Ministerio de Trabajo y Economía Social: base cero
Trabajo en una ficha
Qué verás aquí. Qué hace este ministerio, cuánto personal y dinero tiene y qué parte exige la ley, con el método base cero (se parte de cero y cada puesto o gasto se queda solo si una norma lo exige).
Por qué importa. Muestra qué se podría quitar por decreto, qué necesita cambiar una ley y qué no se puede tocar, con la norma de cada cosa.
Lo que exige la ley hoy, por real decreto, cambiando leyes y mínimo legal · Propuesta Extramuros decisiones de Extramuros sobre ese mínimo
| Hoy | Mínimo legal | Propuesta Extramuros | |
|---|---|---|---|
| Plazas | 18.633 | 15.972 | 15.169 |
| Gasto ordinario | 7.080 M€ | 826 M€ | 826 M€ |
Plazas de la propuesta: el mínimo legal con equipos del tamaño de unidades parecidas (prudente). Gasto ordinario: estructura, programas y transferencias, gasto real de 2025; en la propuesta, con las decisiones de Extramuros sobre el mínimo legal (sin el ahorro de juntar ministerios, que se cuenta en la reagrupación). Además, 17.524 M€ de derechos de los ciudadanos (pensiones, desempleo…), que no se tocan.
Tres hallazgos principales
- El Ministerio de Trabajo no tiene demasiada gente, pero sí demasiados jefes.
- Lo que sobra está arriba: dos secretarías de Estado, un comisionado y cuatro direcciones generales.
- El paro y la Inspección de Trabajo no sobran.
¿Tiene retorno? Sus programas, con semáforo
8 programas y subvenciones de gasto ordinario: 3 reformar, 4 suprimir, 1 evaluar antes de decidir. La pregunta es si el dinero tiene un retorno demostrado (efecto neto, peso muerto, retorno fiscal, coste por resultado). Cómo se pone el color.
- Bonificaciones de cuotas por contratación y formaciónLa quita en la propuesta2.626 M€Reformar
Pequeño y que no dura: tras el periodo incentivado los beneficiarios se igualan al resto; no llega a las personas con baja cualificación ni a los mayores de 45 años. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 14-10-2020
- Políticas activas de empleo de las CCAALa quita en la propuesta1.653 M€Reformar
El diagnóstico individualizado mejora la probabilidad de encontrar empleo; el programa PREPARA (1.432 M€) no la mejora; el sistema de subvenciones para la formación es «cuestionable». Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 12-06-2019
- Formación profesional para el empleo (CCAA, FUNDAE y centros)La reduce a 23 M€ en la propuesta1.144 M€Suprimir
No evaluado: el informe revisa cuentas y legalidad. Tribunal de Cuentas, 26-05-2022
- Programas estatales del SEPE (reserva, Ceuta y Melilla, otros)La quita en la propuesta455 M€Reformar
El diagnóstico individualizado mejora la probabilidad de encontrar empleo; el programa PREPARA (1.432 M€) no la mejora; el sistema de subvenciones para la formación es «cuestionable». Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 12-06-2019
- Programa de Fomento de Empleo AgrarioLa quita en la propuesta285 M€Evaluar antes de decidir
Sin evaluación publicada de su retorno.
- Organizaciones sindicales y empresariales, mediación, CES y Patrimonio SindicalLa reduce a 6 M€ en la propuesta54 M€Suprimir
Sin evaluación publicada de su retorno.
- Prevención de riesgos laborales y otras ayudas laboralesLa quita en la propuesta52 M€Suprimir
Sin evaluación publicada de su retorno.
- Fomento del trabajo autónomo y la economía socialLa quita en la propuesta13 M€Suprimir
Sin evaluación publicada de su retorno.
1.304 contratos por 86 M€ adjudicados en doce meses. 2 indicadores en rojo y 2 en ámbar.
- Una sola oferta: 35,2 % de las licitaciones Alerta
- Sin publicidad: 14,3 % del importe Alerta
- Contratos menores: 7,1 % del importe A vigilar
- Posible fraccionamiento: 6,7 % del importe de los menores A vigilar
- Cinco mayores proveedores: 34,0 % del importe Bien
- Encargos a medios propios: 3,7 % de contratos más encargos Bien
Una señal no prueba una irregularidad: indica dónde mirar. Umbrales y comparación con los demás ministerios.
Contratos, subvenciones y convenios
- Contratos: 1.237 por 86,3 M€ (octubre de 2025 a septiembre de 2026). Para qué, los tres mayores: servicios informáticos (40,4 M€); servicios a empresas: consultoría, legal, publicidad (20,8 M€); reparación y mantenimiento (5,4 M€). Plataforma de Contratación del Sector Público: licitaciones y contratos menores adjudicados.
- Subvenciones: 6.797 concesiones por 781,8 M€ (2025 (fecha de concesión)). Las tres convocatorias mayores: CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE AMBITO ESTATAL 2024 (225,8 M€); Orden de 5 de diciembre de 2023, del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que se convocan las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible, en el marco del PRTR. (50,7 M€); Concesión directa Subvencion contratacion personas desempleadas municipios afectados por la DANA (35,8 M€). BDNS: subvenciones concedidas (importe concedido).
- Convenios: 26, con 18 mil € de aportación del ministerio cuando consta (21-10-2025 a 28-09-2026). BOE: convenios publicados (aportación económica del ministerio cuando el texto la da).
Importes adjudicados (contratos), concedidos (subvenciones) o comprometidos (convenios), a menudo para varios años: no son el gasto de un año del presupuesto y no se suman a sus totales. Sin nombres de personas físicas. Ver en la red: el detalle por órgano y organismo.
Descargar tarjeta: ficha del ministerio
El análisis completo sigue abajo, por apartados: ábrelos para ver el detalle.
Este informe aplica al Ministerio de Trabajo el método común de Extramuros: se parte de cero y cada plaza o gasto se queda solo si una norma lo exige.
- Fuentes: el Real Decreto 502/2024, que fija la estructura del Ministerio; la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración General del Estado (AGE), del Portal de Transparencia; los Presupuestos Generales del Estado de 2025 prorrogados (PGE 2025-P, sección 19); el Boletín Oficial del Estado (BOE), para leyes y reales decretos; y EUR-Lex, para el derecho de la Unión Europea (UE).
- Las plazas son los puestos de la RPT. Las personas son las plazas ocupadas.
- Las cifras por función son estimaciones.
Tesis y respuesta
- El Ministerio de Trabajo no tiene demasiada gente, pero sí demasiados jefes.
- Lo que sobra está arriba: dos secretarías de Estado, un comisionado y cuatro direcciones generales. En 2018 bastaban una secretaría de Estado y dos direcciones generales (Real Decreto 903/2018).
- El paro y la Inspección de Trabajo no sobran. El Ministerio tiene 18.633 plazas. Seis de cada diez (10.985, el 59 %) pagan el paro, un derecho de la Constitución (art. 41) que mueve 20.901 M€ al año. Una de cada cuatro (el 25 %) es la Inspección de Trabajo.
- Escenario de reglamentos, lo que el Gobierno puede hacer por real decreto: quedan 18.607 plazas, 26 menos (el 0,1 %). Se eliminan 19 (0,8 M€), 6 de ellas por tareas duplicadas. Otras 7 se traspasan. Los órganos directivos bajan de 9 a 5 y las subdirecciones, de 18 a 13.
- Escenario de leyes y mínimo legal: quedan 15.972 plazas. Se eliminan 65 (2,6 M€) y se traspasan 2.596 (92,6 M€). Casi todas las traspasadas son de la Inspección, que pasaría a las comunidades autónomas (estimación máxima). Esas plazas siguen costando a las comunidades autónomas.
- Cinco órganos no tienen mandato legal y son candidatos a eliminar. La Dirección General de Nuevas Formas de Empleo, creada en 2023, no tiene ninguna función que exija una norma: sus 8 funciones son discrecionales. Tampoco el Comisionado especial para la Economía Social (7 de 7), ligado a un proyecto estratégico (PERTE) del Plan de Recuperación. Ni la Secretaría de Estado de Economía Social, creada en 2023, en su única función. La Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas tiene 13 funciones discrecionales de 18. La de Trabajo Autónomo, 4 de 8.
- La economía social no necesita un órgano propio. La Ley 5/2011 llama al fomento de la economía social «tarea de interés general» de los poderes públicos (art. 8.1). Esa ley da la presidencia de su Consejo a la «Secretaría de Estado de Empleo» (art. 13.4, redacción de la Ley 31/2015; la Ley 1/2026 no lo cambió). Hoy la ejerce la Secretaría de Estado de Economía Social. Como una ley la nombra, su supresión se deja, por prudencia, para el escenario de leyes.
Escenarios
Por real decreto el Ministerio apenas cambia de tamaño; con cambios de ley, casi todo lo que sale es la Inspección que pasa a las comunidades autónomas.
- Las cifras salen de la decisión tomada sobre cada función.
- Traspasar no es ahorrar: las plazas traspasadas siguen costando a otra administración.
| Escenario | Órganos directivos | Altos cargos | Subdirecciones | Plazas | Coste de personal | Eliminadas | De ellas, duplicados | Traspasadas | Funciones (mantener / fusionar / traspasar / eliminar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 9 | 10 | 18 | 18.633 | 519,1 M€ | 0 (0,0 M€) | 0 | 0 (0,0 M€) | 200 / 0 / 0 / 0 |
| Reglamentos | 5 | 6 | 13 | 18.607 | 518,1 M€ | 19 (0,8 M€) | 6 | 7 (0,3 M€) | 141 / 33 / 1 / 25 |
| Leyes | 3 | 4 | 13 | 15.972 | 423,8 M€ | 65 (2,6 M€) | 52 | 2.596 (92,6 M€) | 135 / 35 / 4 / 26 |
| Mínimo | 3 | 4 | 13 | 15.972 | 423,8 M€ | 65 (2,6 M€) | 52 | 2.596 (92,6 M€) | 135 / 35 / 4 / 26 |
| Pre-2020 (aparte) | 9 | 10 | 18 | 18.616 | 518,4 M€ | 17 (0,7 M€) | 5 | 0 (0,0 M€) | 177 / 8 / 0 / 15 |
Repaso final. Extramuros aplicó una regla estricta de reparto: cuando se suprime una función de una unidad que sigue, sus plazas pasan a las funciones que siguen en esa unidad. Así se movieron 64 plazas que antes contaban como ahorro: 63 en reglamentos y 1 en leyes. Las unidades afectadas son:
- la Subdirección General de Programación y Evaluación del Fondo Social Europeo (FSE);
- la Subdirección General de Estadística;
- la Subdirección General de Relaciones Laborales;
- la Subdirección General de la Economía Social;
- la Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones;
- las Consejerías en el exterior;
- el apoyo de las direcciones generales.
Con esa regla:
- En reglamentos se pasa de 18.544 a 18.607 plazas (19 eliminadas).
- En leyes y en el mínimo se pasa de 15.908 a 15.972 (65 eliminadas).
- La inspección de servicios del Ministerio pasa a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública. Hoy Función Pública está en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; en la Propuesta Extramuros, en el de Hacienda y Economía.
- Ninguna función tiene como única base legal una ley de presupuestos.
- La RPT no tiene «bolsín de vacantes» (puestos sin unidad de trabajo).
- En la reagrupación de ministerios, Migraciones sale del bloque de Trabajo y Seguridad Social y va a Interior.
Actual. Hoy el Ministerio tiene 9 órganos directivos y casi todo su personal está en el paro y la Inspección.
- Órganos (Real Decreto 502/2024): dos secretarías de Estado, el Comisionado especial con rango de subsecretaría, la Subsecretaría, la Secretaría General Técnica y cuatro direcciones generales.
- 18 subdirecciones o unidades con ese nivel, sin contar los gabinetes, y 24 Consejerías en el exterior.
- Cuatro organismos autónomos: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Inspección de Trabajo, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
- Tres fundaciones: la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), la del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Además, el Consejo Económico y Social (CES), que es independiente.
- 18.700 puestos en la RPT: 17.094 de funcionario y 1.606 laborales. Hay 4.906 vacantes, el 26,2 %.
- 18.633 de esos puestos están asignados a las 200 funciones. Cuestan 519,1 M€ (funcionarios, sin trienios ni cotizaciones).
- El 58 % de los puestos son de la red periférica del SEPE (10.857) y el 25 %, de la Inspección (4.646).
- Presupuesto de la sección 19: 28.791 M€ (PGE 2025-P). La estructura son 850 M€ y las transferencias, 27.941 M€. De ellas, 20.901 M€ son prestaciones por desempleo.
Reglamentos. Todo esto lo puede hacer el Gobierno por real decreto.
- Se suprimen cuatro estructuras creadas desde 2020 sin mandato: el Comisionado especial, su Oficina Técnica, la Delegación Especial del Plan de Recuperación y la Dirección General de Nuevas Formas de Empleo.
- La Dirección General de Trabajo Autónomo y la de la Economía Social se integran en la Dirección General de Trabajo, en una sola subdirección.
- La Secretaría de Estado de Economía Social sigue, sin órganos directivos, hasta el escenario de leyes, porque la Ley 5/2011 le atribuye una presidencia.
- La Subdirección General de Programación del FSE se une a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE).
- El análisis del mercado de trabajo pasa a un solo responsable, el SEPE (Ley 3/2023, art. 22.i).
- La representación internacional, las consultas jurídicas y la normativa tienen un solo responsable cada una.
- La inspección de servicios pasa a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública.
- Se eliminan las funciones sin mandato: foros, responsabilidad social de las empresas (RSE), la Red RETOS, estudios propios y programas de subvenciones sin ley.
Órganos que quedan:
- Secretaría de Estado de Trabajo: la nombran varias leyes, así que sigue hasta el escenario de leyes.
- Secretaría de Estado de Economía Social: sigue hasta el escenario de leyes, sin órganos directivos (Ley 5/2011, art. 13.4).
- Subsecretaría.
- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social: es la actual Dirección General de Trabajo, que absorbe la de Trabajo Autónomo, la de la Economía Social y de la RSE y lo útil de la de Nuevas Formas de Empleo.
De lo que cambia, 23 funciones son posteriores a 2019: 8 se fusionan y 15 se eliminan. Se eliminan 17 plazas. Responsabilidad difusa: hoy hay 114 funciones en las que no está claro qué órgano responde; después quedan 37.
Leyes. Además, se cambian normas con rango de ley.
- Se suprime la Secretaría de Estado de Trabajo. La nombran las Leyes 3/2023, 30/2015 y 18/2014, por eso va a este escenario.
- Se suprime la Secretaría de Estado de Economía Social, que nombra la Ley 5/2011 (art. 13.4).
- Lo que esas leyes atribuyen en persona a los secretarios de Estado pasa a la dirección general y a la Subsecretaría.
- El FOGASA y FUNDAE se integran en el SEPE. El INSST se integra en la Inspección.
- Se suprime la Fundación Estatal PRL.
- Se suprime el supuesto 2.º de la reserva de gestión directa del SEPE. No cambia las cifras: el resto es competencia del Estado y sigue.
- La función inspectora se homogeneiza: las comunidades autónomas sin traspaso la reciben, con la mediación y el arbitraje, como ya la tienen Cataluña y el País Vasco. Es una estimación máxima de 2.589 plazas periféricas; 428 se identifican por cuerpo. Traspasar no es ahorrar: esas plazas siguen costando a las comunidades autónomas.
Órganos que quedan:
- Subsecretaría, con la UAFSE y la Subdirección General de Estadística.
- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social.
De lo que cambia, 24 funciones son posteriores a 2019: 16 se eliminan y 8 se fusionan. Se eliminan 17 plazas. Responsabilidad difusa: 114 funciones hoy; 33 después.
Mínimo. Es igual que el escenario de leyes: no hace falta cambiar ninguna ley más.
- La única función crítica es la gestión de las prestaciones por desempleo (art. 41 de la Constitución; 20.901 M€). Se mantiene en el SEPE.
- Es el mínimo legal estricto: lo que queda lo impone la UE, un tratado, la Constitución o una ley española que ejerce una competencia del Estado.
Órganos que quedan:
- Subsecretaría, con la UAFSE y la Subdirección General de Estadística.
- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social.
De lo que cambia, 24 funciones son posteriores a 2019: 16 se eliminan y 8 se fusionan. Se eliminan 17 plazas. Responsabilidad difusa: 114 funciones hoy; 33 después.
Pre-2020 (aparte). Este escenario va aparte: solo deshace lo creado desde 2020 sin precedente, sin obligación nueva y sin servicio directo.
- Se deshacen: la Dirección General de Nuevas Formas de Empleo; el Comisionado especial y la Delegación Especial del Plan de Recuperación; la RSE y la Red RETOS; y el Gobierno Abierto.
- Antes de 2020, todo el trabajo, el empleo, el trabajo autónomo y la economía social cabían en una Secretaría de Estado de Empleo con dos direcciones generales: la de Trabajo y la del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE (Real Decreto 903/2018).
- Hoy son dos secretarías de Estado, un comisionado y cuatro direcciones generales.
