsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática295 / 14
S.G. DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE SERVICIOSSubsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática2711 / 14

Límites

Es una comparación interna: una unidad mayor que otras del mismo tipo no prueba que le sobre personal. Puede tener más carga de la que miden los indicadores, más complejidad o competencias que las otras no tienen.

Todos los límites (14)
  • Datos bloqueados (decisión de Extramuros, 28-10-2026: se quedan como limitación): internos por centro penitenciario (Interior), autorizaciones de extranjería por provincia (Inclusión y Delegaciones del Gobierno), memoria de volúmenes de la Agencia Tributaria (AEAT), y datos de gestión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Sus webs no responden a la descarga automática, así que esos organismos no tienen objetivo por volumen: prisiones solo con indicador nacional (SPACE I), extranjería y AEAT fuera del mínimo de esta capa, e IMSERSO y FEGA sin indicador de carga. Su exceso, si lo hay, no se mide.
  • Solo hay objetivo donde hay indicador de carga comparable y al menos 5 comparables: gabinetes, capa directiva, líneas del centro común, normativa, gestión de ayudas y las redes periféricas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico (DGT), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Inspección de Trabajo (volumen público por provincia o comunidad). Prisiones, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Catastro y los tribunales económico-administrativos solo tienen un indicador nacional; la AEAT y las oficinas de extranjería están fuera del mínimo de esta capa; el resto de la gestión, la inspección y el trabajo de pensar no tienen objetivo.
  • Organismos de ejecución: el volumen es un indicador único por organismo (pensiones en vigor, afiliados, beneficiarios, trámites, órdenes de servicio) y no recoge toda la carga (incapacidad temporal (IT), ingreso mínimo vital (IMV), recaudación ejecutiva, sanciones…). Las provincias se comparan en bandas de tamaño; aun así, una provincia con más dispersión o más casos complejos puede necesitar más plantilla. El volumen es de 2024-2026 y los puestos son los de la RPT vigente (incluidas vacantes).
  • El reparto de plazas por función es el de Criterio de Extramuros (a partes iguales entre funciones); el de las unidades sin funciones se reparte entre todas las funciones del órgano. El tipo de una unidad es el de sus funciones dominantes.
  • Las funciones que la base cero fusiona sin duplicado siguen en su unidad de origen; las traspasadas (a otro ministerio, a las comunidades autónomas (CCAA) o al centro) no están en el mínimo de su ministerio y aquí no se dimensionan.
  • La RPT fuera del modelo de funciones (organismos sin funciones en la base cero, como las confederaciones del MITECO, o la periferia de Defensa e Interior que no reparte) no se dimensiona: se muestra aparte.
  • Normativa: las disposiciones mecánicas (precios del tabaco, de los gases licuados y de las monedas; correcciones de errores) no cuentan y un convenio pesa 0,5 (supuesto del proyecto); aun así, un real decreto y una orden menor cuentan igual; las disposiciones conjuntas cuentan en el departamento que las publica; no hay datos públicos de informes por ministerio.
  • Automatización: es un escenario, no una previsión. Los rangos son de exposición de tareas (OIT) o de horas liberables (Deloitte) y la mitad de la exposición media es un supuesto del proyecto. Exige inversión no estimada, rediseño de los procedimientos y, en parte, cambios de ley; el efecto llega en años y con jubilaciones. Amortizar una vacante ahorra crédito presupuestado, no nómina pagada.
  • Gestión de ayudas: concesiones al año de la BDNS (media de los años con concesiones); una concesión de una convocatoria masiva cuesta menos que una nominativa. La carga externalizada usa un coste supuesto de 50.000 € por ETC.
  • Red periférica: sus unidades (también las que tienen funciones) se tratan con el tipo de ejecución de su órgano y no entran en las líneas del centro, porque su reparto entre las funciones es mecánico. Ejemplo: en la función Dirección General de Presupuestos de Interior («distribuir los medios personales y materiales») lleva 2.712 plazas de la periferia de la Policía a la línea de personal; aquí no cuentan como servicio interno.
  • Unidades especializadas del centro (sistemas tributarios, de la Seguridad Social, presupuestarios, estadística departamental…): no hay comparables homogéneos; llevan la palanca fija del 5 %.
  • Coste: suelo (sueldo, complemento de destino y específico de la RPT, sin cotizaciones ni trienios); el personal laboral no se valora.
  • Ritmo: no hay edad por ministerio ni por unidad; se usa la pirámide de toda la AGE (RCP, enero de 2025). Las vacantes son las de la RPT de hoy en cada unidad (algunas pueden estar cubiertas de forma provisional).

Fuente: datos del proyecto (ver Método). Coste: suelo de la RPT, sin trienios, productividad ni cotizaciones.

Presupuesto: gasto ordinario y piezas

La regla base cero («el mínimo que exige la norma») se aplica solo al gasto ordinario: estructura, programas, subvenciones y transferencias. Aquí pasa de 474,0 M€ hoy a 377,0 M€ con lo que el Gobierno puede hacer por real decreto y a 367,2 M€ en el mínimo legal (−106,7 M€). Los derechos de los ciudadanos, los contratos vigentes, los fondos europeos temporales (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)), los traslados de coste y las operaciones financieras van en líneas aparte: se mantienen y no son ahorro.

LíneaHoyPor real decretoCambiando leyes · mínimo legal
Lo que decide el Gobierno (gasto ordinario)474,0 M€377,0 M€367,2 M€
Estructura (personal y funcionamiento)372,9 M€369,6 M€367,2 M€
Programas, subvenciones y transferencias101,1 M€7,3 M€0,0 M€
Derechos de los ciudadanos Iguales en todos los escenarios: no se recortan.29 mil €29 mil €29 mil €
Otros derechos pagados por el Estado100,0 %29 mil €29 mil €29 mil €
Gasto total474,0 M€377,0 M€367,3 M€
Ahorro frente a hoy—−97,0 M€20 % del gasto total−106,7 M€23 % del gasto total
en gasto ordinario—−97,0 M€20 % del gasto ordinario−106,7 M€23 % del gasto ordinario

Bloqueados: se mantienen en todos los escenarios. Cambiarlos es política de protección social, fuera de este trabajo. El porcentaje es sobre la línea de derechos. «Cuantía de referencia»: la que fija la norma, no la media pagada. Importes: gasto real anual actual donde hay fuente oficial (pensiones, incapacidad temporal, nacimiento, familia, IMV, pensiones no contributivas, dependencia y Clases Pasivas; desempleo contributivo, estimado con la estadística del SEPE); el resto, crédito de los PGE 2025-P, que es el de 2023 prorrogado. No se cuentan las cotizaciones que el SEPE y el IMSERSO pagan a la Seguridad Social por los parados y los cuidadores: es dinero que pasa de un organismo público a otro y la Seguridad Social ya cuenta las pensiones que paga con él; nadie cobra menos. Fuentes de beneficiarios e importes: INSS, nómina de pensiones (septiembre de 2026), ejecución de la Seguridad Social (septiembre de 2026), ejecución del Estado, IGAE (agosto de 2026), SEPE (media de 2025), Informe de Rentas Mínimas 2025, Ministerio de Educación, Datos y cifras (curso 2024-25), Memoria de MUFACE 2024.

Piezas de gasto ordinario (6)

Cada pieza agrupa partidas de una misma política. «Quién lo exige»: qué exige la parte que queda en el mínimo (Constitución o UE, una ley, un reglamento o ninguna norma). «Para quitarla»: qué haría falta. «Renovación anual»: medida que se prorroga cada año por real decreto-ley; es la más fácil de quitar, basta no renovarla.

PiezaHoyMínimo legalQuién lo exigePara quitarlaMarcas
Estructura del ministerio (personal y funcionamiento)Personal, funcionamiento e inversión de servicios centrales, Delegaciones del Gobierno y Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Sigue a la base cero de la estructura (la red periférica a Hacienda y Economía; la memoria democrática a Presidencia). · en la reagrupación: Ministerio de Hacienda y Economía372,9 M€367,2 M€Estructurasigue a la estructura
Fondo de Inversiones de TeruelAportación estatal al fondo que cofinancia con Aragón inversiones en la provincia de Teruel. · en la reagrupación: Ministerio de Hacienda y Economía49,1 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decreto
Planes de desarrollo de Ceuta y MelillaActuaciones de desarrollo socioeconómico en las dos ciudades autónomas. · en la reagrupación: Ministerio de Hacienda y Economía33,6 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decreto
Memoria democrática: exhumacionesBúsqueda y exhumación de desaparecidos (Ley 20/2022, art. 16). · Ley 20/2022, de Memoria Democrática (BOE-A-2022-17099), artículo 16.1 · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes7,3 M€0,0 M€Lo exige una leyleypropuesta: mantener
Memoria democrática: subvenciones y lugaresSubvenciones a entidades y universidades y aportaciones a museos y centros de memoria. · en la reagrupación: Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes6,3 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decretopropuesta: suprimir
Cooperación local y entidades municipalistasInversiones nominativas en ayuntamientos, FEMP y fundaciones de estudios territoriales. · en la reagrupación: Ministerio de Hacienda y Economía4,8 M€0,0 M€No lo exige ninguna normareal decreto
Piezas fuera de la regla (1: 29 mil € de gasto, más operaciones financieras)

Derechos, contratos vigentes (hasta su vencimiento), MRR, traslados de coste y operaciones financieras: iguales en todos los escenarios; no se cuentan como ahorro.

PiezaHoyMínimo legalQuién lo exigePara quitarlaMarcas
Pagos por sentencia firmePensión vitalicia fijada por sentencia (asunto «Alcalá 20»). · Constitución Española (BOE-A-1978-31229), artículo 118 · en la reagrupación: Ministerio de Hacienda y Economía29 mil €29 mil €derecho (fuera de alcance)derecho (fuera de alcance)

Fuente: : partidas del PGE 2025-P (prórroga PGE 2023 adaptada; vigente 2026) con su gasto real de 2025 (Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)). Juega con estas piezas en Construye tu Estado.

Presupuesto base cero: lo que impone la norma y lo que no

Con el mínimo que exige la norma, el gasto ordinario de Política Territorial bajaría de 411,4 M€ a 344,4 M€: casi todo es personal y funcionamiento.

  • Es el mismo criterio que para la estructura, aplicado al gasto ordinario: estructura, programas, subvenciones y transferencias que no son obligatorias.
  • Fuente: el tomo de la sección en los PGE 2025-P (la prórroga de los PGE de 2023, adaptada; vigente en 2026). Se ha leído partida a partida: programa, concepto y subconcepto.
  • Total: 411,4 M€. De ellos, 349,7 M€ son estructura (personal, funcionamiento e inversión) y 61,8 M€ pasan a terceros (capítulos 4, 7 y 8).
  • Cada partida se ha contrastado con la norma que la impone. El detalle está en el anexo.
  • Los derechos de los ciudadanos, los contratos vigentes, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y los traslados de coste no cambian en ningún escenario y se muestran aparte.
  • Las operaciones financieras (capítulo 8) no son gasto y quedan fuera del total, por decisión de Extramuros.
EscenarioGasto ordinarioAhorro (solo ordinario)Derechos (fuera de alcance)Contratos vigentesMRR temporalTraslados de costeOperaciones financierasGasto total (sin op. financieras)
hoy411,4 M€—29 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€411,4 M€
reglamentos351,3 M€−60,1 M€29 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€351,3 M€
leyes344,4 M€−67,0 M€29 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€344,4 M€
mínimo344,4 M€−67,0 M€29 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€344,4 M€

Operaciones financieras (capítulo 8), fuera del gasto: 0,0 M€.

  • Reglamentos: sale el gasto ordinario que ninguna norma obliga a hacer: acuerdos políticos, programas, campañas y subvenciones discrecionales. Sale también el que solo impone un reglamento. El que impone una ley sin fijar importe baja al mínimo que cumple la obligación.
  • Leyes: sale además el gasto ordinario que solo impone una ley española. Se quita cambiando esa ley.
  • Mínimo: queda solo el gasto ordinario que imponen la Constitución, el derecho de la UE o un tratado. Se suman las transferencias a entidades que la base cero mantiene y la conservación de la red estatal.
  • La estructura sigue al coste de personal de cada escenario. Lo traspasado se sigue pagando en otro sitio.
  • Derechos (fuera de alcance): 29 mil € en 1 partida. Es protección social y se mantiene en todos los escenarios: pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20"), 29 mil €.

Del gasto ordinario juzgado (61,7 M€), esto es lo que obliga a cada parte:

  • la UE o un tratado: 0,0 M€;
  • solo una ley española: 4,7 M€;
  • solo un reglamento: 0,0 M€;
  • ninguna norma (gasto sin obligación legal): 57,1 M€.

Medición del gasto ordinario:

  • 61,7 M€ no tienen objetivo medible ni evaluación publicada.
  • 2,7 M€ financian la estructura y el funcionamiento de entidades.
  • 0,0 M€ tienen una meta de resultado; 0,0 M€ solo tienen metas de actividad o cobertura; y 61,7 M€ no tienen ninguna meta medible.
  • El anexo lo describe partida a partida.

Estructura mínima

El mínimo legal de Política Territorial es una red de Delegaciones y Subdelegaciones y cuatro direcciones generales, sin secretarías de Estado.

UnidadRangoDepende deTipoLíneaPlazasCosteFunciones
Titular del Ministerioministro—control—00,0 M€0
Dirección General de Cooperación Autonómica y Localdirección generalMinisterioejecución estatal100,0 M€0
Subdirección General de Cooperación Autonómicasubdirección generalDirección General de Cooperaciónejecución estatal1251,0 M€5
Subdirección General de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomassubdirección generalDirección General de Cooperaciónejecución estatal1140,5 M€2
Subdirección General de Cooperación Localsubdirección generalDirección General de Cooperaciónejecución estatal1461,7 M€4
Subdirección General de Relaciones Europeas e Internacionalessubdirección generalDirección General de Cooperaciónejecución estatal1100,5 M€3
Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Localdirección generalMinisteriocontrol200,0 M€0
Subdirección General de Régimen Jurídico Autonómicosubdirección generalDirección General de Régimen Jurídicocontrol2200,9 M€4
Subdirección General de Régimen Jurídico Localsubdirección generalDirección General de Régimen Jurídicoejecución estatal1291,2 M€5
Dirección General de la Administración General del Estado en el Territoriodirección generalMinisteriocontrol100,0 M€0
Subdirección General de Coordinación de la AGE en el Territoriosubdirección generalDirección General de la AGE en el Territoriocontrol1200,8 M€2
Delegaciones del Gobierno (17 comunidades, Ceuta y Melilla)órgano territorial (delegados con rango de subsecretario)Ministerioejecución estatal12.22752,9 M€5
Subdelegaciones del Gobierno (44), Direcciones Insulares (7) y Oficina del Campo de Gibraltarórgano territorialDelegaciones del Gobiernoejecución estatal12.69261,2 M€6
Dirección General de Memoria Democráticadirección generalMinisterioejecución estatal100,0 M€0
Subdirección General de Apoyo a las Víctimas de la Guerra y la Dictadurasubdirección generalDirección General de Memoria Democráticaejecución estatal1180,7 M€7
División de ExhumacionesdivisiónDirección General de Memoria Democráticaejecución estatal180,3 M€5
Subdirección General de Divulgación de la Memoriasubdirección generalDirección General de Memoria Democráticaejecución estatal1170,6 M€5
División de Coordinación Administrativa y Relaciones InstitucionalesdivisiónDirección General de Memoria Democráticaejecución estatal190,3 M€6
SubsecretaríasubsecretaríaMinisterioejecución estatal—331,5 M€5
Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económicasubdirección generalSubsecretaríaejecución estatal—632,2 M€2
Subdirección General de Recursos Humanossubdirección generalSubsecretaríaejecución estatal—852,8 M€2
Subdirección General de Oficialía Mayorsubdirección generalSubsecretaríaejecución estatal—1192,3 M€2
División de Tecnologías de la InformacióndivisiónSubsecretaríaejecución estatal—621,9 M€2
Secretaría General Técnicadirección generalSubsecretaríaejecución estatal—351,4 M€13
  • Las plazas se redondean a enteros, así que las filas pueden no sumar exactamente el total. Total del escenario mínimo: 5.531 plazas.
  • Columna «Línea»: 1, gestión y ejecución; 2, control sobre otros; —, apoyo interno.

Titular del Ministerio. En el escenario de leyes ya no hay secretarías de Estado.

  • Dirige las tres direcciones generales territoriales, la de Memoria Democrática y la Subsecretaría.
  • Asume lo que hoy las leyes dan a las secretarías de Estado (Ley 20/2013, art. 10.2; Real Decreto-ley 5/2026, art. 7; Ley 20/2022, arts. 50.4 y 65.a).
  • El Gabinete y la Secretaría del Ministro (27 puestos: 26 de funcionario y 1 laboral) no tienen funciones asignadas y no se cuentan.
  • Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. Es el único responsable de la cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales. Lleva los traspasos, el informe de convenios territoriales, las lenguas oficiales y la cooperación económica local, incluidas las ayudas por la DANA. Recibe la Subdirección General de Relaciones Europeas e Internacionales al suprimirse la Secretaría General de Coordinación Territorial.

Subdirección General de Cooperación Autonómica.

  • Conferencia de Presidentes y Conferencias Sectoriales.
  • Informe de convenios con comunidades autónomas y entidades locales.
  • Oficina para las Lenguas Oficiales.
  • Registro de órganos de cooperación.
  • Subdirección General de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomas. Comisiones Bilaterales y Comisiones Mixtas de Transferencias.

Subdirección General de Cooperación Local. Absorbe la División del Plan y la oficina del Comisionado de la DANA.

  • Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y Conferencia Sectorial para Asuntos Locales.
  • Programas de cooperación económica local.
  • Ayudas por catástrofes.
  • Cierre del Plan de Recuperación.

Subdirección General de Relaciones Europeas e Internacionales. Incluye la Consejería de Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente ante la UE (REPER), con 2 puestos.

  • Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE).
  • Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT).
  • Repercusión de las responsabilidades por incumplir el derecho de la UE.
  • Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local. Es la segunda línea del Estado sobre las normas de las comunidades autónomas: control de competencias, recursos y conflictos (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC, art. 33.2). Lleva también las normas básicas del régimen local. Es el único responsable del informe sobre competencias: lo emite y lo remite, sin pasar por la Secretaría General ni por la Secretaría General Técnica (Ley 50/1997, art. 26.5).
  • Subdirección General de Régimen Jurídico Autonómico. Control de competencias sobre las comunidades autónomas. Es segunda línea: la primera es otra administración.

Subdirección General de Régimen Jurídico Local. El reconocimiento de firmas para la legalización diplomática pasa a Exteriores. Incluye el Coordinador Nacional del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), con 2 puestos, y la División de Colaboración Normativa, con 3.

  • Normas básicas de régimen local.
  • Registro de Entidades Locales.
  • Consultas populares.
  • Deslindes entre municipios de distintas comunidades.
  • Estadística.

Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio. Es el único responsable de coordinar la red territorial con los ministerios.

  • Pierde la Subdirección General de Relaciones Institucionales, que no tiene mandato.
  • Pierde la inspección, que va a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública.
  • Pierde los servicios comunes de la red (personal, gestión económica, inmuebles y tecnologías de la información), que pasan a la Subsecretaría.

Subdirección General de Coordinación de la AGE en el Territorio.

  • Coordina los servicios de la red y la relación con los ministerios.
  • Hace el informe anual de los servicios del Estado en cada comunidad (Ley 40/2015, art. 73.1.b.4.º).
  • Lleva la secretaría de la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado, que recibe de la Subdirección General de Relaciones Institucionales (Real Decreto 1162/2018, art. 3.1.d).
  • Delegaciones del Gobierno (17 comunidades, Ceuta y Melilla). Las exige la Ley 40/2015 (arts. 69-73). Tienen 2.227 puestos: 215 en gabinetes y 2.009 en secretarías generales, que hacen los servicios comunes de la red y la atención al ciudadano. No incluyen las áreas integradas, que pasan a sus ministerios, ni las oficinas de extranjería.
  • Subdelegaciones del Gobierno (44), Direcciones Insulares (7) y Oficina del Campo de Gibraltar. Tienen 2.692 puestos. Ejercen la seguridad ciudadana, la protección civil, la potestad de sancionar y la coordinación de la AGE en la provincia (Ley 40/2015, arts. 69.4 y 75).
  • Dirección General de Memoria Democrática. Une las direcciones generales de Atención a las Víctimas y de Promoción de la Memoria Democrática, separadas por el Real Decreto 1186/2024. Es la «Dirección General competente en materia de memoria democrática» que nombra la ley. En el escenario de leyes asume las funciones de la Secretaría de Estado. No tiene subvenciones discrecionales (Ley 20/2022, arts. 50 y 65.b).
  • Subdirección General de Apoyo a las Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Oficina de víctimas, declaración de reparación, censo, bienes expoliados y restitución a partidos.
  • División de Exhumaciones. Búsqueda, exhumación e identificación; mapa de desaparecidos; coordinación con el Banco de ADN, en Justicia; y Consejo Territorial.
  • Subdirección General de Divulgación de la Memoria. Plan Estatal, actos de reconocimiento, divulgación, inventario de obras de prisioneros y Centro de la Memoria.
  • División de Coordinación Administrativa y Relaciones Institucionales. Cuelgamuros, registro de entidades, lugares de memoria, símbolos y sanciones.
  • Subsecretaría. Es el núcleo que exige la ley (Ley 40/2015, art. 63). Es el único responsable de los servicios comunes de todo el Ministerio, también de la red territorial: personal, gestión económica, inmuebles y tecnologías de la información de las Delegaciones. Su paso al centro común de servicios de la AGE se calcula aparte. Su «relación especial» de 3 puestos (2 vacantes) va al bolsín de vacantes, fuera de las funciones.
  • Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica. Presupuesto, gestión económica y contratación, también de las Delegaciones. Absorbe la parte económica de la Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la AGE en el Territorio.
  • Subdirección General de Recursos Humanos. Personal de los servicios centrales y de la red territorial. Absorbe la Subdirección General de Recursos Humanos de la AGE en el Territorio (69 puestos). La «relación especial» de 24 puestos vacantes va al bolsín de vacantes, fuera de las funciones.
  • Subdirección General de Oficialía Mayor. Inmuebles, inventario, registro e información, también de la red territorial.
  • División de Tecnologías de la Información. Informática de los servicios centrales y de la red territorial. Absorbe la División de Tecnologías de la AGE en el Territorio.
  • Secretaría General Técnica. Es el núcleo que exige la ley (Ley 40/2015, art. 65). Tiene la Vicesecretaría, la Subdirección General de Informes y la de Recursos, Publicaciones y Documentación. Deja de tramitar el informe sobre competencias, que remite la Dirección General de Régimen Jurídico.