- Se mantienen tres funciones nuevas con base legal: la evaluación de la política de empleo y la coordinación de los centros de orientación (Ley 3/2023); la unidad de inclusión del personal con discapacidad (Real Decreto-ley 6/2023); y los reintegros de las subvenciones de la Fundación Estatal PRL (Ley 31/1995, disposición adicional 5.ª, redacción del Real Decreto-ley 16/2022).
Órganos: los mismos que hoy. Este escenario deshace funciones, no órganos.
De lo que cambia, 23 funciones son posteriores a 2019: 8 se fusionan y 15 se eliminan. Se eliminan 17 plazas. Responsabilidad difusa: 114 funciones hoy; 65 después.
Capas de ahorro: del mínimo legal al mínimo bien dimensionado y con automatización
La base cero dice qué funciones sobran. Esta segunda capa mira cuánta gente necesita lo que se queda: compara el tamaño de cada equipo con el de unidades del mismo tipo de trabajo en los 22 ministerios, con un indicador de carga. No cambia el mínimo legal: se presenta aparte, con dos objetivos (prudente, la mediana de los comparables; ambicioso, el cuartil más eficiente) y un suelo (ninguna unidad baja de jefe y dos personas ni de la mitad de su tamaño).
- Hoy18.633punto de partida519,1 M€ al año de coste de personal
- Mínimo legal15.972−2.661 plazas (−14,3 %) sobre hoyahorro 2,6 M€ al año; 92,6 M€ traspasados, que no son ahorro
- Mínimo legal bien dimensionado15.169prudente14.331ambicioso−803 / −1.641 plazas (−5,0 % / −10,3 %) sobre el paso anteriorahorro adicional 21,4 M€ / 43,1 M€ al año
- Con automatización12.417prudente + baja9.334ambicioso + alta−2.752 / −4.997 plazas (−18,1 % / −34,9 %) sobre el paso anteriorEscenario aparte: tramitación reglada automatizable, en rango. Combinaciones cruzadas: prudente + alta, 9.578; ambicioso + baja, 11.720
Aparte, el gabinete del ministro (fuera del mínimo, porque cuelga del titular): 24 plazas de exceso con el objetivo prudente y 33 con el ambicioso, sobre la RPT de hoy. No se restan arriba.
Grupos comparables e indicadores
Cada equipo se compara solo con equipos del mismo tipo de trabajo, nunca con el ministerio entero. Los ministerios que ejecutan (5.000 plazas o más en el mínimo) se comparan aparte en las líneas del centro común.
| Grupo e indicador de carga | Plazas | Este ministerio | Objetivo prudente / ambicioso | Comparables | Ahorro prudente / ambicioso |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro común: Dirección de los servicios comunes y organización (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio) | 331 | 20,73 | 20,73 / 12,99 | 7 | 0 / 124 |
| Normativa y Secretaría General Técnicaplazas por cada 100 textos al año (sección I del BOE sin disposiciones mecánicas + 1 × convenios) | 147 | 565,18 | 125,67 / 76,12 | 21 | 74 / 74 |
| Centro común: Oficialía mayor, inmuebles, mantenimiento, seguridad y registro (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio) | 137 | 8,60 | 7,36 / 2,87 | 8 | 20 / 69 |
| Centro común: Gestión económica, presupuestaria y contratación interna (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio) | 124 | 7,75 | 8,76 / 4,75 | 8 | 0 / 48 |
| Gabinete del ministro (fuera del mínimo)plazas por gabinete | 66 | 66,0 por unidad (1 unidad) | 41,50 / 29,25 | 22 | 24 / 33 |
| Centro común: Tecnologías de la información (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio) | 65 | 4,04 | 4,04 / 1,45 | 7 | 0 / 32 |
| Centro común: Publicaciones, documentación, biblioteca y archivo (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio) | 41 | 2,58 | 1,22 / 0,83 | 8 | 21 / 21 |
| Otros gabinetes (técnico de la Subsecretaría, de secretarías generales…)plazas por gabinete | 30 | 7,5 por unidad (4 unidades) | 6,61 / 3,70 | 83 | 10 / 10 |
| Gabinete de secretario de Estadoplazas por gabinete | 19 | 9,7 por unidad (2 unidades) | 4,18 / 2,94 | 32 | 8 / 8 |
| Centro común: Información administrativa y atención (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio) | 23 | 1,43 | 1,65 / 1,01 | 6 | 0 / 7 |
| Oficina directiva de organismoplazas por oficina directiva | 13 | 13,0 por unidad (1 unidad) | 5,00 / 2,05 | 37 | 6 / 6 |
| Oficina directiva de dirección generalplazas por oficina directiva | 22 | 5,4 por unidad (4 unidades) | 8,08 / 5,00 | 140 | 1 / 5 |
| Centro común: Protección de datos y transparencia (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio) | 7 | 0,44 | 0,57 / 0,41 | 7 | 0 / 1 |
| Centro común: Personal, RRHH y nómina (ejecutores)plazas por cada 1.000 plazas atendidas (mínimo del ministerio) | 71 | 4,47 | 9,89 / 4,75 | 8 | 0 / 0 |
| Gestión de expedientes de ayudas (con volumen en la BDNS)plazas (+ ETC externalizados) por cada 1.000 concesiones al año (BDNS) | 32 | 8,32 | 46,02 / 10,16 | 7 | 0 / 0 |
Sin objetivo, por falta de un indicador de carga comparable: gestión de expedientes sin volumen medido (8 unidades); inspección y control (7 unidades); estrategia y análisis (3 unidades); relaciones (33 unidades); obras y trabajo técnico (7 unidades). Que no tengan objetivo no quiere decir que estén bien dimensionadas: falta el dato de volumen.
Grandes organismos de ejecución: volumen por provincia
Cada red periférica se compara consigo misma: puestos de la RPT por cada 1.000 de volumen público (pensiones, afiliados, prestaciones, trámites u órdenes de servicio) en cada provincia o comunidad, en tres bandas de tamaño para no castigar a las pequeñas. Prudente, la mediana de la banda; ambicioso, el cuartil más eficiente. El ahorro se pasa al mínimo con la proporción mínimo / RPT de sus unidades.
| Organismo y volumen | Puestos RPT | Puestos por 1.000, España | Objetivo por banda (prud. / amb.) | Ahorro en el mínimo (prud. / amb.) |
|---|---|---|---|---|
| SEPE: direcciones provinciales y oficinas de prestacionesVolumen: beneficiarios de prestaciones por desempleo en la provincia (media de 2025). Fuente: SEPE, media de 2025 | 10.857 | 6 | peq. 10,61 / 9,02 med. 6,50 / 6,24 gr. 5,47 / 5,01 | 555 / 1.070 |
| Inspección de Trabajo y Seguridad Social: red territorialVolumen: órdenes de servicio finalizadas en 2024 por comunidad autónoma. Fuente: OEITSS, 2024 · OEITSS, 2024 | 4.243 | 8 | peq. 9,62 / 9,38 med. 8,16 / 7,31 gr. 7,44 / 7,10 | 93 / 152 |
Qué mide cada volumen (2)
- SEPE. El SEPE gestiona en todas las provincias las prestaciones (contributiva, subsidio, renta agraria, subsidio agrario y RAI); las políticas activas son de las comunidades autónomas.
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Comparación por comunidad autónoma (la estadística pública no baja a provincia). Cataluña y el País Vasco quedan fuera de la comparación: tienen inspección autonómica para las relaciones laborales y la plantilla estatal allí solo hace una parte. Es trabajo de juicio: una orden de servicio compleja cuenta como una sencilla.
Con automatización (escenario aparte)
Tercer paso, sobre el mínimo bien dimensionado: la parte automatizable de cada flujo de trabajo, en rango. En Trabajo, prudente + automatización baja deja 12.417 plazas (−2.752) y ambicioso + automatización alta, 9.334 (−4.997). Las combinaciones cruzadas van aparte: prudente + alta, 9.578; ambicioso + baja, 11.720.
| Clase de flujo de trabajo | Parte automatizable (baja / alta) | Fuente |
|---|---|---|
| Tramitación reglada de alto volumenprestaciones con reglas fijas, afiliación y altas, matriculaciones, permisos y renovaciones, pagos, registro, grabación y cotejo de documentos | 24 % / 53 % | OIT (2023) · Alan Turing Institute (2024) · Ingreso mínimo vital de oficio (2020) · Austria, prestación por hijo sin solicitud (2015) |
| Apoyo interno transaccionalnómina y gestión de personal, contabilidad, gestión económica y contratación administrativa | 24 % / 53 % | OIT (2023) |
| Trabajo mixtoinformación y atención, ayudas y subvenciones, documentación y archivo, oficialía y servicios generales, tramitación de expedientes de volumen medio o bajo | 2,2 % / 27,9 % | Deloitte (2017) |
| Trabajo de juicio o presencialinspección y control, normativa, estrategia, relaciones, dirección, gabinetes, obras y trabajo técnico, informática, personal operativo de seguridad, custodia en prisiones, museos y centros de atención | 1 % / 4 % | OIT (2023) |
Con automatización es un escenario aparte, no una previsión: la parte de cada flujo de trabajo que se puede automatizar, en rango (baja sobre el bien dimensionado prudente; alta sobre el ambicioso). Inversión en sistemas (orden de magnitud con fuentes): automatización baja, 1,03 mil M€ a 2,06 mil M€ de inversión única y 103,1 M€ a 412,4 M€ al año de coste recurrente; alta, 2,15 mil M€ a 4,30 mil M€ y 214,8 M€ a 859,2 M€ al año. Con el suelo de coste de la RPT se recupera hacia el año 9 (baja) y hacia el año 9 (alta) en el caso optimista, y no en 20 años en el pesimista. Anclas: proporción inversión / ahorro medida por la NAO británica en servicios compartidos (HC 16, 2016; el doble en el caso pesimista, supuesto) y el Plan de Digitalización de las AAPP 2021-2025 (3.165 M€, sin efecto medido en plantillas); coste recurrente del 10 % al 20 % de la inversión (supuesto). Plazo: el ahorro llega en años, con vacantes y jubilaciones, no con despidos; las cifras son un techo a 10 años, no un ahorro del primer ejercicio. Límites legales: la actuación automatizada solo sirve para actos reglados, con un órgano responsable y auditoría del sistema (Ley 40/2015, art. 41); una decisión solo automatizada con efectos sobre personas necesita una base legal con garantías (RGPD, art. 22); y la IA que evalúa el derecho a prestaciones es de alto riesgo, con supervisión humana obligatoria (Reglamento europeo de IA, 2024/1689).
Fuentes de los rangos: OIT (2023) · Deloitte (2017) · Alan Turing Institute (2024) · Ingreso mínimo vital de oficio (2020) · Austria, prestación por hijo sin solicitud (2015).
Ritmo: vacantes y jubilaciones
El ajuste se hace sin despidos: primero se amortizan vacantes de la RPT de cada unidad y el resto se deja de reponer al jubilarse. Prudente: 737 plazas con vacantes que ya existen y 65 con jubilaciones (unos 0,1 años). Ambicioso: 1.483 con vacantes y 157 con jubilaciones (unos 0,3 años).
Edad: no hay datos por ministerio; se usa la pirámide de toda la AGE (Registro Central de Personal, enero de 2025: el 22,75 % tiene 60 años o más). Algunas vacantes pueden estar cubiertas de forma provisional.
Proporción de mando
Plazas de gabinetes, oficinas directivas y funciones de dirección, estrategia y relaciones por cada plaza que ejecuta o atiende. Es un indicador, sin objetivo propio: señala dónde pesa la capa de «mandar» sin castigar a quien ejecuta.
- 485plazas de mando
- 14.263plazas de ejecución
- 0,03de mando por cada plaza de ejecución (percentil 75 de los 22: 0,76)
- Nopor encima del percentil 75
Unidades con más exceso
| Unidad | Órgano | Plazas en el mínimo | Ahorro prudente / ambicioso |
|---|---|---|---|
| Red periférica del SEPE: 52 direcciones provinciales y oficinas de prestaciones | Servicio Público de Empleo Estatal, O.A. (SEPE) | 10.857 | 555 / 1.070 |
| Red territorial de la Inspección: direcciones territoriales e inspecciones provinciales | Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, O.A. (OEITSS) | 1.878 | 93 / 152 |
| OFICIALIA MAYOR | Subsecretaría de Trabajo y Economía Social | 206 | 20 / 76 |
| SECRETARIA GENERAL | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P. (INSST) | 123 | 0 / 46 |
| SECRETARIA GENERAL | Fondo de Garantía Salarial, O.A. (FOGASA) | 120 | 0 / 45 |
| S.G. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | Subsecretaría de Trabajo y Economía Social | 194 | 5 / 37 |
Límites
Es una comparación interna: una unidad mayor que otras del mismo tipo no prueba que le sobre personal. Puede tener más carga de la que miden los indicadores, más complejidad o competencias que las otras no tienen.
Todos los límites (14)
- Datos bloqueados (decisión de Extramuros, 28-10-2026: se quedan como limitación): internos por centro penitenciario (Interior), autorizaciones de extranjería por provincia (Inclusión y Delegaciones del Gobierno), memoria de volúmenes de la Agencia Tributaria (AEAT), y datos de gestión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Sus webs no responden a la descarga automática, así que esos organismos no tienen objetivo por volumen: prisiones solo con indicador nacional (SPACE I), extranjería y AEAT fuera del mínimo de esta capa, e IMSERSO y FEGA sin indicador de carga. Su exceso, si lo hay, no se mide.
- Solo hay objetivo donde hay indicador de carga comparable y al menos 5 comparables: gabinetes, capa directiva, líneas del centro común, normativa, gestión de ayudas y las redes periféricas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el SEPE, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Inspección de Trabajo (volumen público por provincia o comunidad). Prisiones, Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Catastro y los tribunales económico-administrativos solo tienen un indicador nacional; la AEAT y las oficinas de extranjería están fuera del mínimo de esta capa; el resto de la gestión, la inspección y el trabajo de pensar no tienen objetivo.
- Organismos de ejecución: el volumen es un indicador único por organismo (pensiones en vigor, afiliados, beneficiarios, trámites, órdenes de servicio) y no recoge toda la carga (incapacidad temporal (IT), ingreso mínimo vital (IMV), recaudación ejecutiva, sanciones…). Las provincias se comparan en bandas de tamaño; aun así, una provincia con más dispersión o más casos complejos puede necesitar más plantilla. El volumen es de 2024-2026 y los puestos son los de la RPT vigente (incluidas vacantes).
- El reparto de plazas por función es el de Criterio de Extramuros (a partes iguales entre funciones); el de las unidades sin funciones se reparte entre todas las funciones del órgano. El tipo de una unidad es el de sus funciones dominantes.
- Las funciones que la base cero fusiona sin duplicado siguen en su unidad de origen; las traspasadas (a otro ministerio, a las comunidades autónomas (CCAA) o al centro) no están en el mínimo de su ministerio y aquí no se dimensionan.
- La RPT fuera del modelo de funciones (organismos sin funciones en la base cero, como las confederaciones del MITECO, o la periferia de Defensa e Interior que no reparte) no se dimensiona: se muestra aparte.
- Normativa: las disposiciones mecánicas (precios del tabaco, de los gases licuados y de las monedas; correcciones de errores) no cuentan y un convenio pesa 0,5 (supuesto del proyecto); aun así, un real decreto y una orden menor cuentan igual; las disposiciones conjuntas cuentan en el departamento que las publica; no hay datos públicos de informes por ministerio.
- Automatización: es un escenario, no una previsión. Los rangos son de exposición de tareas (OIT) o de horas liberables (Deloitte) y la mitad de la exposición media es un supuesto del proyecto. Exige inversión no estimada, rediseño de los procedimientos y, en parte, cambios de ley; el efecto llega en años y con jubilaciones. Amortizar una vacante ahorra crédito presupuestado, no nómina pagada.
- Gestión de ayudas: concesiones al año de la BDNS (media de los años con concesiones); una concesión de una convocatoria masiva cuesta menos que una nominativa. La carga externalizada usa un coste supuesto de 50.000 € por ETC.
- Red periférica: sus unidades (también las que tienen funciones) se tratan con el tipo de ejecución de su órgano y no entran en las líneas del centro, porque su reparto entre las funciones es mecánico. Ejemplo: en la función Dirección General de Presupuestos de Interior («distribuir los medios personales y materiales») lleva 2.712 plazas de la periferia de la Policía a la línea de personal; aquí no cuentan como servicio interno.
- Unidades especializadas del centro (sistemas tributarios, de la Seguridad Social, presupuestarios, estadística departamental…): no hay comparables homogéneos; llevan la palanca fija del 5 %.
- Coste: suelo (sueldo, complemento de destino y específico de la RPT, sin cotizaciones ni trienios); el personal laboral no se valora.
- Ritmo: no hay edad por ministerio ni por unidad; se usa la pirámide de toda la AGE (RCP, enero de 2025). Las vacantes son las de la RPT de hoy en cada unidad (algunas pueden estar cubiertas de forma provisional).