Áreas integradas y extranjería: un solo jefe

Cada área y cada oficina de extranjería pasa al ministerio que dirige su trabajo; es un traspaso, no un ahorro.

Hoy cada área de las Delegaciones tiene dos jefes (Ley 40/2015, art. 71.4; Real Decreto 1330/1997, art. 6):

  • el delegado del Gobierno: este Ministerio gestiona su personal, sus medios y su presupuesto;
  • y el ministerio de la materia, que fija los objetivos y las instrucciones técnicas.
  • La ley deja al Gobierno decidir si cada servicio territorial está integrado en la Delegación o no (art. 71.1 y 71.2).
  • Se elige un solo responsable: el ministerio que dirige el trabajo.
ÁreaPuestosVacantesDestinoEscenarioMotivo
Agricultura y Pesca917105Agricultura, Pesca y Alimentaciónreglamentos (traspaso dentro de la AGE)Controles en frontera, críticos, e inspección pesquera. Las sanciones leves de pesca son del delegado por ley (Ley 3/2001, art. 112.a)
Sanidad (sanidad exterior e inspección farmacéutica)58064Sanidad (Dirección General de Salud Pública y Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS)reglamentos (traspaso dentro de la AGE)Sanidad exterior, crítica
Fomento13834Transportes y Movilidad SosteniblereglamentosServicios regionales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y representación del ministerio
Industria y Energía9212Transición Ecológica y el Reto DemográficoreglamentosExpropiación eléctrica e inspección de explosivos
Alta Inspección de Educación788Educación, Formación Profesional y DeportesreglamentosSegunda línea sobre las comunidades autónomas, que dirige Educación
Oficinas de Extranjería y Áreas de Trabajo e Inmigración2.658639Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (número de identidad de extranjero: Policía Nacional)reglamentosLa Secretaría de Estado de Migraciones dirige la mayor parte de los procedimientos. Las sanciones las sigue imponiendo el subdelegado (Ley Orgánica 4/2000, art. 55.2)

Coherencia con otras bases cero. Tres ministerios dejaron abierta la cuestión de sus áreas, y aquí se resuelve igual para los tres.

  • Sanidad dejó la sanidad exterior de la red territorial «para la reagrupación», con doble dependencia.
  • Educación pidió «verificar cuántos puestos tienen las Áreas».
  • Agricultura pidió «dependencia orgánica y funcional en el mismo ministerio».
  • Las áreas de sanidad exterior y de controles agrarios en frontera hacen funciones críticas, como en las bases cero de Sanidad y Agricultura. Pero su paso es un traspaso dentro de la AGE por real decreto, que no cambia quién ejerce la competencia. Por eso va en el escenario de reglamentos, como decidió Extramuros.

Extranjería. Las oficinas pasan a la Secretaría de Estado de Migraciones, que ya las coordina; las sanciones siguen en el subdelegado mientras no cambie la ley orgánica.

  • Las 52 oficinas tienen 2.584 puestos (2.545 de funcionario y 39 laborales) y 627 vacantes (24 %). Con las Áreas de Trabajo e Inmigración son 2.658.
  • Dependen de las Delegaciones para su organización. Para su trabajo dependen de Inclusión (residencia y trabajo) y de Interior (asilo, documentación policial y expulsiones).
  • Responsable único: la Secretaría de Estado de Migraciones, que ya las coordina según la base cero de Inclusión.
  • El número de identidad de extranjero (NIE) sigue con la Policía. No tiene plazas en esta RPT. La base cero de Interior lo mantiene en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
  • Las sanciones de extranjería las impone el subdelegado del Gobierno por ley orgánica: las oficinas instruyen y el subdelegado resuelve. Un solo responsable exige cambiar esa ley (Ley Orgánica 4/2000, art. 55.2).
  • Inclusión, en su base cero, contaba con que las oficinas seguían en las Delegaciones, como «candidato a un único responsable en la reagrupación».
  • La reagrupación debe decidir si el asilo (Interior) y la acogida (Inclusión) van juntos. La recepción de solicitudes de asilo en las oficinas seguirá esa decisión.

Estructura sin mandato, candidata a eliminar

Tres órganos se suprimen, uno se traspasa y la Subdirección General de Cooperación Local se mantiene sin sus funciones discrecionales.

Subdirección General de Cooperación Local: se mantiene, sin sus funciones discrecionales. Tras la revisión independiente, solo el 33 % de sus funciones es discrecional. Ya no es estructura sin mandato: la relación con las entidades locales tiene base en la Ley 7/1985 (art. 55).

  • Se suprimen las consultas económicas, que repiten a Hacienda, y el papel de organismo intermedio de fondos de la UE.
  • Queda la CNAL, los programas de cooperación económica, las ayudas por catástrofes (con base en reales decretos-leyes) y la estadística.
  • Subdirección General de Relaciones Institucionales de la AGE en el Territorio: se suprime por real decreto. Sus tres funciones son discrecionales (100 %). La cooperación de las Delegaciones con las comunidades autónomas es competencia directa de los delegados (Ley 40/2015, art. 73.1.c). Son 10 plazas.
  • Secretaría de Estado de Política Territorial: se suprime con cambio de ley. El 75 % de sus funciones es discrecional. Es una capa que no hace falta sobre tres direcciones generales. La nombran la Ley 20/2013 (art. 10.2), el Real Decreto-ley 5/2026 y la Ley 31/2022. Son 23 plazas de gabinete y secretaría.
  • Áreas de Fomento: se traspasan a Transportes. El 100 % de sus funciones es discrecional. Son funciones del antiguo Ministerio de Fomento. En la práctica albergan los servicios regionales del IGN.
  • Comisionados de La Palma, la DANA y los 50 años: se suprimen por real decreto. El 100 % de sus funciones es discrecional. Son órganos temporales sin mandato legal. Son 20 plazas.

Tareas duplicadas y responsabilidad difusa

Muchas tareas se hacen en dos o tres capas a la vez; la propuesta da a cada una un solo responsable.

TareaHoyResponsable únicoDecisiónPlazas implicadas
Coordinación territorial y relación con las comunidades autónomas y las entidades locales, en tres capasSecretaría de Estado (una función), Secretaría General (cuatro), Dirección General de la AGE en el Territorio (dos) y Dirección General de Cooperación (dos)Dirección General de la AGE en el Territorio, para la red territorial, y Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, para las comunidades y las entidades localesSe suprime la Secretaría General (reglamentos) y la Secretaría de Estado (leyes). Cada tarea va a una dirección general.10
Informe sobre competencias, en tres capas (Ley 50/1997, art. 26.5)Secretaría General, Dirección General de Régimen Jurídico (dos funciones) y Secretaría General Técnica, que lo tramitaDirección General de Régimen Jurídico Autonómico y LocalLa dirección general emite y remite el informe. Desaparecen la capa de la Secretaría General y el paso por la Secretaría General Técnica.0
Informe de convenios con comunidades autónomas y con entidades locales, en dos direcciones generalesDirección General de Cooperación (convenios con comunidades) y Dirección General de Régimen Jurídico (con entidades locales). La Secretaría General Técnica tramita los del propio Ministerio, que es otra tareaDirección General de Cooperación Autonómica y LocalUn solo informe de convenios territoriales. Sin ahorro: las subdirecciones siguen.0
Lenguas oficiales, en dos capasSecretaría General y Oficina para las Lenguas OficialesDirección General de Cooperación Autonómica y Local (Oficina para las Lenguas Oficiales)Se une a la Oficina para las Lenguas Oficiales0
Conferencia de Presidentes, en dos capasSecretaría de Estado y Oficina de la ConferenciaDirección General de Cooperación Autonómica y LocalSe une a la Oficina de la Conferencia (leyes, con la Secretaría de Estado)12
Servicios comunes de la red territorial separados de los del MinisterioDirección General de la AGE en el Territorio (cuatro funciones, 172 puestos) y Subsecretaría (cuatro funciones)SubsecretaríaUn solo servicio común en la Subsecretaría, sin ahorro. El paso al centro común se calcula aparte.0
Dos inspecciones de serviciosSubdirección General de Recursos Humanos e Inspección, e Inspección de la AGE en el TerritorioInspección General de Servicios de la AGE (Función Pública)Traspasar (25 plazas)25
Áreas integradas con dos jefesEl delegado (este Ministerio) para la organización y el ministerio de la materia para el trabajo (Ley 40/2015, art. 71.4; Real Decreto 1330/1997)El ministerio que dirige el trabajoTraspasar cada área a su ministerio, todas por real decreto: 1.805 plazas, de ellas 308 de Fomento, Industria y Alta Inspección y 1.497 de Agricultura y Sanidad, críticas1.805
Oficinas de extranjería con tres ministeriosLas Delegaciones para la organización; Inclusión (Secretaría de Estado de Migraciones) e Interior (protección internacional y Policía) para el trabajoMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Secretaría de Estado de Migraciones)Traspasar las oficinas a Inclusión: 2.658 plazas, 639 vacantes. El NIE sigue con la Policía. La reagrupación decide si asilo y acogida van juntos.2.658
Ayudas por la DANA en dos órganosComisionado especial (8 puestos) y Dirección General de Cooperación (Real Decreto-ley 6/2024)Dirección General de Cooperación Autonómica y LocalSuprimir el Comisionado (reglamentos; se ahorran 8 plazas)8
Reconstrucción de La PalmaComisionado especial (6 puestos) y Delegación del Gobierno en CanariasDelegación del Gobierno en CanariasSuprimir el Comisionado (reglamentos; 6 plazas)6
Memoria democrática: una Secretaría de Estado sobre dos direcciones generalesSecretaría de Estado (11 funciones) y direcciones generales de Atención a las Víctimas y de Promoción, separadas en 2024Dirección General de Memoria DemocráticaUna sola dirección general (reglamentos: se ahorra la Unidad de Apoyo de la de Promoción, 4 plazas). La Secretaría de Estado se suprime en leyes (16).20

Responsabilidad difusa: hoy hay 99 funciones en las que no está claro qué órgano responde; con la propuesta quedan 7. Esas 7 se comparten con otras administraciones:

  • Registro de las víctimas desaparecidas y coordinación con el Banco Estatal de ADN: la Dirección General de Atención a las Víctimas trabaja en cadena con el Ministerio de Justicia (Registro Civil).
  • Exhumaciones: el Estado y las doce comunidades autónomas que tienen ley propia.
  • Centro de la Memoria Democrática: coincide con el Centro Documental de la Memoria Histórica, del Ministerio de Cultura.
  • Resignificación del Valle de Cuelgamuros: con Patrimonio Nacional.
  • Sanciones de extranjería: las impone el subdelegado del Gobierno (Ley Orgánica 4/2000, art. 55.2).
  • Solicitudes de asilo: las instruye el Ministerio del Interior.