Fuente: datos del proyecto (ver Método). Coste: suelo de la RPT, sin trienios, productividad ni cotizaciones.
Presupuesto: gasto ordinario y piezas
La regla base cero («el mínimo que exige la norma») se aplica solo al gasto ordinario: estructura, programas, subvenciones y transferencias. Aquí pasa de 7.079,7 M€ hoy a 6.494,1 M€ con lo que el Gobierno puede hacer por real decreto y a 825,6 M€ en el mínimo legal (−6.254,1 M€). Los derechos de los ciudadanos, los contratos vigentes, los fondos europeos temporales (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)), los traslados de coste y las operaciones financieras van en líneas aparte: se mantienen y no son ahorro.
| Línea | Hoy | Por real decreto | Cambiando leyes · mínimo legal |
|---|---|---|---|
| Lo que decide el Gobierno (gasto ordinario) | 7.079,7 M€ | 6.494,1 M€ | 825,6 M€ |
| Estructura (personal y funcionamiento) | 814,2 M€ | 812,9 M€ | 800,1 M€ |
| Programas, subvenciones y transferencias | 6.265,5 M€ | 5.681,2 M€ | 25,4 M€ |
| Derechos de los ciudadanos Iguales en todos los escenarios: no se recortan. | 17.524,5 M€ | 17.524,5 M€ | 17.524,5 M€ |
| Desempleo: nivel contributivo60,5 % · 864.169 beneficiarios (media de 2025) · 33,62 €/día bruto (2025) de media · gasto real 2025 (año completo); crédito 2025-P: 13.012 M€Constitución Española (CE) art. 41 · Ley General de la Seguridad Social (LGSS) art. 263.1 | 10.610,6 M€ | 10.610,6 M€ | 10.610,6 M€ |
| Desempleo: nivel asistencial (subsidios y RAI)34,9 % · 943.232 beneficiarios (media de 2025) · gasto real 2025-P (crédito, sin las cotizaciones); crédito 2025-P: 7.896 M€CE art. 41 · LGSS art. 263.3 | 6.113,9 M€ | 6.113,9 M€ | 6.113,9 M€ |
| Garantía salarial (FOGASA)4,6 %Estatuto de los Trabajadores art. 33.1 | 800,0 M€ | 800,0 M€ | 800,0 M€ |
| Gasto total | 24.604,2 M€ | 24.018,6 M€ | 18.350,1 M€ |
| Ahorro frente a hoy | — | −585,6 M€2 % del gasto total | −6.254,1 M€25 % del gasto total |
| en gasto ordinario | — | −585,6 M€8 % del gasto ordinario | −6.254,1 M€88 % del gasto ordinario |
Bloqueados: se mantienen en todos los escenarios. Cambiarlos es política de protección social, fuera de este trabajo. El porcentaje es sobre la línea de derechos. «Cuantía de referencia»: la que fija la norma, no la media pagada. Importes: gasto real anual actual donde hay fuente oficial (pensiones, incapacidad temporal, nacimiento, familia, IMV, pensiones no contributivas, dependencia y Clases Pasivas; desempleo contributivo, estimado con la estadística del SEPE); el resto, crédito de los PGE 2025-P, que es el de 2023 prorrogado. No se cuentan las cotizaciones que el SEPE y el IMSERSO pagan a la Seguridad Social por los parados y los cuidadores: es dinero que pasa de un organismo público a otro y la Seguridad Social ya cuenta las pensiones que paga con él; nadie cobra menos. Fuentes de beneficiarios e importes: INSS, nómina de pensiones (septiembre de 2026), ejecución de la Seguridad Social (septiembre de 2026), ejecución del Estado, IGAE (agosto de 2026), SEPE (media de 2025), Informe de Rentas Mínimas 2025, Ministerio de Educación, Datos y cifras (curso 2024-25), Memoria de MUFACE 2024.
Piezas de gasto ordinario (9)
Cada pieza agrupa partidas de una misma política. «Quién lo exige»: qué exige la parte que queda en el mínimo (Constitución o UE, una ley, un reglamento o ninguna norma). «Para quitarla»: qué haría falta. «Renovación anual»: medida que se prorroga cada año por real decreto-ley; es la más fácil de quitar, basta no renovarla.
| Pieza | Hoy | Mínimo legal | Quién lo exige | Para quitarla | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonificaciones de cuotas por contratación y formaciónIncentivos a la contratación · Real Decreto-ley 1/2023, incentivos a la contratación laboral (BOE-A-2023-625), art. 10.1 · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 2.669,2 M€ | 0,0 M€ | Lo exige una ley | ley | |
| Políticas activas de empleo de las CCAAPolíticas activas de empleo · Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), art. 62.1 · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 1.716,7 M€ | 0,0 M€ | Lo exige una ley | ley | |
| Formación profesional para el empleo (CCAA, FUNDAE y centros)Formación para el empleo · Ley 30/2015, Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE-A-2015-9734), art. 6.1 · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 1.073,2 M€ | 21,8 M€ | Lo exige una ley | ley | |
| Estructura del Ministerio y sus organismos (personal y funcionamiento)Personal, gasto corriente e inversión de los servicios y organismos. · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 802,1 M€ | 798,0 M€ | Estructura | sigue a la estructura | |
| Programas estatales del SEPE (reserva, Ceuta y Melilla, otros)Políticas activas de empleo · Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), exposición de motivos (régimen de los fondos, art. 62) · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 430,3 M€ | 0,0 M€ | Lo exige una ley | ley | |
| Programa de Fomento de Empleo AgrarioPolíticas activas de empleo · Real Decreto 939/1997, programa de fomento de empleo agrario (BOE-A-1997-13739), art. 2.1 · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 296,1 M€ | 0,0 M€ | Lo exige un reglamento | real decreto | |
| Organizaciones sindicales y empresariales, mediación, CES y Patrimonio SindicalRelaciones laborales y diálogo social · Ley 4/1986, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado (BOE-A-1986-905), art. 1 · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 53,2 M€ | 5,8 M€ | No lo exige ninguna norma | real decreto | |
| Prevención de riesgos laborales y otras ayudas laboralesSeguridad y salud en el trabajo · Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), disposición adicional quinta · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 25,5 M€ | 0,0 M€ | No lo exige ninguna norma | real decreto | |
| Fomento del trabajo autónomo y la economía socialEconomía social y trabajo autónomo · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 13,3 M€ | 0,0 M€ | No lo exige ninguna norma | real decreto |
Piezas fuera de la regla (2: 17.524,5 M€ de gasto, más operaciones financieras)
Derechos, contratos vigentes (hasta su vencimiento), MRR, traslados de coste y operaciones financieras: iguales en todos los escenarios; no se cuentan como ahorro.
| Pieza | Hoy | Mínimo legal | Quién lo exige | Para quitarla | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestaciones por desempleo y cese de actividadProtección por desempleo · Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724), art. 263.1 · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 16.724,5 M€ | 16.724,5 M€ | derecho (fuera de alcance) | derecho (fuera de alcance) | |
| Garantía salarial (FOGASA)Garantía de créditos laborales · Directiva 2008/94/CE, protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (CELEX 32008L0094), art. 3 · en la reagrupación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 800,0 M€ | 800,0 M€ | derecho (fuera de alcance) | derecho (fuera de alcance) |
Fuente: : partidas del PGE 2025-P (prórroga PGE 2023 adaptada; vigente 2026) con su gasto real de 2025 (Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)). Juega con estas piezas en Construye tu Estado.
Presupuesto base cero: lo que impone la norma y lo que no
Con el mínimo que exige la norma, el gasto ordinario de Trabajo bajaría de 7.083,5 M€ a 856,1 M€; los derechos de los ciudadanos, 21.707,6 M€, no se tocan.
- Es el mismo criterio que para la estructura, aplicado al gasto ordinario: estructura, programas, subvenciones y transferencias que no son obligatorias.
- Fuente: el tomo de la sección en los PGE 2025-P (la prórroga de los PGE de 2023, adaptada; vigente en 2026). Se ha leído partida a partida: programa, concepto y subconcepto.
- Total: 28.791,1 M€. De ellos, 849,9 M€ son estructura (personal, funcionamiento e inversión) y 27.941,1 M€ pasan a terceros (capítulos 4, 7 y 8).
- Cada partida se ha contrastado con la norma que la impone. El detalle está en el anexo.
- Los derechos de los ciudadanos, los contratos vigentes, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y los traslados de coste no cambian en ningún escenario y se muestran aparte.
- Las operaciones financieras (capítulo 8) no son gasto y quedan fuera del total, por decisión de Extramuros.
| Escenario | Gasto ordinario | Ahorro (solo ordinario) | Derechos (fuera de alcance) | Contratos vigentes | MRR temporal | Traslados de coste | Operaciones financieras | Gasto total (sin op. financieras) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoy | 7.083,5 M€ | — | 21.707,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 28.791,1 M€ |
| reglamentos | 6.547,9 M€ | −535,6 M€ | 21.707,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 28.255,5 M€ |
| leyes | 856,1 M€ | −6.227,4 M€ | 21.707,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 22.563,7 M€ |
| mínimo | 856,1 M€ | −6.227,4 M€ | 21.707,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 22.563,7 M€ |
Operaciones financieras (capítulo 8), fuera del gasto: 0,0 M€.
- Reglamentos: sale el gasto ordinario que ninguna norma obliga a hacer: acuerdos políticos, programas, campañas y subvenciones discrecionales. Sale también el que solo impone un reglamento. El que impone una ley sin fijar importe baja al mínimo que cumple la obligación.
- Leyes: sale además el gasto ordinario que solo impone una ley española. Se quita cambiando esa ley.
- Mínimo: queda solo el gasto ordinario que imponen la Constitución, el derecho de la UE o un tratado. Se suman las transferencias a entidades que la base cero mantiene y la conservación de la red estatal.
- La estructura sigue al coste de personal de cada escenario. Lo traspasado se sigue pagando en otro sitio.
- Derechos (fuera de alcance): 21.707,6 M€ en 6 partidas. Son protección social y se mantienen en todos los escenarios. Las mayores son: prestaciones por desempleo, 14.838,2 M€; pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social, 5.363,2 M€; pago de prestaciones acordadas a trabajadores según la legislación vigente, 800,0 M€; y otras prestaciones económicas específicas, 700,0 M€.
- Entidades que se mantienen: la transferencia a una entidad que la base cero de estructura mantiene, se mantiene con ella. Aquí, dos transferencias A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA): 1,2 M€ y 90 mil €.
Del gasto ordinario juzgado (6.251,0 M€), esto es lo que obliga a cada parte:
- la UE o un tratado: 0,0 M€;
- solo una ley española: 5.811,6 M€;
- solo un reglamento: 285,0 M€;
- ninguna norma (gasto sin obligación legal): 154,3 M€.
Medición del gasto ordinario:
- 874,3 M€ no tienen objetivo medible ni evaluación publicada.
- 119,7 M€ financian la estructura y el funcionamiento de entidades.
- 0,0 M€ tienen una meta de resultado; 2.783,5 M€ solo tienen metas de actividad o cobertura; y 3.467,5 M€ no tienen ninguna meta medible.
- El anexo lo describe partida a partida.
Estructura mínima
El mínimo legal de Trabajo cabe en una Subsecretaría, una Secretaría General Técnica, una dirección general y dos organismos: el SEPE y la Inspección.
| Unidad | Depende de | Tipo | Línea | Plazas | Coste | Funciones propias | Integradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titular del Ministerio | — | mixto | — | 0 | 0,0 M€ | 0 | 0 |
| Subsecretaría de Trabajo y Economía Social | Ministerio | mixto | — | 0 | 0,0 M€ | 3 | 0 |
| Subsecretaría: Gabinete Técnico | Subsecretaría | control | — | 21 | 0,9 M€ | 4 | 1 |
| Subsecretaría: Subdirección General de Administración Financiera y Oficina Presupuestaria | Subsecretaría | control | — | 84 | 2,6 M€ | 5 | 1 |
| Subsecretaría: Subdirección General de Recursos Humanos | Subsecretaría | control | — | 51 | 1,8 M€ | 7 | 1 |
| Subsecretaría: Oficialía Mayor | Subsecretaría | control | — | 207 | 2,5 M€ | 9 | 0 |
| Subsecretaría: Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Subsecretaría | control | — | 194 | 4,8 M€ | 6 | 0 |
| Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (autoridad de gestión del FSE+) | Subsecretaría | ejecución estatal | 1 | 62 | 2,0 M€ | 10 | 3 |
| Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral | Subsecretaría | control | 1 | 43 | 1,3 M€ | 5 | 2 |
| Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el exterior | Subsecretaría | ejecución estatal | 1 | 131 | 3,4 M€ | 13 | 0 |
| Secretaría General Técnica | Subsecretaría | control | — | 0 | 0,0 M€ | 0 | 0 |
| Secretaría General Técnica: Vicesecretaría General Técnica | Secretaría General Técnica | control | — | 29 | 1,1 M€ | 7 | 3 |
| Secretaría General Técnica: Subdirección General de Relaciones Internacionales Sociolaborales | Secretaría General Técnica | control | — | 36 | 1,3 M€ | 4 | 5 |
| Secretaría General Técnica: Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones | Secretaría General Técnica | control | — | 63 | 1,5 M€ | 3 | 0 |
| Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social | Ministerio | control | 1 | 14 | 0,4 M€ | 2 | 0 |
| Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social: Subdirección General de Ordenación Normativa | Dirección General de Trabajo | control | 1 | 39 | 1,5 M€ | 4 | 4 |
| Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social: Subdirección General de Relaciones Laborales | Dirección General de Trabajo | ejecución estatal | 1 | 63 | 2,0 M€ | 8 | 1 |
| Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social: Subdirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social | Dirección General de Trabajo | ejecución estatal | 1 | 32 | 1,1 M€ | 5 | 1 |
| Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | Ministerio | ejecución estatal | 1 | 777 | 20,2 M€ | 13 | 4 |
| SEPE: Subdirección General de Prestaciones por Desempleo y red periférica | SEPE | ejecución estatal | 1 | 10.985 | 266,8 M€ | 1 | 0 |
| SEPE: Fondo de Garantía Salarial (fondo con patrimonio separado, antes FOGASA) | SEPE | ejecución estatal | 1 | 572 | 16,6 M€ | 11 | 0 |
| Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | Ministerio | control | 2 | 2.057 | 73,2 M€ | 11 | 1 |
| Inspección: Centro técnico de seguridad y salud en el trabajo (antes INSST) | Inspección de Trabajo | control | 2 | 513 | 17,4 M€ | 4 | 1 |
Las plazas se redondean a enteros, así que las filas pueden no sumar exactamente el total.
- Titular del Ministerio (ministro). Dirige directamente la dirección general, la Subsecretaría y los organismos. Ya no hay Secretaría de Estado de Economía Social ni de Trabajo: las dos se suprimen en el escenario de leyes. Preside la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (Ley 3/2023, art. 9).
- Subsecretaría de Trabajo y Economía Social (subsecretaría). Es el núcleo que exige la ley (Ley 40/2015, arts. 58.2 y 63). Recibe la adscripción y el control de eficacia del SEPE y de la Inspección (Ley 3/2023, art. 20; Ley 40/2015, art. 85). Hace de cliente interno ante el centro común de servicios de la AGE.
- Subsecretaría: Gabinete Técnico (subdirección general). Lleva la Unidad de Igualdad, la transparencia, la publicidad institucional y la inclusión del personal con discapacidad.
- Subsecretaría: Subdirección General de Administración Financiera y Oficina Presupuestaria (subdirección general). Es un servicio común. La gestión económica general va al centro común; la Oficina Presupuestaria, como unidad especializada.
- Subsecretaría: Subdirección General de Recursos Humanos (subdirección general). Es un servicio común y va al centro común. La inspección de servicios pasa a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública.
- Subsecretaría: Oficialía Mayor (subdirección general). Es un servicio común general. Conserva la gestión del Patrimonio Sindical Acumulado, que es una tarea propia del Ministerio (Ley 4/1986).
- Subsecretaría: Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (subdirección general). Una sola unidad de informática para el Ministerio y, después, el centro común. Hoy hay otra en el SEPE, con 218 puestos.
- Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (autoridad de gestión del FSE+) (subdirección general). Es la autoridad de gestión del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) y del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) (Reglamento (UE) 2021/1060, arts. 71 y 72). Integra la Subdirección General de Programación y Evaluación del FSE en el escenario de reglamentos. Depende de la Secretaría de Estado de Trabajo hasta el escenario de leyes y, después, de la Subsecretaría. La auditoría la hace la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como tercera línea común.
- Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral (subdirección general). Hace las estadísticas del Ministerio del Plan Estadístico Nacional (Ley 12/1989). Es una unidad especializada del centro común. El análisis del mercado de trabajo pasa al SEPE.
- Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el exterior (unidades en el exterior). La red se comparte con el Ministerio de Inclusión (Real Decreto 1052/2015). Cada consejería está integrada en su misión diplomática (Ley 2/2014, art. 45). Su destino se decide en la reagrupación.
- Secretaría General Técnica (dirección general). Es el núcleo que exige la ley (Ley 40/2015, art. 65).