Materias repartidas

Tres materias se reparten entre varias unidades; dos deben seguir separadas pero coordinadas y una se lleva con un equipo mixto.

Reconstrucción tras catástrofes (9 plazas). Forma: equipo mixto. Responsable: la Subdirección General de Cooperación Local, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

  • Instrumento: un equipo con la Delegación del Gobierno de la comunidad afectada para cada catástrofe, sin órgano nuevo. Se disuelve al cerrar las ayudas.
  • Por qué: es una materia temporal. Cada catástrofe exige coordinar la AGE en una comunidad, que es tarea de la Delegación (Ley 40/2015, art. 73.1.c). También exige pagar ayudas a entidades locales, que es tarea de la dirección general (Real Decreto-ley 6/2024 y Real Decreto-ley 5/2026).
  • Sustituye a los comisionados especiales, que se suprimen.

Administración periférica del Estado (4.939 plazas). Forma: unidades separadas y coordinadas. Responsable: la Dirección General de la AGE en el Territorio coordina; los delegados y subdelegados ejecutan.

  • Instrumento: las Delegaciones dependen del Ministerio (Ley 40/2015, art. 69.3) y hacen el informe anual (art. 73.1.b.4.º).
  • Por qué separadas: la ley crea los delegados como órganos propios con rango de subsecretario (art. 72.3) y les da competencias directas. No se pueden unir a una dirección general de los servicios centrales. La dirección general solo coordina con los ministerios y reúne el informe.

Régimen jurídico autonómico (24 plazas). Forma: unidades separadas y coordinadas. Responsable: la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local.

  • Instrumento: el informe de esa dirección general en los procedimientos para repercutir las responsabilidades por incumplir el derecho de la UE.
  • Por qué separadas: esa repercusión tiene un procedimiento propio, ligado a la CARUE y a los asuntos europeos, que se quedan en la Subdirección General de Relaciones Europeas (Ley Orgánica 2/2012, disposición adicional 2.ª; Real Decreto 515/2013). El control de competencias de las normas es otra tarea.

Memoria democrática y víctimas se reparten entre subdirecciones de la misma Dirección General de Memoria Democrática; no hay nada que decidir.

Modelo sede central – comunidades autónomas

El Estado coordina y controla; las comunidades autónomas tienen su propia administración y, en memoria democrática, sus propias leyes.

MateriaControlEjecución estatalNormasDatosTerritorio
Administración periférica del EstadoDirección General de la AGE en el Territorio (coordinación con los ministerios e informe anual)Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones InsularesLey 40/2015, arts. 69-79; Real Decreto 1330/1997Informe anual de los servicios del Estado en cada comunidad (art. 73.1.b.4.º)Las comunidades autónomas tienen su propia administración. La red del Estado solo ejerce competencias del Estado.
Cooperación autonómica y traspasosDirección General de Cooperación Autonómica y LocalLa misma dirección general: Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales, Comisiones Bilaterales y MixtasLey 40/2015, arts. 140-154; Estatutos de AutonomíaRegistro de órganos de cooperación (disposición adicional 7.ª)Las comunidades autónomas son la otra parte de cada órgano bilateral o multilateral.
Régimen jurídico autonómicoDirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local (Subdirección General de Régimen Jurídico Autonómico)Ninguna: es control sobre normas de otras administraciones (segunda línea)LOTC, arts. 32-33 y 62-63; Ley 50/1997, art. 26.5Seguimiento de las normas autonómicas y de los conflictosLas comunidades autónomas legislan en sus competencias.
Régimen local y cooperación económica localDirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local (normas básicas y registro)Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (programas y ayudas)Ley 7/1985; Real Decreto 835/2003; Real Decreto-ley 6/2024; Real Decreto-ley 5/2026Registro de Entidades Locales; estadística localLas comunidades autónomas tienen la tutela financiera y sus planes provinciales. La financiación general de las entidades locales es de Hacienda (sección 36).
Memoria democráticaDirección General de Memoria DemocráticaLa misma dirección general: exhumaciones, registros, lugares y símbolosLey 20/2022Registro y Censo Estatal de Víctimas; mapa de desaparecidos; Consejo Territorial (art. 13)Doce comunidades tienen ley de memoria propia y exhuman. Es una cadena que se coordina en el Consejo Territorial, no un traspaso desigual.

Comunidades autónomas: homogeneización

Solo hay un caso de traspaso desigual entre comunidades, la autorización inicial de trabajo de extranjeros, y no se traspasa a las demás.

Autorización inicial de trabajo de extranjeros (oficinas de extranjería)

  • Decisión: no se traspasa. Extramuros lo decidió el 28-10-2026: la migración se controla desde el Estado, de forma centralizada. Las oficinas pasan a Migraciones (Inclusión; en la reagrupación, Interior), cuya base cero recoge el caso.

Hoy:

  • Cataluña concede la autorización inicial de trabajo (Estatuto, art. 138.2).
  • El País Vasco también, con el título de ejecución de la legislación laboral (Real Decreto 511/2025; Estatuto, art. 12.2).
  • Andalucía tiene el mismo título expreso, pero sin traspaso (Estatuto, art. 62.1.b).
  • Las demás tienen la ejecución de la legislación laboral.
  • Queda al Estado: la residencia, la documentación, la protección internacional, las sanciones y la autorización de trabajo donde no hay traspaso.

Plazas: 404 que se podrían traspasar en Andalucía y 517 por revisar en Cataluña y el País Vasco (estimación máxima).

  • Puestos de las oficinas de extranjería por provincia en la RPT, funcionarios más laborales: Andalucía 398 + 6, Cataluña 394 + 8, País Vasco 115.
  • Es una estimación máxima: las oficinas tramitan sobre todo residencia y documentación, y la RPT no permite separar la parte de autorización inicial de trabajo.
  • La base cero de Inclusión dejó estas plazas para el análisis de Política Territorial, y este las deja a Inclusión: nadie las cuenta todavía. Al pasar las oficinas a Inclusión, debe contarlas Inclusión. Es una recomendación abierta de la revisión independiente.
  • Norma: ninguna, porque no se traspasa. Si se homogeneizara, haría falta un real decreto de traspaso a Andalucía y a las comunidades con título de ejecución laboral.

No hay otros traspasos desiguales. La red territorial, el régimen local y el control de competencias son competencias del Estado. La memoria democrática la ejercen a la vez el Estado (Ley 20/2022) y las doce comunidades con ley propia: es concurrencia, no traspaso.

Organismos

El Ministerio no tiene organismos públicos adscritos: los PGE no recogen ninguno en la sección 22.

  • La Fundación Pública Cueva de Nerja no es del Ministerio, aunque la Plataforma de Contratación del Sector Público la cuelga de la Subdelegación de Málaga.

Cambios normativos

Casi todo se hace por real decreto; las leyes solo hacen falta para suprimir las dos secretarías de Estado y para mover dos tipos de sanciones.

Escenario de reglamentos

Real Decreto 273/2024, de estructura del Ministerio.

  • Secretaría de Estado de Política Territorial: se suprimen sus asuntos internacionales y su impulso de proyectos normativos (art. 2.1.b y c).
  • Se suprime la Secretaría General de Coordinación Territorial (art. 3). Sus siete funciones pasan a las direcciones generales: coordinación territorial, coordinación de la AGE en el territorio, cooperación con las comunidades autónomas, aspectos competenciales, informe sobre competencias, régimen local y lenguas oficiales.
  • Se suprime su participación en foros internacionales (art. 3.2.b).
  • Dirección General de Cooperación Autonómica y Local: los planes conjuntos se unen a otra función (art. 4.1.d). Se suprimen las consultas económicas de las entidades locales y el papel de organismo intermedio de fondos de la UE (art. 4.1.m y n). La División Administradora del Plan de Recuperación se une a la cooperación local (art. 4.3).
  • Dirección General de Régimen Jurídico: el reconocimiento de firmas de documentos locales pasa al órgano de Exteriores que hace la legalización diplomática (art. 5.1.g). Se suprimen los indicadores locales de la Base de Datos de Cargos (art. 5.1.h). Un solo órgano informa los convenios con comunidades autónomas y entidades locales (arts. 4.1.c y 5.1.k).
  • Se suprime la Subdirección General de Relaciones Institucionales de la AGE en el Territorio (art. 6.1.a y 6.2.a). La secretaría de la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica pasa a la Subdirección General de Coordinación (Real Decreto 1162/2018, art. 3.1.d).
  • Se suprimen las relaciones institucionales con los ministerios y la dirección por objetivos de la red (art. 6.1.b, 6.1.c y 6.2.a).
  • Un solo servicio común en la Subsecretaría: personal, gestión económica, inmuebles y tecnologías de la red territorial (arts. 6 y 10).
  • Secretaría de Estado de Memoria Democrática: se suprimen las relaciones con la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, el impulso normativo, los asuntos internacionales y el apoyo al Comisionado de los 50 años (art. 7.1).
  • Una sola Dirección General de Memoria Democrática. Se suprimen las subvenciones de atención a las víctimas (art. 8.1.m) y de divulgación de la memoria (art. 9.1.b), y el apoyo en asuntos internacionales (art. 9.1.g), en la redacción del Real Decreto 1186/2024.
  • La inspección de servicios de la Subsecretaría pasa a Función Pública (art. 10.1.h y Real Decreto 799/2005).
  • La Secretaría General Técnica deja de tramitar el informe sobre competencias (art. 11.1.g).
  • Real Decreto 209/2022, de sedes físicas de las entidades del sector público estatal. Se deroga o se atribuye la instrucción a Hacienda, en la Dirección General del Patrimonio del Estado. Afecta a la coordinación de la Comisión consultiva de sedes.
  • Inspección de Servicios de la AGE en el Territorio. Pasa a la Inspección General de Servicios de la AGE (Real Decreto 273/2024, art. 6.2; Real Decreto 799/2005).