- Secretaría General Técnica: Vicesecretaría General Técnica (subdirección general). Prepara normas y asuntos del Consejo de Ministros. Hace los informes del art. 26 de la Ley 50/1997, los convenios y la Conferencia Sectorial.
- Secretaría General Técnica: Subdirección General de Relaciones Internacionales Sociolaborales (subdirección general). Es el único responsable de la representación internacional: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lleva también el programa de las Consejerías.
- Secretaría General Técnica: Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones (subdirección general). Lleva recursos, archivo y publicaciones. No tiene programa de estudios propio.
- Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social (dirección general). Es la actual Dirección General de Trabajo. En el escenario de reglamentos absorbe la de Trabajo Autónomo, la de la Economía Social y de la RSE y lo útil de la de Nuevas Formas de Empleo. En el escenario de leyes asume las presidencias que la ley da a las secretarías de Estado: el Consejo para el Fomento de la Economía Social, la Comisión Delegada de Garantía Juvenil y el Patronato de FUNDAE, hasta que FUNDAE se integre en el SEPE.
- Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social: Subdirección General de Ordenación Normativa (subdirección general). Prepara las normas laborales, del trabajo autónomo y de la economía social. Responde consultas y traspone directivas.
- Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social: Subdirección General de Relaciones Laborales (subdirección general). Ejecuta lo que corresponde al Estado cuando afecta a más de una comunidad autónoma: expedientes de regulación de empleo (ERE), convenios, representatividad, empresas de trabajo temporal (ETT) y sanciones. También media en conflictos que superan una comunidad.
- Dirección General de Trabajo, Trabajo Autónomo y Economía Social: Subdirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social (subdirección general). Une la Subdirección General del Trabajo Autónomo y la de la Economía Social y de la RSE. Lleva los registros, los consejos y las ayudas de ámbito estatal.
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (organismo autónomo). Lo creó una ley (Ley 56/2003; Ley 3/2023, arts. 18 a 22). Se mantiene: paga las prestaciones por desempleo (art. 41 de la Constitución) y es la sede central de la política de empleo, que ejecutan las comunidades autónomas. La Ley 3/2023 autoriza una Agencia Española de Empleo (art. 18), pero no se ha creado; el SEPE ejerce sus funciones (disposición transitoria 2.ª). Conserva la reserva de gestión directa en los supuestos que son competencia del Estado y en Ceuta y Melilla (Ley 3/2023, art. 22.h.1.º, 3.º, 4.º y 5.º). Recibe FUNDAE en el escenario de leyes.
- SEPE: Subdirección General de Prestaciones por Desempleo y red periférica (subdirección general). Gestiona el paro: 91 puestos centrales y la red periférica, con 52 direcciones provinciales y sus oficinas.
- SEPE: Fondo de Garantía Salarial (fondo con patrimonio separado, antes FOGASA) (subdirección general). Hoy es el FOGASA. En el escenario de leyes pasa a ser una institución de garantía dentro del SEPE. Su patrimonio es independiente del capital de los empresarios e inembargable (Directiva 2008/94/CE, art. 5.a). Se separa como opción de diseño, como el Insolvenzgeld alemán, que paga la agencia federal de empleo.
- Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (organismo autónomo). Es la autoridad central de inspección (Convenio n.º 81 de la OIT, art. 4) y un sistema único compartido con las comunidades autónomas (Ley 23/2015, arts. 1 y 33). Se mantiene como organismo porque esa forma permite participar a las comunidades con traspaso (Ley 23/2015, art. 27 y siguientes). Es la segunda línea de control sobre empresas y trabajadores.
- Inspección: Centro técnico de seguridad y salud en el trabajo (antes INSST) (subdirección general). Hoy es el INSST: 513 puestos, cuatro centros nacionales y los gabinetes de Ceuta y Melilla. Será el centro técnico de la Inspección y la referencia nacional ante la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (Ley 31/1995, art. 8.3).
Las plazas de cada unidad descuentan el traspaso parcial de la Inspección y suman las funciones integradas sin ahorro. Total del escenario mínimo: 15.972 plazas.
Estructura sin mandato, candidata a eliminar
Cinco órganos de la economía social, el trabajo autónomo y las nuevas formas de empleo tienen la mitad o más de sus funciones sin ninguna norma que las exija.
| Órgano | Funciones | Discrecionales | % | Plazas (estimación) | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección General de Nuevas Formas de Empleo | 8 | 8 | 100 % | 5 | se suprime (reglamentos) |
| Secretaría de Estado de Economía Social | 1 | 1 | 100 % | 19 | se suprime (leyes: la nombra la Ley 5/2011, art. 13.4) |
| Comisionado especial para la Economía Social | 7 | 7 | 100 % | 7 | se suprime (reglamentos) |
| Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas | 18 | 13 | 72 % | 47 | se integra en la Dirección General de Trabajo (reglamentos) |
| Dirección General de Trabajo Autónomo | 8 | 4 | 50 % | 23 | se integra en la Dirección General de Trabajo (reglamentos) |
Tareas duplicadas y responsabilidad difusa
Muchas tareas se hacen en varios sitios a la vez; la propuesta da a cada una un solo responsable.
| Tarea | Hoy | Responsable único | Decisión | Plazas en las funciones implicadas | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis del mercado de trabajo | Seis unidades: Subdirección General de Estadística, Dirección General de Nuevas Formas de Empleo, Dirección General de Trabajo Autónomo, Dirección General de la Economía Social, Secretaría General Técnica y SEPE | SEPE (Oficina de Análisis del Empleo), como servicio de análisis para todo el Ministerio | Fusionar en el SEPE. La estadística de autónomos y de economía social va a la Subdirección General de Estadística. Se elimina la coordinación de estudios de la Secretaría General Técnica. | 179 | 5,0 M€ |
| Transposición de directivas laborales | Dirección General de Trabajo y Dirección General de Nuevas Formas de Empleo; la Secretaría General Técnica, en otro eslabón | Dirección General de Trabajo: Subdirección General de Ordenación Normativa redacta; la Secretaría General Técnica coordina y sigue las infracciones | Fusionar la de Nuevas Formas de Empleo en la Dirección General de Trabajo (duplicado). La Secretaría General Técnica sigue como eslabón de coordinación. | 13 | 0,5 M€ |
| Mediación y arbitraje laboral | Dirección General de Trabajo, Inspección, Fundación SIMA y servicios autonómicos | Comunidades autónomas en su territorio; Subdirección General de Relaciones Laborales en los conflictos de ámbito superior; SIMA por acuerdo interprofesional | La mediación de la Inspección va a las comunidades autónomas con la función inspectora (leyes) | 6 | 0,2 M€ |
| Consultas e informes jurídicos laborales | Dirección General de Trabajo, Dirección General de Trabajo Autónomo y Dirección General de la Economía Social | Dirección General de Trabajo: Subdirección General de Ordenación Normativa | Fusionar en la Dirección General de Trabajo | 12 | 0,5 M€ |
| Normativa laboral, de trabajo autónomo y de economía social | Dirección General de Trabajo, Dirección General de Trabajo Autónomo, Dirección General de la Economía Social y Dirección General de Nuevas Formas de Empleo | Dirección General de Trabajo: Subdirección General de Ordenación Normativa | Fusionar en la Dirección General de Trabajo | 13 | 0,5 M€ |
| Representación internacional | Secretaría General Técnica, Dirección General de Trabajo Autónomo, Dirección General de la Economía Social (dos funciones) y Subsecretaría | Secretaría General Técnica: Subdirección General de Relaciones Internacionales Sociolaborales | Fusionar en la Secretaría General Técnica | 14 | 0,5 M€ |
| Apoyo a consejos y foros | Dirección General de Trabajo Autónomo, Dirección General de la Economía Social (tres funciones) y Dirección General de Nuevas Formas de Empleo | Dirección General de Trabajo: Subdirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social | Mantener los dos consejos que crea una ley: el del Trabajo Autónomo y el de Fomento de la Economía Social. Suprimir el Consejo Estatal de RSE (Real Decreto 221/2008) y los foros. | 11 | 0,4 M€ |
| Dirección y fondos de la economía social | Secretaría de Estado de Economía Social, Comisionado especial (siete funciones) y Dirección General de la Economía Social (cinco funciones) | Dirección General de Trabajo: Subdirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social | Suprimir el Comisionado y la Delegación (reglamentos) y la Secretaría de Estado (leyes: la nombra la Ley 5/2011, art. 13.4). Las ayudas siguen en la función de ayudas a la economía social. | 36 | 1,4 M€ |
| Autoridad de gestión del FSE+ en dos subdirecciones | UAFSE (dos funciones) y Subdirección General de Programación y Evaluación (tres funciones) | UAFSE | Una sola unidad (reglamentos) | 19 | 0,6 M€ |
| Asuntos del Consejo de Ministros, informes y protección de datos | Subsecretaría (tres funciones), Secretaría General Técnica (dos) y Subdirección General de Recursos Humanos (una) | Secretaría General Técnica (Consejo de Ministros e informes); Subdirección General de Recursos Humanos (delegado de protección de datos) | Fusionar las funciones de la Subsecretaría | 15 | 0,5 M€ |
| Evaluación de la política de empleo | Subdirección General de Estadística, SEPE y Subsecretaría | SEPE (Ley 3/2023, título VI) | Fusionar la evaluación de Estadística en el SEPE. La inspección de servicios va a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública. | 76 | 2,1 M€ |
| Movilidad laboral y búsqueda de empleo en el exterior | SEPE y Consejerías | SEPE | Fusionar en el SEPE | 77 | 1,9 M€ |
| Políticas activas de empleo: Estado y comunidades autónomas | SEPE y los servicios públicos de empleo de las 17 comunidades autónomas | SEPE en los supuestos estatales (1.º, 3.º, 4.º, 5.º y Ceuta y Melilla); comunidades autónomas en lo demás | Mantener. Suprimir por ley el supuesto 2.º (no cambia las cifras). | 68 | 1,6 M€ |
| Dos subdirecciones de informática | Subsecretaría (seis funciones) y SEPE (su Subdirección General de Tecnologías, sin función propia en el real decreto) | Centro común de servicios de la AGE; hasta entonces, la Subsecretaría | Mantener y marcar para el centro común (no cambia las cifras de esta base cero) | 194 | 4,8 M€ |
Las plazas son las de todas las funciones que comparten la tarea, no el ahorro. Solo ahorran las fusiones en las que desaparece el equipo entero (ver los escenarios).
Materias repartidas
Dos materias se reparten entre varias unidades y deben seguir separadas, pero coordinadas.
- Análisis del mercado de trabajo (163 plazas; tipo de trabajo: informar). Forma: unidades separadas y coordinadas. Responsable: el SEPE, con su Oficina de Análisis del Empleo (Ley 3/2023, disposición adicional 3.ª). Instrumento: un catálogo de productos y acuerdos de servicio entre el SEPE y las unidades del Ministerio. La Subdirección General de Estadística aporta las operaciones del Plan Estadístico Nacional. Por qué separadas: la ley da el análisis al SEPE. La estadística oficial del Ministerio está sujeta al secreto estadístico y al Plan Estadístico Nacional (Ley 12/1989) y va al centro común como unidad especializada. Son dos servicios distintos para un mismo usuario: se coordinan, no se unen.
- Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (125 plazas; tipo de trabajo: financiar, normar, planificar, representar y supervisar). Forma: unidades separadas y coordinadas. Responsable: la UAFSE, autoridad de gestión. Instrumento: acuerdo de organismo intermedio o de beneficiario y verificaciones de gestión (Reglamento (UE) 2021/1060, art. 74). Por qué separadas: el SEPE recibe dinero del FSE+ y lo justifica «a través de la autoridad de gestión» (Ley 3/2023, art. 22.c). La autoridad de gestión verifica a quien recibe el dinero (art. 74), así que no pueden ser la misma unidad. Es una separación que exige una norma de la UE.
Modelo sede central – comunidades autónomas
En casi todas las materias, el Estado dicta las normas y coordina, y las comunidades autónomas ejecutan; el paro y la Inspección son las excepciones.
- Políticas activas de empleo. Control: el SEPE, sede central del Sistema Nacional de Empleo. Ejecución del Estado: el SEPE, en la movilidad europea y entre comunidades (red europea de empleo EURES) y en la reserva de gestión directa de los supuestos de competencia estatal. Normas: Ley 3/2023 (art. 149.1.7.ª y 13.ª de la Constitución); la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y el Plan Anual (arts. 12 y 13). Datos: el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo (art. 14), las estadísticas de empleo (art. 22.g) y el Observatorio de las Ocupaciones. Supervisión: la Conferencia Sectorial reparte 2.731 M€ a las comunidades autónomas (art. 62). El reparto depende de objetivos y lo que sobra se devuelve (art. 62.3). Se evalúa el desempeño (art. 22.l y título VI). Territorio: todas las comunidades autónomas gestionan las políticas activas. Ceuta y Melilla no tienen título (Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, arts. 21 y 22).
- Prestaciones por desempleo. Control: los servicios centrales del SEPE, con su propio control de calidad en la primera línea. La Inspección controla desde fuera (Ley 23/2015, art. 12.1.c.2.º). Ejecución del Estado: el SEPE, con su Subdirección General de Prestaciones y la red periférica (10.857 plazas). Normas: la Ley General de la Seguridad Social (LGSS, título III) y la Ley 3/2023, art. 6.2. Datos: los de prestaciones y demandantes, compartidos con los servicios autonómicos (art. 22.j). Supervisión: la interna del SEPE y la Intervención (función interventora, disposición adicional 1.ª.6 de la Ley 3/2023). Territorio: todo el territorio, también Cataluña y el País Vasco.
- Relaciones laborales y negociación colectiva. Control: la Subdirección General de Ordenación Normativa de la nueva dirección general (legislación laboral, art. 149.1.7.ª de la Constitución). Ejecución del Estado: la Subdirección General de Relaciones Laborales lleva los ERE, convenios, representatividad y ETT que afectan a más de una comunidad. En Ceuta y Melilla, las áreas de Trabajo de las Delegaciones del Gobierno. Normas: el Estatuto de los Trabajadores (ET), la Ley Orgánica 11/1985, la Ley 14/1994 y el Real Decreto Legislativo 5/2000. Datos: el registro de convenios colectivos (REGCON), compartido con las comunidades autónomas, y las estadísticas del Plan Estadístico Nacional. Supervisión: el Estado no supervisa la ejecución autonómica, salvo por la Inspección y los tribunales. Territorio: las comunidades autónomas ejecutan la legislación laboral en su territorio (todos los Estatutos).
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Control: el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la autoridad central (Convenio n.º 81 de la OIT, arts. 4 y 20). Fija criterios, lleva las campañas de la UE, la base de datos común y el informe anual (Real Decreto 895/2011, apartado C). Ejecución del Estado: la Inspección del Estado en sus materias (Seguridad Social y extranjería) en todo el territorio, y en todas las materias en Ceuta y Melilla. Normas: la Ley 23/2015, el Convenio n.º 81 de la OIT y la Directiva 89/391/CEE, art. 4.2. Datos: la base de datos única del sistema de inspección (Real Decreto 895/2011, apartado C.7). Supervisión: las comisiones operativas autonómicas y el Consejo Rector con las comunidades autónomas (Ley 23/2015). Territorio: Cataluña (Real Decreto 206/2010) y el País Vasco (Real Decreto 895/2011 y Real Decreto 512/2025) tienen inspección propia. Las demás se homogeneizan en el escenario de leyes.
- Prevención de riesgos laborales. Control: la Dirección General de Trabajo hace la norma, con el apoyo técnico del centro técnico de la Inspección (antes INSST). Ejecución del Estado: la Inspección vigila. El centro técnico actúa en Ceuta y Melilla y en las administraciones públicas, hace normalización y es el centro de referencia ante la Agencia Europea. Normas: la Ley 31/1995 y la Directiva 89/391/CEE. Datos: la estadística de accidentes de trabajo del Plan Estadístico Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Supervisión: la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Territorio: las comunidades autónomas tienen sus institutos y ejecutan la prevención en su territorio.
- Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Control: la UAFSE, autoridad de gestión de los programas estatales (Reglamento (UE) 2021/1060, arts. 71 y 72). Ejecución del Estado: los beneficiarios estatales (el SEPE y otros) y los organismos intermedios. La auditoría es de la IGAE, como tercera línea común. Normas: los Reglamentos (UE) 2021/1060 y 2021/1057. Datos: el Acuerdo de Asociación, que coordina la Dirección General de Fondos Europeos (Hacienda). Supervisión: las verificaciones de gestión sobre los beneficiarios (art. 74). Territorio: las comunidades autónomas son autoridad de gestión de sus programas regionales.
- Trabajo autónomo y economía social. Control y ejecución del Estado: la Subdirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social de la nueva dirección general. Lleva los registros estatales y las ayudas de ámbito estatal. Normas: Ley 20/2007, Ley 5/2011, Ley 27/1999 y Ley 44/2015. Datos: el Catálogo de Entidades de Economía Social Estatal (Ley 5/2011, art. 6) y su estadística. Supervisión: el Consejo del Trabajo Autónomo y el Consejo para el Fomento de la Economía Social. Territorio: las comunidades autónomas tienen sus registros y su fomento.
- Garantía salarial. Control: el SEPE en el escenario de leyes; hoy, el FOGASA. Ejecución del Estado: el fondo de garantía, con patrimonio separado, y sus unidades provinciales. Normas: la Directiva 2008/94/CE y el Estatuto de los Trabajadores, art. 33. Datos: se comparten con los juzgados de lo social y mercantiles y con las instituciones de garantía de otros Estados (arts. 9 y 10 de la Directiva). Supervisión: la Intervención. Territorio: todo el territorio.
Comunidades autónomas: homogeneización y ejecución duplicada
Hay dos diferencias entre comunidades: solo Cataluña y el País Vasco tienen la Inspección de Trabajo, y Ceuta y Melilla no tienen título para ejecutar la legislación laboral.
- Todas las comunidades autónomas tienen título para ejecutar la legislación laboral, pero solo Cataluña y el País Vasco tienen la función inspectora.
- Ceuta y Melilla no tienen título.
- Las políticas activas de empleo ya están traspasadas a todas las comunidades autónomas.
- La reserva de gestión directa del SEPE es casi toda competencia del Estado: movilidad, programas con órganos del Estado, inmigración, programas excepcionales y Ceuta y Melilla. Solo el supuesto 2.º es ejecución que podrían hacer las comunidades autónomas.
Función pública inspectora de la Inspección de Trabajo
- Decisión: homogeneizar. Todas las comunidades autónomas ejercen la inspección en las materias de su competencia, como Cataluña y el País Vasco. El Estado conserva la autoridad central, la Seguridad Social y sus propias materias.
- Hoy: Cataluña y el País Vasco tienen inspección propia. Cataluña: su Estatuto dice que «Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora» (art. 170.2; Real Decreto 206/2010). País Vasco: Estatuto, art. 12.2; Real Decreto 895/2011, ampliado por el Real Decreto 512/2025 desde el 1-7-2025 a las autorizaciones iniciales de trabajo de extranjeros. Andalucía tiene el mismo título expreso (Estatuto, art. 63.2), pero sin traspaso. Las demás tienen la ejecución de la legislación laboral (por ejemplo, Madrid, art. 28.1.12).
- Queda al Estado: la legislación; la autoridad central y el informe anual (Convenio n.º 81, arts. 4 y 20); los instrumentos internacionales; las campañas de la UE; la coordinación entre comunidades; la base de datos única; la inspección de la Seguridad Social y de las materias del Estado (Real Decreto 895/2011, apartado C); y la inspección completa en Ceuta y Melilla.
- Plazas: centrales traspasadas, 0; periféricas que se podrían traspasar, 2.589 (estimación); a revisar en las comunidades con traspaso, 404.
- Método. La RPT de la Inspección por provincia da 4.243 plazas periféricas: 253 en Cataluña y 151 en el País Vasco, donde ya hay traspaso; 49 en Ceuta y Melilla; y 3.790 en las demás comunidades autónomas. Con la población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1-1-2025 (estimación), el Estado tiene 3 plazas por 100.000 habitantes en Cataluña, 7 en el País Vasco y 10 en el resto. Si el resto quedara como Cataluña, saldría el 68 % de sus plazas: 2.589. Es la estimación máxima y la que entra en el escenario de leyes, como traspaso parcial de las cuatro funciones de vigilancia de materias autonómicas. Si quedara como el País Vasco, saldría el 31 % (1.183). Las plazas del Estado en Cataluña y el País Vasco se marcan para revisar: deberían ser solo de Seguridad Social y materias del Estado.
- Revisión independiente, por cuerpo de la RPT: inspectores, 514 de 637 (81 %); subinspectores de Empleo y Seguridad Social, 498 de 973 (51 %); subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, 428 de 428 (100 %); resto de funcionarios, 1.070 de 1.649; laborales, 79 de 103. Solo las 428 plazas de la Escala de Seguridad y Salud Laboral se identifican por su nombre con una materia autonómica; el Estado no tiene ninguna en Cataluña ni en el País Vasco. Inspectores y subinspectores de Empleo y Seguridad Social hacen las dos clases de materias, así que el resto es estimación. El rango va de 428 a 2.589; se usa el máximo. La mediación y el arbitraje van con el traspaso, como en el País Vasco (Real Decreto 895/2011, apartado B.1.3.º).
- Norma: un real decreto de traspaso para cada comunidad con título en su Estatuto, como el Real Decreto 206/2010 y el Real Decreto 895/2011 (art. 149.1.7.ª de la Constitución y Estatutos). No hace falta una ley orgánica del art. 150.2 de la Constitución. La Ley 23/2015 ya prevé un sistema con varias dependencias (arts. 1 y 33).
Reserva de gestión directa de políticas activas de empleo del SEPE
- Decisión: el SEPE mantiene los supuestos que son competencia del Estado y Ceuta y Melilla. Se suprime por ley el supuesto 2.º, que pueden ejecutar las comunidades autónomas con coordinación. Los supuestos de la Ley 3/2023 (art. 22.h) son: 1.º, movilidad entre comunidades o al extranjero; 2.º, programas que afectan a varias comunidades sin movilidad; 3.º, programas con órganos del Estado; 4.º, integración de inmigrantes; y 5.º, programas excepcionales cuya gestión centralizada es imprescindible.
- Hoy: las políticas activas de empleo están traspasadas a todas las comunidades autónomas; el País Vasco las recibió en 2010. Además, el SEPE gestiona 429 M€ de reserva en los cinco supuestos de la ley y en Ceuta y Melilla (Ley 3/2023, arts. 22.h y 62.5).
- Queda al Estado: la Estrategia, el Plan Anual, el reparto de fondos, el sistema de información, la evaluación, EURES y la reserva en los supuestos 1.º, 3.º, 4.º y 5.º. También Ceuta y Melilla, hasta su homogeneización.
- Plazas: centrales traspasadas, 0; periféricas que se podrían traspasar, 0; a revisar en comunidades con traspaso, 0.
- Método: lectura de la Ley 3/2023 en el BOE (arts. 22.h y 62). La revisión independiente vio que la base cero traspasaba la función entera: 68 plazas, el reparto a partes iguales de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, que sigue. Cuatro de los cinco supuestos y Ceuta y Melilla son competencia del Estado. El 2.º no se puede separar en la RPT, así que no cambia las cifras.
- Norma: una ley que modifique la Ley 3/2023, art. 22.h.2.º (escenario de leyes; no cambia las cifras).
Ejecución de la legislación laboral y de las políticas activas de empleo en Ceuta y Melilla
- Decisión: homogeneizar, si las ciudades lo aceptan. Puede hacerse con una ley orgánica de transferencia o delegación (art. 150.2 de la Constitución) o con la atribución que permiten sus Estatutos (art. 21.1.25.ª).
- Hoy: Ceuta y Melilla no tienen título. Sus Estatutos no incluyen la ejecución de la legislación laboral (Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, arts. 21 y 22). Por eso el Estado ejecuta allí lo que en las comunidades autónomas es autonómico: las políticas activas (SEPE), la autoridad laboral (áreas de Trabajo de las Delegaciones del Gobierno) y la inspección y la prevención (gabinetes técnicos del INSST, 6 plazas).
- Queda al Estado: las prestaciones por desempleo, la Seguridad Social y las materias del Estado.
- Plazas: centrales traspasadas, 0; periféricas que se podrían traspasar, 0; a revisar en comunidades con traspaso, 0.
- Método: lectura de los Estatutos de Ceuta y Melilla en el BOE (BOE-A-1995-6358 y BOE-A-1995-6359). El Estado tiene en las dos ciudades: SEPE, 153 plazas, sobre todo de prestaciones, que siguen; Inspección, 49; FOGASA, 5; INSST, 6. Las áreas de Trabajo de las Delegaciones del Gobierno no están en esta RPT. El traspaso no se cuantifica y no entra en las cifras.
- Norma: una ley orgánica del art. 150.2 de la Constitución, porque las ciudades no tienen título en su Estatuto. Escenario de leyes; no cambia las cifras.
Organismos
Se mantienen el SEPE, la Inspección y el SIMA; los demás se integran o se suprimen con cambios de ley.
| Organismo | Decisión | Con | Escenario |
|---|---|---|---|
| Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | mantener | — | — |
| Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | mantener | — | — |
| Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) | fusionar | SEPE | leyes |
| Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) | fusionar | Inspección de Trabajo | leyes |
| Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales | suprimir | — | leyes |
| Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) | fusionar | SEPE | leyes |
| Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) | mantener | — | — |
| Consejo Económico y Social (CES) | eliminar | — | leyes |
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): se mantiene. Es un organismo autónomo creado por ley (Ley 56/2003; Ley 3/2023, arts. 18 a 22 y disposición transitoria 2.ª). Paga las prestaciones por desempleo (20.901 M€; arts. 41 y 149.1.17.ª de la Constitución), una función crítica que el Estado ejecuta en todo el territorio. Es la sede central del Sistema Nacional de Empleo: Estrategia, Plan Anual, sistema de información, evaluación y EURES (Reglamento (UE) 2016/589). Que un organismo lo cree una ley no lo hace imprescindible. Aquí la forma de organismo no añade estructura: sus 11.735 plazas son de prestaciones y de la sede central. Además, la ley ya autoriza transformarlo en la Agencia Española de Empleo (art. 18; disposición adicional 1.ª), que en octubre de 2026 no se ha creado. Cambios: conserva la reserva de gestión directa en los supuestos que son competencia del Estado; se propone suprimir por ley el supuesto 2.º. Recibe el análisis del mercado de trabajo del Ministerio (reglamentos) y el FOGASA y FUNDAE (leyes). Sus unidades comunes pueden ir al centro común: la Subdirección General de Recursos y Organización (221 puestos) y la de Tecnologías (218) (Ley 40/2015, art. 95 y disposición adicional 5.ª).
- Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social: se mantiene. Es un organismo autónomo creado por la Ley 23/2015 (art. 27); hasta 2015, la Inspección era una dirección general del Ministerio. El Convenio n.º 81 de la OIT (BOE-A-1961-45) exige un sistema de inspección bajo una autoridad central «siempre que sea compatible con la práctica administrativa del Miembro» (art. 4.1) y un informe anual (art. 20). No exige un organismo. Se mantiene porque, tras homogeneizar la función inspectora, su forma sirve al sistema único compartido con las comunidades autónomas. Tiene un Consejo Rector paritario con ellas y su director ejerce la autoridad central del Convenio n.º 81 (Ley 23/2015, arts. 1, 29, 31.2 y 33). Recibe el INSST en el escenario de leyes. La mediación y el arbitraje pasan a las comunidades autónomas con la función inspectora, como en el País Vasco (Real Decreto 895/2011, apartado B.1.3.º). Los conflictos de ámbito superior siguen en la Dirección General de Trabajo (Convenio n.º 81, art. 3.2).
- Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): se integra en el SEPE. Es un organismo autónomo (Estatuto de los Trabajadores, art. 33; Real Decreto 505/1985). La Directiva 2008/94/CE exige instituciones de garantía que paguen los créditos (art. 3), con un patrimonio «independiente del capital de explotación de los empresarios» e inembargable en la insolvencia (art. 5.a). No exige un organismo propio ni un patrimonio separado del SEPE. Se integra en el SEPE como fondo con patrimonio separado. Es una opción de diseño por la cotización empresarial que lo financia (Estatuto de los Trabajadores, art. 33); la Directiva no la impone. No cambian las prestaciones (830 M€ en los PGE 2025-P) ni su financiación por cotización empresarial. En Alemania, el Insolvenzgeld lo paga la agencia federal de empleo. Sus 52 unidades provinciales (452 plazas, 119 vacantes) quedan dentro de las direcciones provinciales del SEPE. Su Secretaría General (120 plazas) comparte servicios con la del SEPE. Hay que cambiar el Estatuto de los Trabajadores, art. 33; ninguna norma de rango superior lo exige.
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): se integra en la Inspección. Es un organismo autónomo y medio propio (Ley 31/1995, art. 8; Real Decreto 577/1982). Ninguna norma de rango superior exige un instituto. La Directiva 89/391/CEE pide control y vigilancia adecuados (art. 4.2). El Convenio n.º 81 pide que peritos y técnicos colaboren con la inspección (art. 9). Pasa a ser el centro técnico de la Inspección, con los cuatro centros nacionales (Barcelona, Madrid, Sevilla y Bizkaia) y los gabinetes de Ceuta y Melilla. Hay que cambiar la Ley 31/1995, art. 8.
- Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales: se suprime. Es una fundación del sector público estatal (Ley 31/1995, disposición adicional 5.ª, redacción del Real Decreto-ley 16/2022 y de la Ley 1/2026). Gestiona las acciones de impulso de la prevención de ámbito estatal (el 33 %) y en Ceuta y Melilla. Las paga el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social: 26 M€ en los PGE 2025-P, a través del INSST. El 92 % de su gasto son ayudas a organizaciones sindicales y empresariales. Repite la promoción que ya hacen el INSST (art. 8.1.b) y los institutos autonómicos. Ninguna norma de rango superior la exige. Se suprime con su programa en el escenario de leyes, cambiando la disposición adicional 5.ª. Con ella se extingue la función de reintegro de sus subvenciones. Su importe se valora en el presupuesto base cero.
- Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): se integra en el SEPE. La creó una ley (Ley 30/2015, art. 25) y tiene un patronato tripartito que preside la Secretaría de Estado. Su tarea legal es ser «entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo Estatal» (art. 25.2). Gestiona por encargo del SEPE la formación programada por las empresas: 52,5 M€ del SEPE y 23,4 M€ de personal, fuera de la RPT. Ninguna norma de rango superior exige una fundación. La Ley Orgánica 3/2022 (disposición adicional 4.ª) da la formación en el trabajo al Ministerio, no a FUNDAE. Tras la revisión independiente, se integra en el SEPE en el escenario de leyes. Las comunidades autónomas y los sindicatos y patronales participan en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Hay que cambiar la Ley 30/2015, art. 25. No cambia las plazas, porque su personal está fuera de la RPT. En la reagrupación se decidirá su encaje con el Sistema de Formación Profesional (Educación).
- Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA): se mantiene. Es el sistema propio de solución de conflictos que pactaron sindicatos y patronales (V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales, ASAC; Estatuto de los Trabajadores, art. 83). La financia el Estado con 1,3 M€. No la crea una ley, así que no se le aplica la regla de los organismos creados por ley. La Ley reguladora de la jurisdicción social (arts. 63 y 156) exige intentar la conciliación o mediación antes del juicio «ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones» por acuerdo interprofesional. En los conflictos de ámbito estatal, ese órgano es el SIMA, y así no tiene que hacerlo la Dirección General de Trabajo. No es estructura del Ministerio y no duplica la mediación administrativa. La aportación del Estado se juzga en el presupuesto base cero.
- Consejo Económico y Social (CES): se suprime. Lo creó la Ley 21/1991. Decisión de Extramuros: su dictamen sobre normas económicas, sociales y laborales es obligatorio, pero no vinculante. Duplica la consulta y audiencia pública de cualquier norma (Ley 50/1997, art. 26) y el diálogo social tripartito con las mismas organizaciones. Ninguna norma de rango superior ni la UE imponen sus estudios ni su memoria. Como lo creó una ley española, se suprime en el escenario de leyes. Recibe 7,4 M€ de transferencia. Su personal está fuera de la RPT, así que no cambia las plazas.
Cambios normativos
Casi todo se hace cambiando el real decreto de estructura; con ley se suprimen las dos secretarías de Estado y cuatro organismos o fundaciones.
Escenario de reglamentos
- Real Decreto 502/2024, estructura del Ministerio. Secretaría de Estado de Trabajo: la programación del FSE se une a la UAFSE (cuatro funciones); se elimina la de estudios y propuestas legislativas sobre el FSE. Tres funciones de estadística y análisis pasan al SEPE (estudios, indicadores del mercado de trabajo y evaluación); se elimina el apoyo a estudios para organismos multilaterales. Dirección General de Trabajo: se eliminan los estudios sobre planes de viabilidad de empresas en crisis; la coordinación de los órganos periféricos se une a la tramitación de los ERE. Dirección General de Trabajo Autónomo: se elimina el diseño de políticas de impulso del trabajo autónomo. Cinco funciones se unen a otras que siguen: normativa y consultas (Dirección General de Trabajo), representación internacional (Secretaría General Técnica), seguimiento de los préstamos del extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo (gestión económica de la Subsecretaría) y estadística (Subdirección General de Estadística). Dirección General de Nuevas Formas de Empleo: se eliminan cuatro funciones (diseño de políticas, coordinación, foros de debate y programas de subvenciones). Cuatro, duplicadas, se unen a otras: el análisis prospectivo y los estudios, al SEPE; la normativa y las directivas, a la Dirección General de Trabajo. Comisionado especial para la Economía Social: se eliminan sus siete funciones. Dirección General de la Economía Social y de la RSE: se eliminan seis funciones (diseño, impulso y representación de la economía social y la RSE, interlocución sobre RSE, Red RETOS y cláusula residual). Seis se unen a otras que siguen: normativa y consultas (Dirección General de Trabajo), estudios (Estadística), cooperación con las comunidades autónomas y representación en la UE (Secretaría General Técnica) y foros (Consejo para el Fomento de la Economía Social). Las actuaciones sobre economía social y cuidados, duplicadas, se unen a las ayudas a la economía social. Subsecretaría: cinco funciones se unen a otras que siguen: Consejo de Ministros, informes de normas y acción exterior (Secretaría General Técnica), apoyo al delegado de protección de datos (Recursos Humanos) y Gobierno Abierto (Unidad de Información de Transparencia). Secretaría General Técnica: las cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la UE se unen a la transposición de normas europeas; se elimina la coordinación de estudios del Ministerio.