Real Decreto 1330/1997, de áreas integradas, y Ley 40/2015, art. 71.2. La ley permite organizar por real decreto, a propuesta conjunta, los servicios que no se integran en la Delegación.

  • Áreas de Fomento: se traspasan las emergencias en obras e instalaciones y las funciones sin unidad propia. Se suprime el control de licencias de obra (art. 5.2.c).
  • Áreas de Industria y Energía: se traspasan la expropiación eléctrica y las autorizaciones de armas y explosivos. Se suprime la difusión de planes de promoción industrial (art. 5.4.b).
  • Alta Inspección de Educación: se traspasan sus cinco funciones, de comprobación del sistema educativo, del currículo, de los títulos, de la igualdad y de las becas (Real Decreto 274/2024, disposición adicional 4.ª).
  • Áreas de Agricultura: se traspasan, dentro de la AGE por real decreto, la inspección y sus resoluciones. Las sanciones leves de pesca marítima, que hoy impone el delegado, pasan al órgano periférico de Agricultura (Ley 3/2001, art. 112.a).
  • Áreas de Sanidad: se traspasan, dentro de la AGE por real decreto, sus cuatro funciones de sanidad exterior (Real Decreto 1418/1986).
  • Las tres funciones generales del delegado sobre las áreas (representación, cooperación y dirección) se unen a otras funciones, en el escenario de reglamentos.
  • Reglamento de extranjería (Real Decreto 1155/2024, arts. 259-260) y Real Decreto 1330/1997. Las oficinas pasan a ser servicios no integrados de la Secretaría de Estado de Migraciones. Lo que el reglamento atribuye a la Delegación o Subdelegación pasa a esa Secretaría de Estado. Son nueve funciones: entradas y estancias, documentos de viaje, sanciones, recursos, propuestas de resolución, número de identidad de extranjero, asilo, estadística y control de las autorizaciones. Las sanciones las sigue imponiendo el subdelegado mientras no cambie la ley orgánica (Ley Orgánica 4/2000, art. 55.2).

Comisionados.

  • Comisionado de los 50 años: se deroga el Real Decreto 1/2025.
  • Comisionado de La Palma: se deroga su real decreto de creación. Siete de sus ocho funciones se suprimen; la coordinación con las administraciones canarias pasa a la Delegación del Gobierno.
  • Comisionado de la DANA: se deroga el Real Decreto 1160/2024 y su función se une a la Dirección General de Cooperación.
  • En los tres casos se ajusta también la disposición adicional del Real Decreto 273/2024.

Escenario de leyes (además)

Secretaría de Estado de Política Territorial. Se suprime (Real Decreto 273/2024, arts. 1 y 2), y con ella su dirección de la política territorial y su papel en la Conferencia de Presidentes. Sus referencias pasan al titular del Ministerio o a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. La nombran:

  • la Ley 20/2013, art. 10.2, en la redacción de la Ley 18/2022: es miembro de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios;
  • el Real Decreto-ley 5/2026, art. 7: concede las ayudas a entidades locales por los temporales de 2026;
  • y la Ley 31/2022 de PGE prorrogada (servicio 22.02).

Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Se suprime (Real Decreto 273/2024, art. 7). Sus siete funciones pasan al titular del Ministerio o a la dirección general competente: cooperación con las comunidades autónomas, colaboración con los ministerios, formación e investigación, actos de reconocimiento, declaración de lugares, sanciones muy graves y retirada de símbolos. La nombran:

  • la Ley 20/2022, art. 50.4: resuelve la declaración de lugares como «Secretaría de Estado de Memoria Democrática»;
  • la Ley 20/2022, art. 65.a: impone las sanciones muy graves como «la Secretaría de Estado competente en materia de memoria democrática»;
  • y la Ley 31/2022 de PGE, disposición adicional 121.ª, con un mandato de seis meses ya vencido.
  • Ley Orgánica 4/2000, de extranjería, art. 55.2. Las sanciones de extranjería que hoy impone el subdelegado del Gobierno pasan a la Secretaría de Estado de Migraciones, como decidió Extramuros. No cambia las plazas: las oficinas que tramitan ya pasan a Migraciones en el escenario de reglamentos.
  • Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, art. 112.a. Las sanciones leves de pesca marítima que hoy impone el delegado del Gobierno pasan al órgano periférico de Agricultura, que recibe el área en el escenario de reglamentos. No cambia las plazas.

Mínimo (además)

Ningún cambio más.

Solapes con otros ministerios

El solape mayor es que el Estado tiene tres redes territoriales en cada provincia; los demás son cadenas que se ordenan con un solo responsable.

MinisterioMateriaRelaciónHallazgo
Hacienda (Delegaciones de Economía y Hacienda) y Defensa (Delegaciones de Defensa)Administración periférica del EstadoPor verificarLa AGE tiene tres redes en cada provincia, cada una con sus servicios comunes (registro, personal, habilitación e inmuebles): las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (4.919 puestos sin áreas ni extranjería), las Delegaciones de Economía y Hacienda (4.714, más de la mitad en las Gerencias del Catastro) y las de Defensa (587). La Ley 40/2015 ordena a los delegados proponer que se supriman las duplicidades (art. 73.1.e.2.º), pero mantiene las Delegaciones de Defensa (disposición adicional 14.ª), y la ley de Hacienda mantiene las suyas. Propuesta para la reagrupación: una sola red territorial de la AGE, con un edificio y unos servicios comunes por provincia y unidades especializadas de cada ministerio. Sus servicios comunes irían al centro común de la AGE. Exige una ley para Defensa (disposición adicional 14.ª) y una decisión de la reagrupación.
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; InteriorAutorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros; protección internacionalCoordinaciónLas oficinas de extranjería (2.658 puestos, 24 % vacantes) pasan a la Secretaría de Estado de Migraciones, que ya dirige su trabajo, según la base cero de Inclusión. Interior conserva la Policía (NIE, documentación y expulsiones) y la instrucción del asilo (Dirección General de Protección Internacional). La reagrupación debe decidir si asilo (Interior) y acogida (Inclusión) van juntos; la recepción de solicitudes en las oficinas seguiría esa decisión.
Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad; Economía (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones, SOIVRE)Controles sanitarios en frontera; sanidad exteriorCoordinaciónLos inspectores de frontera de Agricultura (917 puestos en las áreas de Agricultura y Pesca, con la inspección pesquera) y de Sanidad (580) estaban en la RPT de este Ministerio. Pasan a sus ministerios por real decreto, en el escenario de reglamentos, aunque son críticos. Se recomienda en la reagrupación un único servicio de inspección en frontera, coherente con las bases cero de Agricultura y Sanidad. El Reglamento (UE) 2017/625 lo permite.
Educación, Formación Profesional y DeportesAlta inspección educativaCadenaLas 17 áreas de Alta Inspección (78 puestos) pasan a Educación, que ya dirige la función. Responde a la pregunta abierta en la base cero de Educación.
Transición Ecológica e Industria y Turismo; TransportesAutorizaciones de energía; cartografíaCoordinaciónLas Áreas de Industria y Energía (92 puestos) pasan a Transición Ecológica (energía y minas). Falta confirmar con Industria quién ejerce la seguridad industrial y la metrología en Ceuta y Melilla. Las Áreas de Fomento (138, con los servicios regionales del IGN) pasan a Transportes.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesRégimen jurídico autonómico; asuntos constitucionalesCadenaCoherente con la base cero de Presidencia: su Dirección General de Asuntos Constitucionales (6 plazas, sin mandato) se suprime. Este Ministerio prepara las propuestas de recurso y de conflicto de competencias, el Consejo de Ministros decide y la Abogacía del Estado litiga. Es una cadena sin duplicidad.
Hacienda (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local)Cooperación económica local; financiación localCadenaHacienda gestiona la participación de las entidades locales en los tributos del Estado y los fondos de financiación (sección 36, cuatro subdirecciones generales). Este Ministerio gestiona los programas de cooperación económica local y las ayudas extraordinarias: DANA y Real Decreto-ley 5/2026, con 4.628 M€ concedidos según la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Son dos pagadores del Estado a las mismas entidades locales, con eslabones distintos: el sistema frente a las ayudas. Candidato a un solo responsable de las transferencias a entidades locales en la reagrupación. Las consultas económicas de las entidades locales se suprimen porque repiten a Hacienda.
Cultura; Presidencia y Justicia; Patrimonio NacionalMemoria democráticaCadenaLa misma ley reparte la memoria democrática: el Centro Documental de la Memoria Histórica (Cultura, Salamanca), el Banco Estatal de ADN y el Registro Civil (Justicia), el recinto de Cuelgamuros (Patrimonio Nacional) y el Centro de la Memoria Democrática que este Ministerio debe crear (art. 58). Se recomienda que el nuevo Centro se apoye en el Centro Documental y no cree otra estructura. Doce comunidades tienen ley de memoria propia y exhuman: el Consejo Territorial es el instrumento de coordinación (art. 13).
Transición Ecológica y el Reto DemográficoReto demográficoPor verificarLa base cero del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) traspasa a este Ministerio el apoyo a la Comisión Delegada para el Reto Demográfico. No se ha hecho: el Real Decreto 273/2024 no tiene ninguna función de reto demográfico. La reagrupación debe decidir si la coordinación del reto demográfico va a la cartera territorial.
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesLegalización de documentos públicosCadenaEl reconocimiento de firma de los documentos de las entidades locales es el primer paso de la legalización diplomática, que hace Exteriores (Real Decreto 1184/2024). Para los países del Convenio de La Haya, la apostilla la ponen Justicia y los notarios (Real Decreto 1497/2011, art. 1). No hay norma que lo atribuya a este Ministerio: se traspasa a Exteriores sin plazas, para que la cadena tenga un solo responsable, según la revisión independiente.

Servicios comunes

Los servicios comunes del Ministerio y de su red territorial pasan a un solo responsable, la Subsecretaría; la parte genérica podría ir después al centro común de la AGE.

ServicioHoyResponsable únicoCentro común
PersonalSubdirección General de Recursos Humanos e Inspección (35), para los servicios centrales, y Subdirección General de Recursos Humanos de la AGE en el Territorio (69), para la redSubsecretaría (Subdirección General de Recursos Humanos)La nómina y la gestión de personal genérica, al centro común (se calcula aparte)
Gestión económica, contratación e inmueblesOficina Presupuestaria (31), Oficialía Mayor (87) y Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la AGE en el Territorio (64)SubsecretaríaPagos y compras comunes al centro (Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación); inmuebles a Patrimonio del Estado
Tecnologías de la informaciónDivisión de Tecnologías (47) y División de Tecnologías de la AGE en el Territorio (15)Subsecretaría (División de Tecnologías de la Información)Puesto de trabajo, redes y centro de proceso de datos a la Agencia Estatal de Administración Digital
Inspección de serviciosSubsecretaría (3) e Inspección de la AGE en el Territorio (22)Inspección General de Servicios de la AGE (Función Pública)Proveedor que ya existe
Secretarías generales de Delegaciones y Subdelegaciones4.339 puestos (2.009 y 2.330): registro, información, habilitación, régimen interior y tramitación de procedimientos provincialesCada delegado (Ley 40/2015, art. 71.4)Mixto: la parte genérica (registro, personal, habilitación y edificios) puede ir al centro común; la tramitación de procedimientos es función propia. Es la base para una red territorial única de la AGE.