- Real Decreto 502/2024, art. 8.1.a.8.ª: se elimina el apoyo al Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
- Real Decreto 502/2024, art. 8.1.a.10.ª: la participación en la Comisión del Punto Nacional de Contacto se une a la representación internacional de la Secretaría General Técnica.
- Real Decreto 502/2024, art. 9.5.c.7.ª: la inspección de servicios de la Subsecretaría se traspasa a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública.
- Real Decreto 1052/2015, Consejerías en el exterior: se eliminan la cláusula residual y el apoyo a la cooperación técnica. El fomento de la búsqueda de empleo de los españoles en el país se une a la movilidad del SEPE.
- Real Decreto 192/2018, Estatutos de la Inspección (organización interna; la ley no cambia): la cláusula de otros ámbitos de vigilancia se une a la de relaciones laborales.
- Real Decreto 577/1982, estructura del INSST (organización interna; la ley no cambia): la cláusula residual se une a la de formación, información e investigación.
Escenario de leyes
- Leyes que nombran a la Secretaría de Estado de Trabajo: su función de dirección, duplicada, se une a la de ordenación de las relaciones laborales de la Dirección General de Trabajo (Ley 3/2023, art. 20; Ley 30/2015, art. 25; Ley 18/2014, arts. 92, 98 y 112).
- Reintegros de la Fundación Estatal PRL: se elimina la tramitación de la pérdida del derecho al cobro y del reintegro de sus subvenciones (Ley 31/1995, disposición adicional 5.ª.3.a, y Real Decreto 502/2024, art. 3.1.p).
- Secretaría de Estado de Economía Social: su función de dirección, duplicada, se une a las ayudas a la economía social (Ley 5/2011, art. 13.4, y Real Decreto 502/2024, art. 6).
- Reserva de gestión directa del SEPE: la función se mantiene; se suprime el supuesto 2.º. No cambia las cifras (Ley 3/2023, art. 22.h.2.º).
- FOGASA: se integra en el SEPE como fondo con patrimonio separado. La Directiva 2008/94/CE (art. 5.a) solo exige que el patrimonio sea independiente del capital de los empresarios e inembargable (Real Decreto Legislativo 2/2015, Estatuto de los Trabajadores, art. 33, y Real Decreto 505/1985).
- INSST y Fundación Estatal PRL: el INSST se integra en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social como su centro técnico. Se suprime la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y, con ella, la función de reintegro de sus subvenciones (Ley 31/1995, art. 8 y disposición adicional 5.ª).
- Función inspectora: traspaso estimado de 2.589 plazas periféricas de la Inspección en las comunidades autónomas sin traspaso. Es un traspaso parcial de cuatro funciones de vigilancia: relaciones laborales, prevención, empleo y economía social; 428 plazas se identifican por cuerpo. La mediación y el arbitraje también pasan a las comunidades autónomas, sin plazas propias (reales decretos de traspaso, uno por comunidad, como el Real Decreto 206/2010 y el Real Decreto 895/2011).
- FUNDAE: se integra en el SEPE. La creó una ley, pero ninguna norma de rango superior la exige. Está fuera de la RPT, así que no cambia las plazas (Ley 30/2015, art. 25).
- Ceuta y Melilla: ejecución de la legislación laboral y de las políticas activas de empleo. No cambia las cifras; ver el apartado de comunidades autónomas (ley orgánica de transferencia o delegación, art. 150.2 de la Constitución, o atribución del art. 21.1.25.ª de sus Estatutos).
El escenario de leyes incluye también los cambios de reglamentos, porque los escenarios se suman. El escenario mínimo no añade cambios.
Solapes con otros ministerios
Casi todos los solapes son cadenas en las que cada ministerio hace un eslabón; solo el emprendimiento está duplicado con Industria.
| Materia | Ministerios | Veredicto | Propuesta |
|---|---|---|---|
| Consejerías en el exterior | Trabajo, Inclusión, Exteriores | coordinación | Decidir en la reagrupación si la red va con Inclusión, con Exteriores (consejerías sectoriales de cada misión) o como red común. En esta base cero se mantiene y se quitan sus funciones sin mandato. |
| Control de la Seguridad Social | Trabajo, Inclusión | cadena | Mantener la cadena. |
| Bonificaciones de cuotas | Trabajo, Inclusión, Hacienda | cadena | Mantener la cadena. Evalúan el SEPE (Ley 3/2023, art. 22.l) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). |
| Migraciones y trabajo de extranjeros | Trabajo, Inclusión, Interior | cadena | Mantener la cadena. |
| Fondo Social Europeo Plus (FSE+) | Trabajo, Hacienda | cadena | Para la reagrupación: valorar una sola autoridad de gestión de los fondos de cohesión en el ministerio de Hacienda y Economía, con una unidad especializada del FSE+. El Reglamento lo permite: «Esas mismas autoridades podrán ser responsables de más de un programa» (art. 71.1). |
| Estadística oficial | Trabajo, Economía | cadena | Mantener la cadena. El análisis, como servicio del SEPE. |
| Conducta empresarial responsable y RSE | Trabajo, Economía | cadena | Eliminar la promoción de la RSE en Trabajo. La participación en la Comisión del Punto Nacional de Contacto va con la representación internacional de la Secretaría General Técnica. |
| Formación profesional para el empleo | Trabajo, Educación | por verificar | Verificar caso a caso en la reagrupación; Educación no está analizada. |
| Igualdad en el empleo | Trabajo, Igualdad | cadena | Trabajo lleva el registro, la norma laboral y el control; Igualdad, la promoción. Como organismo de seguimiento de la Directiva, designar una estructura que ya exista. |
| Emprendimiento y trabajo autónomo | Trabajo, Industria | duplicada | Responsable único: Industria. Trabajo conserva la norma y el registro del trabajo autónomo. Se elimina el diseño de políticas de impulso del trabajo autónomo. |
| Economía social | Trabajo, Industria, Economía | por verificar | Mantener en Trabajo. Verificar en la reagrupación si sus ayudas se solapan con las de la pyme. |
| Seguimiento de la normativa autonómica | Trabajo, Política Territorial | cadena | Mantener. |
| Documentación de servicios sociales (CEDISS) | Trabajo, Derechos Sociales | por verificar | Llevar el Centro de Documentación de Servicios Sociales al centro común (archivos y bibliotecas) o a Derechos Sociales. |
| Comunidades autónomas | Trabajo | cadena | Suprimir el supuesto 2.º de la reserva; la mediación de la Inspección va con la función inspectora; homogeneizar la inspección (ver el apartado de comunidades autónomas). |
Servicios comunes
Los servicios internos del Ministerio irán a un centro común de la AGE; aquí se marcan, pero su ahorro se calcula aparte.
- En el Ministerio queda el núcleo que exige la ley (Subsecretaría y Secretaría General Técnica) y un papel de cliente interno sin unidad propia.
- Esta base cero mantiene las funciones internas y marca a dónde irían. El traslado y el recorte por vacantes y consolidación se calculan en el estudio de servicios comunes, para no contarlos dos veces.
Destino de cada servicio:
- Inspección de servicios: a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública, que ya existe.
- Dos subdirecciones de informática (Subsecretaría, 194 puestos; SEPE, 218): las dos al centro común; las aplicaciones de prestaciones del SEPE, como unidad especializada. Antes, por real decreto, un solo responsable de informática en el Ministerio (Real Decreto 1383/2008 y Real Decreto 502/2024).
- Unidades comunes de los organismos: en el SEPE, la Subdirección General de Recursos y Organización (221 puestos); en la Inspección, la Secretaría General (187); en el FOGASA, la Secretaría General (120); en el INSST, la Secretaría General (123). La gestión compartida ya es la regla legal (Ley 40/2015, art. 95 y disposición adicional 5.ª). No se cuantifican aquí, porque sus plazas están repartidas dentro de funciones propias.
- Estadística del Ministerio y Oficina Presupuestaria: unidades especializadas del centro común.
- Seguimiento de los préstamos del extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo: a la gestión económica.
- Patrimonio Sindical Acumulado: se queda en el Ministerio. Es una tarea propia, no un servicio común (Ley 4/1986).
Funciones internas por destino: 25 al centro común general; 7 a unidades especializadas del centro; 7 mixtas; 23 se quedan en el núcleo del Ministerio; 1 a un proveedor que ya existe.
Qué NO se puede tocar
Lo que la ley obliga a mantener es, sobre todo, el paro y la Inspección de Trabajo.
| Tarea | Responsable único | Base legal | Plazas |
|---|---|---|---|
| Prestaciones por desempleo (reconocimiento, pago y control) | SEPE | Art. 41 de la Constitución; art. 149.1.17.ª de la Constitución; Ley 3/2023, arts. 6.2 y 22.j; Ley General de la Seguridad Social | 10.985 |
| Garantía salarial en caso de insolvencia | SEPE (hoy FOGASA) | Directiva 2008/94/CE, arts. 3 y 5; Estatuto de los Trabajadores, art. 33 | 572 |
| Sede central de la política de empleo: Estrategia, Plan Anual, sistema de información, estadísticas y evaluación | SEPE | Ley 3/2023, arts. 12 a 14, 22 y 66 a 70 | 295 |
| EURES y movilidad | SEPE | Reglamento (UE) 2016/589, art. 9 | 68 |
| Reserva de gestión directa en los supuestos de competencia estatal (movilidad, programas con órganos del Estado, inmigración, programas excepcionales; Ceuta y Melilla) | SEPE | Ley 3/2023, art. 22.h.1.º, 3.º, 4.º y 5.º; art. 149.1.2.ª de la Constitución | 68 |
| Análisis del mercado de trabajo como servicio | SEPE (Oficina de Análisis del Empleo) | Ley 3/2023, art. 22.f e i y disposición adicional 3.ª | 96 |
| Autoridad de gestión del FSE+ | UAFSE | Reglamento (UE) 2021/1060, arts. 71 a 76 | 57 |
| Inspección de Trabajo: autoridad central y materias del Estado | Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social | Convenio n.º 81 de la OIT, arts. 1, 4 y 20; Directiva 89/391/CEE, art. 4.2; Ley 23/2015 | 4.646 |
| Centro técnico de seguridad y salud (normalización, referencia europea, administraciones públicas) | Inspección: centro técnico (hoy INSST) | Ley 31/1995, art. 8 | 410 |
| Legislación laboral, del trabajo autónomo y de la economía social; transposición | Dirección General de Trabajo: Subdirección General de Ordenación Normativa | Art. 149.1.7.ª de la Constitución; directivas laborales | 27 |
| Ejecución laboral de ámbito suprautonómico (ERE, convenios, representatividad, ETT, sanciones y mediación) | Dirección General de Trabajo: Subdirección General de Relaciones Laborales | Estatuto de los Trabajadores; Ley Orgánica 11/1985; Ley 14/1994; Real Decreto Legislativo 5/2000; Ley 36/2011; Real Decreto 1483/2012 | 51 |
| Registros y consejos del trabajo autónomo y de la economía social; ayudas de ámbito estatal | Dirección General de Trabajo: Subdirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social | Ley 20/2007, arts. 21 y 22; Ley 27/1999, art. 110; Ley 44/2015, art. 4; Ley 5/2011, arts. 8 y 13 | 14 |
| Estadística oficial del Ministerio | Subdirección General de Estadística (unidad especializada del centro común) | Ley 12/1989; Reglamento (CE) 223/2009 | 31 |
| Núcleo legal: Subsecretaría, Secretaría General Técnica, igualdad, transparencia, recursos, normativa, Conferencia Sectorial y relaciones internacionales | Subsecretaría y Secretaría General Técnica | Ley 40/2015, arts. 58.2, 63 y 65; Ley Orgánica 3/2007, art. 77; Ley 19/2013, art. 21; Ley 3/2023, art. 9 | 654 |
| Patrimonio Sindical Acumulado | Subsecretaría: Oficialía Mayor | Ley 4/1986, art. 3 | 23 |
| Consejerías en el exterior (pendiente de la reagrupación) | Consejerías (con Inclusión) | Real Decreto 1052/2015; Ley 2/2014, art. 45 | 113 |
Hay 31 funciones que impone la UE, un tratado o la Constitución, y 2 críticas: la autoridad de gestión de los fondos sociales europeos en la UAFSE y la gestión de las prestaciones por desempleo en el SEPE. Ninguna se elimina.
Otros hallazgos
- El análisis del mercado de trabajo se hace en seis unidades; la ley se lo da al SEPE. Lo hacen la Subdirección General de Estadística, la Dirección General de Nuevas Formas de Empleo, la de Trabajo Autónomo, la de la Economía Social, la Secretaría General Técnica y el SEPE: 179 plazas en las funciones implicadas (Ley 3/2023, art. 22.f, g, i y disposición adicional 3.ª). Hay otras tareas repetidas: la transposición de directivas, en tres órganos; las consultas jurídicas, en tres direcciones generales; la representación internacional, en cinco; la normativa, en cuatro; la mediación laboral, en la Dirección General de Trabajo, la Inspección, el SIMA y las comunidades autónomas; y dos subdirecciones de informática (Subsecretaría, 194 puestos; SEPE, 218).
- Tres tareas del Estado repiten lo que ya hacen las comunidades autónomas. El supuesto 2.º de la reserva de gestión directa del SEPE (Ley 3/2023, art. 22.h.2.º). El resto de la reserva, 429 M€ en total, es competencia del Estado: movilidad, programas con órganos del Estado, inmigración, programas excepcionales y Ceuta y Melilla. La mediación de la Inspección, frente a los servicios autonómicos. La promoción de la prevención de la Fundación Estatal PRL (26 M€, el 92 % en ayudas), frente al INSST y los institutos autonómicos.
- Solo Cataluña y el País Vasco ejercen la función inspectora. Lo hacen por el Real Decreto 206/2010 y por los Reales Decretos 895/2011 y 512/2025. En las demás comunidades la ejercen 3.790 plazas periféricas del Estado. Andalucía tiene el título expreso en su Estatuto (art. 63.2), pero sin traspaso. Homogeneizar por real decreto de traspaso movería entre 1.183 y 2.589 plazas (estimación por densidad respecto de Cataluña y el País Vasco). Solo 428, la Escala de Seguridad y Salud Laboral, se identifican por cuerpo. Las 404 plazas del Estado en Cataluña y el País Vasco se marcan para revisar.
- Lo que no sobra: las prestaciones por desempleo (función crítica que impone la Constitución; 10.985 plazas), la autoridad de gestión del FSE+ (Reglamento (UE) 2021/1060), EURES (Reglamento (UE) 2016/589), la garantía salarial (Directiva 2008/94/CE), la Inspección como sistema con autoridad central (Convenio n.º 81 de la OIT; Directiva 89/391/CEE) y la legislación laboral (art. 149.1.7.ª de la Constitución). El presupuesto confirma que el peso está fuera de la estructura. De 28.791 M€, 27.941 son transferencias: prestaciones, 20.901; políticas activas a las comunidades autónomas, 2.731; bonificaciones, 2.626. La estructura son 850 M€.
- Organismos: se mantienen el SEPE y la Inspección. El FOGASA y FUNDAE se integran en el SEPE; en Alemania, el Insolvenzgeld lo paga la agencia de empleo. El INSST se integra en la Inspección. Se suprime la Fundación Estatal PRL. La Agencia Española de Empleo que autorizó la Ley 3/2023 (art. 18) no se ha creado en octubre de 2026: el SEPE sigue ejerciendo sus funciones (disposición transitoria 2.ª).
- Una de cada cuatro plazas está vacante. Hay 4.906 vacantes de 18.700 puestos (26,2 %). Son plazas, no personas: puestos presupuestados sin nadie. En la red periférica del SEPE, 3.312 de 10.857 (30,5 %); en la Inspección, 737 de 4.243 (17,4 %); en el FOGASA, 119 de 452; en las Consejerías, 52 de 139 (37 %). El método solo juzga la eficiencia de la red de prestaciones en sus servicios comunes (centro común) y con las vacantes, sin cambiar la función.
- La responsabilidad difusa baja de 114 funciones a 33. Hoy, en 114 de 200 funciones no está claro qué órgano responde. Tras la propuesta quedan 33. Casi todas son cadenas con otras administraciones que no se pueden suprimir (comunidades autónomas, INE, Inclusión) o están en las Consejerías, compartidas con Inclusión.