Qué NO se puede tocar

Lo que no se toca es la red de Delegaciones y Subdelegaciones, la cooperación con las comunidades autónomas, el control de competencias, el régimen local, la memoria democrática que impone la ley y la sanidad exterior.

  • El delegado del Gobierno en cada comunidad lo impone la Constitución (art. 154).
  • Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insulares: 4.919 plazas. Ejercen en cada provincia la seguridad ciudadana, la protección civil y la potestad de sancionar, que son funciones críticas (Ley 40/2015, arts. 69-79).
  • Los órganos de cooperación con las comunidades autónomas y los traspasos (Ley 40/2015, arts. 145-154; Estatutos).
  • La CARUE (Ley 2/1997) y la autorización de las AECT, que impone la UE (Reglamento (Constitución Española (CE)) 1082/2006).
  • El control de competencias y las propuestas de recurso ante el Tribunal Constitucional (LOTC); el informe sobre competencias (Ley 50/1997, art. 26.5); y el informe de convenios (Ley 40/2015, art. 50.2.c).
  • Las bases del régimen local, el Registro de Entidades Locales, la CNAL y los deslindes entre municipios de distintas comunidades (Ley 7/1985).
  • Lo que impone la Ley 20/2022: oficina de víctimas, censo, búsqueda y exhumación, mapa de desaparecidos, lugares y símbolos, registro de entidades, Centro de la Memoria y sanciones.
  • La sanidad exterior y los controles en frontera, críticos y obligatorios por la UE: cambian de ministerio, no se suprimen.

Tareas del Ministerio en el mínimo

  • Representar al Gobierno y dirigir la AGE en cada comunidad y provincia: Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (Ley 40/2015, arts. 69-75).
  • Seguridad ciudadana, protección civil y potestad de sancionar en la provincia: Subdelegaciones del Gobierno (Ley 40/2015, art. 75; Ley Orgánica 4/2015; Ley 17/2015).
  • Cooperación con las comunidades autónomas (Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales, Comisiones Bilaterales y traspasos): Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (Ley 40/2015, arts. 145-154; Estatutos).
  • Control de competencias de las normas y propuestas de recurso ante el Tribunal Constitucional: Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local (LOTC; Ley 50/1997, art. 26.5).
  • Bases del régimen local, Registro de Entidades Locales y CNAL: Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local y Dirección General de Cooperación (Ley 7/1985).
  • Asuntos europeos de las comunidades autónomas (CARUE, AECT y repercusión de incumplimientos): Subdirección General de Relaciones Europeas e Internacionales (Ley 2/1997; Reglamento (CE) 1082/2006; Ley Orgánica 2/2012). Lo imponen en parte la UE y en parte una ley española.
  • Memoria democrática (víctimas, exhumaciones, lugares, símbolos y sanciones): Dirección General de Memoria Democrática (Ley 20/2022).

Todas estas tareas, salvo la parte europea, las impone una ley española.

Otros hallazgos

El traspaso de las oficinas de extranjería no ahorra, pero ordena quién responde; y el Estado tiene tres redes territoriales que podrían ser una.

  • Las oficinas de extranjería tienen 2.584 puestos y un 24 % de vacantes. Son 2.545 de funcionario y 39 laborales, con 627 vacantes. Su paso a la Secretaría de Estado de Migraciones no ahorra. Pero el mismo responsable fija la carga de trabajo y dota las plazas.
  • El Estado tiene tres redes territoriales con servicios comunes propios. Las secretarías generales de Delegaciones y Subdelegaciones (4.339 puestos) son a la vez servicios comunes de la red y tramitación de procedimientos provinciales. Con las Delegaciones de Economía y Hacienda (4.714) y de Defensa (587) forman tres redes. La propuesta de una red única de la AGE es un hallazgo para la reagrupación. La ley ya ordena a los delegados proponer que se supriman las duplicidades (Ley 40/2015, art. 73.1.e.2.º).
  • La «relación especial» de 27 puestos va al bolsín de vacantes. Son 26 vacantes: 24 de la Secretaría General de Coordinación Territorial y 3 de la Subsecretaría. Es una línea aparte que no es ahorro: es un asunto de vacantes del centro común.
  • El reto demográfico no tiene dueño. El Ministerio no tiene hoy ninguna función en la materia. El traspaso del apoyo a la Comisión Delegada que propone la base cero del MITECO no se ha producido. Debe resolverlo la reagrupación.
  • Las subvenciones de memoria sin obligación legal quedan fuera. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática concedió 12,0 M€, según la BDNS. La Dirección General de Cooperación concedió 4.628 M€, casi todo ayudas extraordinarias a entidades locales por la DANA y el Real Decreto-ley 5/2026. Las subvenciones de memoria sin obligación legal quedan fuera de la estructura mínima; su importe se juzga en el presupuesto base cero.

Decisiones de Extramuros aplicadas (repaso final, 27-10-2026)

El escenario mínimo es el mínimo legal estricto; el repaso final aplicó las decisiones de Extramuros del 25 y el 27-10-2026.

  • Áreas de Agricultura (917 puestos) y Sanidad (580). Hacen funciones críticas, pero pasan a sus ministerios por real decreto, sin salir de la AGE (Ley 40/2015, arts. 59 y 71.2; Real Decreto 1330/1997). Por eso van al escenario de reglamentos; antes estaban en el mínimo. Las de Fomento, Industria y Energía y Alta Inspección ya estaban en reglamentos.
  • Ley de presupuestos. Ninguna función ni organismo del Ministerio tiene como única base una ley de PGE. Las dos secretarías de Estado las nombran además leyes permanentes, así que siguen en el escenario de leyes (Ley 20/2013, art. 10.2; Ley 20/2022, arts. 50 y 65.a).
  • Una sola inspección de servicios. La Inspección de Servicios de la AGE en el Territorio (22 plazas) y la de la Subsecretaría (3) pasan a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública, y no a la Inspección General de Hacienda. Es un traspaso dentro de la AGE, en el escenario de reglamentos (Dirección General de Gobernanza Pública; Real Decreto 799/2005).
  • Una red territorial única. Juntar las Delegaciones del Gobierno, las de Economía y Hacienda y las de Defensa en una red por provincia se trata en la reagrupación. La parte de Defensa exige una ley. Aquí no cambia nada.
  • Oficinas de extranjería. Pasan a la Secretaría de Estado de Migraciones, en el escenario de reglamentos. En la reagrupación, Migraciones va entera a Interior, para un control estatal y centralizado de la política migratoria. Aquí el destino sigue siendo el ministerio actual de Migraciones.
  • Sanciones de extranjería. En el escenario de leyes se cambia la Ley Orgánica 4/2000 para que las firme la Secretaría de Estado de Migraciones; hoy las firma el subdelegado del Gobierno (art. 55.2). No cambia las plazas.
  • Reto demográfico suprimido. No está en este Ministerio; se trata en la reagrupación.
  • Regla estricta de reparto: comprobada. Las plazas eliminadas salen de unidades que desaparecen enteras: la Secretaría General de Coordinación Territorial, la Subdirección General de Relaciones Institucionales, los comisionados, la División del Plan de Recuperación y la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Promoción. O salen de gabinetes de órganos que se suprimen: las secretarías de Estado.
  • Memoria Democrática. El mínimo legal la mantiene (Ley 20/2022). La Propuesta Extramuros la suprime, salvo la unidad de fosas (unas 6 plazas): son 46 plazas y 1,62 M€ menos. Exige derogar o reformar la Ley 20/2022, en el escenario de leyes. Se explica en «Propuesta Extramuros: sin Memoria Democrática».
  • Bolsín de vacantes, pasado a mano. Son 27 plazas de «relación especial», 26 vacantes: 24 de la Secretaría General de Coordinación Territorial, que estaban en el personal de la red, y 3 de la Subsecretaría. Es una línea aparte en todos los escenarios, sin ahorro.

Método

Cada función se clasifica por la norma que la exige, y los escenarios se suman: lo que se hace por real decreto, luego con leyes y luego el mínimo.

Niveles.

  • Nivel A: lo impone la UE, un tratado (art. 96 de la Constitución) o la Constitución, y nadie lo puede quitar desde España.
  • Nivel B: una ley española.
  • Nivel C: un reglamento o la gestión interna que se deriva de normas generales.
  • Nivel D: solo el Real Decreto 273/2024 o una decisión política.

Escenarios. Se suman unos a otros.

  • Reglamentos: lo que el Gobierno puede hacer por real decreto. Incluye cambiar los Reales Decretos 273/2024, 1330/1997, 1155/2024 y 209/2022 y los de los comisionados. Incluye también el paso de las oficinas de extranjería y de todas las áreas integradas a sus ministerios: organizar los servicios territoriales como integrados o no integrados es materia de reglamento (Ley 40/2015, art. 71).
  • Leyes: además, se suprimen las dos secretarías de Estado. A la de Política Territorial la nombran la Ley 20/2013 (art. 10.2) y el Real Decreto-ley 5/2026 (art. 7). A la de Memoria Democrática, la Ley 20/2022 (arts. 50.4 y 65.a). A las dos, la Ley 31/2022 de PGE prorrogada. Por prudencia, su supresión va a este escenario; no depende de la mención en la ley de presupuestos.
  • Mínimo: igual que el de leyes. Las áreas críticas de Sanidad y Agricultura ya salen en reglamentos, como traspaso dentro de la AGE por real decreto, por decisión de Extramuros.
  • Antes de 2020: escenario aparte.

Decisión. Es la del escenario mínimo.

  • Una fusión de tareas duplicadas ahorra sus plazas solo si su unidad de la RPT desaparece: la Secretaría General de Coordinación Territorial, las secretarías de Estado, los comisionados y la División del Plan de Recuperación. Si la unidad sigue, la fusión no ahorra.
  • Traspasar no es ahorrar: el personal sigue costando en el ministerio de destino.
  • Núcleo del Ministerio. Es lo que la ley exige a todo ministerio: Subsecretaría y Secretaría General Técnica (Ley 40/2015, arts. 58.2, 63 y 65), Unidad de Igualdad, transparencia, protección de datos, personal, presupuesto, contratación, tecnologías de la información, recursos y elaboración de normas. Incluye los servicios de la red territorial. El paso al centro común de la AGE se calcula aparte.

Plazas.

  • Son la suma de las plazas estimadas de las 168 funciones. Salen del Real Decreto 273/2024 (consolidado con los Reales Decretos 1160/2024, 1186/2024 y 1/2025), de la Ley 40/2015 (Delegaciones, arts. 73 y 75), del Real Decreto 1330/1997 (áreas integradas), del Reglamento de extranjería (Real Decreto 1155/2024, art. 260), de la Ley 14/1986 (sanidad exterior) y de la Ley Orgánica 2/2006 (Alta Inspección).
  • Total: 10.109 plazas de la RPT y 273,0 M€, de ellas 2.063 vacantes. Aparte, 27 de «relación especial» en el bolsín de vacantes. El coste es el de los funcionarios, sin trienios ni cotizaciones; los laborales se cuentan sin valorar.
  • No incluyen el Gabinete y la Secretaría del Ministro: 27 puestos sin funciones (26 de funcionario y 1 laboral).

Reparto de las plazas. Se reparten por unidad de la RPT y se conserva el total de cada órgano. Extramuros decidió que no haya ahorro por plazas repartidas a partes iguales.

  • Cada unidad reparte sus puestos solo entre sus funciones que siguen.
  • Si la unidad desaparece, entre las funciones que salen en el escenario en que desaparece. Si se traspasa entera, entre las que se traspasan.
  • El personal propio de un órgano se reparte entre sus funciones que siguen sin unidad propia.

Asignaciones expresas.

  • El gabinete y la secretaría de cada secretaría de Estado van a sus funciones que salen en el escenario de leyes: se ahorran solo al desaparecer el órgano.
  • Los de la Secretaría General de Coordinación Territorial (10), a sus siete funciones.
  • La «relación especial» de 24 puestos vacantes de esa Secretaría General y la de 3 de la Subsecretaría, al bolsín de vacantes, fuera de las funciones. Se hizo en el repaso del 27-10-2026; antes estaban en el personal de la red y en el personal propio de la Subsecretaría.
  • La Consejería en la REPER (2), a los asuntos europeos de la antigua Secretaría General.
  • La Inspección de Servicios de la AGE en el Territorio (22), a su función de inspección.
  • La Unidad de Apoyo de la Dirección General de Promoción (4), a sus subvenciones y a sus asuntos internacionales.
  • La Subdirección General de Relaciones Institucionales (10), a sus dos funciones anteriores a 2020; la tercera, posterior a 2019, sin plazas.
  • La parte del reconocimiento de firmas, que sale sin plazas, a las demás funciones de régimen local.
  • Los 3 puestos de inspección de la Subdirección General de Recursos Humanos, a la inspección de la Subsecretaría.
  • En las áreas integradas, los puestos de cada área a sus funciones propias; las tres funciones generales del delegado, sin plazas.
  • El reparto a partes iguales original se guarda en los datos del análisis.

Órganos que nombra una ley. Por prudencia, si una ley nombra un órgano, su supresión va al escenario de leyes. Se buscaron los órganos del Ministerio en todas las normas con rango de ley guardadas, incluidas las leyes de PGE.

  • A la Secretaría de Estado de Política Territorial la nombran tres normas:
  • la Ley 20/2013, art. 10.2, en la redacción de la Ley 18/2022: es miembro de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, una atribución permanente;
  • el Real Decreto-ley 5/2026, art. 7: concede las ayudas a entidades locales por los temporales de 2026, una atribución obligatoria pero ligada a un programa;
  • y la Ley 31/2022 de PGE, servicio 22.02, en el cuadro de modificaciones de crédito.
  • A la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la nombran dos leyes:
  • la Ley 20/2022: por su nombre, para resolver la declaración de lugares (art. 50.4); y como «la Secretaría de Estado competente en materia de memoria democrática», para las sanciones muy graves (art. 65.a);
  • y la Ley 31/2022, disposición adicional 121.ª, para el Centro de Memoria de Carabanchel, con un mandato de seis meses ya vencido.
  • La Constitución nombra al delegado del Gobierno (art. 154).
  • La Ley Orgánica 4/2000 nombra al subdelegado del Gobierno para las sanciones de extranjería (art. 55.2).
  • La Ley 3/2001 nombra a los delegados del Gobierno para las sanciones leves de pesca marítima (art. 112.a).
  • La Ley 20/2022 nombra, sin nombre propio, a «la Dirección General competente en materia de memoria democrática» (arts. 50 y 65.b).
  • La Ley 40/2015 nombra a los delegados, subdelegados y directores insulares y a la Secretaría General de cada Delegación (arts. 69-79, 71.4 y 72.5).
  • La Ley 50/1997 (art. 26.5) y la Ley 40/2015 (art. 50.2.c) nombran al «Ministerio de Política Territorial», no a un órgano.
  • La Ley 7/1985 crea la CNAL y el Registro de Entidades Locales sin nombrar una dirección general.
  • La Ley 40/2015 adscribe el registro de órganos de cooperación a la antigua Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, hoy Función Pública (disposición adicional 7.ª).
  • Ninguna ley vigente nombra a la Secretaría General de Coordinación Territorial, a las direcciones generales por su nombre, a los comisionados ni a las oficinas de extranjería: sus cambios van en el escenario de reglamentos.
  • La revisión independiente lo comprobó con el buscador de la legislación consolidada del BOE:
  • el Real Decreto-ley 8/2024 y el Real Decreto-ley 25/2026 nombran al Comisionado de la DANA y a la Secretaría de Estado solo en la exposición de motivos;
  • la Ley 11/2020 y la Ley 22/2021 (PGE de años cerrados) y el Real Decreto-ley 36/2020 nombran a la antigua Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública;
  • y la Ley 2/2025 que nombra una «Secretaría General de Coordinación Territorial» es una ley de Canarias.
  • Alcance del mínimo. Se conservan las competencias exclusivas del Estado que impone una ley: su propia organización territorial (Delegaciones y Subdelegaciones, art. 149.1.18.ª de la Constitución), las bases del régimen local, el control de competencias, la seguridad ciudadana y la protección civil en las provincias, y la memoria democrática que impone la Ley 20/2022.

Regla estricta: sin ahorro por plazas repartidas a partes iguales.

  • Una función discrecional en una unidad que sigue no ahorra nada.
  • Una fusión dentro de una unidad que sigue, tampoco.
  • Los gabinetes se ahorran solo cuando desaparece su órgano.
  • Las plazas eliminadas salen solo de unidades que desaparecen enteras.
  • Servicios comunes repetidos. Los de la red territorial (personal, gestión económica, inmuebles y tecnologías de la Dirección General de la AGE en el Territorio) pasan a la Subsecretaría, único responsable en el Ministerio. Su paso al centro común de la AGE se calcula aparte. La inspección de servicios va a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública, única para toda la AGE, como decidió Extramuros.
  • Áreas integradas con dos jefes. Cada una pasa al ministerio que dirige su trabajo, como traspaso y no como ahorro (Ley 40/2015, art. 71.4; Real Decreto 1330/1997). Es coherente con lo que dijeron las bases cero de Sanidad, Educación y Agricultura: resolver la doble dependencia con la organización y el trabajo en el mismo ministerio.
  • Bolsín de vacantes. La «relación especial» de 27 puestos (dos unidades de la RPT, de 24 y 3 puestos; Acuerdo del Consejo de Ministros de 2-7-2010) va al bolsín de vacantes, fuera de las funciones. Se pasó a mano el 27-10-2026 y no es ahorro.
  • Traspasar no es ahorrar. En el mínimo, 4.488 plazas salen a otros ministerios y siguen costando.

Revisión independiente.

  • Sin ahorro en el escenario de antes de 2020 por funciones de unidades que siguen: la dirección por objetivos de la red y las sanciones muy graves de memoria democrática.
  • La Plataforma de las Conferencias Sectoriales y los deberes con las entidades locales pasan a obligatorios por ley (Ley 40/2015, disposición adicional 30.ª; Ley 7/1985, art. 55).
  • Los delegados del Gobierno pasan al nivel A, porque los impone la Constitución (art. 154).
  • El reconocimiento de firmas, sin norma, pasa a Exteriores sin plazas.
  • La extranjería conserva en el subdelegado la imposición de sanciones (Ley Orgánica 4/2000, art. 55.2).
  • El detalle está en los datos de la revisión independiente.

Limitaciones

Las plazas por función son estimaciones, y varias piezas dependen de la reagrupación o de otros ministerios.

  • Las plazas por función son estimaciones. Se reparten por unidad de la RPT, con asignaciones expresas documentadas en los datos del análisis. La RPT no separa, dentro de cada secretaría general de Delegación o Subdelegación, los servicios comunes de la tramitación de procedimientos.

Los ministerios de destino aún no suman los traspasos. Las áreas y la extranjería se calculan con los puestos de este Ministerio en la RPT. Las bases cero de destino no los incluían, y sus cifras no cambian aquí. Al reagrupar deberán sumar:

  • Inclusión, 2.658 plazas;
  • Agricultura, 917;
  • Sanidad, 580;
  • Transportes, 138;
  • Transición Ecológica, 92;
  • y Educación, 78.
  • Las Áreas de Industria y Energía dependen de dos ministerios. Trabajan para Industria y Turismo y para Transición Ecológica. Se asignan a Transición Ecológica por las funciones que tienen: expropiación eléctrica y explosivos. Falta confirmar con Industria la seguridad industrial y la metrología en Ceuta y Melilla.
  • El reconocimiento de firmas para la legalización sigue sin norma localizada. Se buscó dos veces, la segunda en la revisión independiente. Se traspasa a Exteriores sin plazas y queda como pregunta.
  • Los reales decretos de los comisionados no se han comprobado uno a uno. No están consolidados en el BOE. Ninguna norma con rango de ley los nombra en su parte obligatoria: el Real Decreto-ley 8/2024 cita al Comisionado de la DANA solo en la exposición de motivos, según comprobó la revisión independiente.
  • El presupuesto base cero de la sección 22 (411,4 M€) se hizo aparte. El gasto de los capítulos 4 y 7 de memoria democrática y la cooperación local se juzgan en esa sección.
  • La red territorial única de la AGE no se modela. Se registra como hallazgo, porque depende de Hacienda, Defensa y la reagrupación.
  • Los solapes se han comprobado solo desde este lado. Se contrastaron con las bases cero de Presidencia, Interior, Inclusión, Sanidad, Educación, Agricultura, Hacienda, Defensa y el MITECO, sin cambiar ninguna.
  • La secretaría de la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica pasa sin plazas. Es tarea de la Subdirección General de Relaciones Institucionales, que se suprime, y pasa a la Subdirección General de Coordinación (Real Decreto 1162/2018). Es una tarea pequeña. Si se prefiere, una parte de los 10 puestos podría seguirla, y el ahorro bajaría en esa parte.

Preguntas a Extramuros

  • Reconocimiento de firmas de documentos municipales para su legalización. Se usa en los países que no aceptan la apostilla. No hemos encontrado ninguna norma que se lo encargue al Ministerio. Lo pasamos a Exteriores, que hace la legalización, sin plazas. ¿Prefiere suprimirlo o mantenerlo aquí como servicio al ciudadano? Respondida: a Exteriores, como está.