- Lo creado desde 2020 tiene pocas plazas, pero muchos altos cargos. El escenario pre-2020 elimina 17 plazas (0,7 M€). La Dirección General de Nuevas Formas de Empleo tiene 5 puestos y el Comisionado, 11. El crecimiento está en los altos cargos: dos secretarías de Estado donde había una, un comisionado con rango de subsecretaría y una dirección general más.
Método
El método clasifica cada función según la norma que la exige y la quita solo si esa norma se puede cambiar.
- Niveles. Cada función tiene un nivel según quién la impone: A, la UE, un tratado (art. 96 de la Constitución) o el reparto de competencias de la Constitución: no se puede quitar desde España; B, una ley española; C, un reglamento, o es gestión interna que deriva de normas generales; D, solo el Real Decreto 502/2024, un estatuto o una decisión política.
- Escenarios. Se suman unos a otros. Reglamentos: todo lo que el Gobierno puede hacer por real decreto (Reales Decretos 502/2024, 1009/2023, 1052/2015, 221/2008 y 799/2005). Suprimir el Comisionado especial, la Delegación Especial y la Dirección General de Nuevas Formas de Empleo; integrar la de Trabajo Autónomo y la de la Economía Social en la de Trabajo; unir la Subdirección General de Programación del FSE a la UAFSE; dar un responsable único a cada tarea repetida; llevar el análisis del mercado de trabajo al SEPE y la inspección de servicios a la Inspección General de Servicios de la AGE, en Función Pública. Leyes: además, suprimir la Secretaría de Estado de Trabajo (la nombran las Leyes 3/2023, 30/2015 y 18/2014) y la de Economía Social (Ley 5/2011, art. 13.4). Integrar el FOGASA (Estatuto de los Trabajadores, art. 33) y FUNDAE (Ley 30/2015, art. 25) en el SEPE y el INSST en la Inspección (Ley 31/1995, art. 8). Suprimir la Fundación Estatal PRL (Ley 31/1995, disposición adicional 5.ª) y el supuesto 2.º de la reserva de gestión directa del SEPE (Ley 3/2023, art. 22.h.2.º). Homogeneizar la función inspectora, con su mediación y arbitraje, por reales decretos de traspaso. Mínimo: además, los cambios legales en funciones críticas. Aquí no hay ninguno: la única crítica, el paro, se mantiene. Es el mínimo legal estricto y no incluye propuestas de Extramuros. Pre-2020: escenario aparte. Solo deshace lo creado desde 2020 sin obligación nueva ni servicio directo.
- Decisión. Es la del escenario mínimo. Fusionar ahorra plazas solo si es la misma tarea y el equipo desaparece entero. Si no, el trabajo sigue en la función de destino y no hay ahorro. Traspasar no es ahorrar: el coste lo asume otro órgano u otra administración. El traspaso parcial cuenta como traspaso una parte de una función que sigue (homogeneización de la Inspección).
- Plazas. Son la suma de las plazas estimadas de las 200 funciones del Real Decreto 502/2024 y de las leyes de los organismos (Ley 3/2023, art. 22; Ley 23/2015, art. 12; Estatuto de los Trabajadores, art. 33; Ley 31/1995, art. 8; Real Decreto 1052/2015). En total, 18.633 plazas de la RPT, con un coste de 519,1 M€ (funcionarios, sin trienios ni cotizaciones; los 1.606 laborales se cuentan sin valorar). No incluye el Gabinete y la Secretaría de la ministra (66 puestos), el CES ni las fundaciones, que están fuera de la RPT. El personal de cada subdirección se reparte a partes iguales entre sus funciones. Se corrigió el reparto en dos órganos y se guardó el original: la Secretaría de Estado de Trabajo, cuyo gabinete, secretaría y alto cargo van a su función de dirección, que desaparece con el órgano; y la Inspección, cuyas 4.646 plazas van a sus seis funciones de vigilancia. La asistencia técnica, la mediación, el deber de reserva y la cláusula residual quedan sin plazas. Las fusiones de funciones de una unidad que sigue no ahorran.
- Fechas. El cálculo automático marcó 84 de 200 funciones como posteriores a 2019, porque se parecían poco a las normas anteriores (similitud menor de 0,45). Se revisaron contra los Reales Decretos 777/2011, 343/2012, 703/2017 y 903/2018, el Real Decreto Legislativo 3/2015 (art. 18), la Ley 23/2015 en su versión de 2015, el Real Decreto 505/1985, la Ley 5/2011 y la Ley 31/1995. 55 tienen precedente y lo citan con texto literal del BOE. Son sobre todo funciones de la UAFSE, la Subsecretaría y la Secretaría General Técnica que solo cambiaron de redacción o de número. De las 29 que siguen como nuevas: 16 se eliminan, 5 se fusionan con una función que sigue, 3 se fusionan por duplicadas y 5 se mantienen. De esas 5, 3 tienen una obligación legal posterior a 2019 (Ley 3/2023, art. 22.l y m; Real Decreto-ley 6/2023, disposición adicional 15.ª) y 2 son de nivel A, críticas o del núcleo del Ministerio.
- Las directivas obligan a resultados, no a estructuras. La Directiva 2008/94/CE exige instituciones de garantía con patrimonio separado, no un organismo. La Directiva 89/391/CEE exige control y vigilancia adecuados, no un instituto. El Reglamento (UE) 2021/1060 exige una autoridad de gestión por programa, no una subdirección concreta. El Reglamento (UE) 2016/589 exige una Oficina Nacional de Coordinación de EURES.
- Tratados. España ratificó el Convenio n.º 81 de la OIT (instrumento de 14-1-1960, BOE de 4-1-1961, BOE-A-1961-45). Obliga a «mantener un sistema de inspección del trabajo» (art. 1), bajo «la vigilancia y control de una autoridad central» siempre que sea compatible con la práctica administrativa (art. 4.1), y con un informe anual (art. 20). Es nivel A para vigilar las condiciones de trabajo e informar a empresas y trabajadores (art. 3.1). Su art. 4.2 admite autoridades de entidades federadas. Su art. 3.2 pide que otras funciones no entorpezcan las principales de los inspectores.
- Órganos que una ley nombra. Si una ley nombra un órgano, su supresión va, por prudencia, al escenario de leyes. La Secretaría de Estado de Trabajo, con sus nombres anteriores, la nombran las Leyes 3/2023 (art. 20), 30/2015 (art. 25) y 18/2014 (arts. 92, 98 y 112). La Secretaría de Estado de Economía Social ejerce la presidencia que la Ley 5/2011 (art. 13.4) da a la «Secretaría de Estado de Empleo» (Real Decreto 829/2023, disposición final 2.ª; Real Decreto 502/2024, art. 6.4). La supresión de las dos va al escenario de leyes, tras la revisión independiente. Ninguna ley vigente descargada nombra la Dirección General de Nuevas Formas de Empleo, la de Trabajo Autónomo, la de la Economía Social ni el Comisionado; se comprobó también en la Ley 1/2026. Por eso van al escenario de reglamentos.
- Organismos creados por ley española. El FOGASA, FUNDAE, el INSST y la Fundación Estatal PRL se integran o se suprimen en el escenario de leyes. Sus tareas de rango superior pasan a un órgano que ya existe. Se describen como «no exigidos por norma de rango superior». El SEPE y la Inspección se mantienen: su forma no añade estructura y sirve al pago de las prestaciones y al sistema de inspección compartido con las comunidades autónomas. El CES se suprime en el escenario de leyes por decisión de Extramuros: su dictamen duplica la audiencia pública y el diálogo social.
- Control y ejecución van juntos, salvo que una norma exija separarlos. La autoridad de gestión del FSE+ se separa de quien recibe el dinero (Reglamento (UE) 2021/1060, art. 74). La Inspección es la segunda línea de control sobre empresas y trabajadores. En lo demás, cada unidad lleva su propio control de calidad.
- Homogeneización. La función inspectora se traspasa por real decreto a todas las comunidades autónomas con título en su Estatuto. Ceuta y Melilla, sin título, necesitarían una ley orgánica del art. 150.2 de la Constitución.
- Análisis como servicio. El análisis del mercado de trabajo tiene un solo responsable, el SEPE, con un catálogo de productos para el Ministerio (Ley 3/2023, art. 22.i y disposición adicional 3.ª). Ninguna otra unidad lo repite.
- Centro común de servicios. Las funciones internas se mantienen y se marcan para el centro común. El recorte se calcula aparte.
- Sin ahorro por plazas repartidas a partes iguales, como en las revisiones de Agricultura, Transportes y Vivienda. Las fusiones con una función de una unidad que sigue no ahorran. Solo ahorran las fusiones en las que el equipo desaparece entero: las secretarías de Estado, el Comisionado, la Delegación Especial y la Dirección General de Nuevas Formas de Empleo.
- El escenario depende del rango de la norma que hay que cambiar.
- Hubo una revisión independiente el 23-10-2026.
Limitaciones
- 24-10-2026: se corrigió un doble cómputo en el cálculo de plazas. Las Consejerías de Trabajo en el exterior tienen funciones propias, pero en la RPT cuelgan de la Subsecretaría como unidad territorial. Su personal (139 plazas) se repartía entre sus 16 funciones y, además, una parte (9 plazas y 0,26 M€) iba a una función de la Subsecretaría con la misma función. Ahora una unidad con funciones propias no entra en la bolsa de su órgano. Esa función de la Subsecretaría, la de coordinación y gestión de recursos, pasa de 9 plazas a ninguna. Es la única que cambia; ninguna tenía reparto manual. Totales: el escenario actual pasa de 18.642 a 18.633 plazas (de 519 a 519,1 M€); reglamentos, de 18.552 a 18.607; leyes y mínimo, de 15.917 a 15.972 (de 422 a 421,7 M€); pre-2020, de 18.614 a 18.616. La Subsecretaría de la estructura mínima pasa de 9 plazas a ninguna.
- Las plazas por función son una aproximación. El personal de cada subdirección se reparte a partes iguales entre sus funciones, así que eliminar una función no libera exactamente esas plazas. Se corrigió el reparto en la Secretaría de Estado de Trabajo y en la Inspección (ver «Plazas» en el método).
- El traspaso de la Inspección (2.589 plazas) es una estimación máxima. Sale de la densidad de plazas respecto de Cataluña. Con el País Vasco como referencia serían 1.183. Por cuerpo solo se identifican 428 (Escala de Seguridad y Salud Laboral). La población es una estimación del INE a 1-1-2025. La RPT tarda en reflejar los traspasos: las plazas del Estado en Cataluña y el País Vasco pueden incluir puestos ya traspasados.
- El Convenio n.º 81 de la OIT está en el BOE solo como imagen (BOE-A-1961-45, págs. 82 a 85). El texto descargado no se puede leer y las citas se han transcrito del PDF, cuyo reconocimiento de texto tiene errores. La revisión independiente cotejó las citas de los arts. 1, 3, 4, 9 y 20 con el texto oficial en español de la OIT (folleto «Inspección del trabajo: Convenios y Protocolo 81, P081, 129», ilo.org/es/media/423681/download; la base NORMLEX no fue accesible): coinciden.
- Ceuta y Melilla: no se cuantifica la homogeneización. Las áreas de Trabajo de las Delegaciones del Gobierno, que son allí la autoridad laboral, no están en esta RPT.
- Las unidades comunes de los organismos (SEPE, Inspección, FOGASA e INSST) están dentro de funciones propias: su paso al centro común no se cuantifica en esta base cero.
- No se han identificado en la RPT las plazas periféricas del SEPE que gestionan políticas activas (Ceuta, Melilla y la reserva). La cifra de 429 M€ de la reserva no se volvió a comprobar en la revisión independiente.
- La clasificación legal la hicieron agentes por lotes. Esta base cero corrige niveles cuando la cita lo justifica, sin reescribir la clasificación. Por ejemplo, la gestión de las prestaciones por desempleo pasa del nivel B al A por el art. 41 de la Constitución.
- Los Ministerios de Inclusión, Educación, Exteriores, Política Territorial y Derechos Sociales no están analizados: los solapes con ellos figuran como cadena o «por verificar». Los de Hacienda, Economía, Igualdad e Industria se contrastaron con sus bases cero.
- Las cifras de presupuesto son de los PGE 2025-P (prórroga de 2023), sección 19: 28.791 M€ en total; 850 M€ de estructura; 20.901 M€ de prestaciones; 2.731 M€ a las comunidades autónomas; 2.626 M€ de bonificaciones; y 429 M€ de reserva. El presupuesto base cero no está hecho.
- Las Consejerías tienen personal contratado en cada país, fuera de la RPT, que no se cuenta.
- No se ha comprobado si la Directiva (UE) 2023/970, de transparencia retributiva, se ha transpuesto a 23-10-2026. El plazo vencía el 7-6-2026.
- Títulos de los Estatutos para homogeneizar la función inspectora: la revisión independiente los comprobó en el BOE para Cataluña (art. 170.2), Andalucía (art. 63.2), País Vasco (art. 12.2, el título genérico con el que se hizo el Real Decreto 895/2011) y Madrid (art. 28.1.12, «Laboral»). Los demás Estatutos no se han descargado.
- La revisión independiente se hizo el 23-10-2026.
Anexo: duplicidades, estructura sin mandato, proporción y quién hace el trabajo
Cifras calculadas por a partir de la RPT, la clasificación legal, la base cero, la Plataforma de Contratación y los encargos a medios propios. Se pueden explorar en la red interactiva (pestañas Duplicidades, Sin mandato y Proporción).
Tareas duplicadas
- 16 tareas las hacen dos o más equipos. Personas implicadas (no es ahorro): 342 (de 441 plazas), con un coste de personal de 13,2 M€ al año.
- En 5 la base cero confirma un duplicado y suprime sus plazas: unas 52 plazas (~19 personas, 2,1 M€ al año), lo mismo que las «eliminadas por fusión de duplicados» del escenario mínimo.
- Las otras 11 se concentran en un equipo sin duplicado: tarea única, sin ahorro. Dentro de cada tarea, las funciones unidas solo por un texto parecido figuran «por verificar» y no ahorran nada.
- Por eje: 8 entre equipos paralelos, 4 entre un superior y su dependiente (una capa que hace lo mismo), 4 mixtas y 0 dentro de un mismo órgano.
- La delegación expresa del RD («ejerce las funciones de los párrafos… del artículo…») no cuenta como duplicidad: la tarea es una sola.
- Otras 1 se parecen en el texto pero no está confirmado que sean la misma tarea (puede ser una cadena: uno coordina, otro hace); no se cuentan.
Estructura sin mandato
7 unidades u órganos tienen al menos la mitad de sus funciones sin mandato legal (solo las impone el RD de estructura):
| Unidad | % discrecional | Personas / plazas | Coste personal |
|---|---|---|---|
| Secretaría de Estado de Economía Social | 100 % | 54 / 73 | 1,9 M€ |
| Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas | 72 % | 37 / 47 | 1,3 M€ |
| S.G. de la Economia Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas | 69 % | 22 / 29 | 0,7 M€ |
| Dirección General de Trabajo Autónomo | 50 % | 18 / 23 | 0,6 M€ |
| Comisionado especial para la Economía Social | 100 % | 6 / 7 | 0,2 M€ |
| Dirección General de Nuevas Formas de Empleo | 100 % | 3 / 5 | 0,1 M€ |
| S.G. de Nuevas Formas de Empleo y Prospectiva del Mercado de Trabajo | 100 % | 1 / 3 | 0,1 M€ |
Proporción: ¿diseñada para lo que hace?
- Las unidades cuyas funciones son sobre todo de pensar tienen un 19 % de puestos de nivel 28-30; las que ejecutan, un 8 %; las de apoyo interno, un 7 %.
- Señales: S.G. del Trabajo Autonomo (piensa con base amplia); S.G. de la Economia Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (piensa sin mandato, piensa con base amplia); S.G. de Relaciones Institucionales y Asistencia Juridica (piensa con base amplia).
Lo que hace, lo que cuesta y lo que manda fuera
En conjunto, por cada euro de plantilla se adjudicaron 0,1 € fuera (41,5 M€ en contratos de obras y servicios y encargos a medios propios, frente a 633,0 M€ de plantilla). Contratos y encargos de un año (pueden cubrir varios); plantilla anual, la mayor entre RPT y capítulo 1 del PGE. Es un orden de magnitud.
| Órgano | Plantilla | Contratos (obras y servicios) | Encargos | € fuera por € propio |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P. | 1,1 M€ | 0,3 M€ | 0,0 M€ | 0,3 |
| Subsecretaría de Trabajo y Economía Social | 49,2 M€ | 7,1 M€ | 1,1 M€ | 0,2 |
| Consejo Económico y Social (independiente) | 4,4 M€ | 0,7 M€ | 0,2 M€ | 0,2 |
| Servicio Público de Empleo Estatal, O.A. (SEPE) | 371,4 M€ | 23,8 M€ | 1,7 M€ | 0,1 |
| Fondo de Garantía Salarial, O.A. (FOGASA) | 18,6 M€ | 2,7 M€ | 0,0 M€ | 0,1 |
| Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P. (INSST) | 19,3 M€ | 1,4 M€ | 0,0 M€ | 0,1 |
- 0 órganos mandan fuera más del triple de lo que cuesta su plantilla: dirigen y otro hace el trabajo; su plantilla debería ser de dirección y supervisión.
- 0 tienen funciones de ejecutar y plantilla de base, pero pagan fuera la ejecución: posible doble pago, a revisar puesto a puesto.
Presupuesto: lo que impone la norma y lo que no
Partidas del tomo del PGE 2025-P (prórroga PGE 2023 adaptada; vigente 2026) contrastadas con la norma. Importe actual y en cada escenario; la cita es literal y está comprobada contra el texto guardado. «Tipo» separa el gasto ordinario (donde se aplica la regla) de los derechos, contratos vigentes, MRR, traslados de coste y operaciones financieras, que se mantienen y se informan aparte.
| Escenario | Gasto ordinario | Ahorro (solo ordinario) | Derechos (fuera de alcance) | Contratos vigentes | MRR temporal | Traslados de coste | Operaciones financieras | Gasto total (sin op. financieras) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoy | 7.083,5 M€ | — | 21.707,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 28.791,1 M€ |
| reglamentos | 6.547,9 M€ | −535,6 M€ | 21.707,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 28.255,5 M€ |
| leyes | 856,1 M€ | −6.227,4 M€ | 21.707,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 22.563,7 M€ |
| mínimo | 856,1 M€ | −6.227,4 M€ | 21.707,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 22.563,7 M€ |
| Partida | Tipo | Hoy | Reglamentos | Leyes | Mínimo | Obligación | Norma y cita | Objetivo · evaluación · destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.101.251M.480 Prestaciones por desempleo | derechos | 14.838,2 M€ | 14.838,2 M€ | 14.838,2 M€ | 14.838,2 M€ | obligatoria ley (B) | Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724), art. 263.1: «La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter público y obligatorio» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas |
19.101.251M.487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social | derechos | 5.363,2 M€ | 5.363,2 M€ | 5.363,2 M€ | 5.363,2 M€ | obligatoria ley (B) | Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724), art. 263.1: «La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter público y obligatorio» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas |
19.101.241A.487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social | gasto ordinario | 2.075,9 M€ | 2.075,9 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Real Decreto-ley 1/2023, incentivos a la contratación laboral (BOE-A-2023-625), art. 10.1: «La cuantía y la duración de las bonificaciones en la cotización se regirán por lo establecido en cada uno de los programas o medidas previstos en el capítulo II» | sin meta medible · AIReF, Spending Review fase II: Incentivos a la contratación y al trabajo autónomo (2020) · otros |
19.101.241A.454 Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación | gasto ordinario | 1.424,3 M€ | 1.424,3 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), art. 62.1: «Los créditos asociados a dichos fondos, que no forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias de gestión a las Comunidades Autónomas, se distribuirán de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003» | meta de actividad o cobertura · AIReF, Spending Review 2018, fase I: Programa de políticas activas de empleo (2019) · transferencia finalista a otra administración para un servicio |
19.101.241B.452 Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo (EJE 2) | gasto ordinario | 1.074,2 M€ | 1.074,2 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 30/2015, Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE-A-2015-9734), art. 6.1: «El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores» | meta de actividad o cobertura · AIReF, Spending Review 2018, fase I: Programa de políticas activas de empleo (2019) · transferencia finalista a otra administración para un servicio |
19.102.223A.481 Pago prestaciones acordadas a trabajadores segun la legislación vigente, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | derechos | 800,0 M€ | 800,0 M€ | 800,0 M€ | 800,0 M€ | obligatoria ue (A) | Directiva 2008/94/CE, protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (CELEX 32008L0094), art. 3: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas |
19.101.251M.488 Otras prestaciones económicas específicas | derechos | 700,0 M€ | 700,0 M€ | 700,0 M€ | 700,0 M€ | obligatoria reglamento (C) | Real Decreto 1369/2006, programa de renta activa de inserción (BOE-A-2006-21239), art. 1: «Este real decreto tiene por objeto la regulación del programa al que se refiere el apartado 4 de la disposición final quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas |
19.101.241B.487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social | gasto ordinario | 550,0 M€ | 550,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 30/2015, Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE-A-2015-9734), art. 6: «Bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no tendrán carácter subvencional. Se aplicarán a la formación programada por las empresas para sus trabajadores y a los permisos individuales de formación» | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241B.482 Reserva de gestión directa del Servicio Público de Empleo Estatal de créditos destinados a programas de fomento de empleo | gasto ordinario | 394,7 M€ | 394,7 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), exposición de motivos (régimen de los fondos, art. 62): «así como una reserva de crédito para gestionar por la Agencia Española de Empleo los servicios y programas de su competencia» | sin meta medible · AIReF, Spending Review 2018, fase I: Programa de políticas activas de empleo (2019) · otros |
19.101.241A.461 Programa de fomento de empleo agrario (EJE 3) 14 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL 2025-P | gasto ordinario | 285,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria reglamento (C) | Real Decreto 939/1997, programa de fomento de empleo agrario (BOE-A-1997-13739), art. 2.1: «El presente Real Decreto regula la afectación al programa de fomento del empleo agrario de los siguientes proyectos» | meta de actividad o cobertura · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio |
19.101.241A.455 Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de empleo, mediante convenios de colaboración con Comunidades Autónomas | gasto ordinario | 140,0 M€ | 45,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), disposición adicional cuarta: «el Estado garantizará la financiación de un Plan integral de empleo que se dotará, de forma diferenciada y para su gestión directa por dicha Comunidad Autónoma» | sin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.458 Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, y mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo (EJE 6) | gasto ordinario | 88,5 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · AIReF, Spending Review 2018, fase I: Programa de políticas activas de empleo (2019) · transferencia finalista a otra administración para un servicio |
19.101.241B.443 A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos corrientes | gasto ordinario | 51,8 M€ | 51,8 M€ | 23,4 M€ | 23,4 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 30/2015, Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE-A-2015-9734), art. 25.1: «La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo pertenece al sector público estatal» | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.482 Reserva de gestión directa del Servicio Público de Empleo Estatal de créditos destinados a programas de fomento de empleo | gasto ordinario | 34,1 M€ | 34,1 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), exposición de motivos (régimen de los fondos, art. 62): «así como una reserva de crédito para gestionar por la Agencia Española de Empleo los servicios y programas de su competencia» | sin meta medible · AIReF, Spending Review 2018, fase I: Programa de políticas activas de empleo (2019) · otros |
19.104.494M.440 A la Fundación Estatal para la prevención de Riesgos Laborales FSP | gasto ordinario | 26,0 M€ | 26,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), disposición adicional quinta: «disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una fundación, bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social» | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.01.281M.cap6 Inversiones reales | gasto ordinario | 17,4 M€ | 17,4 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 4/1986, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado (BOE-A-1986-905), art. 1: «Constituyen el Patrimonio Sindical Acumulado, todos los bienes, derechos y obligaciones de contenido patrimonial» | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.01.281M.489 Financiación y compensaciones económicas | gasto ordinario | 17,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.460 Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido | gasto ordinario | 8,7 M€ | 8,7 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), art. 62.1: «Los créditos asociados a dichos fondos, que no forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias de gestión a las Comunidades Autónomas, se distribuirán de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación |
19.03.494M.482 Subvenciones y aportaciones para fomento del empleo, protección del desempleo y ayudas a la jubilación | gasto ordinario | 8,4 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241B.483 A centros y entidades de formación y otros | gasto ordinario | 7,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.224A.489 Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos, incluso obligaciones de ejercicios anteriores | derechos | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | obligatoria ley (B) | Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724), art. 327.1: «El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter obligatorio» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas |
19.101.241B.445 Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para la formación de las personas privadas de libertad | gasto ordinario | 5,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241B.485 Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido | gasto ordinario | 4,9 M€ | 4,9 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), art. 62.1: «Los créditos asociados a dichos fondos, que no forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias de gestión a las Comunidades Autónomas, se distribuirán de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241B.456 Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas establecidos por el R.D. 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje | gasto ordinario | 4,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · transferencia finalista a otra administración para un servicio · sin objetivo medible ni evaluación |
19.01.281M.480 A los participantes en órganos consultivos y consejos | gasto ordinario | 4,1 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.485 Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido | gasto ordinario | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), art. 62.1: «Los créditos asociados a dichos fondos, que no forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias de gestión a las Comunidades Autónomas, se distribuirán de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.486 Dotación para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (VARIOS EJES) | gasto ordinario | 3,2 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.02.241N.484 Subvenciones para el desarrollo de acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal | gasto ordinario | 3,1 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.03.241O.484 Subvenciones para el desarrollo de acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal | gasto ordinario | 3,1 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.02.241N.489 Desarrollo de las medidas contenidas en la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027 | gasto ordinario | 3,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.481 A familias e instituciones sin fines de lucro | gasto ordinario | 2,7 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.472 Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido | gasto ordinario | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 3/2023, de Empleo (BOE-A-2023-5365), art. 62.1: «Los créditos asociados a dichos fondos, que no forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias de gestión a las Comunidades Autónomas, se distribuirán de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas · sin objetivo medible ni evaluación |
19.02.241N.485 Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social, de ámbito estatal | gasto ordinario | 1,8 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.03.494M.440 A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) | gasto ordinario · entidades que se mantienen | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (BOE-A-2011-15936), art. 63: «Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones» | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.301.912P.484 Compensación económica por participación en órganos consultivos | gasto ordinario | 0,7 M€ | 0,7 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 21/1991, por la que se crea el Consejo Económico y Social (BOE-A-1991-15528), art. 1: «Se crea el Consejo Económico y Social con la composición, organización y funciones que se determinan en la presente Ley» | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.301.912P.485 Compensaciones económicas por actividades del Consejo realizadas por las organizaciones y expertos en él representadas en proporción al número de miembros que componen los grupos del Consejo, según se establece en el artículo 2 de la Ley 21/1991, de 17 de junio | gasto ordinario | 0,7 M€ | 0,7 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 21/1991, por la que se crea el Consejo Económico y Social (BOE-A-1991-15528), art. 1: «Se crea el Consejo Económico y Social con la composición, organización y funciones que se determinan en la presente Ley» | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241B.743 A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos de capital | gasto ordinario | 0,7 M€ | 0,7 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | obligatoria ley (B) | Ley 30/2015, Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral (BOE-A-2015-9734), art. 25.1: «La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo pertenece al sector público estatal» | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.03.241O.485 Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social, de ámbito estatal | gasto ordinario | 0,6 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.104.494M.481 Para la concesión de becas de formación e investigación | gasto ordinario | 0,5 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.224A.487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social | derechos | 0,5 M€ | 0,5 M€ | 0,5 M€ | 0,5 M€ | obligatoria ley (B) | Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724), art. 327.1: «El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter obligatorio» | sin meta medible · sin evaluación publicada · servicio directo a personas |
19.101.241A.492 Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE | gasto ordinario | 0,4 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.01.143A.491 Aportaciones para realización de programas y otros | gasto ordinario | 0,3 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.03.494M.491 Transferencias a organismos internacionales | gasto ordinario | 0,1 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.301.912P.486 Premios y becas convocados por el Consejo Economico y Social | gasto ordinario | 0,1 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.03.494M.740 A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) | gasto ordinario · entidades que se mantienen | 90 mil € | 90 mil € | 90 mil € | 90 mil € | obligatoria ley (B) | Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (BOE-A-2011-15936), art. 63: «Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones» | sin meta medible · sin evaluación publicada · estructura y funcionamiento de entidades · sin objetivo medible ni evaluación |
19.104.494M.492 Subvención para la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo | gasto ordinario | 60 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.441 Reserva de gestión directa Servicio Público de Empleo Estatal. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, para la formación de las personas privadas de libertad | gasto ordinario | 57 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.02.241N.441 Subvenciones a universidades y otras instituciones de carácter público para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal | gasto ordinario | 50 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.491 Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y otras organizaciones internacionales | gasto ordinario | 18 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.101.241A.493 Cuota anual CINTERFOR-OIT, incluso obligaciones de ejercicios anteriores | gasto ordinario | 14 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.104.494M.491 Cuotas AISS (Asociación Internacional Seguridad Social) | gasto ordinario | 13 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.104.494M.493 Cuotas OISS (Organización Iberoamericana Seguridad Social) | gasto ordinario | 11 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.104.494M.494 Cuota PEROSH (Partnership for European Reseach on Occupational Health and Safety) | gasto ordinario | 11 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
19.03.241O.441 Subvenciones a universidades y otras instituciones de carácter público para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal | gasto ordinario | 10 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.02.241N.470 Subvenciones a universidades privadas para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal | gasto ordinario | 10 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.03.241O.470 Subvenciones a universidades privadas para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal | gasto ordinario | 10 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · sensibilización, campañas y estudios · sin objetivo medible ni evaluación |
19.104.494M.482 Prestaciones sociales | gasto ordinario | 3 mil € | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | discrecional (D) | ninguna | sin meta medible · sin evaluación publicada · otros · sin objetivo medible ni evaluación |
Funcionamiento que sigue a la estructura (escenarios de la base cero): 19.01.281M.cap2 27,6 M€; 19.03.241O.cap2 3,1 M€; 19.101.241A.cap2 24,2 M€; 19.101.241A.cap6 3,6 M€; 19.101.241B.cap2 15,0 M€; 19.101.251M.cap2 37,8 M€; 19.101.251M.cap6 7,3 M€; 19.102.223A.cap2 9,6 M€; 19.102.223A.cap6 1,5 M€; 19.103.291A.cap2 29,7 M€; 19.103.291A.cap6 4,3 M€; 19.104.494M.cap2 20,1 M€; 19.104.494M.cap6 1,4 M€; 19.301.912P.cap2 2,0 M€; 19.301.912P.cap6 1,2 M€.
- 154,3 M€ de gasto ordinario sin obligación legal (1 % del consolidado): sale en el escenario de reglamentos (salvo las transferencias a entidades que se mantienen y la conservación de carreteras y ferrocarril).
- 874,3 M€ sin objetivo medible ni evaluación publicada; 119,7 M€ financian estructura y funcionamiento de entidades; 5.091,6 M€ tienen alguna evaluación o seguimiento publicado. Sin objetivo medible ni evaluación:
19.101.241B.487550,0 M€;19.101.241A.455140,0 M€;19.101.241B.44351,8 M€;19.104.494M.44026,0 M€;19.01.281M.cap617,4 M€;19.01.281M.48917,0 M€;19.101.241A.4608,7 M€;19.03.494M.4828,4 M€;19.101.241B.4837,6 M€;19.101.241B.4455,0 M€;19.101.241B.4854,9 M€;19.101.241B.4564,6 M€;19.01.281M.4804,1 M€;19.101.241A.4854,0 M€;19.101.241A.4863,2 M€;19.02.241N.4843,1 M€;19.03.241O.4843,1 M€;19.02.241N.4893,0 M€;19.101.241A.4812,7 M€;19.101.241A.4722,2 M€;19.02.241N.4851,8 M€;19.03.494M.4401,2 M€;19.301.912P.4840,7 M€;19.301.912P.4850,7 M€;19.101.241B.7430,7 M€;19.03.241O.4850,6 M€;19.104.494M.4810,5 M€;19.101.241A.4920,4 M€;19.01.143A.4910,3 M€;19.03.494M.4910,1 M€;19.301.912P.4860,1 M€;19.03.494M.74090 mil €;19.104.494M.49260 mil €;19.101.241A.44157 mil €;19.02.241N.44150 mil €;19.101.241A.49118 mil €;19.101.241A.49314 mil €;19.104.494M.49113 mil €;19.104.494M.49311 mil €;19.104.494M.49411 mil €;19.03.241O.44110 mil €;19.02.241N.47010 mil €;19.03.241O.47010 mil €;19.104.494M.4823 mil €. - Metas: 0,0 M€ con meta de resultado, 2.783,5 M€ con metas de actividad o cobertura y 3.467,5 M€ sin meta medible.
- «Objetivo medible» distingue metas de resultado (efecto sobre las personas) de metas de actividad o cobertura (proyectos, solicitudes, usuarias). «Evaluación» incluye el seguimiento propio del plan estratégico de subvenciones (Ley 38/2003, art. 8.1) y las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas.
- Limitación: El suelo constitucional del desempleo (art. 41 CE) se estima con el nivel asistencial actual; la Constitución no fija importe y el Tribunal Constitucional deja al legislador la configuración de las prestaciones.
- Limitación: Fondos de empleo y de formación a las CCAA: la ley obliga a repartirlos, no fija importe («importe no fijado por la norma»); suprimir la transferencia no suprime el servicio, que es autonómico.
- Limitación: Las bonificaciones de cuotas son menor ingreso de la Seguridad Social pagado por el SEPE: suprimirlas por ley no ahorra al Estado si se mantiene el mismo incentivo por otra vía.
- Limitación: Evaluaciones: revisiones del gasto de la AIReF (políticas activas, 2019; incentivos a la contratación, 2020), citadas por título y año.