Anexo: duplicidades, estructura sin mandato, proporción y quién hace el trabajo

Cifras calculadas por a partir de la RPT, la clasificación legal, la base cero, la Plataforma de Contratación y los encargos a medios propios. Se pueden explorar en la red interactiva (pestañas Duplicidades, Sin mandato y Proporción).

Tareas duplicadas

  • 19 tareas las hacen dos o más equipos. Personas implicadas (no es ahorro): 1.936 (de 2.374 plazas), con un coste de personal de 68,9 M€ al año.
  • En 15 la base cero confirma un duplicado y suprime sus plazas: unas 58 plazas (~618 personas, 2,6 M€ al año), lo mismo que las «eliminadas por fusión de duplicados» del escenario mínimo.
  • Las otras 4 se concentran en un equipo sin duplicado: tarea única, sin ahorro. Dentro de cada tarea, las funciones unidas solo por un texto parecido figuran «por verificar» y no ahorran nada.
  • Por eje: 5 entre equipos paralelos, 11 entre un superior y su dependiente (una capa que hace lo mismo), 3 mixtas y 0 dentro de un mismo órgano.
  • La delegación expresa del RD («ejerce las funciones de los párrafos… del artículo…») no cuenta como duplicidad: la tarea es una sola.
  • Otras 5 se parecen en el texto pero no está confirmado que sean la misma tarea (puede ser una cadena: uno coordina, otro hace); no se cuentan.

Estructura sin mandato

6 unidades u órganos tienen al menos la mitad de sus funciones sin mandato legal (solo las impone el RD de estructura):

Unidad% discrecionalPersonas / plazasCoste personal
Secretaría de Estado de Política Territorial75 %304 / 40711,6 M€
Secretaría General de Coordinación Territorial55 %289 / 38410,9 M€
S.G. de Relaciones Institucionales de la Administración General del Estado en el Territorio100 %7 / 100,3 M€
Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños de la DANA (2024)100 %3 / 80,2 M€
Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad100 %5 / 60,2 M€
Comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma100 %3 / 60,1 M€

Proporción: ¿diseñada para lo que hace?

  • Las unidades cuyas funciones son sobre todo de pensar tienen un 32 % de puestos de nivel 28-30; las que ejecutan, un 29 %; las de apoyo interno, un 12 %. La pirámide apenas cambia con el tipo de trabajo: las unidades se dimensionan con el mismo molde.
  • Señales: División Administradora del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (ejecuta con pirámide alta); S.G. de Regimen Juridico Local (ejecuta con pirámide alta); S.G. de Relaciones Institucionales de la Administración General del Estado en el Territorio (piensa sin mandato).

Lo que hace, lo que cuesta y lo que manda fuera

En conjunto, por cada euro de plantilla se adjudicaron 0,2 € fuera (46,4 M€ en contratos de obras y servicios y encargos a medios propios, frente a 306,6 M€ de plantilla). Contratos y encargos de un año (pueden cubrir varios); plantilla anual, la mayor entre RPT y capítulo 1 del PGE. Es un orden de magnitud.

ÓrganoPlantillaContratos (obras y servicios)Encargos€ fuera por € propio
Secretaría General de Coordinación Territorial0,6 M€5,8 M€15,1 M€36,4
Secretaría de Estado de Política Territorial (con sus dirección general (DG))11,6 M€7,2 M€18,3 M€2,2
Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática21,0 M€11,6 M€1,4 M€0,6
Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio5,6 M€1,4 M€0,1 M€0,3
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local3,1 M€0,0 M€0,4 M€0,1
Subdelegaciones del Gobierno (44), Direcciones Insulares (7) y Oficina del Campo de Gibraltar51,9 M€4,6 M€0,0 M€0,1
Secretaría de Estado de Memoria Democrática (con sus DG)2,1 M€0,0 M€0,3 M€0,1
  • 1 órganos mandan fuera más del triple de lo que cuesta su plantilla: dirigen y otro hace el trabajo; su plantilla debería ser de dirección y supervisión.
  • 0 tienen funciones de ejecutar y plantilla de base, pero pagan fuera la ejecución: posible doble pago, a revisar puesto a puesto.

Presupuesto: lo que impone la norma y lo que no

Partidas del tomo del PGE 2025-P (prórroga PGE 2023 adaptada; vigente 2026) contrastadas con la norma. Importe actual y en cada escenario; la cita es literal y está comprobada contra el texto guardado. «Tipo» separa el gasto ordinario (donde se aplica la regla) de los derechos, contratos vigentes, MRR, traslados de coste y operaciones financieras, que se mantienen y se informan aparte.

EscenarioGasto ordinarioAhorro (solo ordinario)Derechos (fuera de alcance)Contratos vigentesMRR temporalTraslados de costeOperaciones financierasGasto total (sin op. financieras)
hoy411,4 M€—29 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€411,4 M€
reglamentos351,3 M€−60,1 M€29 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€351,3 M€
leyes344,4 M€−67,0 M€29 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€344,4 M€
mínimo344,4 M€−67,0 M€29 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€344,4 M€
PartidaTipoHoyReglamentosLeyesMínimoObligaciónNorma y citaObjetivo · evaluación · destino
22.02.942A.753 A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensaciones por regularizaciones de ejercicios anterioresgasto ordinario30,0 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.02.942A.740 Actuaciones Planes Desarrollo Socioeconómico Ceuta y Melillagasto ordinario20,5 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.450 Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quien padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Plan exhumación víctimasgasto ordinario3,0 M€3,0 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Ley 20/2022, de Memoria Democrática (BOE-A-2022-17099), artículo 16.1: «Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad»sin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.02.942A.480 A la Federación Española de Municipios y Provinciasgasto ordinario2,6 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación
22.02.942A.760 A las Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares y Ayuntamientos de Ceuta y Melilla, como aportación a la financiación de las inversiones de EE.LL por Cooperación Económica Localgasto ordinario1,3 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.481 Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Subvención directa a la FEMPgasto ordinario1,0 M€1,0 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Ley 20/2022, de Memoria Democrática (BOE-A-2022-17099), artículo 16.1: «Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad»sin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.750 A la Comunidad Autónoma de Aragón para el Museo de la Memoria en Teruelgasto ordinario0,8 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.480 Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucrogasto ordinario0,6 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.752 Al Gobierno Vasco para las obras en la Iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga para su conversión en centro memorial a las víctimas del 3 de marzogasto ordinario0,6 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.452 Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, Subvenciones a Universidades de CC.AAgasto ordinario0,3 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.464 Subvención excepcional al Ayuntamiento de Huelva para actuaciones de exhumación de fosas comunes de la Guerra Civilgasto ordinario0,3 M€0,3 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Ley 20/2022, de Memoria Democrática (BOE-A-2022-17099), artículo 16.1: «Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad»sin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.466 Subvención excepcional a la Diputación de Ciudad Real para actuaciones de exhumación de fosas comunes de la Guerra Civilgasto ordinario0,3 M€0,3 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Ley 20/2022, de Memoria Democrática (BOE-A-2022-17099), artículo 16.1: «Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad»sin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.751 A la Comunidad Autónoma de La Rioja para el Centro de Memoria La Riojagasto ordinario0,2 M€0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.465 Subvención excepcional al Ayuntamiento de Jaen para actuaciones de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civilgasto ordinario0,1 M€0,1 M€0,0 M€0,0 M€obligatoria ley (B)Ley 20/2022, de Memoria Democrática (BOE-A-2022-17099), artículo 16.1: «Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad»sin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.442 Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, Subvenciones a Universidades Estatalesgasto ordinario50 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
22.03.925M.448 Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a otras entidadesgasto ordinario50 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación
22.02.922M.482 A la Fundación Manuel Giménez Abadgasto ordinario30 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación
22.02.942A.780 A la Asociación Cultural Veins de Camps, para nuevas instalaciones en el local social y culturalgasto ordinario30 mil €0,0 M€0,0 M€0,0 M€discrecional (D)ningunasin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación
22.02.921P.481 Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20")derechos29 mil €29 mil €29 mil €29 mil €obligatoria ley (A)Constitución Española (BOE-A-1978-31229), artículo 118: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales»sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas

Funcionamiento que sigue a la estructura (escenarios de la base cero): 22.01.921M.cap2 7,2 M€; 22.01.921M.cap6 7,5 M€; 22.02.921P.cap2 36,6 M€; 22.02.921P.cap6 16,0 M€; 22.02.942A.cap2 1,5 M€; 22.03.925M.cap2 3,5 M€; 22.03.925M.cap6 1,9 M€.

  • 57,1 M€ de gasto ordinario sin obligación legal (14 % del consolidado): sale en el escenario de reglamentos (salvo las transferencias a entidades que se mantienen y la conservación de carreteras y ferrocarril).
  • 61,7 M€ sin objetivo medible ni evaluación publicada; 2,7 M€ financian estructura y funcionamiento de entidades; 0,0 M€ tienen alguna evaluación o seguimiento publicado. Sin objetivo medible ni evaluación: 22.02.942A.753 30,0 M€; 22.02.942A.740 20,5 M€; 22.03.925M.450 3,0 M€; 22.02.942A.480 2,6 M€; 22.02.942A.760 1,3 M€; 22.03.925M.481 1,0 M€; 22.03.925M.750 0,8 M€; 22.03.925M.480 0,6 M€; 22.03.925M.752 0,6 M€; 22.03.925M.452 0,3 M€; 22.03.925M.464 0,3 M€; 22.03.925M.466 0,3 M€; 22.03.925M.751 0,2 M€; 22.03.925M.465 0,1 M€; 22.03.925M.442 50 mil €; 22.03.925M.448 50 mil €; 22.02.922M.482 30 mil €; 22.02.942A.780 30 mil €.
  • Metas: 0,0 M€ con meta de resultado, 0,0 M€ con metas de actividad o cobertura y 61,7 M€ sin meta medible.
  • «Objetivo medible» distingue metas de resultado (efecto sobre las personas) de metas de actividad o cobertura (proyectos, solicitudes, usuarias). «Evaluación» incluye el seguimiento propio del plan estratégico de subvenciones (Ley 38/2003, art. 8.1) y las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas.
  • Limitación: Las ayudas extraordinarias por la DANA (Real Decreto-ley 6/2024 y siguientes) y las del Real Decreto-ley 5/2026 no están en el presupuesto prorrogado: se aprueban como créditos extraordinarios fuera del tomo y no se juzgan aquí. Son decisiones de una norma con rango de ley (nivel B) para una catástrofe concreta.
  • Limitación: La cooperación económica local general (participación en tributos del Estado) está en la sección 36 (Hacienda), no en este ministerio.
  • Limitación: Memoria democrática (decisión de Extramuros): el presupuesto ya saca en el escenario de leyes todo el gasto que solo impone una ley; el funcionamiento de la Secretaría de Estado sigue a la estructura, que la base cero mantiene en el mínimo legal. La supresión va en la capa decisión de Extramuros de cada partida (el script no tiene aún esa capa: se anota en las entradas y en la pieza).